Aimee Vianey Espinosa Padilla

Expediente 874/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
874/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Aimee Vianey Espinosa Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra de la sentencia que la que se sobreseyó por una parte y negó por otra, en el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes depurables, artículo 18, fracción I inciso b), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se negó el amparo solicitado, consecuentemente transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO POR RAQUEL DORANTES VARGAS, ACTUARIA JUDICIAL, MEDIANTE AVISO AL QUEJOSO, POR LO QUE SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.

  3. Principal

    ...VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo 874/2020VI, promovido por Aimee Vianey Espinosa Padilla, por derecho propio. ANTECEDENTES: PRIMERO. DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La parte quejosa, el veintiséis de febrero de dos mil veinte, realizó el pago por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles que generó la compraventa y traslado de dominio del inmueble que ampara la escritura pública 39,905 (treinta y nueve mil noveciento cinco) pasada ante el Notario Púbico número uno, con sede en Tepic, Nayarit, por la cantidad de $30,040.00 moneda nacional (treinta mil cuarenta pesos, 00/100 moneda nacional). Lo anterior en cumplimiento a los artículos 40, 42, fracción I, en relación con los diversos 43, párrafo tercero, 45 y 47, fracción III, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, así como del precepto 11, párrafo primero y último, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepic, Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicada en el Periódico Oficial de dicho Estado, el veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve. Tales dispositivos contemplan el pago de impuestos, propiamente el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, por la compraventa de una casa-habitación. Sin embargo, desde su perspectiva, tal cobro deviene inconstitucional al transgredir en su perjuicio el principio de proporcionalidad y equidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [2] Unidos Mexicanos. Lo anterior, constituye el acto reclamado SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Cuatro de agosto dos mil veinte, ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit (foja 2). Admisión sin incidente de suspensión: Diez de agosto de dos mil veinte (fojas 42 a 46). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Once de agosto de dos mil veinte (foja 47 vuelta), con alegatos (fojas 64 a 68). Radicación en este órgano jurisdiccional en cumplimiento al SECNO/STCCNO/439/2020: Nueve de noviembre de dos mil veinte (58 a 61). Audiencia constitucional: Veintiséis de enero de dos mil veintiuno (fojas 65 a 67). CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, y 144 de la Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [3] Amparo indirecto 874/2020-VI Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los acuerdos Generales 3/201311 y 3/202022 ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Además, el presente juicio de amparo fue recibido mediante OCC/C24/JDCATJF/58/2020, por el cual la Jefa de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, remitió la boleta correspondiente al cambio de turno del juicio de amparo 818/2020 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en cumplimiento al punto de acuerdo 82/2020, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas para el equilibrio de las cargas de trabajo de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a fin de continuar con su trámite hasta su total conclusión, notificado mediante el SECNO/STCCNO/439/2020, remitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito. 2 Referente a la Transformación de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, municipio de Tepic, en Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic, y Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en la misma entidad federativa y sede. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [4] De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que los actos reclamados son los siguientes: 1. Del Congreso del Estado libre y Soberano de Nayarit. a) La discusión, aprobación, y expedición de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, en específico, los artículos 40 y 42, fracción I, en relación con los diversos 43, párrafo tercero, 45 y 47, fracción III, de la propia legislación; así como la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial de dicho Estado, el veintiuno de diciembre del año dos mil diecinueve; en particular, el artículo 11, párrafos primero y último, de esa codificación. 2. Del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. b) La expedición, promulgación y orden de publicación de los dispositivos señalados en el inciso a) que antecede. 