Aide Villegas Pérez
Expediente 236/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Aide Villegas Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
COMO DEL ESTADO...HA CAUSADO ESTADO...ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO; SE HACE LA OBSERVACION DE QUE EL JUICIO EN QUE SE ACTUA Y EL ORIGINAL DEL CUADERNO DE SUSPENSION SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACION; EN VIRTUD DE QUE SE CONCEDIO EL AMPARO Y LA SUSPENSION PROVISIONAL Y DEFINITIVA. POR OTRA PARTE EL DUPLICADO DEL CUADERNO DE SUSPENSION ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION...
- Principal
...Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria emitida en esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."
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Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, mediante el cual remite las constancias que acreditan el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector.
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Como se desprende de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de la Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veintidós de abril del año en curso, en la que se determinó por una parte SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO y por otra CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal a - por propio derecho y en cuanto representante legítima de su menor hija de iniciales - en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Finalmente, en términos de los preceptos legales 192 y 258 ambos de la ley de la materia, requiérase por única ocasión al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial; para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con el fallo que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con el apercibimiento que de no hacerlo o de no informar el impedimento que tenga para cumplir con la misma, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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