Aida Moreno Reyes
Expediente 2639/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 31 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2639/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 04/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Aida Moreno Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, dado que éste es de orden público, con base en el artículo 196 y tercero transitorio, de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o bien si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, en Zacatecas, el diecisiete de abril de dos mil quince, por una parte, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "Deje sin efectos el inicio del procedimiento de separación... emitido el veintisiete de junio de dos catorce, y emita otro que esté debidamente fundado y motivado, en el que el servidor público tenga pleno conocimiento de: 1. Cuál o cuáles de esos exámenes fueron los que no aprobó y cuáles fueron las bases tomadas para la valoración conjunta que ponen en riesgo los principios de legalidad, honradez, eficacia, profesionalismo y certeza de su función, así como, cuáles son esos indicadores técnicos, conductas, y razones por las que ponen en riesgo dichos principios, que motivaron la queja; 2. cuáles son las razones por las que se estima que es sujeto al procedimiento previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 3. si los datos que arroja el procedimiento de evaluación se estiman suficientes para hacer probable el incumplimiento que se le imputa; y 4. de si la no aprobación es congruente con lo establecido por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento." Inconforme con tal determinación, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, promoviendo en representación de las autoridades responsables, interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, mismo que confirmó la sentencia impugnada. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil quince, este Juzgado recibió los autos del expediente en que se actúa y se requirió a la autoridad responsable y a su superior jerárquico el cumplimiento al fallo protector (foja 164 y 165). Por oficio recibido en este Juzgado el diez de noviembre y veintinueve de diciembre de dos mil quince, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, como delegado del Secretario Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción de la Procuraduría General de la República, informó el cumplimiento que se dio a dicho fallo, para lo cual remitió copia certificada de los acuerdos de tres de noviembre y ocho de diciembre de dos mil quince y en auto de treinta siguiente, se dio vista a la parte quejosa (fojas 330 a 332 y 339 a 347). Inconforme con el cumplimiento exhibido por la autoridad responsable, la parte quejosa presentó escrito el seis de enero de dos mil dieciséis en el que expresa los motivos en que descansa su disconformidad con el cumplimiento (fojas 350 a 361). Mediante auto de once de enero de dos mil dieciséis, esta juzgador analizó las constancias con las que la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la sentencia protectora, concluyendo que de ellas se obtenía que la Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, el tres de noviembre de dos mil quince, dejó sin efectos el acuerdo de inicio del procedimiento de separación de veintisiete de junio de dos mil catorce y dictó uno nuevo en el que señaló las razones por las que se estima que la quejosa es sujeto al procedimiento previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, donde precisó que los datos que arroja el procedimiento de evaluación se estiman suficientes para hacer probable el incumplimiento que se le imputa y que la no aprobación es congruente con lo establecido por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento. Sin embargo, de las propias constancias analizadas, se advertía que la autoridad obligada al cumplimiento, no refirió cuál o cuáles de los exámenes que integran el procedimiento de evaluación de la perito hoy quejosa, fueron los que no aprobó y cuáles fueron las bases tomadas para la valoración conjunta que ponen en riesgo los principios de legalidad, honradez, eficacia, profesionalismo y certeza de su función, así como, cuáles son los indicadores técnicos, conductas, y razones por las que se ponen en riesgo dichos principios, que motivaron la queja; por lo que se declaró que no era el caso declarar cumplida la sentencia de mérito. Como consecuencia de lo anterior, se requirió nuevamente a la Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República para que, en estricto y puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remitiera las constancias con las que acredite cuál o cuáles de esos exámenes fueron los que no aprobó la quejosa y cuáles fueron las bases tomadas para la valoración conjunta que ponen en riesgo los principios de legalidad, honradez, eficacia, profesionalismo y certeza de su función, así como, cuáles son esos indicadores técnicos, conductas, y razones por las que ponen en riesgo dichos principios, que motivaron la queja. Finalmente, mediante oficios ingresados el diez de febrero y diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, acompañó copias certificadas de los acuerdos de fechas veintiocho de enero y ocho de marzo de dos mil dieciséis, dictados por la Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, por las que da cumplimiento por segunda ocasión al fallo amparador (fojas 374 a 378 y 386 a 408). Las documentales que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tiene valor probatorio pleno. De las documentales que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: 1. La Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, el veintiocho de enero de dos mil quince, dejó sin efectos el acuerdo de inicio del procedimiento de separación de ocho de diciembre de dos mil quince, en el que a su vez se había dejado sin efectos el mismo proveído, pero de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, dentro del procedimiento administrativo de separación..., así como todas las actuaciones dictadas con posterioridad. 