3. Del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit. c) La aplicación en perjuicio de del quejoso de los preceptos que se reclaman en el inciso a), tal y como se advierte del recibo 022626022020003089, expedido por el Ayuntamiento Constitucional de Tepic, relativo al pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que se realizó el veintiséis de febrero dos mil veinte, por la cantidad de $30,040.00 moneda nacional (treinta mil cuarenta pesos, 00/100 moneda nacional). Número Autoridad Responsable Acto Certeza Foja Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [5] Amparo indirecto 874/2020-VI de orden Reclamado 1. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. El citado en el inciso a). ACEPTA 75 a 84 2. GOBERNADOR DEL ESTADO DE NAYARIT. El citado en el inciso b). ACEPTA (PROMULGACI ÓN) NIEGA (EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN) 59 y 60 3. TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. El citado en el inciso c). ACEPTA 51 a 56 TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS A LA AUTORIDAD MARCADA BAJO EL INCISO b) [expedición y publicación]. No son ciertos los actos reclamados consistentes en la expedición y orden de publicación de los preceptos 40, 42, fracción I, 43, párrafo tercero, 45 y 47, fracción III, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, así como del numeral 11, párrafo primero y último, de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, atribuidos al Gobernador Constitucional del Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; y el quejoso no aportó prueba alguna para desvirtuar tal negativa, por lo que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, el Gobernandor Constitucional del Estado, negó la expedición y orden de publicación de la porción normativa reclamada, pues dentro de las facultades y obligaciones atribuidas dentro del artículo 69, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, únicamente se encuentran las de sancionar, promulgar y ejecutar las leyes y decretos dados por el Poder Legislativo, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado tal negativa. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [6] Por tanto, dentro de la funciones de la autoridad señalada no se encuentra la relativa de expedir y publicar leyes. Así, se colige que dicha autoridad no tiene intervención en la aplicación del acto que le reclama el promovente del amparo. En ese contexto, el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se demuestre su existencia. Así, la prueba de la no existencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por la parte quejosa, conduce al sobreseimiento. En el caso, el Gobernandor Constitucional del Estado, con residencia en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado tale negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado a dicha autoridad, lo procedente es decretar el Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [7] Amparo indirecto 874/2020-VI sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo.3, en relación a la autoridad Goberandor Constitucional del Estado del Estado de Nayarit, por lo que respecta a la expedición y publicación de la porción normativa impugnada. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Actos atribuidos a las autoridades marcadas bajo los incisos 1), 2) [promulgación] y 3). Son ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado [promulgación], Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, pues al rendir su informe con justificación aceptaron su intervención en el proceso legislativo de creación de las normas legales cuestionadas de inconstitucionales; en tanto que la tercera de las responsables, aceptó la aplicación de las mismas, tal y como se desprende de la copia certificada del recibo 022626022020003089, expedido por el Ayuntamiento Constitucional de Tepic, relativo al pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que se realizó el veintiséis de febrero dos mil veinte, por la cantidad de $30,040.00 moneda 3 Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número PC.I.P. J/54 K, del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, perteneciente a la décima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil diecinueve, con número de registro 2019326, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIÉN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN. La causal de sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, en términos del precepto y fracción citados, se actualiza cuando las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo niegan o cuando el quejoso no prueba su existencia en la audiencia constitucional, con independencia de que otras autoridades también señaladas como responsables lo admitan, pues la aceptación del acto reclamado por estas últimas, salvo casos de excepción, no desvirtúa la negativa de las autoridades a quienes de manera independiente y autónoma se les atribuyó por el quejoso, por lo que dicha causal de sobreseimiento es de estudio preferente a la diversa de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con la actualización de alguna causal de improcedencia." Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [8] nacional (treinta mil cuarenta pesos, 00/100 moneda nacional). QUINTO. PROCEDENCIA. Causa de improcedencia advertida oficiosamente por este Juzgado de Distrito. Este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que el juicio se torna improcedente en cuanto a los artículos 45 y 47, fracción III, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, en virtud de que la parte quejosa se abstuvo de formular conceptos de violación al respecto, acorde al numeral 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario, establecen que el juicio de garantías es improcedente cuando en la demanda no se expresen conceptos de violación, entendiéndose por aquéllos la expresión de la lesión o agravio que la norma le ocasiona en alguna de sus garantías individuales, lo que en el caso no aconteció. En la especie, se actualiza la referida hipótesis normativa ya que el quejoso se abstuvo de dar cumplimiento a la obligación procesal impuesta por el legislador, en tanto que no expuso argumentos tendentes a evidenciar la contravención a la Constitución Federal respecto de los dispositivos 45 y 47, fracción III, de la Ley de Hacienda Municipal de Nayarit, sino que se constriñó a citarlos como acto reclamado y sostener dogmáticamente que son inconstitucionales, pero sin formular conceptos en los que pondere la violación, siendo esto último un requisito esencial en el juicio de amparo para determinar si Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [9] Amparo indirecto 874/2020-VI dicho acto resulta o no contrario al orden constitucional y ello resulta indispensable, ya que al gozar toda ley de la presunción de constitucionalidad, traslada al gobernado la carga de demostrar, mediante sus argumentos, por qué los ordenamientos que impugna son contrarios a la norma fundamental, lo cual no aconteció por las razones antes apuntadas. Sin que para ello obste, el que nuestro Máximo Tribunal haya establecido que para el estudio de los conceptos de violación es necesaria únicamente la expresión de la causa de pedir y con ello eliminó el tecnicismo de tener que elaborar un argumento a manera de silogismo, también estableció, por conducto de la Primera Sala, que en tratándose del amparo contra leyes no rige tal principio, pues en esos casos se parte de la premisa de que los ordenamientos legales expedidos por los entes legislativos son constitucionales en sí mismos. Lo anterior es así, toda vez que en lo que al caso interesa, el artículo 45, indicado con anterioridad, señala que las adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, los Notarios, Jueces, corredores y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad, lo que harán constar en la escritura y lo enterarán mediante declaración en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio, en los demás casos, los contribuyentes pagarán el impuesto mediante declaración ante la oficina autorizada que corresponda a su domicilio fiscal; siendo que el enajenante responde solidariamente del impuesto que debe pagar el adquirente. En cambio el artículo 47, fracción III, referido con antelación, establece la forma en que se realizará la deducción contenidas en la Ley de Ingresos de los Municipios, en el caso, que se Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [10] considerará como un solo bien inmueble que sean o resulten colindantes, adquiridos por la misma persona en un periodo de veinticuatro meses; por lo que la suma de los precios o valores de los predios únicamente se tendrá derecho a hacer una sola vez la deducción, la que se calculará al momento en que se realice la primera adquisición, siendo el adquirente quien deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, al fedatario ante quién se formalice toda adquisición, si el predio objeto de la operación colinda con otro que hubiere adquirido con anterioridad, para que se ajuste el monto de la deducción y pagarse en su caso, las diferencias de impuesto que corresponda. De ahí que es menester, que quien combata una norma por su inconstitucionalidad exponga los argumentos mínimos suficientes encaminados a demostrar la trasgresión, en su perjuicio, de garantías individuales; acorde a la jurisprudencia 1a./J. 121/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD."; por ende, al no satisfacer la parte quejosa el requisito señalado en el artículo antes transcrito, este juzgado no está en posibilidad de analizar su reclamo, puesto que, al no existir en los conceptos de violación las expresiones en las que dicha parte señale razonadamente el por qué estima inconstitucional los ordenamientos combatidos, debe concluirse que se actualiza la causa de improcedencia en mención, con apoyo, en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, de rubro y texto siguientes: 4 Consultable en el Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, página 171, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 206488. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [11] Amparo indirecto 874/2020-VI "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, FALTA DE. DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, que no se cumplieron las formalidades del procedimiento u otras expresiones semejantes, pero sin razonar porque se considera así, tales afirmaciones, tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, y la Suprema Corte no puede analizar el acto de autoridad combatido, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 166, fracción VII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debe sobreseerse el juicio y no negarse el amparo." