Aimé Yohali Prieto Pizarro y Otros.

Expediente 185/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
185/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
20/08/2021

Partes del expediente

  • Aimé Yohali Prieto Pizarro y Otros.
  • Aimé Yohali Prieto Pizarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo en virtud de que la medida cautelar solicitada por los quejosos fue negada y concedida. El duplicado del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese, por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de agosto de dos mil veintiuno. Téngase a la Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, informando las gestiones realizadas respecto de los hechos de tortura manifestados por los quejosos ****************** y ******************, de su contenido se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento con que se le previno, en caso de incumplimiento. Notifíquese, por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del doce de julio del año en curso; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas y glósense los cuadernos incidentales. Por otra parte, téngase al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta localidad remitiendo los escritos signados por los quejosos Isaac Mendoza Ortiz y Aimé Yohali Prieto Pizarro, por medio del cual solicitan el primero que le sea practicado el protocolo de Estambul al referir haber sido víctima de tortura al momento de su detención y la segunda que se le practique una radiografía, al respecto se acuerda: De las manifestaciones expuestas por el quejoso Isaac Mendoza Ortiz, se advierte la posible existencia de actos de tortura y malos tratos, por lo que por la importancia que éstos tienen para cumplir con las obligaciones impuestas a todas las autoridades del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentra cualquier práctica de tortura, que atenta contra la integridad de las personas, con independencia de que no tenga impacto en un juicio penal instruido contra la presunta víctima de tortura, por lo que se ordena dar vista a los Agentes del Ministerio Público adscritos al Juzgado responsable, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que a su representación social corresponda, respecto a los posibles actos de tortura cometidos; en el entendido que, de estimar que los actos no fueren de su competencia, deberán hacer el pronunciamiento respectivo a fin de hacerlo del conocimiento de la autoridad ministerial competente, debiendo supervisar que lo anterior se cumpla de forma satisfactoria y en su momento hacerlo del conocimiento de este Juzgado. Hágase del conocimiento el contenido del presente acuerdo a los representantes sociales, por medio de oficio que sea remitido a través de los correos electrónicos: Agente del Ministerio Público Ricardo Sánchez Pineda (rsanchez@fiscaliaedomex.gob.mx) Agente del Ministerio Público Brenda María Castaño Muñoz (bcatanom@fiscaliaedomex.gob.mx) Por tanto, el actuario judicial de la adscripción deberá elaborar la razón del envío de este acuerdo a los citados agentes. Respecto del escrito de la quejosa Aimé Yohali Prieto Pizarro y en atención a su contenido glósese y envíese a la autoridad responsable; a fin de que provea lo que en derecho corresponda. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. No obstante lo anterior, remítase al Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, copia certificada de los escritos de los quejosos a efecto de que se pronuncie conforme a derecho corresponda; situación que deberá informar dentro del término de tres días con las constancias con las que acredite su dicho. Bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a las diversas manifestaciones del quejoso Isaac Mendoza Ortiz, en el sentido de que se ponga mucha atención de cómo fue integrada la carpeta de investigación, dígasele que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese y por lista electrónica a las partes. Así lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2031/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    IV. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con cincuenta y cuatro minutos del doce de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 185/2021-IV, promovido por **************** e ****************, por derecho propio, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente, asimismo, hace constar que la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificada. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Respecto de la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado, tómese en consideración al resolver esta sentencia. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por el juez responsable al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos que deban ser relacionados. