Aida Odalis Carbajal García
Expediente 653/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Aida Odalis Carbajal García
- Aida Odalis Carbajal García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en función de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante oficio 8414/2018 de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho (foja 44), la Secretaria General en calidad de Presidenta por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, remitió copia certificada del laudo de quince de agosto de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral ******************** (fojas 45 a 64). Luego, mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera (foja 65). El proveído de referencia, se notificó personalmente a la parte quejosa el veintidós de agosto de dos mil dieciocho y al tercero interesado por oficio (fojas 67 y 68); sin haber hecho alguna manifestación, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la quejosa Aida Odalis Carbajal García, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. I. Ejecutoria. En sentencia de veinticinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 28 a 32), emitida en el presente juicio de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto que la autoridad responsable Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: Emitiera el laudo respectivo en el juicio laboral ********************, de su índice. Una vez que por auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia amparadora (fojas 38 a 40), se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. II. Trámite de la autoridad responsable. A fin de dar cumplimiento, la referida autoridad mediante comunicación oficial respectiva, recibida el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes de este Juzgado Federal, remitió copia certificada del laudo de quince de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral ******************** (fojas 45 a 64). III. Verificación de cumplimiento. De lo expuesto, se aprecia que la autoridad responsable sí cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que como se justificó, el quince de agosto de dos mil dieciocho, emitió el laudo respectivo en el juicio laboral ********************; razones por las que se estima que la responsable se apegó a los lineamientos del fallo federal. IV. Conclusión. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria federal en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad efectuó exactamente lo que le fue ordenado. V. Archivo. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto; por tanto, vistas las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Atento a lo anterior, el presente juicio de amparo será depurado; por tanto, una vez transcurridos cinco años a partir de la emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos únicamente como corresponda, el oficio signado por Rodolfo Monreal Ávila, toda vez que no acredita la personalidad que ostenta tener (Representante Legal de la Tercera Interesada, Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el oficio y anexo de cuenta signado por la Secretaria General, en calidad de Presidenta por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; mediante el cual remite copia certificada del laudo de quince de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral número ****; en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictado en el presente juicio. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que les surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convengan; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Basilio Rojas Zimbrón.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 28 a 32); por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, cuyos efectos son: Emita el laudo respectivo en el juicio laboral 413/2013, de su índice. Apercíbase a los integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria a cada uno se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la Jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, registro 2000099, del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese; y personalmente a las partes.
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