Aime García Fuentes
Expediente 1235/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1235/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Aime García Fuentes
- Titular del Instituto Nacional de Migración, Ciudad
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese; y, personalmente a los promoventes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Jenniffer
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de septiembre de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2. Desechamiento. Vista la demanda presentada por Adar Iván Arnaut García a favor de Ernel Verdecia Cano, Yunier Pérez Fonseca, Yenifer Rodríguez Fonseca o Yenifer Rodrígues Fonseca, Aime García Fuentes, Yamile Barban Aguilera y Gonzalo González Rodríguez o Gonzalo Gonzales Rodríguez, en contra de los actos reclamados al titular del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, se advierte que es improcedente y, por ello, deberá desecharse de plano. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b. Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c. Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Ello, encuentra apoyo en la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X (Septiembre de 1999), Novena Época, Materia Común, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Consecuentemente, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden a plenitud de la justipreciación de la demanda de amparo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señala como tal, conforme a la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, titulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso concreto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" El contenido de esa porción normativa, es lo que la doctrina en derecho procesal ha denominado improcedencia por litispendencia. Para que se actualice lo previsto en dicha hipótesis es indispensable que existan dos o más juicios de amparo, es decir, que después de haberse promovido una demanda de amparo, se presente otra o más, que tengan igualdad de características o elementos de la primera, que se encuentre en trámite, pendiente de resolución, de causar ejecutoria o, en su caso, en recurso de revisión. Así, se desprende que son tres los requisitos exigidos para que opere el motivo de inejercitabilidad aludido, a saber: a. Que la norma general o acto que se reclame sea materia de otro juicio de amparo. b. Que ese juicio esté pendiente de resolución o no haya causado ejecutoria. c. Que los juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso, se considera que se actualizan los citados requisitos, pues el presente asunto guarda identidad con la demanda turnada a este juzgado el trece de septiembre de dos mil veintidós, la cual se radicó bajo orden 1229/2022 del propio índice; ello, en atención a la información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Para evidenciar lo expuesto, se inserta el siguiente cuadro comparativo: Juzgado Primero Primero Juicio de amparo 1229/2022 1235/2022 Parte quejosa Aime García Fuentes, Ernel Verdecia Cano, Yunier Pérez Fonseca, Yenifer Rodríguez Fonseca o Yenifer Rodrígues Fonseca, Yamile Barban Aguilera y Gonzalo González Rodríguez o Gonzalo Gonzales Rodríguez Ernel Verdecia Cano, Yunier Pérez Fonseca, Yenifer Rodríguez Fonseca o Yenifer Rodrígues Fonseca, Aime García Fuentes, Yamile Barban Aguilera y Gonzalo González Rodríguez o Gonzalo Gonzales Rodríguez Fecha de recepción de la demanda 13/septiembre/2022 14/septiembre/2022 Actos reclamados Detención, aseguramiento, retención y privación de la libertad (actos que afectan la libertad de los directamente agraviados); la emisión y ejecución de una orden deportación y/o retorno asistido así como el traslado de los quejosos a otra estación migratoria dentro del país Detención, aseguramiento, retención y privación de la libertad (actos que afectan la libertad de los directamente agraviados); la emisión y ejecución de una orden deportación y/o retorno asistido así como el traslado de los quejosos a otra estación migratoria dentro del país Autoridades responsables titular del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades titular del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades Inclusive del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el juicio de amparo 1229/2022 se encuentra en trámite. En ese orden de ideas, de la comparación entre el presente juicio y el diverso 1229/2022 del propio índice, resulta evidente que se encuentran satisfechos el primer y segundo de los requisitos para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, así los actos aquí reclamados son materia de un diverso juicio de amparo promovido con anterioridad (trece de septiembre de dos mil veintidós), y que aún se encuentra en trámite. Asimismo, se cumple con la tercera de las exigencias apuntadas, pues ambos juicios de amparo fueron promovidos por Adar Iván Arnaut García a favor de Aime García Fuentes, Ernel Verdecia Cano, Yunier Pérez Fonseca, Yenifer Rodríguez Fonseca o Yenifer Rodrígues Fonseca, Yamile Barban Aguilera y Gonzalo González Rodríguez o Gonzalo Gonzales Rodríguez contra actos que emanan del titular del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades consistentes en la detención, aseguramiento, retención y privación de la libertad (actos que afectan la libertad de los directamente agraviados); la emisión y ejecución de una orden deportación y/o retorno asistido así como el traslado de los quejosos a otra estación migratoria dentro del país. De ahí que, el presente juicio se encuentre estrechamente vinculado con el diverso 1229/2022; y en atención a que la litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examinen los mismos actos y consecuencias, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez; cobra vigencia la enunciada causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se cita la jurisprudencia 235, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 193, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19172000, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causal de improcedencia, respecto de este acto, de acuerdo con la fracción III, del artículo 73, de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en página 271, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO COMO ACTO RECLAMADO SE PRECISA EL MISMO QUE SE HA SEÑALADO EN OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, sin duda se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, respecto de ese acto, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia invocada y con fundamento en el artículo 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por Adar Iván Arnaut García en favor de Ernel Verdecia Cano, Yunier Pérez Fonseca, Yenifer Rodríguez Fonseca o Yenifer Rodrígues Fonseca, Aime García Fuentes, Yamile Barban Aguilera y Gonzalo González Rodríguez o Gonzalo Gonzales Rodríguez. En el entendido de que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro que se lee: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." De igual forma, resulta importante precisar que el desechamiento de la demanda no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla, imparte justicia, no obstante que la determinación sea desfavorable a los intereses del promovente. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia J/23, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición del justiciable para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 4. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la parte promovente señala número telefónico y correo electrónico para cuestiones no procesales. En ese sentido, se tiene a la parte quejosa proporcionando el número telefónico que señala en su demanda, para cuestiones no procesales. 5. Notificaciones electrónicas y acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario "adarivan", el acceso al expediente electrónico, para los efectos solicitados, así como para que se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales que se emitan en el presente juicio de derechos. Ilustra lo anterior el criterio I. 2º.P.34 K (10ª.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." En esta apartado, debe precisarse que no se soslaya el señalamiento del promovente de domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, al haber señalado el nombre de usuario referido pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaria de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. 6. Autorizado. En cuanto a la persona que menciona en su demanda, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal1, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 11. Exhortación. Se exhorta a la parte promovente para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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