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio constitucional específicamente respecto de los artículos 45 y 47, fracción III, de la Ley de Hacienda Municipal de Nayarit, en términos del arábigo 63, fracción V, en relación con los dispositivos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, todos de la Ley de Amparo. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. En los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, reclama, esencialmente, la discusión, aprobación y promulgación de la Ley de Hacienda municipal del Estado de Nayarit, en particular los artículos 40, 42, fracción I y 43, párrafo tercero; asimismo, la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepic, Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veinte, específicamente el arábigo 11, primero y último párrafo, así como la aplicación del cobro del impuesto sobre la adquisición de un bien inmueble. Al respecto, la parte quejosa señala en su concepto de violación en esencia, que conforme a lo contenido en la tesis 2a. XCV/2004 de rubro: "EQUIDAD TRIBUTARIA. OPERA NO SÓLO EN RELACIÓN CON LOS SUJETOS PASIVOS DEL TRIBUTO, SINO TAMBIÉN Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [12] RESPECTO DE SITUACIONES QUE SI SON IGUALES DEBEN RECIBIR EL MISMO TRATAMIENTO"; así como las diversas P./J. 41/97, y P./J. 42/97, de rubros: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS" y "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.", que los citados numerales transgreden el principio de equidad tributaria, pues se establece una reducción en la base gravable del 50% (cincuenta por ciento), cuando se trate de enajenaciones entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, donaciones, constitución, adquisición o extinción del usufructo o de la nuda propiedad, sin que exista justificación objetiva y razonable respecto a esa distinción, a pesar de que son contribuyentes que se encuentran en la misma situación de hecho al adquirir un inmueble y, al tratarse de un tributo real no debe tomarse en cuenta las condiciones personales del contribuyente, sino únicamente la manifestación objetiva y aislada de riqueza o capacidad contributiva, que en el caso resulta ser el valor del inmueble adquirido. Por lo que dicha distinción no se encuentra justificada, a más de que en la Ley de Hacienda Municipal, tampoco se encuentra precisado algún fin de naturaleza extrafiscal, resultando inconstitucional que se otorguen beneficios a ciertos contribuyentes atendiendo a cuestiones que en nada se relacionan con el hecho imponible, tales como el acto jurídico que dio lugar a la adquisición, invocando como apoyo de su argumento la jurisprudencia 2a./J. 114/2005, de rubro: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIGENTE EN 2003 Y 2004, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE A LOS TRABAJADORES A QUE SE REFIERE EL Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [13] Amparo indirecto 874/2020-VI APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA." Al respecto, dicho argumento resulta infundado en atención a las siguientes consideraciones. En principio, resulta necesario para una mejor precisión la transcripción de los dispositivos invocados por la parte quejosa. Los artículos 40, 42 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, en lo que al caso interesan establecen: "Artículo 40. Están obligadas al pago del Impuesto sobre adquisición de Inmuebles establecido en este Capítulo, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el Estado de Nayarit; así como los derechos relacionados con los mismos, a que este Capítulo se refiere. "El impuesto se causará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble y conforme lo establezcan las leyes de Ingresos de los Municipios". "Artículo 42. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la que se derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal, siempre que sean inmuebles propiedad de los copropietarios o de los cónyuges. (.)". "Artículo 43. El valor del inmueble que se considerará para los efectos del artículo 40 será el que resulte más alto entre el valor de operación o precio pactado, o el avalúo comercial; o el avalúo que formula la autoridad catastral. Los avalúos comerciales que se practiquen para efectos del cálculo de este impuesto deberán llevarse a cabo por instituciones de crédito, el Instituto de Administración de Bienes Nacionales, por Corredor Público o personas que cuenten con cédula profesional de valuadores expedida por la Secretaría de Educación Pública registrados ante el Ayuntamiento y tendrán vigencia durante seis meses contados a partir de la fecha en que se efectúen. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [14] En caso de adquisición de inmuebles por donación o sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, o constitución, adquisición o extinción del usufructo o de la nuda propiedad; la base gravable determinada de conformidad a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo se reducirá en un 50%." Por su parte, el artículo 11 de la Ley de Ingresos para la municipalidad de Tepic, Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veinte, prevé: "Artículo 11. El Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles se causará con la tasa del 2% sobre la base gravable, que será el valor que resulte más alto entre el valor de operación o precio pactado, el avalúo bancario o comercial, debidamente certificado por la autoridad catastral y el valor determinado con la aplicación de los valores catastrales unitarios vigentes. El adquirente es el sujeto obligado a pagar el Impuesto sobre la adquisición del bien Inmueble. Tratándose de viviendas de interés social o popular, o de terreno para vivienda de tipo social progresivo; auspiciados por organismos o dependencias públicas, federales, estatales o municipales, que desarrollen viviendas, se deducirá de la base gravable determinada conforme al párrafo anterior, una cantidad equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento), siempre y cuando sea adquirida por persona física que acredite no ser propietaria de otro bien inmueble en el municipio, la cual nunca podrá ser menor a la cuota mínima que establece el presente artículo. El impuesto que por este concepto se cause, nunca será menor a $906.00 pesos. La Dirección de Catastro e Impuesto Predial podrá recibir los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles en aquellas operaciones contractuales que de manera particular celebren las empresas inmobiliarias con los particulares, extendiendo el recibo y constancia respectiva. En caso de adquisición de inmuebles donde se transmite la propiedad plena, por actos de donación o sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente se deducirá de la base el 50% del valor catastral, siempre y cuando dicha operación no exceda del monto de $1'500,000.00, el excedente deberá de calcular su impuesto con la tasa establecida en el presente artículo. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [15] Amparo indirecto 874/2020-VI En casos de constitución, adquisición, reserva o extinción del usufructo o de la nuda propiedad, la base gravable determinada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 primer párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, se deducirá solamente en un 50% del valor que resulte más alto, siempre y cuando dicha operación no exceda el monto de un $1'500,000.00, el excedente de esa cantidad deberá de calcular su impuesto con la tasa establecida en el presente artículo." De los dispositivos legales antes citados se obtiene, que están obligados al pago del impuesto sobre la adquisición de inmuebles, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el Estado de Nayarit, así como los derechos relacionados, para lo cual se aplicará la tasa del dos por ciento, al valor del inmueble, conforme lo establezcan las leyes de ingresos de los municipios, que para el caso de Tepic, lo será el valor que resulte más alto entre el valor de operación o precio pactado, el avalúo bancario o precio pactado, estos últimos debidamente certificados por la autoridad catastral y el valor determinado con la aplicación de los valores catastrales unitarios vigentes. Para ello, la ley indica que se entiende por adquisición, consistente en la trasmisión de una propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal, siempre que sean inmuebles propiedad de los copropietarios o de los cónyuges. En ese sentido, el valor del inmueble se considerará para efectos del impuesto antes citado, el que resulte más alto entre el valor de operación o precio pactado, o el avalúo comercial; o el avalúo que formula la autoridad catastral, siendo el caso de adquisición de inmuebles por donación, sucesión entre Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [16] cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, o constitución, adquisición o existencia de usufructo o de la nuda propiedad; la base gravable determinada de conformidad a lo antes citado, se reducirá en un cincuenta por ciento. Reiterándose para ello, que la deducción por usufructo o de la nuda propiedad, tendrá derecho al cincuenta por ciento de la deducción por cada uno de ellos. Estableciéndose de igual forma, que en caso de constitución, adquisición, reserva o extinción de usufructo o de la nuda propiedad, la base gravable se reducirá solamente en un cincuenta por ciento del valor que resulte más alto, siempre y cuando dicha operación no exceda el monto de un millón quinientos mil pesos, por lo que el excedente de esa cantidad, deberá de calcular su impuesto con la tasa antes mencionada. Precisado lo anterior, cabe señalar que la exención parcial contenida en el párrafo tercero del artículo 43 del invocado ordenamiento reclamado, no vulnera el principio de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el numeral citado en primer término establece, que en caso de adquisición de inmuebles por donación o sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, constitución, adquisición o extinción del usufructo o de la nuda propiedad, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50% (cincuenta por ciento), de la base gravable; sin embargo, ello no transgrede los principios antes citados, en virtud de que el otorgamiento de la reducción en esos supuestos, tiene una base objetiva y razonable si se toma en consideración que la transmisión de la propiedad puede ocurrir a través de diferentes vías jurídicas que no