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 185/2021-IV; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito recibido por razón de turno, el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, **************** e ****************, por derecho propio, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad. II. Previa prevención y desahogo de la misma, el cinco de abril pasado, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda y la registró con el número 185/2021-IV; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, asimismo señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto reclamado es privativo de libertad y se ejecuta dentro de la demarcación territorial en que ejerce jurisdicción este órgano federal. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los quejosos reclamaron: El auto de vinculación a proceso emitido el veintiocho de febrero pasado, dentro de la causa de control 259/2021, por el delito de robo con la modificativa agravante por haberse cometido con violencia, ilícito previsto y sancionado en los artículos 287, 289 fracción I, 290 fracción I inciso b), en relación a los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso d), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de ****************, así como su ejecución. Tercero. La Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó el acto que le atribuyen los solicitantes del amparo; lo que resulta suficiente para tenerlo plenamente probado. Por su parte, la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada para ello, por tanto se tiene por cierto el acto a ella reclamado. Lo que además se robustece con el contenido del disco óptico, del que se confirma la existencia del acto reclamado. Cuarto. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes en este juicio de amparo que amerite ser estudiada y toda vez que no se advierte de oficio alguna que debiera ser analizada, se procede a entrar al estudio del fondo de la cuestión debatida. Conviene precisar que, por cuestión de método y para una mejor comprensión del asunto, al abordar el análisis de los requisitos que debe cumplir el auto de vinculación a proceso impugnado, se dará contestación simultáneamente a los conceptos de violación que así lo ameriten. Antes del análisis, debe decirse que el auto de vinculación a proceso reclamado se emitió acorde con el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, que se rige por los artículos 14, 16, párrafo tercero, 19, párrafos primero, así como el apartado A del numeral 20, todos de la Constitución Federal, a partir de las reformas del dieciocho de junio de dos mil ocho. I. REQUISITOS FORMALES. A. Debe ser emitido por autoridad judicial competente. Este requisito se encuentra satisfecho, pues en la carpeta administrativa de origen se ventilan hechos posiblemente constitutivos de un delito, por lo cual el conocimiento es competencia de un juzgado en materia penal. Asimismo, dada la temporalidad de los hechos (veintiuno de noviembre de dos mil veinte) y atento a las reformas constitucionales y legales locales, al proceso penal de origen se le debe aplicar el sistema de justicia penal de tipo acusatorio, adversarial y oral. Ahora, respecto al ámbito territorial es competente un Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, pues los hechos que se atribuyen a la parte quejosa sucedieron el veintiuno de noviembre de dos mil veinte, en el municipio de Huixquilucan; por lo tanto, es legal que el asunto en cuestión sea dirimido ante el citado juzgado de control. B. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición del juez penal; plazo que se puede prorrogar a ciento cuarenta y cuatro horas, a petición de aquél. En la especie, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que se cumplió con este requisito, ya que los quejosos fueron puestos a disposición del juez responsable el veinticuatro de febrero de esta anualidad, a las cuatro horas con treinta minutos; y su situación jurídica fue resuelta a las veinte horas con veinte minutos del veintiocho de febrero de dos mil veinte (forma oral), es decir dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas que el juez de control tenía para resolver la situación jurídica de los imputados, toda vez que solicitaron la duplicidad de término. C. Que se haya formulado imputación. Este requisito se encuentra cumplido pues de las constancias que integran la carpeta administrativa, así como de las videograbaciones que remitió el juez responsable, se desprende que el representante social **************** en la audiencia del veinticinco de febrero pasado (minuto 02:55 parte 2) formuló imputación en contra de los quejosos, por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de robo con la modificativa agravante por haberse cometido con violencia, ilícito previsto y sancionado en los artículos 287, 289 fracción I, 290 fracción I inciso b), en relación a los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso d), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de ****************; señalando los hechos respectivos, así como los datos de prueba que se contenían en la carpeta de investigación correspondiente y que le fueron atribuibles a los imputados. D. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Este requisito se encuentra satisfecho, habida cuenta que en la audiencia inicial del veinticinco de febrero pasado, (minuto 06:37 parte 1) el juez responsable cuestionó a los quejosos, **************** e ****************, si conocían los derechos fundamentales, a lo que los quejosos contestaron que sí, asimismo, designaron como sus defensores a los licenciados **************** y ****************, manifestando su consentimiento para que los representaran en esa audiencia, por lo que en ese acto aceptaron y protestaron el cargo conferido. Luego, el juez responsable preguntó a los imputados, **************** (minuto 07:29 parte 2), e **************** (minuto 07:33 parte 2), si deseaban rendir declaración, a lo que manifestaron afirmativamente; motivo por el que en ese acto le dio el uso de la voz para que emitieran sus manifestaciones en vía de declaración, asimismo, **************** (minuto 13:19 parte 2) e **************** (minuto 26:26 parte 2) dieron contestación de forma voluntaria a los cuestionamientos formulados por su defensa. E. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este aspecto se encuentra colmado, toda vez que a las a las veinte horas con veinte minutos del veintiocho de febrero de dos mil veinte (forma oral), el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra de **************** e ****************, por su probable intervención en el delito de robo con la modificativa agravante por haberse cometido con violencia, ilícito previsto y sancionado en los artículos 287, 289 fracción I, 290 fracción I inciso b), en relación a los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso d), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de ****************; lo que hizo dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas; y que es el acto reclamado en este juicio, en correspondencia con el hecho circunstanciado expuesto por el representante social cuando formuló imputación, sin variar los hechos de ésta. F. Se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito. De la misma forma, el juez responsable precisó las circunstancias referidas y, en cuanto al lugar indicó que los hechos ocurrieron en Camino Nuevo a Huixquilucan en esquina con calle ************, en la colonia **************, del municipio de ****************, Estado de México. Respecto al tiempo precisó que los hechos presumiblemente constitutivos del antijurídico, se suscitaron el veintiuno de noviembre de dos mil veinte aproximadamente a las ocho horas. En cuanto al modo de ejecución señaló que: ".se detiene un vehículo ****************, clásico, color blanco, del cual desciende de la puerta del copiloto ****************, se coloca frente a él y le dice YA VALIÓ MADRES, AFLOJA EL DINERO Y EL TELÉFON CELULAR, contestando la víctima que no llevaba nada, al mismo tiempo que con su mano derecha, de su cintura del lado derecho saca una pistola escuadra grande, con la cual le apunta hacia el pecho, exigiendo LE ENTREGARA SUS PERTENENCIAS, SINO LE IBA A TIRAR UN PLOMAZO, realizando movimientos para cortar cartucho, siguiendo con el arma apuntada, y por temor es que le entrega el dinero que traía, siendo $*,***.** (*********************** PESOS 00/100 M.N.), mientras que **************** se encontraba en el interior del vehículo automotor en el lado del conductor gritando YA VÁMONOS, es como ******* aborda el vehículo y se pone en marcha retirándose del lugar, llevándose el numerario de la víctima". Conforme lo anterior, se aprecia que el juez responsable acreditó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se suscitaron los hechos, lo que además se relacionó con los datos de prueba reseñados por la fiscalía, como enseguida se verá en el estudio de los requisitos de fondo. II. REQUISITOS DE FONDO. I. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Al respecto, se debe establecer en primer término el hecho delictuoso y posteriormente la probable participación del imputado. En esta tesitura, el hecho delictuoso que se imputa a los quejosos es el de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, ilícito previsto y sancionado en los artículos 287, 289 fracción I, y 290 fracción I inciso b), del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de ****************. Los referidos preceptos disponen: "Artículo 287.- Comete el delito de robo, el que se apodera de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él, conforme a la ley. Artículo 289.- El delito de robo se sancionará en los siguientes términos: I. Cuando el valor de lo robado no exceda de treinta veces el salario mínimo, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa;. Artículo 290.