Aideé Teco Juvia Teco

Expediente 525/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
525/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Aideé Teco Juvia Teco

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de quince de octubre del año actual, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, quince de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Aidee Juvia Teco Vicente, contra actos de las siguientes autoridades responsables: Ordenadoras. 1.- Fiscal General del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2.- Titular del Órgano Interno de Control, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 3.- Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con sede en esta ciudad. Ejecutoras. 4.- Manuel Nicolás San Cristóbal López, fiscal del Ministerio Público de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, residente en esta ciudad. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 525/2021. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone corno taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama: "A).- De la AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA, al C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, Le reclamo, La violación directa al derecho de petición establecido en el ARTÍCULO 8VO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. B).- De la AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA, a la C. LIC. FLOR DE MARIA GUIRAO SOLÓRZANO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARTÍCULO 8VO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. C).- De la AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA, al C. MTRO. JUAN CARLOS ALFARO CRUZ, FISCAL DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA, ARTÍCULO 8VO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. D).- señalo como AUTORIDAD EJECUTORA al C. LIC. MANUEL NICOLÁS SAN CRISTÓBAL LÓPEZ, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLCO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, CHIAPAS, Le reclamo, La violación directa al derecho de petición establecido en el ARTÍCULO 8VO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Así también le señalo a esta autoridad la OMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, QUE BRINDA EL ESTADO." Lo anterior, en concordancia con lo que señala bajo protesta de decir verdad en sus antecedentes: "Bajo protesta de decir la verdad manifiesto que con FECHA 4 DE OCTUBRE DEL 2021. Cuando serían las 12:30 del medio día me dirigí ante el FISCAL DEL MINISTERIO PUBLCO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, CHIAPAS, con domicilio ubicado 12 avenida en norte prolongación bulevar príncipe akishino s/n. frente a la colonia pobres unidos de esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, con el fin de presentar un escrito pero dicha autoridad se negó a recibir mi escrito de petición, manifestando que tenía órdenes estrictas de las autoridades responsables ordenadoras de no recibir ningún escrito, argumentando que era las instrucciones que tenia de sus superiores y esto derivaba sobre el covid19. En la cual anexo original de mi escrito de petición. En dicho escrito solicitaba que se me expidiera copias de todo lo actuado y también solicitaba que dicho registro de atención se judicializara, ya que presente una denuncia con el número de REGISTRO DE ATENCIÓN NUMERO: 3402-089-0501-2018." De todo lo anterior se concluye que lo que la parte quejosa desea reclamar en esta vía de amparo es: Que se eleve la carpeta de investigación el registro de atención 3402-089-0501-2018, en la que la parte figura como víctima. Lo cual, permite concluir que la quejosa realmente se duele de una omisión del Ministerio Público de actuar conforme a lo que solicita el impetrante en sus funciones de investigación en el registro de atención 3402-089-0501-2018, del índice de la Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con residencia en esa ciudad, en el que la parte quejosa ostenta la calidad de ofendida. Ahora, respecto de tal acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque contra el mismo procede un recurso por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En principio, es preciso señalar que el dispositivo legal antes enunciado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Asimismo, es menester indicar el contenido del ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Ahora, si bien del precepto transcrito se desprende que corresponde a la autoridad judicial el control de legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en la investigación de los delitos, para lo cual, el legislador estableció en favor de la víctima u ofendido un medio de impugnación innominado que le permite controvertir las determinaciones de la representación social en relación a cuatro hipótesis, a saber: 1) La abstención de investigar; 2) El archivo temporal; 3) La aplicación de un criterio de oportunidad; y, 4) El no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 y 1a./J. 28/2018, dilucidó que tales hipótesis en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; y, en este sentido consideró que bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en esos supuestos, ya que dichas conductas suponen la paralización de su función investigadora. Por ende, en ese sentido, definió que contra cualquier omisión ministerial que paralice la investigación de los delitos, procede el citado medio de defensa innominado, para que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por tanto, se colige que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Apoya esta determinación, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." De igual manera, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, pagina 943, registro IUS 2017640, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Así como, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Máxime que, se debe tener en cuenta que al resolver la contradicción de tesis 130/2014 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que