Aida Tiznado Nuño
Expediente 1916/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1916/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/12/2020
Partes del expediente
- Aida Tiznado Nuño
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE DICIEMBRE E DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signados por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, ante este órgano jurisdiccional el tres de agosto del año en curso, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Consecuentemente, por auto de cuatro de agosto de la anualidad que transcurre, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Sin que a la data en que se actúa, hubiere realizado alguna manifestación al respecto, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se aprecia que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, así como 76 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I), por el pago de los conceptos de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional realizado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve (foja 11 vuelta). 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de los derechos por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas. (.)." Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable ejecutora, por conducto de su representante, interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad; cuyos integrantes, por una parte, lo registraron con el número de amparo en revisión 871/2019 y, por otra, mediante ejecutoria emitida el treinta de enero del presente año, lo desecharon, por lo que en auto de doce de febrero siguiente, se requirió al ente exactor responsable que diera cumplimiento con la sentencia de mérito, esto es: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, así como 76 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, tanto en el presente como en el futuro; y, Devolverle a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado e impuestos adicionales; cantidad que debía ser actualizada. Así, en cumplimiento a lo anterior, por oficio recibido el tres de agosto del año en curso, el recaudador responsable, por conducto de su delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, esto es, comunicó que el veinticuatro de marzo del año en curso, a través del cheque 0001847 de la institución bancaria Santander, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $4,899.93 (cuatro mil ochocientos noventa y nueve pesos y noventa y tres centavos, moneda nacional) y, para corroborar su dicho, adjuntó el acuse de recibo respectivo; por tanto, se procede a corroborar si la referida cantidad es la correcta. En ese sentido, la parte quejosa erogó la cantidad de $5, 042.02 (cinco mil cuarenta y dos pesos 02/100 moneda nacional), con motivo de la aplicación de la porción normativa reclamada en el presente juicio de amparo, por lo que a dicha cantidad se le tiene que restar la cuota mínima a pagar por derecho de inscripción de documentos públicos, esto es, $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), dando como monto la cantidad de $4,752.02 (cuatro mil setecientos cincuenta y dos pesos 02/100 moneda nacional). Ahora, dicha suma debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecinueve de julio del año pasado y en el veinticuatro de marzo del año en curso, la autoridad responsable devolvió a la parte quejosa la contribución reclamada mediante el cheque con número 0001847; por tanto, el periodo de actualización comprende de julio de dos mil diecinueve a marzo de dos mil veinte. Sin embargo, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de febrero de este año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecinueve fue 103.299; y para el mes de febrero del presente año de 106.477 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0307650606. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $4,898.19 (cuatro mil ochocientos noventa y ocho 19/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $146.17 (ciento cuarenta y seis pesos 17/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $4,898.19 (cuatro mil ochocientos noventa y ocho 19/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de $4,899.93 (cuatro mil ochocientos noventa y nueve pesos 93/100 moneda nacional, es decir, entregó $1.47 (un peso 47/100 moneda nacional) de más; sin embargo, se estima que la concesión otorgada a la parte quejosa se encuentra cumplida, toda vez que resultaría infructuoso requerir a la parte quejosa para que devuelva a la autoridad responsable la cantidad de mérito. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo, por lo que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, como está ordenado en proveídos de ocho de marzo, quince y veintidós de abril de dos mil diecinueve (fojas 423 a 424, 457 y 474 todas del tomo I), remítase copia certificada del original del incidente de suspensión y el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado de Circuito, en turno, residente en esta ciudad, así como un legajo de pruebas que obra por separado, para la substanciación de los recursos de revisión interpuestos por las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Jefa del Servicio de Administración Tributaria en contra de la interlocutoria emitida el veintidós de enero del año en curso (fojas 265 a 293 del Tomo I) y Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la Ciudad de México, en contra la interlocutoria emitida el veinte de marzo del año en curso (fojas 432 a 440 del Tomo I). Por último, vistas las constancias que integran el presente incidente de suspensión se observa que no obra el acuse de recibo del oficio 26280/2019; por tanto, requiérase al Administrador Postal de esta ciudad, a efecto de que de conformidad con el arábigo 297, fracción II de la Ley Adjetiva Civil Federal, aplicada de forma supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su dispositivo 2°, dentro del término de TRES DÍAS siguientes al recibo del oficio de notificación correspondiente, se sirva informar el tratamiento aplicado a la pieza postal que le hubiera correspondido al oficio 26280/2019 de veinte de junio del año que transcurre, o en su caso, remita el acuse de recibo respectivo; asimismo, en caso de que ya hubiera entregado la pieza a personal de este juzgado, remita copia certificada del acuse de recibo que obre en sus archivos, para lo cual se le anexa constancia del depósito de la citada pieza postal; se le apercibe que de ser omiso a lo anterior o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en multa, por la cantidad de cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el ordinal 237, fracción I, de la Ley de Amparo en relación con el precepto 259, de la citada legislación.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado para remitirse al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, a fin de que sustancie el recurso de revisión interpuesto en autos; entonces, como se ordenó en proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve (foja 94), remítase el original del presente juicio de amparo, así como el original del escrito de agravios al órgano colegiado correspondiente, por conducto de su oficina de correspondencia común, para la tramitación del citado medio de impugnación interpuesto por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, contra la sentencia dictada el veinticuatro de septiembre del año en curso (fojas 49-78). CÚMPLASE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del nueve de octubre de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías número 2140/2018, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Nayarit, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas Juan Francisco Marrujo López, la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistida del Secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta, con fundamento en el artículo 124 de Ley de Amparo vigente, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan las siguientes: a) Escrito inicial de demanda y pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa; b) Emplazamiento realizado a la tercera interesada María Delia Patricia Rochin Reynoso; c) Informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad y un anexo que adjuntó; d) Pruebas remitidas por la Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad; Sin más constancias que deban relacionarse, la Juez de Distrito acuerda: Se tienen por rendido el informe de cuenta y por relacionadas las constancias de autos. Luego, con apoyo en los ordinales 119 y 123 de dicha Ley, se inicia el período probatorio, dentro del cual, se tienen por admitidas por su propia y especial naturaleza las que obran en autos, con ello, se cierra tal período y se abre el de alegatos, sin que alguna de las partes los hubiere formulado. Se cierra dicha etapa y se procede a dictar la resolución correspondiente: LA JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT. EL SECRETARIO.
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