AIDE ABARCA ESCOBAR y Otros.

Expediente 568/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 52 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
568/2016
Año
2016
Actuaciones
52
Última actuación
05/10/2017

Partes del expediente

  • AIDE ABARCA ESCOBAR y Otros.
  • Aide Abarca Escobar
  • MARÍA NORMA AGUILAR ALVARADO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Incidental

    Acapulco, Guerrero; cinco de octubre de dos mil diecisiete.Acapulco, Guerrero; cinco de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 568/2016 y remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el toca incidente en revisión administrativa 84/2017, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto contra la resolución interlocutoria de veintiocho de julio del año en curso, dictada por este juzgado federal. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo de la ejecutoria de mérito dice: ".PRIMERO. En la materia de revisión se revoca el fallo recurrido. SEGUNDO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA por las consideraciones expuestas en el último considerando." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, tomando en consideración el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se reservó proveer lo referente al archivo del citado juicio, hasta en tanto el incidente de suspensión de cuenta se encontrara glosado en autos, lo que en el caso ya se ordenó, además de que no existe actuación alguna por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido incidente, así como su cuaderno de antecedentes respectivo; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; cinco de octubre de dos mil diecisiete.Acapulco, Guerrero; cinco de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 568/2016 y remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el toca incidente en revisión administrativa 84/2017, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto contra la resolución interlocutoria de veintiocho de julio del año en curso, dictada por este juzgado federal. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo de la ejecutoria de mérito dice: ".PRIMERO. En la materia de revisión se revoca el fallo recurrido. SEGUNDO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA por las consideraciones expuestas en el último considerando." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, tomando en consideración el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se reservó proveer lo referente al archivo del citado juicio, hasta en tanto el incidente de suspensión de cuenta se encontrara glosado en autos, lo que en el caso ya se ordenó, además de que no existe actuación alguna por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido incidente, así como su cuaderno de antecedentes respectivo; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Acapulco, Guerrero, a las doce horas del siete de septiembre de dos mil diecisiete, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 568/2016, promovido por Aide Abarca Escobar, María Norma Aguilar Alvarado, Mónica Nayeli Bernal Carmen, Ana Bertha Charco Santana, María De La Paz De La Cruz Linares, Decideth Diaz Cienfuegos, Araceli Diego Palacios, Lilia Figueroa Marbán, Fredy Galván Serrano, Reyna Gómez Bautista, Guillermo Hernández Carbajal, Gaspar Justo Liborio, Eduarda Loeza Mayo, Georgina Orozco Baylón, José Alberto Ortega López, María De La Luz Olivares Ríos, Marisol Parra Ríos, Yuridia Palma Villarrutia, Getzemaní Pérez Moctezuma, Idalya Ramos Velez, Eslades Ramírez Miranda, Lourdes Lizbet Rodríguez López, José Luis Sánchez Herrera, Corina Torres Salado, Sabvelinne Villa Rodríguez, Juan Pablo Ventura Soberanis, Julia Onecima García López, Epifanio Salado Salinas y Elías López Martínez, por su propio derecho, se procede a celebrarla encontrándose en audiencia pública el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, visible en la página 185, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su escrito de demanda y con la presuncional e instrumental de actuaciones, así como la que exhibió el Director General de la Unidad Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero y el Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado y hace constar que las demás partes no ofrecieron medio de convicción alguno. A LO ANTERIOR EL JUEZ ACUERDA: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas las pruebas de referencia, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y Al no existir medios de convicción pendientes por desahogar, se cierra el período probatorio. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: el Secretario hace constar que las partes no formularon alegatos, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formulo pedimento. ENEGUIDA EL TITULAR PROVEE: Al no haber alegatos que relacionar, se concluye la etapa en que se actúa. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, se da por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 568/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Aide Abarca Escobar, María Norma Aguilar Alvarado, Mónica Nayeli Bernal Carmen, Ana Bertha Charco Santana, María De La Paz De La Cruz Linares, Decideth Diaz Cienfuegos, Araceli Diego Palacios, Lilia Figueroa Marbán, Fredy Galván Serrano, Reyna Gómez Bautista, Guillermo Hernández Carbajal, Gaspar Justo Liborio, Eduarda Loeza Mayo, Georgina Orozco Baylón, José Alberto Ortega López, María De La Luz Olivares Ríos, Marisol Parra Ríos, Yuridia Palma Villarrutia, Getzemaní Pérez Moctezuma, Idalya Ramos Velez, Eslades Ramírez Miranda, Lourdes Lizbet Rodríguez López, José Luis Sánchez Herrera, Corina Torres Salado, Sabvelinne Villa Rodríguez, Juan Pablo Ventura Soberanis, Julia Onecima García López, Epifanio Salado Salinas y Elías López Martínez, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: 1.- Secretario de Educación Guerrero. 2.- Titular de la Secretaría de Educación Pública. 3.- Titular de la Coordinación del Servicio Profesional Docente. 4.- Primera Presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. EJECUTORAS: 5.- Coordinadora Estatal del Servicios Profesional Docente. 6.- Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación Guerrero. 7.- Delegado de los Servicios Educativos en la Región Acapulco, Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación Guerrero. 8.- Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "(.) 1.- La falta de notificación y/o emplazamiento del procedimiento de evaluación al cual manifiestan deben ajustarse los trabajadores de la educación que fueron seleccionados. 2.- La falta de notificación en la que se haya dado a conocer cuando menos con tres meses de anterioridad los perfiles parámetros indicadores, con base a los cuales se aplicara el proceso de evaluación. 3.- La falta de notificación y/o emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador, mediante el cual se pretende aplicar una sanción de las estipuladas en la Ley del Servicio Profesional Docente. 4.- La violación del Derecho Humano al debido proceso de evaluación que señala la Ley del Servicio Profesional Docente. 5.- La violación del Derecho Humano al debido proceso administrativo sancionador por el que se nos pretende imponer una sanción conforme a la Ley del Servicio Profesional Docente. 6.- La violación a la Presunción de Inocencia dentro del Proceso Administrativo Sancionador por la cual se nos pretende aplicar una sanción señalada en la Ley del Servicio Profesional Docente. 7.- La aplicación retroactiva de la Ley del Servicio Profesional Docente, en nuestro perjuicio. 8.- La violación del derecho fundamental del principio de proporcionalidad de las penas en el proceso administrativo sancionador." SEGUNDO.- Por acuerdo de uno de junio de dos mil dieciséis, se previno a la parte quejosa y la demanda de amparo quedó registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 568/2016. TERCERO.- Mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, al haber desahogado la prevención de mérito, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a autoridades en materia administrativa, cuya ejecución material tiene lugar en el territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, y que pueden tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables según su ámbito de competencia: * La falta de notificación y emplazamiento al procedimiento de evaluación. * La falta de notificación de los perfiles parámetros indicadores con base en los cuales se aplicará el proceso de evaluación. * La falta de notificación y/o emplazamiento al procedimiento administrativo-sancionador, mediante el cual se pretende aplicar una sanción de las estipuladas en la Ley del Servicio Profesional Docente. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Subdirector de Procesos Jurídicos de la Dirección de Procesos Jurisdiccionales de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario de Educación Pública, el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en representación de la Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Directora en ausencia y suplencia del Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, residentes en la Ciudad de México, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos a ellas reclamados (fojas 626, 869, 808), los cuales quedaron precisados en el considerando segundo. Por su parte, el Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, por sí y en representación del Titular de dicha Secretaría, la Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y el Delegado de los Servicios Educativos en la Región Acapulco, Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación Guerrero, al rendir sus informes justificados negaron los actos a ellas reclamados; sin embargo, dicha negativa solamente respecto de los quejosos Ana Bertha Charco Santana, Lilia Figueroa Marbán y Getzemaní Pérez Moctezuma. En las narradas consideraciones, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y que la parte quejosa no rindió prueba alguna tendiente a demostrar la existencia de los actos reclamados y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. CUARTO.