Aide Elizabeth Díaz Nuñez

Expediente 2012/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2012/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • Aide Elizabeth Díaz Nuñez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Directora de Recursos Financieros de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, mediante el cual informa las gestiones que realiza para cumplir con la ejecutoria dictada en autos y, al efecto, remite dos oficios SECADMON//DGADP/DPS/1370/2019 y ST/DGJ/DC/AMP/11616/2019; en consecuencia, téngase en vía de cumplimiento. Ahora bien, en cuanto a la prórroga que solicita para cumplir con la ejecutoria de amparo, y atendiendo a lo manifestado y las documentales exhibidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se otorga por única ocasión a la autoridad responsable Secretario del Transporte del Estado de Jalisco, para que, en el término de diez días legalmente computados a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acredite de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. En el entendido, de que compete al citado Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, en el ámbito de sus atribuciones, realizar las gestiones necesarias a fin de dar completo y cabal cumplimiento al fallo protector, inclusive instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado. Al respecto, resulta aplicable, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento" . Apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo individual una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatro cuentos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO PRINCIPAL. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE SEÑALA: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (foja 38), se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa de manera personal el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: ? Deje insubsistentes las fechas señaladas en acuerdos de veintitrés y veintinueve de agosto de dos mil diecinueve y en su lugar señale una fecha para el desahogo de las pruebas testimoniales admitidas en el juicio laboral 1751/2017, dentro del plazo previsto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo; o bien manifieste la imposibilidad legal en que se encuentre para ello. Al respecto, el Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, remitió copia certificada de la actuación de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte dejó insubsistentes las fechas señaladas en las actuaciones de veintitrés y veintinueve de agosto de dos mil diecinueve y en su lugar fijo otras para el desahogo de las pruebas testimoniales admitidas en el juicio de origen, ajustándose a los plazos que para tal efecto señala la Ley Federal del Trabajo. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2° tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado acuerdo general conjunto. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos cinco años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del aludido acuerdo general conjunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Rodrigo Torres Padilla, Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Janet de Lourdes González Santos, quien autoriza, da fe y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coincide en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico

  3. Principal

    AVISO PRINCIPAL. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE SEÑALA: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (foja 38), se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa de manera personal el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: ? Deje insubsistentes las fechas señaladas en acuerdos de veintitrés y veintinueve de agosto de dos mil diecinueve y en su lugar señale una fecha para el desahogo de las pruebas testimoniales admitidas en el juicio laboral 1751/2017, dentro del plazo previsto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo; o bien manifieste la imposibilidad legal en que se encuentre para ello. Al respecto, el Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, remitió copia certificada de la actuación de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte dejó insubsistentes las fechas señaladas en las actuaciones de veintitrés y veintinueve de agosto de dos mil diecinueve y en su lugar fijo otras para el desahogo de las pruebas testimoniales admitidas en el juicio de origen, ajustándose a los plazos que para tal efecto señala la Ley Federal del Trabajo. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2° tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado acuerdo general conjunto. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos cinco años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del aludido acuerdo general conjunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Rodrigo Torres Padilla, Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Janet de Lourdes González Santos, quien autoriza, da fe y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coincide en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 9,286 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano