Aida Susana López Nathal

Expediente 1490/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1490/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2023

Partes del expediente

  • Aida Susana López Nathal

Actuaciones

  1. Principal

    ###Ciudad de México, doce de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de tres días concedido a la quejosa en auto de once de octubre de este año, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna al respecto, por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos que se fijará en los estrados de este órgano jurisdiccional, con apoyo en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción II de la ley de la materia, situación que prevalecerá hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Estado procesal Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que trascurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa en auto de once de octubre dos mil veintitrés, a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o si se incurrió en exceso o defecto. Cabe precisar que en la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la quejosa para los siguientes efectos: "[.] SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. De manera que si las autoridades no dieron contestación a la petición del peticionario de amparo en un tiempo que se estime suficiente, tal omisión constituye una violación al derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional, por lo que lo conducente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que: - El Director General y el Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Estado de Nayarit, den respuesta fundada, motivada y congruente a la petición formulada por la parte quejosa el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en breve término, de forma congruente con lo solicitado y, hecho lo anterior, le notifique su determinación en el domicilio señalado al efecto, haciendo constar tal circunstancia. En el entendido de que se encuentran en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarlas a pronunciarse en determinado sentido [.]" Ahora, del contenido del escrito de petición de la quejosa, se advierte que solicitó lo siguiente: "[.] Por lo anterior, y con el objetivo de esclarecer el manejo, situación financiera que guarda Fondo de Pensiones y estar en posibilidad de fincar responsabilidades a quien resulte responsable; en ejercicio de mi derecho, y con apego en los artículos 8°. y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pido se ejecuten las acciones necesarias para que se practique una Auditoría Selectiva, por resultar de mi interés como trabajador, en la cual se revise e informe todo lo referente a la operación del Fondo de Pensiones y su recurso, que permita: [.] 1.- Se me informe [.]. 2.- Se me informe [.]. 3.- Se me informe y proporcione [.]. 4.- Se me informe y proporcione [.]. 5.- Se me informe y proporcione [.]. 6.- Se me informe y proporcione [.]. 7.-Se me informe y proporcione [.]. Para recibir respuesta a la presente petición señalo que la misma me sea notificada al correo electrónico fondopensiones.********** y al domicilio ubicado en la esquina que forman la calle *********, fraccionamiento las aves de esta ciudad de Tepic, Nayarit. [.]." En atención a dicho escrito, el director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, emitió oficio de respuesta en los siguientes términos: "[.], con fundamento en el artículo 10 fracción I de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y 13 fracción XVII del Reglamento Interior del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en relación la petición, recibida en la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, en la cual solicitó información precisa respecto a la situación financiera que guarda el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Al respecto, en cumplimiento a la sentencia emitida dentro de los autos del expediente [.], hago de su conocimiento que la información solicitada podrá ser visualizada, por la gran cantidad de documentos, en formato PDF en los siguientes enlaces: [.]. Asimismo, dicha información se encuentra a su entera disposición en formatos físicos en el almacén de la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit para su cotejo. No omito manifestarle, la información que se proporciona, es el resultado de las búsqueda (sic) e integración de la información solicitada, asimismo, se proporciona en el orden en que se peticionó, además, es idónea y pertinente, tan es así, que esclarece la operación y situación financiera que guarda el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado del año 2011 a la fecha, lo anterior, para su consulta y posteriores acciones. [.]." Expuesto el contenido del escrito de petición y la respuesta que le recayó a éste, al realizar una confrontación entre ambos, se advierte que si bien la autoridad responsable fundamentó su respuesta y proporcionó a la quejosa diversas ligas electrónicas en las que, a su consideración, puede consultar la información que solicitó e incluso refirió que quedaba a su disposición de forma física en el almacén de la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit para su cotejo, lo cierto es que, con ello, no atendió en su integridad la petición efectuada hecha por la solicitante de amparo. Tal aspecto se concluye así, ya que del contenido del oficio de respuesta, no se advierte que la autoridad responsable se haya pronunciado respecto a la petición de la quejosa referente a que se ejecuten las acciones necesarias para que se practique una auditoría selectiva en el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ya que es de su interés como trabajadora al servicio del Estado, que se revise e informe todo lo referente a la operación de dicho fondo de pensiones. Dicha omisión, trae como consecuencia que a consideración de esta juzgadora, no se encuentre cumplida la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo requiérase al (1) director general y al (2) Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit (en su carácter de autoridades responsables) así como al (3) gobernador del Estado de Nayarit (en su carácter de superior jerárquico de ambas autoridades), para que en el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, en alcance al oficio que se analizó, emita uno diverso en el que dé respuesta puntual a esa solicitud, lo haga del conocimiento de la promovente y remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aun cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables deberán cumplir la totalidad de lo requerido en la sentencia en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se le impondrán las sanciones previstas en la propia ley, esto es, una multa y, en su caso, la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese. ###