- Certeza de los actos reclamados. El Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, por sí y en representación del Titular de dicha Secretaría, la Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y el Delegado de los Servicios Educativos en la Región Acapulco, Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación Guerrero, al rendir sus informes justificados negaron los actos a ellas reclamados (fojas 337, 642, 1290 y 613); sin embargo, es de tenerse por cierto los mismos, por la siguiente consideración. Ahora bien, dado que manifestaron que no era cierto el acto reclamado consistente en la falta de notificación y/o emplazamiento para la evaluación del desempeño y al procedimiento administrativo-sancionador, mediante el cual se pretende aplicar a los quejosos una sanción de las estipuladas en la Ley del Servicio Profesional Docente, dicha negativa conlleva a deducir que sí fueron notificados de la evaluación y que existe un procedimiento administrativo en contra de los quejosos. QUINTO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así en el caso, de oficio se analiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" De la interpretación de la fracción transcrita, se advierte que opera el sobreseimiento del juicio cuando el acto o actos reclamados, los cuales a juicio del promovente de la protección constitucional, causen perjuicio a sus garantías individuales, cesen en sus efectos, dicho de otra manera, dejen de surtir efectos en la esfera jurídica del gobernado. En ese sentido, si al instar la demanda de amparo la parte quejosa reclamó la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento de evaluación, la falta de notificación de los perfiles parámetros indicadores con base en los cuales se aplicará el proceso de evaluación, así como la falta de notificación y/o emplazamiento al procedimiento administrativo-sancionador, mediante el cual se pretende aplicar una sanción de las estipuladas en la Ley del Servicio Profesional Docente y advertirse que el Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, por sí y en representación del Titular de dicha dependencia y el Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero y, mediante oficios sin números de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis y trece de junio de dos mil diecisiete, en cumplimiento al artículo 64 de la Ley de Amparo, informó la primera autoridad que en el procedimiento administrativo UAJ/SPD/2016/569, instruido en contra de la quejosa María de la Paz de la Cruz Linares, el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se dictó un auto por el cual dejó sin efectos la sanción impuesta a la promovente del amparo, consistente en la terminación del nombramiento como trabajadores de la Secretaría de Educación Guerrero y la segunda autoridad informó que los procedimientos instruidos a los quejosos Aide Abarca Escobar, María Norma Aguilar Alvarado, Mónica Nayeli Bernal Carmen, Araceli Diego Palacios, Fredy Galván Serrano, Reyna Gómez Bautista, Guillermo Hernández Carbajal, Gaspar Justo Liborio, Eduarda Loeza Mayo, Georgina Orozco Baylón, José Alberto Ortega López, María De La Luz Olivares Ríos, Marisol Parra Ríos, Yuridia Palma Villarrutia, Idalya Ramos Velez, Eslades Ramírez Miranda, Lourdes Lizbet Rodríguez López, José Luis Sánchez Herrera, Corina Torres Salado, Sabvelinne Villa Rodríguez, Juan Pablo Ventura Soberanis, Julia Onecima García López, Epifanio Salado Salinas y Elías López Martínez, el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se dictó un auto por el cual dejó sin efectos los citados procedimientos y ordenó el archivo definitivo de los mismos, remitiendo copias certificada de dichas constancias para acreditar su dicho, documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2; por tanto, es inconcuso que han cesado en la medida de que las autoridades responsables dejaron sin efectos la sanción de la parte trabajadora materia del procedimiento se encuentra prescrita y ordenado el archivo definitivo de los mismos. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a las autoridades responsables a que actuara en el sentido de dejar sin efectos el procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente circunstancia que ya aconteció con la emisión de los multicitados acuerdos de doce de septiembre y veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, respectivamente, en consecuencia, es inconcuso que los actos de autoridad reclamados ya no les agravian, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 77, 78, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 568/2016, en términos de lo expuesto en el tercero y último considerandos de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el siete de septiembre de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese lo de cuenta; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de Margarita Nava Muñoz, Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación de Guerrero; con sede en esta Ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa. Por otra parte, se autoriza a las personas que designo como sus delegados para que se impongan de los autos del presente asunto mediante el uso de aparatos electrónicos; lo anterior de conformidad en la circular número 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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