- Son circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo y se sancionarán además de las penas señaladas en el artículo anterior con las siguientes: I. Cuando se cometa con violencia sobre persona o personas se impondrán de ocho a doce años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin exceder mil quinientos días multa. Para efectos de este artículo se entenderá por violencia:.. b) Moral: utilización de amagos, amenazas o cualquier tipo de intimidación que el sujeto activo realice sobre el sujeto pasivo o personas vinculadas a éste, para causarle en su persona o en la de las personas vinculadas a éste o en sus bienes, males o se realice en desventaja numérica sobre el sujeto pasivo o haciendo uso de armas de juguete, utilería o réplicas, aun cuando no sean aptas para causar un daño físico." Siguiendo con el estudio, procede señalar que a juicio del suscrito fue acertada la determinación del juez responsable al resolver que existen datos idóneos y pertinentes que establecen que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito, entendido éste como la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. En efecto, como se adelantó, el juez responsable analizó los hechos que se imputan a los quejosos, justipreciando los datos de pruebas reseñados por el Fiscal, los presentados por los quejosos, así como los medios de prueba desahogados ante su presencia que a continuación serán enlistados. Datos de prueba descritos por el Ministerio Público: Entrevista de la víctima ****************. Inspección en el lugar de los hechos del veintiuno de noviembre de dos mil veinte realizado por el policía de investigación ****************. Testigos de capacidad económica de nombres **************** y ****************. Informe de investigación del veintiuno de febrero de dos mil veintiuno suscrito por el policía de investigación Blancas Ubaldo. Copias certificadas de la carpeta ****************************** por el delito de encubrimiento por receptación. Diligencias de reconocimiento de personas del veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Medios de prueba ofertados por la defensa de los quejosos: Declaraciones de los imputados. Documental para reconocimiento por fotografía. Documental donde se realiza nombramiento por imputados. Carátula de la carpeta de reconocimiento. Credencial de elector de ****************. Testimonio de ****************. Datos de prueba con los que el juez responsable consideró acreditado el hecho delictivo que fue imputado a los quejosos; ya que efectivamente, del propio acto impugnado, de la descripción realizada por el Fiscal investigador, respecto de los datos de prueba reseñados, coincide con la narrativa del Juez responsable al relacionar los datos de prueba, los que se adecuan al tipo penal que se atribuye a los impetrantes. En efecto, el juez responsable señaló que los datos de prueba aportados por el Fiscal, pero sobre todo la diligencia de reconocimiento de personas, hasta ese momento procesal resultaron idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para tener por acreditada la conducta delictiva de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia. Ello es así, dado que el señalamiento que se efectuó en los quejosos, es redituado en forma inicial por la víctima (sujeto pasivo) adquiriendo tal naturaleza conforme al numeral 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser directamente el afectado por la sustracción de sus pertenencias personales, al integrar esas actuaciones de investigación consistentes en la narrativa de la víctima, actos de investigación y diligencia de reconocimiento conforme a lo establecido en el artículo 265 del código aplicable, se comulga con la petición solicitada por el fiscal, atendiendo a las finalidades en aseguramiento en otra investigación a los imputados, empero con el seguimiento a las actuaciones de investigación de la carpeta de que se trata redituando la existencia del lugar de los hechos; asimismo se constata que el aseguramiento de los activos en diverso hecho relacionado con la carpeta ****************, pues con motivo de ello se originaron diversas diligencias, actualizándose en lo relativo un nexo de atribuibilidad entre la conducta señalada y el resultado material advertido a la vulneración del bien jurídico tutelado. Datos de prueba analizados y apreciados de acuerdo con las reglas de valoración de la prueba en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en el caso a estudio, como acertadamente lo señaló el juez responsable, resultan idóneos, pertinentes y suficientes conforme al artículo 261 del código citado, para establecer la existencia del hecho circunstanciado descrito. Por tanto, se estima que la determinación emitida fue acertada, toda vez que de acuerdo con la narrativa expuesta por el fiscal investigador, así como las razones del juez responsable, hasta este momento procesal, existen datos idóneos y pertinentes que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, es decir, la conducta típica, antijurídica, culpable y punible para la acreditación del ilícito de violación equiparada cometido en agravio de la víctima José Alexis Orozco Gutiérrez, bajo las circunstancias descritas. Cabe mencionar que al emitir su determinación, el juez responsable argumentó que las declaraciones de los imputados fueron contradictorias ya que Isaac Mendoza Ortiz, señaló que fueron llevados ambos a su detención a un lugar anterior y