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese la razón actuarial firmada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso la resolución de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el amparo en revisión 669/2022 de su índice, así como el acuerdo de diez de noviembre de este año emitido en el juicio al rubro citado, por los motivos que expone. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación de esa resolución y el acuerdo mencionado, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale nuevo domicilio para ese efecto en esta Ciudad de México. Notifíquese y por medio de lista al quejoso la resolución de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el amparo en revisión 669/2022 de su índice, así como el acuerdo de diez de noviembre de este año.

  3. Principal

    Ciudad de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al cual adjunta el testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de veintiuno de septiembre de este año, en el amparo en revisión 755/2022 de su estadística, así como el juicio de amparo citado al rubro y un anexo, acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal colegiado resolvió lo siguiente: "[.] NOVENO. Estudio de fondo del asunto. [.] Es decir, en razón a lo expuesto en esta ejecutoria, el efecto del amparo concedido debe ser para que: 1).- No se apliquen a la parte quejosa las normas declaradas inconstitucionales, hasta en tanto no sean reformadas o derogadas y, [.] 2).- En virtud de que la quejosa realizó el pago del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil veinte y dos mil veintiuno, en mérito de lo expuesto; se le deberán devolver las cantidades enteradas en exceso. Para ello, las autoridades recaudadoras correspondientes le devolverán a la parte quejosa las cantidades pagadas en exceso, debidamente actualizada, al autodeterminarse el impuesto predial como primer acto concreto de aplicación de las normas reclamadas, lo que encuentra justificación en el hecho de que el régimen de subsidios previsto por los acuerdos reclamados no se agota en el establecimiento de cuotas para los que se ubiquen en los rangos A a D de la tarifa, sino que incluye porcentajes de descuento para los de los renglones E a G. Para que se aplique el porcentaje de subsidio establecido en el rango "G" del inciso b) del artículo segundo de los Acuerdos de Carácter General por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, correspondiente al ejercicio dos mil veinte y el veinte de enero de dos mil veintiuno, relativo al ejercicio dos mil veintiuno, a la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, conforme al lugar en el que se ubique el inmueble y de acuerdo con su valor catastral y, en caso de existir diferencias entre el monto enterado por la quejosa y el que resulte de aplicar la mecánica anteriormente referida, le sea devuelta debidamente actualizada, de conformidad con el artículo 41 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Lo anterior, porque en el inciso b), del artículo segundo de los Acuerdos tildados de inconstitucionales, se establecen los rangos de valor más altos que deben aplicarse para el pago del impuesto, siendo que el subsidio previsto en el rango "G: 25%", es el último porcentaje de descuento y el más cercano al rango en que se encuentra el inmueble de la parte quejosa, que es el "H", por eso es el que debe ser aplicado. Sin que pase inadvertido que las cuotas de subsidio previstas en los rangos "A", "B", "C", y "D", del inciso a), del artículo segundo de los Acuerdos reclamados, pudieran ser más benéficas, ya que lo verdaderamente trascendente es que el inmueble de la quejosa se encuentra más cercano al rango "G", y que, al ser éste el último rango que prevé un descuento, ese es el que debe ser aplicado. [.] Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida, conforme lo expuesto en el considerando noveno de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio promovido por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Tesorero de la Ciudad de México, por los motivos expresados en el cuarto considerando de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso **********, respecto del acto precisado en el considerando décimo de esta ejecutoria, por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ***********, respecto de los actos precisados en el considerando octavo de la sentencia recurrida, por los motivos y fundamentos ahí expuestos y para los efectos precisados en el noveno punto considerativo de la misma y décimo primero de esta ejecutoria, así como por los Acuerdos de carácter general por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y el veinte de enero de dos mil veintiuno, vigentes para dos mil veinte y dos mil veintiuno, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando noveno de este fallo y para los efectos precisados en su décimo primer considerando. QUINTO. Se declara infundado el recurso de revisión adhesivo interpuesto conjuntamente por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el Tesorero de la Ciudad de México, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente ejecutoria. [.]". De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones correspondientes. Por otra parte, glósense las constancias que en original se encuentran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, toda vez que el citado cuaderno es copia de las constancias que obran agregadas en este juicio. Requerimiento de cumplimiento de ejecutoria. En estricto acatamiento a lo ordenado por el tribunal colegiado y continuando con el análisis de la ejecutoria en mención, se advierte que la concesión del amparo respecto del quejoso, fue para lo siguiente: "[.] DÉCIMO PRIMERO. Efectos del amparo. En consecuencia, los efectos del amparo concedido deben ser para que: 1).