Aide Yasmin Flores Laguna

Expediente 804/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
804/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Aide Yasmin Flores Laguna
  • Alejandra Corona Zepeda, Apoderada Legal
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de marzo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII5, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Se precisa procedimiento para devolución de documentos. En términos del artículo 3 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y procesos de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, encontraran el sistema de "Agenda OJ", en el que se aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que a su vez, permitirá que ella y otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional, procedimiento que deberá realizar la parte interesada para la obtención de los documentos cuya devolución solicita. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la devolución que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, con la licenciada Sonia López Márquez, (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de once de marzo de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, once de marzo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII5, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Se precisa procedimiento para devolución de documentos. En términos del artículo 3 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y procesos de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, encontraran el sistema de "Agenda OJ", en el que se aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que a su vez, permitirá que ella y otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional, procedimiento que deberá realizar la parte interesada para la obtención de los documentos cuya devolución solicita. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la devolución que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, con la licenciada Sonia López Márquez, (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala; treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia Visto el estado procesal de autos, del que se desprende que a través del escrito presentado el veinte de septiembre del año en curso, la parte quejosa informó que la autoridad responsable el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictó acuerdo señalando fecha para el desahogo de la prueba confesional -cuya omisión en su emisión constituye el acto en reclamo en esta instancia-, determinación que le fue notificada el siete de septiembre posterior, tal como se advierte de la constancia respectiva (fojas 36 y 37). Lo anterior se corrobora con las constancias remitidas por la Secretaria General de Mayor Antigüedad sustituyendo de manera temporal al Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, como justificación a su informe, así como con lo manifestado por el Actuario adscrito a la junta señalada como responsable, de lo que se obtiene que en este asunto, se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, la parte quejosa señaló como acto reclamado, el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Lo es la omisión u abstención por parte de la responsable ordenadora, de dictar la resolución correspondiente a la admisión y desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, que se reservó dictar al terminar la diligencia de fecha catorce de noviembre del año dos mil diecinueve, en la audiencia de admisión, desahogo de pruebas y alegatos, respecto al Recurso de Revisión de actos del Actuario, y sobre el que mediante mi escrito fechado el 15 y presentado el 28 de abril del 2021 le volví a solicitar dictar el acuerdo de referencia, sin que a las (sic) fecha haya dictado la resolución correspondiente, no obstante el excesivo tiempo transcurrido muy muy a pesar de que se sabe que la justicia laboral debe ser pronta y expedita De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo la inejecución de la notificación que nos haga respecto de la resolución correspondiente, que ha omitido dictar la ordenadora, de las actuaciones judiciales antes mencionadas." Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la quejosa consiste en: la omisión de emitir la resolución correspondiente a la admisión y desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, que se reservó en diligencia de catorce de noviembre de dos mil diecinueve en el expediente C.D.T. 1106/2014-9, del índice de la junta señalada como responsable, así como la falta de notificación de la misma; ello, al tomar en cuenta que esta autoridad debe delimitarse en función de la omisión reclamada y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento. Y, de las constancias remitidas por la Secretaria General de Mayor Antigüedad sustituyendo de manera temporal al Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, como justificación a su informe, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, así como de lo manifestado tanto por el Actuario adscrito a la junta señalada como responsable, como por la propia quejosa (fojas 36, 37 y 103-bis), se evidencia que el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se dejó sin efecto la fecha y hora señalada mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la prueba confesional -obteniéndose que se trata de la única prueba que amerita preparación- en el expediente laboral C.D.T. 1106/2014-9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala, el cual fue notificado a la parte quejosa el siete de septiembre del año en curso (foja 37 vuelta). Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias señaladas se evidencia que la omisión reclamada por la parte quejosa dejó de existir, sin que pase inadvertido que dicha determinación se emitió el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno; esto es, previo a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente sumario (seis de septiembre de dos mil veintiuno); sin embargo, el acuerdo correspondiente para el desahogo de la prueba de que se trata emitido en el juicio laboral del que derivan los actos reclamados, se notificó a la parte quejosa hasta el siete de septiembre siguiente -cuya omisión en su notificación constituye también un acto reclamado en este asunto-; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a las autoridades responsables a que actuaran en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con dos minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala; treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia Visto el estado procesal de autos, del que se desprende que a través del escrito presentado el veinte de septiembre del año en curso, la parte quejosa informó que la autoridad responsable el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictó acuerdo señalando fecha para el desahogo de la prueba confesional -cuya omisión en su emisión constituye el acto en reclamo en esta instancia-, determinación que le fue notificada el siete de septiembre posterior, tal como se advierte de la constancia respectiva (fojas 36 y 37). Lo anterior se corrobora con las constancias remitidas por la Secretaria General de Mayor Antigüedad sustituyendo de manera temporal al Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, como justificación a su informe, así como con lo manifestado por el Actuario adscrito a la junta señalada como responsable, de lo que se obtiene que en este asunto, se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, la parte quejosa señaló como acto reclamado, el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Lo es la omisión u abstención por parte de la responsable ordenadora, de dictar la resolución correspondiente a la admisión y desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, que se reservó dictar al terminar la diligencia de fecha catorce de noviembre del año dos mil diecinueve, en la audiencia de admisión, desahogo de pruebas y alegatos, respecto al Recurso de Revisión de actos del Actuario, y sobre el que mediante mi escrito fechado el 15 y presentado el 28 de abril del 2021 le volví a solicitar dictar el acuerdo de referencia, sin que a las (sic) fecha haya dictado la resolución correspondiente, no obstante el excesivo tiempo transcurrido muy muy a pesar de que se sabe que la justicia laboral debe ser pronta y expedita De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo la inejecución de la notificación que nos haga respecto de la resolución correspondiente, que ha omitido dictar la ordenadora, de las actuaciones judiciales antes mencionadas." Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la quejosa consiste en: la omisión de emitir la resolución correspondiente a la admisión y desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, que se reservó en diligencia de catorce de noviembre de dos mil diecinueve en el expediente C.D.T. 1106/2014-9, del índice de la junta señalada como responsable, así como la falta de notificación de la misma; ello, al tomar en cuenta que esta autoridad debe delimitarse en función de la omisión reclamada y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento. Y, de las constancias remitidas por la Secretaria General de Mayor Antigüedad sustituyendo de manera temporal al Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, como justificación a su informe, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, así como de lo manifestado tanto por el Actuario adscrito a la junta señalada como responsable, como por la propia quejosa (fojas 36, 37 y 103-bis), se evidencia que el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se dejó sin efecto la fecha y hora señalada mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la prueba confesional -obteniéndose que se trata de la única prueba que amerita preparación- en el expediente laboral C.D.T. 1106/2014-9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala, el cual fue notificado a la parte quejosa el siete de septiembre del año en curso (foja 37 vuelta). Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias señaladas se evidencia que la omisión reclamada por la parte quejosa dejó de existir, sin que pase inadvertido que dicha determinación se emitió el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno; esto es, previo a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente sumario (seis de septiembre de dos mil veintiuno); sin embargo, el acuerdo correspondiente para el desahogo de la prueba de que se trata emitido en el juicio laboral del que derivan los actos reclamados, se notificó a la parte quejosa hasta el siete de septiembre siguiente -cuya omisión en su notificación constituye también un acto reclamado en este asunto-; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a las autoridades responsables a que actuaran en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con dos minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.

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