conforme al artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracciones II, III y IV, de la abrogada Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías contra la omisión de dar respuesta a una petición formulada en un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó su decisión en que, de acuerdo con tales disposiciones, el juicio de amparo procede excepcionalmente contra actos dentro del juicio o procedimiento cuando la violación afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos, o bien, adjetivos en grado predominante o superior, de modo que se impida su ejercicio y no sólo se lesionen prerrogativas formales relacionadas con el proceso del que derivan. A partir de lo anterior, el alto tribunal estableció que la omisión de dar respuesta a peticiones realizadas dentro de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio, no generan la hipótesis de excepción de procedencia, porque precisamente lo ahí ocurrido se rige por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales y por las leyes ordinarias aplicables. De ahí que estableciera que si la omisión de dar respuesta a una petición se verifica dentro de un procedimiento formal o materialmente jurisdiccional, el amparo es improcedente al no actualizarse el supuesto de excepción consistente en violación de derechos sustantivos o adjetivos en grado predominante que impidan su ejercicio. Agregó que como esa eventual violación no es autónoma al procedimiento en que se verifica, lo que en todo caso puede hacer el particular es atender las reglas contenidas en la legislación ordinaria aplicable a fin de obligar a la autoridad a dar respuesta a su petición. Dicho criterio se estima aplicable al caso, pues aun cuando se analizó la abrogada Ley de Amparo, su contenido no se opone a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, los derechos fundamentales como el de petición (artículo 8o. constitucional), tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En ese aspecto, cuando se eleva una petición dentro de un procedimiento jurisdiccional, la falta de contestación de la misma, se encuentra vinculada a dicho procedimiento; como en el caso, en que, el acto reclamado se encuentra vinculado a la petición que realizó el quejoso en la etapa de investigación en un procedimiento penal. Asimismo, aun cuando en el presente asunto se está en presencia de actos contrarios a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar una violación a derechos sustantivos. Sin embargo, en el caso concreto, dado que se reclama una omisión del Ministerio Público en la etapa de investigación, incluso existiendo una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, en todo caso, la parte quejosa está obligada a agotar el medio ordinario de defensa contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que precisamente permite controvertir la paralización de la función investigadora del Ministerio Público y, por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en su escrito de demanda. Atinente al número telefónico que indica, únicamente se tiene con el alcance que refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en si vigencia por el diverso 9/2021, esto es como forma especial y expedita de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al conmutador 9626987434 extensiones 1001 y 1006. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    (AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACIÓN AL 29, AMBOS DE LA LEY8 DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE QUE DICE LO SIGUIENTE: "MESA 4-B.-Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Aidee Juvia Teco Vicente, contra actos de las siguientes autoridades responsables: Ordenadoras. 1.- Fiscal General del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2.- Titular del Órgano Interno de Control, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 3.- Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con sede en esta ciudad. Ejecutoras. 4.- Manuel Nicolás San Cristóbal López, fiscal del Ministerio Público de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, residente en esta ciudad. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 525/2021. DESECHAMIENTO.- El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito Examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone corno taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama: "A).- De la AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA, al C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, Le reclamo, La violación directa al derecho de petición establecido en el ARTÍCULO 8VO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. B).- De la AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA, a la C. LIC. FLOR DE MARIA GUIRAO SOLÓRZANO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ARTÍCULO 8VO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. C).- De la AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA, al C. MTRO. JUAN CARLOS ALFARO CRUZ, FISCAL DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA, ARTÍCULO 8VO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. D).