- No se aplique a la parte quejosa las normas declaradas inconstitucionales, hasta en tanto no sean reformadas o derogadas; Respecto de los ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. 2) En virtud de que la parte quejosa realizó el pago del impuesto respecto a los bimestres cuarto, quinto y sexto del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como de los bimestres primero a sexto del ejercicio dos mil diecinueve, respecto al pago del impuesto predial con fundamento en el artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México de la cuenta predial ********* Deberá ubicarse dentro del rango que le corresponda conforme a su valor catastral en términos del artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, una vez hecho esto, a ese valor deberá restarse los valores unitarios del límite inferior previsto en dicho rango; la diferencia que resulte deberá multiplicarse por el factor previsto en aquél rango, cuyo resultado a su vez deberá dividirse entre cien, para finalmente sumar la cuota fija reducida prevista en el rango D a que se refiere la fracción II, punto 1 del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, siendo este resultado el impuesto a pagar. Respecto de los ejercicios de dos mil veinte y dos mil veintiuno. 3).- En virtud de que la parte quejosa realizó el pago del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales de dos mil veinte y dos mil veintiuno, en mérito de lo expuesto; se le deberán devolver las cantidades enteradas en exceso. Se considere que al quejoso en cuestión le resulta aplicable el subsidio previsto para el rango G del inciso b) del artículo segundo de los Acuerdos de Carácter General por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y el veinte de enero de dos mil veintiuno, correspondientes a los ejercicios de dos mil veinte y dos mil veintiuno, y que consiste en un descuento del veinticinco por ciento del monto a pagar, conforme a la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, atendiendo al lugar en el que se ubique el inmueble y de acuerdo con su valor catastral; y, 4).- Para ello, las autoridades recaudadoras correspondientes le devolverán a la parte quejosa las cantidades pagadas en exceso, debidamente actualizadas, al autodeterminarse el impuesto predial como primer acto concreto de aplicación de las normas reclamadas. En este orden de ideas, como se dijo, lo procedente es MODIFICAR la sentencia recurrida, y conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto de los actos antes señalados y para los efectos precisados en este fallo por este Tribunal Colegiado. [.]". En ese contexto, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios y a la titular, ambas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (superior jerárquico), para que, dentro del plazo de tres días siguientes al que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, acrediten con documentos fehacientes haber cumplido con los extremos del fallo protector, mismos que fueron precisados con antelación. Asimismo, se requiere a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la mencionada secretaría, para que en ese plazo y bajo el mismo apercibimiento, informe qué Administración Tributaria, será la encargada de realizar la devolución de la cantidad que resulte con motivo del ajuste al cálculo de valor catastral antes descrito, relativo al inmueble en que tributa el quejoso con el número de cuenta predial **********. A efecto de que las autoridades requeridas se impongan del contenido del fallo constitucional, remítaseles copia de la citada resolución. Apercibimiento por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con lo indicado se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aun cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables deberán cumplir la totalidad de lo requerido en la sentencia ejecutoria en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se le impondrán las sanciones previstas en la propia ley, esto es, una multa y, en su caso, la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Finalmente, dado que el citado tribunal colegiado remitió el anexo que adjunta, ya que se trata de copia simple del escrito de agravios, cuyo original se remitió al tribunal oficiante para la resolución del recurso planteado, por lo tanto, se ordena su destrucción. Notifíquese y electrónicamente al quejoso.

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