Ailin Marivel Silva Paredes y Otros.
Expediente 110/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/03/2017
Partes del expediente
- Ailin Marivel Silva Paredes y Otros.
- Ailin Marivel Silva Paredes
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que tuvo por no presentada la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinte de febrero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ailin Marivel Silva Paredes, por derecho propio y en representación de sus menores hijos Edgar Benjamín y Aranza Gabrielle, ambos de apellidos Olivares Silva, por derecho propio, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Directora General Adjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 110/2017-V-B. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. De conformidad a lo dispuesto en el precepto invocado, la demanda de amparo debe desecharse cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De la lectura de la demanda de garantías, se advierte, que el accionante del amparo reclama la negativa contenida en el oficio número PME-100735.17 de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cuanto a tramitar y remitir al Juez de Primera Instancia de lo Civil en la Jurisdicción de San Quintín, Baja California una prueba (Informe de Autoridad) presentada dentro del expediente identificado como 'Exhorto Registro Local Número 266/2016-II', que señala haber numerado como '10' en su escrito de oposición a la restitución internacional de los menores Edgar Benjamín y Aranza Gabrielle, ambos de apellidos Olivares Silva. Ahora bien, antes de todo debe precisarse que tratándose de un procedimiento de restitución internacional de menores, en aplicación u observancia de la Convención Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en nuestro derecho positivo se le da a esa clase de trámites en que interviene la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad central mexicana --una vez que arriban al conocimiento del juez del lugar donde se encuentran los menores de que se trate-- el carácter de procedimiento judicial, donde el Juez que conozca de tal petición (en el caso: el Juez de Mixto de Primera Instancia de San Quintín -en su denominación correcta--) tiene la obligación y facultades de allegarse de los elementos probatorios necesarios para determinar la procedencia o improcedencia de dicha restitución. Sobre esa circunstancia de que con el trámite en alusión, una vez que llega al conocimiento del juez competente para determinar sobre la restitución de los menores, se debe considerar que se está ante un verdadero juicio (o por lo menos un procedimiento judicial que se sigue en forma de juicio), resultan aplicables las siguientes tesis: "CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. Si bien es cierto que la citada Convención, adoptada en la ciudad de La Haya, Países Bajos, el 25 de octubre de 1980, no establece un recurso o medio de defensa a través del cual puedan combatirse los actos de autoridad emitidos en el procedimiento que regula para lograr la restitución internacional de un menor, también lo es que las resoluciones emitidas en aquél pueden ser objeto de análisis a través del juicio de amparo, el cual constituye un recurso extraordinario de rápida y sencilla tramitación que puede lograr la restitución de los derechos humanos que se estimen vulnerados en las determinaciones o resoluciones emitidas en ese procedimiento y que constituyan el acto reclamado. Así, la existencia del juicio de amparo y el hecho de que la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores no prohíba la impugnación de las determinaciones o resoluciones emitidas en el procedimiento que regula, es suficiente para considerar que dicho instrumento internacional no vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia, en tanto prevé un procedimiento que permite la posibilidad del recurso." [Décima Época. Registro: 2004672. Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCLXXXII/2013 (10a.). Página: 1045] "RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. MEDIDAS CAUTELARES PARA ASEGURAR SU LOCALIZACIÓN. Si bien la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptada el 25 de octubre de 1980, en La Haya, Países Bajos, busca que el menor sustraído o retenido ilegalmente sea restituido inmediatamente al Estado que lo reclama, partiendo de la base de que eso es lo más conveniente a su interés superior que se busca proteger y, por ello, una vez localizado, la autoridad encargada del proceso de restitución debe asegurar que esté localizable en caso de ordenarse su restitución y, por ende, está facultada para dictar las medidas cautelares necesarias para impedir que el sustractor lo oculte o se traslade con él a otro lugar, evitando con ello una segunda retención o sustracción ilegal, lo cierto es que esas medidas siempre deben ser idóneas, razonables y proporcionales a las circunstancias del caso. En consecuencia, si bien es cierto que no se descarta la posibilidad de que el juzgador pueda ordenar como medida cautelar que el menor sea separado del progenitor que lo sustrajo o retuvo ilegalmente, ordenando su internamiento en una casa hogar, también lo es que esa medida sólo puede utilizarse inicialmente, que es cuando resulta idónea y razonable, ya que permite asegurar su localización hasta en tanto el sustractor o retenedor comparece al juicio de restitución; sin embargo, esa medida también debe ser proporcional y, por tanto, temporal, pues debe tenerse en cuenta que el separar prolongadamente al menor de su entorno familiar por una segunda ocasión puede afectarlo psicológicamente; de ahí que esta medida sólo debe durar hasta que el sustractor o retenedor comparece a juicio y ofrece alguna garantía objetiva y real de que si el menor vuelve a su lado estará localizable o, en su defecto, en lo que el juzgador dicta las medidas judiciales necesarias para limitar el traslado del menor a otro lugar y solicita apoyo policiaco de vigilancia sobre éste. Sin embargo, no puede permitir que esa medida se prolongue durante todo el procedimiento, pues aunque la citada Convención, en su artículo 11, señala un plazo de seis semanas para emitir decisión sobre la restitución, la experiencia ha demostrado que los procedimientos relativos no se resuelven inmediatamente y se prolongan por más tiempo." [Décima Época. Registro: 2013150. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCLV/2016 (10a.). Página: 909] "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD CENTRAL DEL ESTADO MEXICANO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE RESTITUCIÓN DE MENORES, PREVISTO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. Cuando el acto reclamado se haya dictado en un procedimiento judicial de restitución de un menor iniciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su carácter de Autoridad Central del Estado Mexicano, y el progenitor que se opone al retorno de aquél, promueve un juicio de amparo directo o indirecto en contra de cualquier determinación que afecte sus derechos o el interés superior del niño, la referida autoridad tendrá el carácter de tercero interesada, junto con la persona o institución que tiene la custodia del menor. Esto, porque en términos de los artículos 2o., 6o. y 7o. del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, la indicada secretaría es la encargada de canalizar y procurar la cooperación entre las Autoridades Centrales de los Estados parte de la Convención en el ámbito territorial de Estado Mexicano, en lo que concierne al retorno inmediato del menor, y de acuerdo con el artículo 28 del mencionado Tratado, dentro del procedimiento judicial de restitución del niño sustraído, la Secretaría actúa como representante de la persona o de la institución que tiene su custodia, esto es, como contraparte del progenitor que pretende mantener al niño bajo su protección en el país, supuesto que actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del inciso b), de la fracción III, del artículo 5o. de la Ley de Amparo. Sin que proceda tener como terceros interesados a las Autoridades Centrales del Estado requirente de la restitución del menor, porque la obligación de adoptar todas las medidas para garantizar que en los Estados Unidos Mexicanos se cumpla con los objetivos del Convenio, entre ellos, los de iniciar e intentar un procedimiento judicial de restitución de menores, corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su carácter de Autoridad Central." PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. [Décima Época. Registro: 2010437. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: PC.I.C. J/17 C (10a.). Página: 3076] Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, que amerita su desechamiento. Resulta prudente traer a colación lo dispuesto por el numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ". XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este Ley." El diverso numeral 107 señala: "Art. 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." La interpretación sistemática de los preceptos legales en cita permite establecer que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales, entendiéndose por estos la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. De tal manera, el juicio de amparo será procedente contra los aludidos actos, porque la afectación que producen o sus consecuencias no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables o de índole intraprocesal no tocan los valores a que se hace referencia, pues producen la posibilidad de que sus efectos nocivos sean remediados con el fallo que al efecto se dicte en el procedimiento. Dicho de otro modo, el prototipo de los actos irreparables se encuadra en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos influyen directamente en la esfera jurídica del gobernado, mediante la privación de un bien o derecho que constitucionalmente tiene reconocido, salvo excepción, claro, de los que derivan de una relación procesal. El supuesto de los reparables se actualiza, esencialmente, respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por tanto, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Da sustento a la anterior determinación, las tesis que a continuación se transcriben: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE.- Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." (Jurisprudencia número IV.3o. J/9, visible en la página 333, Parte II, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de Octubre de 1995.) "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." (Jurisprudencia número 244, consultable en la página 164, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI.) Sobre la base expuesta, debe estimarse que la determinación de la que se duele la quejosa, importa una violación procesal que si bien se genera por la negativa o rechazo de una autoridad administrativa (en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, que funge como autoridad central nacional en el procedimiento de restitución internacional de menores), por su naturaleza es una actuación que se actualiza 'dentro del procedimiento judicial' que necesariamente ya está conociendo el Juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín bajo el expediente que registró como exhorto local número 266/2016-II, en el que como se señaló, en su momento deberá recaer por parte de dicho juzgador una resolución en la que se pronuncie sobre la procedencia de tal restitución. De ahí que se considera que con tal actuación de no 'tramitarse y remitir al juez' una probanza que interesa a la quejosa ofrecer o que quede desahogada dentro de dicho procedimiento judicial, no se quebranta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos de dicha parte quejosa, ya que efectivamente se trata de un acto dictado dentro del juicio, de carácter meramente procesal, el cual no tiene una consecuencia de imposible reparación. Además, como acto intraprocesal tampoco causa daño en un derecho sustantivo o que no tenga reparación alguna, de manera tal que haga procedente el juicio de amparo biinstancial. Ciertamente, ese pronunciamiento ningún perjuicio irreparable irroga a la parte quejosa, en virtud de que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, al existir la posibilidad de que obtenga resolución favorable en ese procedimiento judicial; evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. De igual modo, en el supuesto de que la resolución que se dicte en ese procedimiento sea adversa a los intereses de la agraviada, puede alegar la violación por los medios de impugnación que en su caso y oportunidad promueva, pues en esa hipótesis se patentizará la trascendencia de la consabida violación procesal. Además, como acto dentro del proceso, el reclamado en esta instancia constitucional tampoco debe ser analizado mediante