supongan Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [17] Amparo indirecto 874/2020-VI necesariamente una erogación como contraprestación, como ocurre con la donación, sucesión, división de copropiedad o extinción de usufructo, entre otros supuestos. Ello es así, lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2006, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 35/2006, bajo el rubro "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE EL SISTEMA PARA DETERMINAR LA BASE GRAVABLE DE AQUEL IMPUESTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.", de la cual se precisó en lo que al caso interesa: ". pues la transmisión de la propiedad puede ocurrir a través de diferentes vías jurídicas, que no supongan necesariamente una erogación como contraprestación por la adquisición, como la donación, la prescripción adquisitiva, la sucesión, la división de la propiedad o la extinción del usufructo.", en la que analizó la constitucionalidad del artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, el cual establece el sistema para determinar la base gravable del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles a partir del valor de la operación, sin atender a las características propias del sujeto pasivo de la relación tributaria, pues no se desconocía que en muchos supuestos la transmisión de la propiedad ocurría a través de diferentes vías jurídicas que no suponían necesariamente una erogación como contraprestación por la adquisición, como en el caso de la donación, la prescripción adquisitiva, la sucesión, entre otras. En esa tesitura, el tratamiento diferente se justifica por sí mismo, en virtud de la situación dispar de los adquirentes de inmuebles respecto de los cuales no se erogó una cantidad como contraprestación, a diferencia de los que sí erogaron una cantidad como contraprestación, no siendo posible dar los mismos efectos a personas que se encuentran en situaciones dispares; de ahí que, se encuentra objetivamente justificado el Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [18] trato diferenciado que confiere la norma, el que dada su finalidad no requiere ser justificado, en términos de la jurisprudencia P./J. 36/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NORMA TRIBUTARIA. SUPUESTO DE EXCEPCIÓN EN EL QUE NO SE REQUIERE QUE LA AUTORIDAD EMISORA EXPONGA LOS ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL TRATO DIFERENCIADO QUE AQUÉLLA CONFIERE.", de la cual se obtiene en la parte que interesa: ".la práctica judicial demuestra que existen casos excepcionales en los que el órgano de control constitucional puede advertir claramente que la disposición legal que establece un trato desigual entre quienes se encuentran en supuestos similares, está dirigida a proteger o ayudar a las clases débiles o menos favorecidas, o a alcanzar cualquier otro fin extrafiscal fácilmente identificable, es decir, existen casos en los que las razones que sustentan el trato diferenciado son evidentes por constituir hechos notorios.". Además, cabe precisar que, contrariamente a lo que pretende la parte quejosa, el legislador no se encuentra obligado a justificar en la legislación fiscal, que de suyo tiene vocación de generalidad, algún beneficio o exención en favor de determinados sectores de la población; lo anterior, porque la naturaleza jurídica de los tratamientos preferentes, en su caso, estímulos fiscales, constituye la de un instrumento con que cuenta el legislador para normar la política fiscal, tarea en la cual actúa con potestades soberanas, no sujetas por tanto al control judicial, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo ha establecido al interpretar los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a la jurisprudencia 1a./J. 105/2011, que dice: "ESTÍMULOS FISCALES. FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA DETERMINARLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [19] Amparo indirecto 874/2020-VI En efecto, no le es exigible al legislador justificar alguna decisión de política fiscal, porque cuenta con facultades soberanas para hacerlo; lo que no implica que, cuando decide ejercerlas, ciertamente debe ajustarse a los estándares constitucionales, aspecto en el cual el Poder Judicial de la Federación tiene la posibilidad de revisar su ejercicio; pero eso no ocurre en el caso contrario, es decir, que cuando el poder legislativo, en ejercicio de su potestad soberana de implementar la política fiscal, no considera necesario o pertinente moderar la vocación general de la ley, no es posible pretender obligarle a hacerlo a través del juicio de amparo. Bajo ese marco, es preciso acotar que en el caso concreto se observa, que el legislador ejerció su facultad constitucional de otorgar una reducción en la base gravable del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles respecto de adquisiciones de inmuebles por donación o sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, o constitución, o adquisición o extinción del usufructo o de la nuda propiedad, sin que ello vulnere en perjuicio de la parte quejosa el principio de equidad tributaria, ya que está facultado para organizar y conducir el desarrollo nacional; aspectos que corresponde ponderar exclusivamente a ese