distinto del lugar señalado como bomberos y ******************* no señaló nada de los disparos que el sí describió, aunado que las pruebas ofertadas por su defensa no cumplían con lo establecido en el numeral 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las reglas de los artículos 314 y 315 del código señalado. Además el juez indicó que sobre el escrito de designación de defensa, fue presentado posterior a la realización de la diligencia, y dicho escrito es firmado por los imputados, sin que ellos hicieran algún señalamiento al respecto y argumentó que la pericial que realizó ******************* no era compatible con la materia de grafología como lo sostuvo la representación social, además que las muestras de rasgos gráficos como base de estudio y consideradas como irreproducibles no se realizaron en presencia de la contraparte, también apoyada por una opinión técnica. Con todo ello, el juez responsable arribó a la conclusión que, en el caso, sí se acreditó el hecho delictivo de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, ilícito previsto y sancionado en los artículos 287, 289 fracción I, y 290 fracción I inciso b), del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de José Alexis Orozco Gutiérrez. Determinación con la que concuerda este juzgador, partiendo del hecho que, ciertamente, no se advierten datos ni medios de pruebas que hasta este momento procesal desvirtúen las manifestaciones de la víctima y testigos; situación que de acuerdo con las prerrogativas constitucionales y procesales, resulta suficiente, hasta este momento procesal, para tener por cierto el hecho delictivo denunciado. Expuesto lo anterior, procede abordar el segundo requisito de fondo, la probable participación de los imputados. II. Probabilidad de que los imputados cometieron o participaron en la comisión del hecho delictuoso. La probabilidad de que los imputados participaron en la comisión de un ilícito penal se acredita cuando los datos de prueba aportados en la carpeta de investigación hacen factible deducir su intervención en la ejecución, es decir, que se compruebe con los datos de prueba allegados que posiblemente intervino en la realización de las conductas que están tipificadas como delitos. Al respecto, para tener por acreditada la probable intervención de la parte quejosa en la ejecución del delito de que se trata, el Juez de Control responsable basó su determinación en los mismos datos de prueba que reseñó en la tipificación del delito que se imputa, y que no se transcriben por cuestión de practicidad. Datos de convicción con los que la autoridad responsable tuvo por acreditada la probabilidad de que los imputados, aquí quejosos, cometieron el delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia, ilícito previsto y sancionado en los artículos 287, 289 fracción I, y 290 fracción I inciso b), del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de José Alexis Orozco Gutiérrez; y que tomó en consideración para dictar el auto de vinculación a proceso que se reclama. Sobre el tópico, el juez responsable indicó que los quejosos probablemente intervinieron en el ilícito señalado en calidad de autores materiales con dominio del hecho delictuoso en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción I, inciso d), del Código Penal en la entidad, dado que armónicamente se justificó esa realización conductual para la realización del hecho, por realizar en forma directa, conjunta y probable todos y cada uno de los materiales para la total sustracción del numerario con la utilidad de la violencia moral a la víctima. Que los quejosos presentaron un actuar doloso porque se quería como suyo y se advertía como propio el resultado que podría devenir, pues tenían conocimiento de los elementos subjetivos del tipo penal transgredido y que por vulnerar el bien jurídico tutelado se transmuta en antijurídica y, que al encontrarse solvencia a la salud mental o psíquica del sujeto activo, para la no actualización de error del tipo invencible o de prohibición que pueda advertirse en pro de los ahora imputados, según del certificado médico. Que se advirtió una culpabilidad como la potestad de determinarse sobre un hecho como en el caso acontece, sin que ello se actualice causa alguna de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Con lo anterior se colige que, de conformidad con lo establecido en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba sumaron convicción para establecer de manera razonada la forma de intervención de los quejosos en el delito que se les atribuye, por lo cual, también se colma el requisito atinente a la probable intervención en el hecho delictuoso que se le imputa. Bajo ese esquema, resulta infundada la alegación de los quejosos en el sentido de que carece de fundamentación y motivación, congruencia y sin elementos para acreditar su probable responsabilidad. Pues como se vio en el estudio atinente a los elementos de fondo que debe contener el auto de vinculación a proceso, la autoridad responsable expuso los razonamientos