el juicio de amparo sin necesidad de esperar a la sentencia, ni con tal acontecimiento se deja a la quejosa en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa, porque en todo caso, tal circunstancia podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo (advertida como resolución que pone fin al proceso de restitución), en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado de la sentencia correspondiente. Sin que sea obstáculo a lo considerado en torno al tema, la jurisprudencia 4/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio jurisprudencial se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, cuyo contenido no establecía lo que debía entenderse por un acto de ejecución de imposible reparación, sino que, en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender la afectación material de derechos sustantivos, lo que provoca que el criterio aludido se oponga a la nueva Ley de Amparo y ya no resulte aplicable. De exacta aplicación al caso es la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la tesis Jurisprudencial P/J. 37/2014 (10a) que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesa de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y que aun no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir Þ la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos se entienden ". los que afecten materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte:"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una formula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a los derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debería de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra los actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos #que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos al juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ". aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la "lesión" que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Plano había calificado -con toda razón- alas resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo es aplicable la tesis, consultable en la página 3772, del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O DE TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", definió que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, será motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de jurisprudencia exactamente aplicable al caso, en la que se define cierto aspecto que directamente da lugar a la actualización de una causa de improcedencia de ese medio de control constitucional, no desvirtuable con posterioridad a la admisión de la demanda, porque si la aplicación de la jurisprudencia, la cual es obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver, entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que dará pie a que el juzgador de amparo advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a su potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto." De donde tenemos que, si en el caso que nos ocupa lo que se trae a impugnación en esta instancia de amparo lo es una actuación consistente en no 'tramitarse' una probanza ofrecida por la aquí parte quejosa dentro de un procedimiento de índole judicial, ello implica que dicho trámite procedimental continuara su curso, y de estimar la parte quejosa que se actualiza una violación procesal, esta no puede ser considerada como de imposible o difícil reparación y por ende, estará en aptitud de hacerla valer eventualmente en juicio de amparo directo, acorde con el esquema actual que rige en la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, del referido ordenamiento. Se hace del conocimiento que, en términos de los artículos 67, fracción II, 113, fracción I y párrafo último, y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, 70, fracción XXXVI, 73 fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones que se emitan en procedimientos seguidos en forma de juicio; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a la información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere del consentimiento de los particulares titulares de la información; asimismo, las partes podrán solicitar la supresión de sus nombres en las listas de notificación que se publiquen en medios electrónicos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el señalado en la demanda de garantías, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de veinte de febrero de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica al PROMOVENTE que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ailin Marivel Silva Paredes, por derecho propio y en representación de sus menores hijos Edgar Benjamín y Aranza Gabrielle, ambos de apellidos Olivares Silva, por derecho propio, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Directora General Adjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 110/2017-V-B. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. De conformidad a lo dispuesto en el precepto invocado, la demanda de amparo debe desecharse cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De la lectura de la demanda de garantías, se advierte, que el accionante del amparo reclama la negativa contenida en el oficio número PME-100735.17 de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cuanto a tramitar y remitir al Juez de Primera Instancia de lo Civil en la Jurisdicción de San Quintín, Baja California una prueba (Informe de Autoridad) presentada dentro del expediente identificado como 'Exhorto Registro Local Número 266/2016-II', que señala haber numerado como '10' en su escrito de oposición a la restitución internacional de los menores Edgar Benjamín y Aranza Gabrielle, ambos de apellidos Olivares Silva. Ahora bien, antes de todo debe precisarse que tratándose de un procedimiento de restitución internacional de menores, en aplicación u observancia de la Convención Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en nuestro derecho positivo se le da a esa clase de trámites en que interviene la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad central mexicana --una vez que arriban al conocimiento del juez del lugar donde se encuentran los menores de que se trate-- el carácter de procedimiento judicial, donde el Juez que conozca de tal petición (en el caso: el Juez de Mixto de Primera Instancia de San Quintín -en su denominación correcta--) tiene la obligación y facultades