Ailyn Gissel Pérez Gutiérrez

Expediente 43/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
43/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2017

Partes del expediente

  • Ailyn Gissel Pérez Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/091/2017, signado por Miguel Agustín Cossio Campos, Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, recibido vía correo electrónico, se informó que en sesión de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, se determinó la adscripción de Francisco Javier García Contreras, a este Juzgado de Distrito, con efectos a partir del día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; en tal virtud, hágase del conocimiento a las partes, para los efectos legales correspondientes, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Amparo. Así también, de la constancia secretarial que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído de treinta y uno de enero del año en curso; consecuentemente y con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Fernando Segura Quintero, en su carácter de Defensor Público Federal adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación, en la ciudad de Mexicali, Baja California, como defensor de Ailyn Gissel Pérez Gutiérrez, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del veintidós de febrero de dos mil veintidós, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental y que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    ....SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA....

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo y anexo de cuenta, presentados por *****, en su carácter de Defensor Público Federal adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, como defensor de Ailyn Gissel Pérez Gutiérrez, en contra de actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Mexicali de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 107, 108, 112, 113, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. En tal virtud, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 43/2017-4. -Suspensión- La parte quejosa no pidió la suspensión del acto reclamado, en consecuencia no se abre el incidente respectivo. -Informe Justificado- Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable el que se debe rendir dentro del término de quince días siguientes, a la fecha en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia legible y certificada de todas las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; apercibida de que, en caso de ser omisa a lo anterior, se presumirá como cierto el acto que se le atribuye; asimismo, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo segundo, transitorio del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización Pública en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. -Certificación - Asimismo, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable que de ser ciertos los actos de ella reclamados, remita la certificación correspondiente en la que conste el nombre del defensor designado por la inculpada, conforme a las constancias que integran la carpeta de investigación; apercibida en términos del párrafo que antecede. -Audiencia constitucional y apercibimiento- Se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. De igual manera con fundamento en el numeral 64 de la misma norma, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal y de ser posible, deben acompañar las constancias que lo acrediten, y se les apercibe de que en caso de no informarlo, se harán acreedores a una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente por la cantidad de $2,103.00 (dos mil ciento tres pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior de acuerdo con el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo segundo, transitorio del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización Pública en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Ministerio Público- Por otra parte, dese al agente del ministerio público federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5 fracción IV de la ley reglamentaria. -Pruebas- Téngase por exhibida como medio de prueba la documental consistente en copia simple de escrito signado por el citado Defensor Público Federal, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora de Mexicali, Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California, misma que se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, de la cual se hará relación en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. -Certificación - Asimismo, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables que de ser ciertos los actos de ellas reclamadas, remitan la certificación correspondiente en la que conste el nombre del defensor designado por el inculpado en las constancias conducentes a la causa penal, en el caso de tratarse de orden de aprehensión, conforme a las constancias que integran la averiguación previa. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental; lo anterior, cuando no sea posible practicarlas en días y horas hábiles, y previa razón que asiente el actuario de dicha imposibilidad. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva; y en su caso acompañar de la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mi quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. -Transparencia- En cumplimiento a los artículos 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen; hágase saber al quejoso, que hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, los que se suprimirán de la versión impresa o electrónica en que se difundan, en la medida en que no impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, no exime a este órgano jurisdiccional de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente juicio de amparo, incluyendo la presente determinación. Resulta orientador para este juzgador, el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos".

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