lógicos y jurídicos con los que consideró corroborada la hipótesis respecto del hecho delictivo que se les atribuye y donde se acredito su probable responsabilidad, que fue descrito por el fiscal investigador, ello a través de la relación de los datos de prueba descritos y la valoración de los medios desahogados en su presencia en la audiencia de prórroga del plazo constitucional; de manera que, a estima del suscrito, si existió un nexo causal o lógico para tener por acreditada, al menos hasta esta etapa procesal, la existencia de un hecho ilícito, así como la probabilidad de que los imputados intervinieron en su ejecución. En ese sentido, el suscrito estima que el auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos cumple con los requisitos constitucionales y legales para su emisión, habida cuenta que, como se vio, en la especie se acreditaron los supuestos tanto de forma como de fondo para la emisión de ese tipo de actos, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De esa manera, también resultan infundados los argumentos de los quejosos en cuanto a que la resolución combatida carece de argumentos jurídicos que la justifiquen y que la autoridad responsable no cumplió con la garantía al debido proceso establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que como ha quedado evidenciado, el juez responsable cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento que dispone en el Código Nacional de Procedimientos Penales para el dictado del auto de vinculación de proceso. Luego, deviene infundado el motivo de disenso en que la parte quejosa alega una violación a la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, pues como se ha visto a lo largo de este considerando, el juez responsable expuso de manera detallada el hecho ilícito, mismo que relacionó con los datos de pruebas expuestos por el Fiscal en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, exponiendo los motivos esenciales que tomó en consideración para desvirtuar los medios de prueba desahogados dentro de la prórroga del plazo constitucional por los imputados, invocando los preceptos legales que consideró aplicables al caso en concreto y expresó los argumentos y razones que estimó pertinentes para tener por demostrados el hecho delictuoso y la probable intervención de los imputados; de modo que la determinación reclamada también cumple con la exigencia del artículo 16 constitucional atinente a la fundamentación y motivación que toda resolución debe contener. Por otro lado los impetrantes del amparo alegan que no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 19 constitucional pues no se tuvo por acreditada la probable participación de los quejosos en el delito que se les imputa. Lo anterior, deviene infundado en razón que, contrario a lo que aducen, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo se requiere que el Ministerio Público haga referencia al contenido de determinados medios de convicción que obren en la carpeta de investigación y que estime idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado o los imputados lo participaron en su comisión, y basta con que el juez de control, de manera razonable, encuadre la conducta reprochada a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable; circunstancia que en la especie aconteció. Por tanto, se reitera que el juez responsable expuso de manera detallada el hecho ilícito, que relacionó con los datos de prueba expuestos por el fiscal en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, invocando los preceptos legales que consideró aplicables al caso en concreto y expresó los argumentos y razones que estimó pertinentes para tener por demostrado el hecho delictuoso y la probable intervención de los imputados, por lo que no pueden considerarse vulnerados sus derechos de legalidad y seguridad jurídica. Máxime, que el auto de vinculación a proceso conforme al artículo 19 constitucional sólo exige que debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo; esto es, la probabilidad del hecho, dado que el proveído de mérito en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio, ello únicamente con base en los datos de investigación, que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público, o bien con pruebas que se desahoguen en esa audiencia. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por ******************* e Isaac Mendoza Ortiz. Negativa del amparo que se hace extensiva a la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, por cuanto que el acto reclamado no fue combatido por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto emitido por la autoridad ordenadora. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************* e Isaac Mendoza Ortiz contra el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad, por los motivos precisados en el último considerando del propio fallo. Notifíquese, mediante lista electrónica a los quejosos. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.

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