Aide Casasola López
Expediente 427/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Aide Casasola López
- Órgano administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social
Actuaciones
- Principal
Archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de febrero de dos mil diecinueve Agréguese a los autos el oficio signado por la Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remite el diverso signado por el Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual transcribe el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 426/2019 del índice de este juzgado federal, por el que se declaró la separación de juicios. Registro de la demanda Con las copias certificadas del aludido sumario constitucional y las comunicaciones oficiales de cuenta, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente; se ordena registrarla en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se llevan en este órgano jurisdiccional. Desechamiento de la demanda. Sin proveer sobre su admisión, se desecha la presente demanda de amparo promovida por Aidé Casasola López, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que de su estudio integral este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previamente a su análisis, este Juzgado Federal considera pertinente precisar las siguientes consideraciones: En efecto, la quejosa Aidé Casasola López, señala como actos reclamados, los siguientes: "a) Atención Médica General y Especializada en oftalmología y Dermatología como Nutriología y Odontología, y Ginecología. b) Suministro de Medicamento. c) Atención Médica Especializada. 1.- Odontología 2.- Medicina General (Oftalmología y Dermatología) 3.- Nutriología 4.- Ginecología d) Revaloración y seguimiento de Fechas cercanas a esta demanda. e) Entrega y remplazo de Uniformes y calzado en especial Tenis para Actividad deportiva. f) Donación de lo que resulte ya que no contamos con trabajo en el Centro y ya solo puede depositar dinero las personas que tengan Autorizada la visita y DALIA RAQUEL MORENO CERVANTES no cuenta con visita Autorizada." En el caso, a criterio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación, las cuales son expuestas tomando como referente una nueva reflexión que sobre el tema realiza este tribunal federal. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. Conforme con el nuevo sistema se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Ello tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena. Apoya lo anterior, la tesis P./J. 17/2012, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Octubre de 2012, Materia Constitucional, Penal, página 18 que dice: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas." En ese sentido, los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 18. (.) El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. (.) --- Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.". "Artículo 21. (.) La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial (.)". Los dispositivos constitucionales transcritos establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que ésta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Ahora, como resultado de las citadas reformas constitucionales, entre otras disposiciones legales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Atendiendo a su artículo primero transitorio, dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esa fecha su aplicación resulta obligatoria. Sin embargo, el legislador limitó el inicio de la vigencia únicamente de diversos artículos, pero no de toda la ley, de acuerdo a las siguientes reglas contenidas en los primeros dos párrafos del artículo segundo transitorio; las cuales se transcriben: 1. "Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27; fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de esta Ley, entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017". 2. "Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 de esta Ley, entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018.". De las reglas contenidas en los artículos citados (transitorios primero y segundo), se desprende lo siguiente: La Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nivel nacional. Únicamente la vigencia de los artículos expresamente señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio, descritos en párrafos anteriores, depende, de que se emita una declaratoria para el inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o de que transcurran las fechas señaladas expresamente en dicho numeral. Lo anterior, en la inteligencia de que si los órganos legislativos correspondientes no emiten la declaratoria respectiva dentro del plazo señalado, los artículos citados en el primer párrafo del referido numeral cobrarán vigencia, por ministerio de ley, a más tardar el diecisiete de junio de diecisiete, o previa declaratoria, el treinta de noviembre de diecisiete; y los estipulados en el párrafo segundo, entran en vigor por ministerio de ley el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, o previa declaratoria a más tardar el treinta de noviembre de dieciocho. Por ello, la emisión de la declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución no es un presupuesto indispensable para que entre en vigor la referida ley, salvo los aspectos que específicamente se han destacado. Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor- , pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad para implementar el nuevo sistema de justicia, la ley nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. En ese sentido no debe perderse de vista que el artículo transitorio tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal que sostiene que tanto la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social, como las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, como es la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, quedarán abrogadas en cuanto la primera entre en vigor y que los "procedimientos" iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley en estudio, se deberán seguir tramitando de acuerdo a los ordenamientos aplicables en ese momento, sin perder de vista la obligación del juzgador de realizar los controles necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Sin embargo, se estima dichos "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, planteados al juez de control o de ejecución con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley nacional, por ejemplo, la tramitación de algún beneficio de libertad anticipada, a la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, a condiciones sobre su internamiento, entre otros. Además, una de las finalidades de la reforma constitucional de dos mil ocho, fue distinguir la etapa del proceso penal, de la etapa de ejecución penal propiamente dicha, considerando a esta última autónoma y no como parte del proceso de enjuiciamiento, pues tal y como lo establece la ley, la etapa de ejecución inicia, incluso, en la prisión preventiva, momento desde el que debe abrirse un expediente de ejecución para cada persona privada de su libertad. En ese sentido, la referida ley, establece en sus artículos 1 y 2, que la misma tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por: 1. Prisión preventiva, 2. En la ejecución de penas; y 3. En las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También, dicha ley refiere que tiene por objeto establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Del mismo modo, se establece en lo que aquí importa, que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Asimismo, en el artículo 24 de la referida ley, se estableció, en lo que aquí importa, que el Poder Judicial de la Federación y órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los jueces de ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Relacionado con lo anterior, la referida ley establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. Dichos preceptos, entraron en vigor el diecisiete de junio del dos mil dieciséis y disponen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticionesante las direcciones de los Centros a: --- I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva (.)". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación (.)". "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito (.)". "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente (.)". "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. --- La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución.--- Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento.--- Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige lo siguiente: Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación. Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución. Si la petición no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva. También, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya sea en ejecución o proceso, los internos tienen la posibilidad de acudir en acción judicial ante el juez del control o de ejecución a fin de que sea cualquiera de ellos, según corresponda, sobre las cuestiones de internamiento, el plan de actividades o cuestiones relacionadas con ambas, siempre y cuando se hubiera agotado previamente la petición administrativa. Ahora bien, como puede advertirse, la quejosa Aidé Casasola López, en el juicio de amparo en que se actúa, reclama esencialmente la falta de atención médica general y especializada; sin embargo, conforme a lo citado, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y, en caso de estar inconforme con la respuesta, podría formular controversia ante el juez de control o de ejecución, según correspondiera, pues aunque se trate de una cuestión relacionada con las condiciones de internamiento de la referida quejosa, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas. En efecto, como se puede observar en autos, la quejosa Aidé Casasola López, se encuentra recluida en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social número Dieseis "CPS-FEMENIL", con residencia en Coatlán del Rio, Morelos, por tanto, está en condiciones de realizar su solicitud ante las autoridades penitenciarias, razón por la que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales. Resulta aplicable al caso, la Tesis I.7o.P.3 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia Común, página 2396 que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA CORRECCIÓN O SANCIÓN DISCIPLINARIA A UN SENTENCIADO. AL SER UN ACTO VINCULADO CON LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS, SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. Si bien es cierto que la competencia para conocer de un juicio de amparo indirecto se surte en favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal cuando se reclame cualquier acto vinculado con la ejecución de las penas (como la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, el aseguramiento del cumplimiento de las penas y el control de las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria), también lo es que se surte tratándose de la imposición de una corrección o sanción disciplinaria a un sentenciado, pues aunque se trate de una disposición tendente a preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer en los recintos carcelarios, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas, máxime cuando dichas sanciones disciplinarias se fundamentan en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal.". Lo