- señalo como AUTORIDAD EJECUTORA al C. LIC. MANUEL NICOLÁS SAN CRISTÓBAL LÓPEZ, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLCO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, CHIAPAS, Le reclamo, La violación directa al derecho de petición establecido en el ARTÍCULO 8VO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Así también le señalo a esta autoridad la OMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, QUE BRINDA EL ESTADO." Lo anterior, en concordancia con lo que señala bajo protesta de decir verdad en sus antecedentes: "Bajo protesta de decir la verdad manifiesto que con FECHA 4 DE OCTUBRE DEL 2021. Cuando serían las 12:30 del medio día me dirigí ante el FISCAL DEL MINISTERIO PUBLCO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, CHIAPAS, con domicilio ubicado 12 avenida en norte prolongación bulevar príncipe akishino s/n. frente a la colonia pobres unidos de esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, con el fin de presentar un escrito pero dicha autoridad se negó a recibir mi escrito de petición, manifestando que tenía órdenes estrictas de las autoridades responsables ordenadoras de no recibir ningún escrito, argumentando que era las instrucciones que tenia de sus superiores y esto derivaba sobre el covid19. En la cual anexo original de mi escrito de petición. En dicho escrito solicitaba que se me expidiera copias de todo lo actuado y también solicitaba que dicho registro de atención se judicializara, ya que presente una denuncia con el número de REGISTRO DE ATENCIÓN NUMERO: 3402-089-0501-2018." De todo lo anterior se concluye que lo que la parte quejosa desea reclamar en esta vía de amparo es: Que se eleve la carpeta de investigación el registro de atención 3402-089-0501-2018, en la que la parte figura como víctima. Lo cual, permite concluir que la quejosa realmente se duele de una omisión del Ministerio Público de actuar conforme a lo que solicita el impetrante en sus funciones de investigación en el registro de atención 3402-089-0501-2018, del índice de la Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con residencia en esa ciudad, en el que la parte quejosa ostenta la calidad de ofendida. Ahora, respecto de tal acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque contra el mismo procede un recurso por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En principio, es preciso señalar que el dispositivo legal antes enunciado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Asimismo, es menester indicar el contenido del ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Ahora, si bien del precepto transcrito se desprende que corresponde a la autoridad judicial el control de legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en la investigación de los delitos, para lo cual, el legislador estableció en favor de la víctima u ofendido un medio de impugnación innominado que le permite controvertir las determinaciones de la representación social en relación a cuatro hipótesis, a saber: 1) La abstención de investigar; 2) El archivo temporal; 3) La aplicación de un criterio de oportunidad; y, 4) El no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 y 1a./J. 28/2018, dilucidó que tales hipótesis en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; y, en este sentido consideró que bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en esos supuestos, ya que dichas conductas suponen la paralización de su función investigadora. Por ende, en ese sentido, definió que contra cualquier omisión ministerial que paralice la investigación de los delitos, procede el citado medio de defensa innominado, para que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por tanto, se colige que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó su decisión en que, de acuerdo con tales disposiciones, el juicio de amparo procede excepcionalmente contra actos dentro del juicio o procedimiento cuando la violación afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos, o bien, adjetivos en grado predominante o superior, de modo que se impida su ejercicio y no sólo se lesionen prerrogativas formales relacionadas con el proceso del que derivan. A partir de lo anterior, el alto tribunal estableció que la omisión de dar respuesta a peticiones realizadas dentro de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio, no generan la hipótesis de excepción de procedencia, porque precisamente lo ahí ocurrido se rige por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales y por las leyes ordinarias aplicables. De ahí que estableciera que si la omisión de dar respuesta a una petición se verifica dentro de un procedimiento formal o materialmente jurisdiccional, el amparo es improcedente al no actualizarse el supuesto de excepción consistente en violación de derechos sustantivos o adjetivos en grado predominante que impidan su ejercicio. Agregó que como esa eventual violación no es autónoma al procedimiento en que se verifica, lo que en todo caso puede hacer el particular es atender las reglas contenidas en la legislación ordinaria aplicable a fin de obligar a la autoridad a dar respuesta a su petición. Dicho criterio se estima aplicable al caso, pues aun cuando se analizó la abrogada Ley de Amparo, su contenido no se opone a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, los derechos fundamentales como el de petición (artículo 8o. constitucional), tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En ese aspecto, cuando se eleva una petición dentro de un procedimiento jurisdiccional, la falta de contestación de la misma, se encuentra vinculada a dicho procedimiento; como en el caso, en que, el acto reclamado se encuentra vinculado a la petición que realizó el quejoso en la etapa de investigación en un procedimiento penal. Asimismo, aun cuando en el presente asunto se está en presencia de actos contrarios a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar una violación a derechos sustantivos. Sin embargo, en el caso concreto, dado que se reclama una omisión del Ministerio Público en la etapa de investigación, incluso existiendo una abierta dilación del Procedimiento o la paralización total del mismo, en todo caso, la parte quejosa está obligada a agotar el medio ordinario de defensa contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que precisamente permite controvertir la paralización de la función investigadora del Ministerio Público y, por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en Posibilidad de ejercer la acción constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en su escrito de demanda. Atinente al número telefónico que indica, únicamente se tiene con el alcance que refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en si vigencia por el diverso 9/2021, esto es como forma especial y expedita de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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