Aide Espinoza Zavala

Expediente 312/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
312/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Aide Espinoza Zavala
  • EDUARDO RAMÍREZ ESPINOZA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de abril de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, por el que se desecha la demanda de amparo promovida por Aide Espinoza Zavala, Eduardo Ramírez Espinoza y Gabriel Ramírez Alvarado, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 312/2022 por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicase en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que, existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Se acepta conocimiento previo. Visto el oficio 7939, emitido en el cuaderno de varios, en el cual se reconoció el conocimiento previo planteado por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, en esta misma sede, en relación con los actos reclamados en el expediente 269/2022, de su índice, que se originó con motivo de la demanda promovida por Aidé Espinoza Zavala, Eduardo Ramírez Espinoza y Gabriel Ramírez Alvarado, con el diverso expediente 171/2022, de la estadística de este juzgado por lo que, este juzgado de distrito, se avoca al conocimiento del citado asunto. Lo anterior obedece a que el conocimiento previo de los juicios y sus antecedentes implica seguridad jurídica para las partes vinculadas y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; pues así, el juez de amparo que conoce ya cuenta con una aproximación directa al asunto y sabe plenamente de sus antecedentes. Recepción y registro de demanda. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo presentado por Aidé Espinoza Zavala, Eduardo Ramírez Espinoza y Gabriel Ramírez Alvarado, por propio derecho, contra actos que reclaman del Juez de Control Especializado Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 312/2022 2 en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea. Registro. Fórmese expediente electrónico y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 312/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Consideración previa. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras p alabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: " IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 312/2022 4 Ahora bien, al realizar un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclaman la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea, en la carpeta auxiliar 64/2022 formado con motivo de la carpeta de investigación NUC: TLA/CGV/UGN/60/015659/22/01, en la que proveyó respecto a las medidas de protección consistentes en la orden de separación inmediata, prohibición de acercarse con la víctima u ofendido y limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar a donde se encuentre. Destacado lo anterior, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Le de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ello es así, porque la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la orden de separación inmediata, prohibición de acercarse con la víctima u ofendido y limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar a donde se encuentre. En este sentido, conviene precisar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en contra de resoluciones emitidas por tribunales jurisdiccionales, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún medio de defensa por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Bajo esta tesitura, conviene tener presente que el juicio de amparo es un mecanismo de control extraordinario previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sirve para impugnar los actos de autoridad que sean contrarios a ella en lo relativo a los derechos fundamentales de las personas, por lo que, para garantizar su eficacia, la procedencia y trámite de la acción no es irrestricta, sino que están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la protección a los derechos humanos de los gobernados. Dentro de estas reglas se encuentra el principio de definitividad, que establece que el juicio de amparo únicamente es procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; lo cual implica, que antes de acudir a la instancia constitucional, se deberán agotar los mecanismos de defensa previstos en la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Ahora bien, si el acto que por esta vía se reclama, consiste en la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós dictada por el Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea, en la carpeta auxiliar 64/2022 formado con motivo de la carpeta de investigación NUC: TLA/CGV/UGN/60/015659/22/01, en las que proveyó respecto a las medidas de protección consistentes en la orden de separación inmediata, prohibición de acercarse con la víctima u ofendido y limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar a donde se encuentre, este juzgador considera que antes de acudir a la instancia constitucional, los impetrantes de amparo debieron interponer el recurso de apelación Se estima lo anterior, puesto que en contra de la resolución en la que la autoridad responsable determinó las medidas de protección solicitadas por la licenciada Karla Yael Sánchez Sánchez, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, consistentes en 1) Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; 2) Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; y, 3) Separación inmediata del domicilio, que se encuentran contempladas en el artículo 137, fracciones I, II y III del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, toda vez que a través de ese medio de impugnación, se puede revocar, modificar o nulificar la determinación de la autoridad responsable. En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 467, dispone: Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba. Por tanto, se reitera, la parte quejosa antes de acudir a esta instancia constitucional, debió interponer el recurso de apelación en contra de la resolución en la que Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea determinó las medidas de protección solicitadas por la Representación Social. No pasa desapercibido para este juzgador, que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Gabriel Ramírez Alvarado, tiene un hijo menor de edad, que habita en el inmueble respecto del que se dictó la medida de protección, pues se señala que el mismo no fue desalojado; máxime que, aun cuando se encontraba involucro el un menor de edad, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues como ya se dijo los peticionarios de amparo, tenían a su alcance el recurso de apelación que establece la legislación nacional aplicable al caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), con registro electrónico 2005039, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, materia común, página 350, que a la letra señala: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 312/2022 8 Bajo estas premisas, la causal de improcedencia invocada se actualiza, más aún cuando en el presente asunto no se surte ninguna de las causas de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado: a) No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, no establece providencias precautorias ni impone medidas cautelares restrictivas de la libertad que traigan aparejada la pérdida de la libertad física, tampoco niega la libertad bajo caución ni se trata sobre el incidente de desvanecimiento de datos; además no es una orden de arresto ni un acto que afecte la libertad personal del quejoso. c) No se trata del auto de vinculación a proceso. d) Tampoco se está en presencia de una persona extraña al procedimiento. Se desecha demanda. Por lo antes expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Le de Amparo, es inconcuso, que el juicio de amparo intentado es improcedente, por ende, se desecha la demanda de amparo. Representante común de la parte quejosa Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Aidé Espinoza Zavala. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Lauro Ortega, número 5, colonia San Rafael Chamapa, primera sección, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico y teléfono que proporciona, ya que éstos no son una forma prevista en la Ley de Amparo, ni en los Acuerdos General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refieren en su ocurso, hasta en tanto, registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de juicio en línea, es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y act uarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. En ese contexto, dígase a la parte quejosa que vista su oposición a la publicación de sus datos personales, se esté a lo referido en líneas que anteceden, por lo que dicha determinación hágase del conocimiento al oficial SISE adscrito a este juzgado a fin de que tome las medidas pertinentes a dicha oposición. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, asistido del secretario Joel Amado Ocampo Muñoz. Doy fe.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Por recibido el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Control Especializada en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México, por medio del cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo las constancias respectivas, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de la comunicación procesal de cuenta y las constancias que anexó al mismo, dese vista a las partes por el término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado de amparo resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese.

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