Airam Stephany Ramírez Torres

Expediente 967/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 28 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
967/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Airam Stephany Ramírez Torres
  • Jueza Segunda de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Incidental

    ...IX... Se ordena su archivo...

  2. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no se interpuso recurso de inconformidad en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la justicia federal en el asunto que nos ocupa; por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202, de la Ley de Amparo, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, quedó firme el auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, se ordena su archivo, debiendo hacerse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este asunto, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento, únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado actual que guardan los autos del expediente en que se actúa, se desprende que mediante resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós (fojas 116 a 126), por una parte, se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, y por otra, se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto del acto reclamado de la Jueza Segunda de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. Por lo que, al no ser recurrida por las partes, el veintidós de diciembre de ese mismo año, causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a tal determinación (fojas 134 a 136). Ahora bien, en lo que aquí interesa, en la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, en parte concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por Airam Stephany Ramírez Torres, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. La titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, resuelva inmediatamente los recursos de revocación interpuestos contra: a) La constancia de cinco de febrero de dos mil veintiuno. b) Del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en que se omitió pronunciarse sobre la admisión de pruebas ofrecidas en el escrito de fecha once de febrero de dos mil veintiuno. c) De la calificación de legal de las posiciones presentadas por Jorge Alonso Hernández Sánchez. d) Del acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno. e) Del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. f) Del auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. 2. Deje insubsistente el auto de catorce de julio de dos mil veintidós, y proceda a emitir otro en el que le permita controvertir las manifestaciones del autorizado del demandado, y requiera a la quejosa Airam Stephany Ramírez Torres, justifique por qué no permitió la convivencia de su menor hija con su padre los días siete y ocho de julio de dos mil veintidós, de ser cierto; en su caso, de no estar justificado, con libertad de jurisdicción analice las constancias del caso para imponer una multa equitativa, debidamente fundada y motivada, debiendo tener en cuenta los siguientes elementos: 1. La afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento; 2. Atender las circunstancias personales del infractor, entre ellas, la capacidad económica; y, 3. La reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla." Así, analizadas las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora, se estima que se ha dado cumplimiento a la resolución de mérito, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, a través de los oficios J2F/58/2022, J2F/138/2023 y J2F/1963/2022, recibidos en este órgano jurisdiccional el nueve y trece de enero y treinta de marzo de dos mil veintitrés, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 1097/2020, de su índice, las cuales son las siguientes: 1. Auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, en el cual ordena el dictado de las resoluciones dentro de los recursos de revocación interpuestos contra: a) La constancia de cinco de febrero de dos mil veintiuno; b) Del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en que se omitió pronunciarse sobre la admisión de pruebas ofrecidas en el escrito de fecha once de febrero de dos mil veintiuno; c) De la calificación de legal de las posiciones presentadas por Jorge Alonso Hernández Sánchez; d) Del acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno; e) Del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno; y f) Del auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. 2. En ese propio auto dejó sin efectos el proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, y requirió a la quejosa para que justificara el por qué no permitió la convivencia de su menor hija con su padre los días siete y ocho de julio del citado año (fojas 148 a 150). 3. Remitió copia certificada de las resoluciones pronunciadas en los recursos de revocación precisados anteriormente (fojas 159 a 180). 4. Adjuntó copia certificada del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en el cual determinó tener por justificado lo referente a la imposibilidad de llevar a cabo el desarrollo de las reglas de convivencia entre su menor hija con su padre, los días siete y ocho de julio de dos mil veintidós, sin que fuera necesario retomar o hacer valer medida de apremio alguna en contra de la aquí quejosa (fojas 239 a 240). Por tanto, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que ha quedado cumplida sin exceso ni defecto la sentencia protectora emitida dentro del presente juicio de garantías, desde el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. En resumen, para efectos estadísticos, se precisa: 1. La sentencia protectora se dictó el treinta de noviembre de dos mil veintidós. 2. Dicho fallo causó ejecutoria el veintidós de diciembre de dos mil veintidós. 3. La fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento lo es el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. 4. El oficio relativo se recibió el treinta de marzo de dos mil veintitrés. 5. La data de la última notificación relativa a la vista del cumplimiento es once de abril de dos mil veintitrés; y, 6. Finalmente, en esta propia fecha, que lo es diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se tiene por cumplida la ejecutoria. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días para interponer recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número J2F/1063/2023, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con firma vigente, no revocada y válida, por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada de amparo; en tal razón, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, póngase lo anterior a la vista de la parte quejosa y tercero interesado por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga al respecto; en el entendido que de no hacerlo, este Juzgado determinará de oficio si se cumplió o no con la ejecutoria emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo establecido en la tesis número 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, correspondiente al mes de Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

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