anterior, encuentra sustento como un hecho notorio, en la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, dentro de los autos de los amparos en revisión 896/2017 y 388/2017, así como en el recurso de queja 40/2018, del Tercer Tribunal Colegiado de las mismas materias y circuito. Por otra parte, relacionado con lo expuesto en líneas que preceden, de oficio este órgano jurisdiccional advierte que de igual manera se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Lo anterior, sin soslayar que si bien las autoridades penitenciarias tienen formalmente un perfil administrativo, en tanto procuran la regularidad de la vida digna y segura en reclusión conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, también es verdad que la ejecución de dichas tareas constituye estrictamente un ejercicio de complementación del marco procedimental jurisdiccional que rige en materia de ejecución de las penas impuestas o que se estén compurgando de manera preventiva. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis XVI.1o.P.16 P (10a.), emitida por los tribunales colegiados de circuito, con registro electrónico 2016092, visible en la página 2170, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, que es del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. Cuando se reclaman hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, suscitados en el marco del procedimiento de ejecución penal, previo a acudir al amparo y atento al principio de definitividad, debe agotarse la "petición administrativa" (y su procedimiento subsecuente), prevista en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Caso contrario, se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con actos emitidos dentro de procedimientos formal o materialmente jurisdiccionales, y no así la diversa contenida en la fracción XX de aquel numeral. Esto, debido a que los acontecimientos de hecho y de derecho que se suscitan durante la reclusión, forman parte del procedimiento de ejecución, que es de naturaleza formalmente jurisdiccional, tan es así que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su norma reglamentaria en la materia, establecieron que la autoridad judicial tomaría la facultad de vigilarlos y controlarlos. Aunado a que la génesis de dicha fracción se remonta a la necesidad de frenar provisionalmente los efectos de los actos de autoridades de naturaleza administrativa que cuenten con facultades para modificar de manera unilateral la esfera jurídica de los gobernados, ya sea al verificar el cumplimiento de disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; o bien, aquellos otros que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera; así como también a los procedimientos que importan cuestión entre partes, sujetos a la decisión, aunque materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa, sin embargo, en un entorno de regularidad opuesto al estadio en reclusión. Además, porque si bien es cierto que las autoridades penitenciarias tienen formalmente un perfil administrativo, en tanto procuran la regularidad de la vida digna y segura en reclusión conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal; no menos verdadero es que la ejecución de dichas tareas constituye estrictamente un ejercicio de complementación del marco procedimental jurisdiccional que rige en materia de ejecución. Lo anterior, en primer lugar, porque en todo caso, compete a los Jueces de ejecución vigilar y controlar las relaciones de hecho y de derecho que surgen entre las personas privadas de su libertad y la autoridad penitenciaria, durante el tiempo que deba durar la medida de internamiento decretada; y también, porque desde el inicio de su actuación, las autoridades penitenciarias están circunscritas a lo que se les haya ordenado en la sentencia definitiva, o bien, en el auto en que se imponga la medida precautoria de reclusión. En ese tenor, si bien con la "petición administrativa" el legislador buscó privilegiar y sacar provecho de la inmediatez con las autoridades penitenciarias y auxiliares, lo cierto es que éstas de cualquier forma se encuentran bajo la vigilancia y control de una autoridad jurisdiccional durante su tramitación; de ahí que por ello no se configure el supuesto normativo de la fracción XX aludida cuando no se agota aquélla." En el caso, el acto combatido por quienes tienen la condición de personas privadas de la libertad en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social número Dieciséis "CPS-FEMENIL", con residencia en Coatlán del Rio, Morelos, se encuentra vinculado con la vida penitenciaria en dicho centro, por lo que con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, trae como consecuencia que todos los aspectos que se generen durante la ejecución de la pena de prisión o incluso de encontrarse en prisión preventiva, deben ser considerados como integrantes de la etapa de ejecución de la pena y que por ello deben ser supervisados por la autoridad judicial en materia penal correspondiente, con base en lo dispuesto en el artículo 20 del Pacto Federal. Como se dijo anteriormente, la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, establece en sus artículos 1 y 2, que tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, tal como se transcribe a continuación: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley." "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." También, como se mencionó con anterioridad, el artículo 24 de la referida ley, estableció que el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los jueces de ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Entonces, para efectos de la causa de improcedencia en estudio, la quejosa Aidé Casasola López, está en aptitud de realizar lo siguiente: 1. Dirigir su petición al Director del Centro de Reclusión en el que se encuentra, quien es el órgano competente para satisfacer las necesidades del interno, entre las que se halla la falta de atención médica general y especializada que reclaman en esta instancia constitucional. En caso de no ser atendida la petición referida dentro del término de cinco días, esta cuestión se puede formular ante el juez de ejecución, quien resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo descrito anteriormente, de lo cual dará cuenta al inmediato superior jerárquico. Si la petición a la que se aludió anteriormente es resuelta por la autoridad penitenciaria de forma negativa, el interno podrá formular controversia ante el juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. 