Poder, dado que la propia Constitución prevé a su favor la facultad para elegir los medios encaminados a la consecución de esos fines. En el caso en particular, la parte quejosa el veintiséis de febrero de dos mil veinte, efectuó el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, por la cantidad de $30,040.00 moneda nacional (treinta mil cuarenta pesos, 00/100 moneda nacional), tal y como se advierte del recibo de pago 022626022020003089, expedido por el Ayuntamiento Constitucional de Tepic, relativo al pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, con motivo de la aplicación Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [20] del 2% sobre la base gravable, que fue $1,502.000.00 (valor más alto entre el valor de la operación o precio pactado, el avalúo bancarios o comercial, debidamente certificado por la autoridad catastral y el valor determinado con la aplicación de los valores catastrales vigentes); lo anterior, en virtud de no encontrarse en ninguno de los supuestos legales para reducir la base gravable. De ahí que, el hecho de que el legislador haya decidido reducir al cincuenta por ciento la base gravable del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISABI), no vulnera el principio de equidad tributaria, al encontrarse sustento en razones objetivas y razonables, habida cuenta que, de conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el cumplimiento de las obligaciones tributarias obedece a un deber de solidaridad; es decir, la recaudación está orientada a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, pues así se encuentra establecido en la jurisprudencia 1a./J. 77/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que examina el tópico de proporcionalidad tributaria y el margen de libertad configurativa para definir la determinación de la base gravable, como en el caso del impuesto en estudio (ISABI), en cuanto ahí explicita: "La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los gobernados deben concurrir al sostenimiento de las cargas públicas en función de sus respectivas capacidades, de lo cual se sigue que quienes más aptitud o capacidad reportan, deben contribuir de forma diferenciada y, específicamente, en mayor medida. No obstante, los principios constitucionales de la materia tributaria no permiten asumir que exista un sistema de tasas o tarifas justas per se. Lo anterior, porque la determinación de la justicia en la tributación debe considerar los siguientes elementos: a) que la determinación de la tasa máxima forma parte del ámbito amplio de configuración política que el Tribunal Constitucional debe reconocer al legislador tributario; b) que dicha determinación puede ser tomada Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [21] Amparo indirecto 874/2020-VI considerando al sistema tributario en lo general, de tal manera que la tasa o tarifa máxima del impuesto sobre la renta puede obedecer a la definición de la tasa aplicable en otros gravámenes; c) que el fenómeno financiero público no se agota en la propia recaudación, sino que su análisis puede abarcar también el aspecto relativo a la forma en que se distribuye el gasto público; y, finalmente, d) que el 'sacrificio' que la tributación puede significar en cada caso es un elemento eminentemente subjetivo, con base en el cual podrían llegar a desprenderse postulados generales, mas no estructuras técnicas ni parámetros de medición que pretendan ser objetivos y aplicables en la práctica." Luego, en atención al principio de generalidad tributaria cuando, como en la especie, las personas físicas reúnen las condiciones relativas para situarse en la hipótesis de causación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, es inconcuso que debe asumir la obligación de contribuir al gasto público, es decir, debe tributar sin importar sus condiciones particulares, pues la causa que legitima esa obligación reconocida en el citado artículo 31, fracción IV, Constitucional, es la existencia de capacidad idónea para tal fin, en tanto ello tiene como presupuesto el principio de solidaridad. Así, dada la importancia del deber de contribuir al sostenimiento del Estado, resulta perfectamente válido que la legislación -y la administración tributaria en el ámbito competencial que le corresponda- prevea los mecanismos que permitan combatir las actuaciones de los particulares que pudieran encaminarse a eludir el cumplimiento de dicha obligación, así como a eliminar beneficios fiscales por cuestiones de política fiscal, en el entendido de que la misma se encuentra indisolublemente ligada a un principio de responsabilidad social para la consecución de los fines a los que la propia Constitución aspira. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [22] En tal virtud, se destaca el deber social de contribuir al gasto público, a fin de que se satisfagan las necesidades colectivas o los objetivos inherentes a la utilidad pública o a un interés social, concluyendo que la obligación de contribuir es un deber de solidaridad con los menos favorecidos, tal y como se desprende de la tesis jurisprudencial 1a./J. 65/2009, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la República, con el rubro: "OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OBEDECEN A UN DEBER DE SOLIDARIDAD.", a más de que el legislador cuenta con amplia libertad de configuración legislativa para gravar cualquier manifestación de riqueza, así como las tasas impositivas, en tanto es fruto de una valoración discrecional del órgano democrático referido, esto es, el legislador, en uso de la potestad que le fue concebida para imponer contribuciones puede incrementarlas o disminuirlas para ajustarlas a la tributación o simplemente para recaudar mayores ingresos públicos en función de la necesidad de cumplir con los gastos públicos del Estado. En ese sentido, se corrobora el margen de libertad configurativa de la materia impositiva y, por ello, es aplicable la tesis 1a. CCL/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS."; y, por todo lo expuesto, se concluye que no se vulnera el principio de equidad tributaria. En consecuencia, no resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIGENTE EN 2003 Y 2004, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, ÚNICAMENTE POR CUÁNTO HACE A LOS TRABAJADORES A QUE SE Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [23] Amparo indirecto 874/2020-VI REFIERE EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.", porque atiende a un supuesto distinto, como es la violación al principio de equidad tributaria respecto de la adquisición de inmuebles que realicen los trabajadores al servicio de la Federación, Estado o Municipios, por cuanto no comprendían a los trabajadores a que se refiere el apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en el caso, la distinción de que se trata no se refiere a los sujetos, sino a las diferentes vías jurídicas por las que se lleva a cabo una adquisición en las que no necesariamente se supone una erogación como contraprestación, como ocurre con la donación, sucesión, división de copropiedad o extinción de usufructo, entre otros supuestos, en cuyo caso ese tratamiento diferenciado se justifica por sí mismo, en virtud de la situación dispar de los adquirentes de inmuebles respecto de los cuales no se erogó una cantidad como contraprestación, a diferencia de los que sí erogaron una cantidad como contraprestación, no siendo posible dar los mismos efectos a personas que se encuentran en situaciones dispares. En este orden de ideas, al haber resultado infundado el concepto de violación aducido por el peticionario del amparo en su demanda de amparo y sin que tampoco se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo, debe negarse el amparo y la protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa, por las razones plasmadas en el presente considerando. Sin que resulte necesario pronunciarse respecto a los alegatos realizados por el agente del Ministerio Público de la Federación, dado el sentido de la presente determinación. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [24] SÉPTIMO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 63 y del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente; RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Aimme Vianey Espinosa Padilla, por propio derecho, respecto de las autoridades y los actos señalados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso tercero de la presente resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Aimme Vianey Espinosa Padilla, por propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando cuarto, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y aplicación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, concerniente a los artículos 40, 42, fracción I, y 43, párrafo tercero; así como de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, específicamente el artículo 11, por las razones expuestas en los diversos quinto y sexto de esta resolución. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de Amparo Indirecto 874/2020-VI [25] Amparo indirecto 874/2020-VI TERCERO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, hasta el día de hoy veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nayarit en representación legal del "GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT", mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, comunica que no existen antecedentes de la existencia de otra demanda promovida por la parte quejosa, contra el acto que le fue reclamado a dicha autoridad; de lo anterior se toma conocimiento. Asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo; asimismo, en términos del artículo 5o. del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.2, se autoriza el correo electrónico licbjgallojuridico.sgg@nayarit.gob.mx 1, y los números telefónicos que proporciona para recibir notificaciones. 1 "Artículo 5. Herramientas para la atención a personas justiciables. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, los órganos jurisdiccionales procurarán encauzar los procedimientos a su cargo de modo tal que: I. Tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. II. Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el Roberto Díaz Villarreal De igual forma, se le tiene como delegados en términos del artículo 9o., de la Ley de Amparo, a las personas que designa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.

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