de allegarse de los elementos probatorios necesarios para determinar la procedencia o improcedencia de dicha restitución. Sobre esa circunstancia de que con el trámite en alusión, una vez que llega al conocimiento del juez competente para determinar sobre la restitución de los menores, se debe considerar que se está ante un verdadero juicio (o por lo menos un procedimiento judicial que se sigue en forma de juicio), resultan aplicables las siguientes tesis: "CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. Si bien es cierto que la citada Convención, adoptada en la ciudad de La Haya, Países Bajos, el 25 de octubre de 1980, no establece un recurso o medio de defensa a través del cual puedan combatirse los actos de autoridad emitidos en el procedimiento que regula para lograr la restitución internacional de un menor, también lo es que las resoluciones emitidas en aquél pueden ser objeto de análisis a través del juicio de amparo, el cual constituye un recurso extraordinario de rápida y sencilla tramitación que puede lograr la restitución de los derechos humanos que se estimen vulnerados en las determinaciones o resoluciones emitidas en ese procedimiento y que constituyan el acto reclamado. Así, la existencia del juicio de amparo y el hecho de que la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores no prohíba la impugnación de las determinaciones o resoluciones emitidas en el procedimiento que regula, es suficiente para considerar que dicho instrumento internacional no vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia, en tanto prevé un procedimiento que permite la posibilidad del recurso." [Décima Época. Registro: 2004672. Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCLXXXII/2013 (10a.). Página: 1045] RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. MEDIDAS CAUTELARES PARA ASEGURAR SU LOCALIZACIÓN. Si bien la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptada el 25 de octubre de 1980, en La Haya, Países Bajos, busca que el menor sustraído o retenido ilegalmente sea restituido inmediatamente al Estado que lo reclama, partiendo de la base de que eso es lo más conveniente a su interés superior que se busca proteger y, por ello, una vez localizado, la autoridad encargada del proceso de restitución debe asegurar que esté localizable en caso de ordenarse su restitución y, por ende, está facultada para dictar las medidas cautelares necesarias para impedir que el sustractor lo oculte o se traslade con él a otro lugar, evitando con ello una segunda retención o sustracción ilegal, lo cierto es que esas medidas siempre deben ser idóneas, razonables y proporcionales a las circunstancias del caso. En consecuencia, si bien es cierto que no se descarta la posibilidad de que el juzgador pueda ordenar como medida cautelar que el menor sea separado del progenitor que lo sustrajo o retuvo ilegalmente, ordenando su internamiento en una casa hogar, también lo es que esa medida sólo puede utilizarse inicialmente, que es cuando resulta idónea y razonable, ya que permite asegurar su localización hasta en tanto el sustractor o retenedor comparece al juicio de restitución; sin embargo, esa medida también debe ser proporcional y, por tanto, temporal, pues debe tenerse en cuenta que el separar prolongadamente al menor de su entorno familiar por una segunda ocasión puede afectarlo psicológicamente; de ahí que esta medida sólo debe durar hasta que el sustractor o retenedor comparece a juicio y ofrece alguna garantía objetiva y real de que si el menor vuelve a su lado estará localizable o, en su defecto, en lo que el juzgador dicta las medidas judiciales necesarias para limitar el traslado del menor a otro lugar y solicita apoyo policiaco de vigilancia sobre éste. Sin embargo, no puede permitir que esa medida se prolongue durante todo el procedimiento, pues aunque la citada Convención, en su artículo 11, señala un plazo de seis semanas para emitir decisión sobre la restitución, la experiencia ha demostrado que los procedimientos relativos no se resuelven inmediatamente y se prolongan por más tiempo." [Décima Época. Registro: 2013150. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCLV/2016 (10a.). Página: 909] Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, que amerita su desechamiento. Resulta prudente traer a colación lo dispuesto por el numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este Ley." El diverso numeral 107 señala: "Art. 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." La interpretación sistemática de los preceptos legales en cita permite establecer que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales, entendiéndose por estos la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. De tal manera, el juicio de amparo será procedente contra los aludidos actos, porque la afectación que producen o sus consecuencias no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables o de índole intraprocesal no tocan los valores a que se hace referencia, pues producen la posibilidad de que sus efectos nocivos sean remediados con el fallo que al efecto se dicte en el procedimiento. Dicho de otro modo, el prototipo de los actos irreparables se encuadra en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos influyen directamente en la esfera jurídica del gobernado, mediante la privación de un bien o derecho que constitucionalmente tiene reconocido, salvo excepción, claro, de los que derivan de una relación procesal. El supuesto de los reparables se actualiza, esencialmente, respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por tanto, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Da sustento a la anterior determinación, las tesis que a continuación se transcriben: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE.- Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." (Jurisprudencia número IV.3o. J/9, visible en la página 333, Parte II, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de Octubre de 1995.) "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." (Jurisprudencia número 244, consultable en la página 164, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI.) Sobre la base expuesta, debe estimarse que la determinación de la que se duele la quejosa, importa una violación procesal que si bien se genera por la negativa o rechazo de una autoridad administrativa (en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, que funge como autoridad central nacional en el procedimiento de restitución internacional de menores), por su naturaleza es una actuación que se actualiza 'dentro del procedimiento judicial' que necesariamente ya está conociendo el Juez Mixto de Primera Instancia de San Quintín bajo el expediente que registró como exhorto local número 266/2016-II, en el que como se señaló, en su momento deberá recaer por parte de dicho juzgador una resolución en la que se pronuncie sobre la procedencia de tal restitución. De ahí que se considera que con tal actuación de no 'tramitarse y remitir al juez' una probanza que interesa a la quejosa ofrecer o que quede desahogada dentro de dicho procedimiento judicial, no se quebranta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos de dicha parte quejosa, ya que efectivamente se trata de un acto dictado dentro del juicio, de carácter meramente procesal, el cual no tiene una consecuencia de imposible reparación. Además, como acto intraprocesal tampoco causa daño en un derecho sustantivo o que no tenga reparación alguna, de manera tal que haga procedente el juicio de amparo biinstancial. Ciertamente, ese pronunciamiento ningún perjuicio irreparable irroga a la parte quejosa, en virtud de que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, al existir la posibilidad de que obtenga resolución favorable en ese procedimiento judicial; evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. De igual modo, en el supuesto de que la resolución que se dicte en ese procedimiento sea adversa a los intereses de la agraviada, puede alegar la violación por los medios de impugnación que en su caso y oportunidad promueva, pues en esa hipótesis se patentizará la trascendencia de la consabida violación procesal. Además, como acto dentro del proceso, el reclamado en esta instancia constitucional tampoco debe ser analizado mediante el juicio de amparo sin necesidad de esperar a la sentencia, ni con tal acontecimiento se deja a la quejosa en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa, porque en todo caso, tal circunstancia podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo (advertida como resolución que pone fin al proceso de restitución), en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado de la sentencia correspondiente. Sin que sea obstáculo a lo considerado en torno al tema, la jurisprudencia 4/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio jurisprudencial se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, cuyo contenido no establecía lo que debía entenderse por un acto de ejecución de imposible reparación, sino que, en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender la afectación material de derechos sustantivos, lo que provoca que el criterio aludido se oponga a la nueva Ley de Amparo y ya no resulte aplicable. De exacta aplicación al caso es la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la tesis Jurisprudencial P/J. 37/2014 (10a) que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesa de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y que aun no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir Þ la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos se entienden ". los que afecten materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte:"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una formula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a los derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debería de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra los actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos #que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos al juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ". aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la "lesión" que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Plano había calificado -con toda razón- alas resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo es aplicable la tesis, consultable en la página 3772, del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O DE TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", definió que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, será motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de jurisprudencia exactamente aplicable al caso, en la que se define cierto aspecto que directamente da lugar a la actualización de una causa de improcedencia de ese medio de control constitucional, no desvirtuable con posterioridad a la admisión de la demanda, porque si la aplicación de la jurisprudencia, la cual es obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver, entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que dará pie a que el juzgador de amparo advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a su potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto." De donde tenemos que, si en el caso que nos ocupa lo que se trae a impugnación en esta instancia de amparo lo es una actuación consistente en no 'tramitarse' una probanza ofrecida por la aquí parte quejosa dentro de un procedimiento de índole judicial, ello implica que dicho trámite procedimental continuara su curso, y de estimar la parte quejosa que se actualiza una violación procesal, esta no puede ser considerada como de imposible o difícil reparación y por ende, estará en aptitud de hacerla valer eventualmente en juicio de amparo directo, acorde con el esquema actual que rige en la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, del referido ordenamiento. Se hace del conocimiento que, en términos de los artículos 67, fracción II, 113, fracción I y párrafo último, y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, 70, fracción XXXVI, 73 fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones que se emitan en procedimientos seguidos en forma de juicio; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a la información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere del consentimiento de los particulares titulares de la información; asimismo, las partes podrán solicitar la supresión de sus nombres en las listas de notificación que se publiquen en medios electrónicos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS e tiene como domicilio para recibir notificaciones, el señalado en la demanda de garantías, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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