2. En casos urgentes, es decir, cuando las peticiones recaigan sobre hechos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, puede acudirse directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición, quien de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resuelva en definitiva o, si considera que no es urgente, la turnará al centro para su tramitación. 3. Las personas que se encuentran internas en un centro reclusión, también pueden judicializar sus peticiones administrativas ante el juez de control o ejecución, según corresponda, una vez que se haya agotado la petición administrativa, con el objeto de resolver, en lo que interesa, controversias sobre las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Ahora bien, es importante resaltar que, en el caso de una situación urgente, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la suspensión del acto o hecho que la motivó, sin que exija mayores requisitos de los que establece la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, puesto que su tramitación se circunscribe a lo siguiente: - Que la solicite la persona legitimada. - El Juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición y sus efectos. Tramitación que, comparativamente con lo contenido en los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo, no resulta ser mayor, pues de conformidad con estos preceptos legales, para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, se requiere: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. III. Que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros. En esa tesitura, la Ley Nacional de Ejecución Penal, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Incluso, tomando como parámetro su tramitación, es dable afirmar que brinda una mayor cobertura al ordenar que de inmediato se suspenderá la ejecución, es decir, dentro de un plazo razonable y sin mayor requisito que la simple solicitud En ese tenor, si bien con la "petición administrativa" el legislador buscó privilegiar y sacar provecho de la inmediatez con las autoridades penitenciarias y auxiliares, lo cierto es que éstas de cualquier forma se encuentran bajo la vigilancia y control de una autoridad jurisdiccional durante su tramitación. Entonces, queda en evidencia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, necesariamente tiene que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal, por ende, no puede ser combatido en esta instancia constitucional sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede obtener la atención médica general y especializada que solicitan las promoventes mediante solicitud formulada al director del centro de reclusión en el que se encuentra y en ausencia de respuesta o contestación no favorable, acudir ante el juez de ejecución o de control, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que como se evidenció, su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es importante señalar que la condición de sentenciado o bien de persona sujeta a prisión preventiva, no marca alguna diferencia para los efectos de la observancia del principio de definitividad, pues como se indicó, las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, por así disponerlo el artículo 2 de dicho cuerpo normativo que ya se ha citado; de ahí que no exista impedimento alguno para su aplicación en el caso que la quejosa se encontrare sujeta a proceso o ya sentenciada, pues la norma no establece distinción alguna. Entonces, la parte quejosa debe seguir el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo obliga a recorrer y agotar todas las instancias contempladas, en este caso la petición ante la autoridad penitenciaria del lugar donde está recluido, y en caso de que la respuesta no sea favorable a su petición, la impugnación relativa ante el juez de control o de ejecución, según corresponda, pues de lo contrario, en cualquier circunstancia, a criterio del justiciable, podría acudir directamente al juicio de amparo, sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Dicho de otro modo, la parte interesada debe agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XVIII, en concordancia con la fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Aidé Casasola López. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, toda vez que la quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social número Dieciséis "CPS-FEMENIL", con residencia en Coatlán del Rio, Morelos, se ordena que las notificaciones en este juicio se le practiquen de forma personal en dicho centro penitenciario, esto con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos para que en su caso realicen las notificaciones inclusive en días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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Se desecha por improcedente la demanda de amparo.
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