2. Dictó uno nuevo en el que señaló las razones por las que se estima que la quejosa es sujeto al procedimiento previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, donde precisó que los datos que arroja el procedimiento de evaluación que se estiman suficientes para hacer probable el incumplimiento que se le imputa y que la no aprobación es congruente con lo establecido por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento. 3. Precisó que la normativa que regula el proceso de evaluación de control de confianza no prevé la facultad de emitir un resultado individual por cada uno de los exámenes que conforman dicho proceso de evaluación, excepto el examen toxicológico, pues cada una de las áreas evaluadoras aporta los indicadores técnicos que se hubieren identificado, relativos a rasgos y comportamiento, datos relevantes de su historia laboral y resultado de instrumentos y pruebas aplicadas, especificando, no obstante, que la quejosa obtuvo resultado de APROBADA en el examen toxicológico y de NO APROBADA en la valoración conjunta de los exámenes de control de confianza que le fueron practicadas el mes de noviembre de dos mil once, consistentes en el examen patrimonial y de entorno social, el examen médico, el examen poligráfico, el examen psicométrico y psicológico, los cuales fueron evaluados de manera conjunta en términos de lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 4. Señalo con precisión y minuciosidad las bases que rigen la valoración conjunta de las pruebas practicadas, mismas que se realizan de conformidad con lo previsto en el artículo 49, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 85 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente al momento de los hechos, así como el artículo 71 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, aclarando que los exámenes de control de confianza se conformarán por los exámenes patrimonial y de entorno social, médico, psicométrico y psicológico, poligráfico, toxicológico, y los demás que establezcan las normas aplicables; igualmente, señaló que el artículo 54 de la Ley Orgánica en cita, prevé que los exámenes del proceso de evaluación de control de confianza se valorarán en conjunto, salvo el examen toxicológico que se presentará y calificará por separado, por lo que no existe un resultado parcial, sino un resultado único, a excepción de la prueba toxicológica. 5. Señaló que cada una de las áreas de evaluación aporta los indicadores que hubiese identificada y revisa las evidencias documentales que corresponden al evaluado, identificando en los exámenes los indicadores siguientes: a) Rasgos y comportamientos; b) Datos relevantes de su historial personal; c) Datos relevantes de su historia laboral; d) Resultado de instrumentos y pruebas aplicadas. Por lo que señaló cuáles fueron esos indicadores en el caso de la quejosa, derivados del oficio CEC-01271-16 de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis del titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza. 6. Finalmente, estableció las razones que revelan la puesta en riesgo de los principios de legalidad, honradez, eficacia, profesionalismo y certeza de la función, al señalar que ".derivado del inventario de personalidad, prueba proyectiva y entrevista aplicada, la perito es una persona insegura y dependiente, que ante situaciones de presión se incrementa su ansiedad por lo que se siente nerviosa, temerosa y con recursos Iimitados para solventar las adversidades enfrentadas, por dichas razones se le dificulta utilizar de manera eficiente sus recursos personales, generando la disminución de su concentración, que la llevarán a cometer errores que retrasan la entrega de resultados y se le dificulta cumplir con sus compromisos, condiciones que merman su orientación a resultados, en su productividad y para responder a las exigencias de forma oportuna, además se afecta el principio de eficiencia; es una persona demandante que busca en todo momento satisfacer sus necesidades de manera inmediata, manipula a los demás para conseguir lo que desea, tiene dificultades para controlar sus emociones, principalmente la agresión, de ahí que es directa y agresiva en la expresión de sus comentarios, se conduce de forma crítica hacia los demás, por lo que se excede en sus prerrogativas por ello que al sentirse poco valorada, se torna oposicionista y rebelde, así como difícil de sobrellevar, lo que delimita su participación en grupos de trabajo y genera roces con los mandos, y con se (sic) se ve afectada su orientación hacia el Iogro de objetivos comunes y el profesionalismo con el que se conduce en su área laboral su apego a las normas es endeble, debido a que su disminuido control de impulsos y reducida tolerancia a la frustración, por ello es factible que se involucre en prácticas al margen de los estatutos, establecidos y no se garantiza que AIDA MORENO REYES se apegue a los procedimientos impuestos en su área de trabajo. Aunado al hecho de que aplicar la prueba psicofisiológica de la mentira se registraron indicadores técnicos de falta de veracidad respecto al tema de beneficios ilícitos; situaciones que contravienen el debido cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, eficiencia y honradez que dispone el articulo 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica." En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. No es obstáculo a lo anterior, los alegatos de inconformidad que la quejosa vierte en su escrito ingresado el uno de abril de dos mil dieciséis, en donde se insiste en señalar que no se le informó el resultado de cada una de las evaluaciones. Ello, en virtud de que, como expuesto en el numeral 3 anterior, la autoridad responsable precisó que de conformidad con la normativa que regula el proceso de evaluación de control de confianza no prevé la facultad de emitir un resultado individual por cada uno de los exámenes que conforman dicho proceso de evaluación, excepto el examen toxicológico, pues cada una de las áreas evaluadoras aporta los indicadores técnicos que se hubieren identificado, relativos a rasgos y comportamiento, datos relevantes de su historia laboral y resultado de instrumentos y pruebas aplicadas. Tampoco es óbice a la declaratoria de cumplimiento anterior, el que la quejosa aduzca que la responsable tan sólo hizo una transcripción del reporte integral de evaluación, pues además de haber procedido en ese sentido, en el auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis se advierte que señaló las razones por las que se estima que la quejosa es sujeto al procedimiento previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, haciendo referencia a los datos que arroja el procedimiento de evaluación; datos que estimó suficientes para hacer probable el incumplimiento que se le imputa y que la no aprobación es congruente con lo establecido por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento. Finalmente, tampoco se opone a lo aquí resuelto, el alegato de la quejosa en el sentido de que no resulta relevante el oficio de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis rendido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que no se cuenta con el resultado de los exámenes de manera individual, toda vez que, como lo expuso la autoridad responsable en su acuerdo de cumplimiento, la normativa que regula el proceso de evaluación de control de confianza no prevé la facultad de emitir un resultado individual por cada uno de los exámenes que conforman dicho proceso de evaluación, excepto el examen toxicológico, Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el diecisiete de abril de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es depurable, en términos de la fracción III, segundo párrafo del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, por interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil catorce, se concedió la suspensión definitiva, virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha probable para tal efecto, el día cinco de octubre de dos mil dieciséis. 4. Los cuadernos de antecedentes formados con motivo del envío de los autos al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región en el Estado de Zacatecas y con motivo del envío al Tribunal Colegiado en turno para la substanciación del recurso de revisión son destruibles en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el cinco de octubre dos mil dieciséis; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en los legajos correspondientes; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos a las referidas autoridades, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(III)
- Principal
Visto el oficio del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, como delegado de la autoridad responsable Secretario Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción de la Procuraduría General de la República, por medio del cual informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe los documentos respectivos. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y al tercero interesado en su caso, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos.(III)
- Principal
Visto el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, como delegado de la autoridad Secretario Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República y en atención a su contenido, téngasele informando que se encuentra en vías de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente expediente, por las razones que indica. Con transcripción de este acuerdo, con fundamento en al artículo 192, último párrafo, y como lo solicita la autoridad en comento, se le otorga una prórroga de cinco días para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita a este Tribunal las constancias que lo acrediten y con ello no retardar la administración de Justicia, tomando en cuenta la complejidad del asunto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, también hágase del conocimiento al Secretario General Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, como superior jerárquico de la autoridad responsable, reiterándose al apercibimiento decretado en autos...(III)
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONCEDIDO A LAS PARTES PARA QUE MANIFESTARA LO QUE A SU DERECHO CONVINIERA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO... SE ANALIZA SI DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE, EL FALLO PROTECTOR SE ENCUENTRA O NO CUMPLIDO...NO ES EL CASO DECLARAR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE MÉRITO. POR TANTO, REQUIÉRASE NUEVAMENTE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA EL OFICIO QUE AL EFECTO SE GIRE, REMITA COPIA CERTIFICADA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL REALIZADA AL QUEJOSO DEL AUTO QUE EMITIÓ EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA AMPARADORA. ASIMISMO, REQUIÉRASE TAMBIÉN AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN MENCIÓN... A EFECTO DE QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE NOTIFIQUE ESTE PROVEÍDO, ORDENE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUMPLIR CON LA EJECUTORIA, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO DEMOSTRAR QUE DIO LA ORDEN, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA. EN EL ENTENDIDO QUE SE CONSIDERA INCUMPLIMIENTO EL RETRASO POR MEDIO DE EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, O DE CUALESQUIERA OTRA QUE INTERVENGA EN EL TRÁMITE RELATIVO
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