Aída Mora Domínguez

Expediente 534/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
534/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Aída Mora Domínguez
  • Juan Francisco Hernández Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de diciembre de dos mil veintidós. Glósese el oficio 2902/2022 de veinticuatro de octubre pasado, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Cosamaloapan, Veracruz; en atención a su contenido, se tiene a la aludida responsable quedando enterado del proveído de cinco de octubre pasado, y comunicando las gestiones tendentes a fin de tramitar el juicio natural de su estadística, no obstante, a la presente data el asunto se encuentra concluido, por lo que el suscrito estima innecesario realizar mayor abundamiento. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós (foja 119), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Juan Francisco Hernández Mora, para los efectos siguientes: "(.)1). Deje insubsistente la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 810/2003 su índice. 2). En su lugar, sin incurrir en las deficiencias que fueron advertidas en los términos precisados en esta sentencia, emita una nueva determinación en la que determine lo que enderecho procesa en relación con la reclamación expuesta a su estudio, en el entendido de que, de sostener la procedencia de la eventual regraduación de la pensión alimenticia provisional combatida, funde y motive la determinación que adopte al respecto, incluso, del porcentaje o cantidad que establezca al respecto. Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. (...)" En proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 97 y 98), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió el cumplimiento al Juez Segundo de Primera Instancia, en Cosamaloapan, Veracruz. Así, en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós (foja 119), se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Así, en primer lugar, se conminó a la autoridad responsable a precisar los razonamientos lógico jurídicos, por las cuales consideró que la existencia del diverso menor acreedor alimentario del aquí tercero interesado generaba regraduar la pensión alimenticia decretada provisionalmente; ello concatenado con la capacidad económica del deudor alimentario, a fin de garantizar que los derechos alimentarios del diverso acreedor sean respetados y satisfechos cabalmente y la forma que ello incide a la parte que demandó los alimentos en el juicio de origen al momento de resolver la reclamación formulada contra la medida alimentaria provisional. En relación a lo anterior, estableció que si bien se acreditó la existencia de otros acreedores alimentarios, como son su esposa Martha Graciana Ortega Vidal, su hija María Concepción Hernández Ortega y su menor hijo de iniciales J.H.H.O., lo cierto es, que el deudor alimentario se encontraba obligado a proporcionarles alimentos en términos de lo dispuesto por los artículos 233, 234, 239 y 242 del Código Civil, que aun cuando no se encontraban acreditadas su necesidades alimentarias, consideró como tales, las que de manera natural debe percibir una persona, lo que en un razonamiento lógico implica una merma en los ingresos del deudor alimentario. Así, continuó valorando que de no reconocerles la necesidad alimentaria que tienen de parte del reclamante, se estaría realizando un acto discriminatorio hacia su persona, privilegiando solo el derecho alimentario de Juan Francisco Hernández Mora y, prejuzgando el hecho de que los ingresos del reclamante solo deben atender a los alimentos del actor; además, determinó que debe considerarse a las partes en un plano igualitario, respecto a los ingresos del deudor alimentario, pues no dejó de observar que hasta ese momento procesal no contaba con los estudios socioeconómicos correspondientes, aunado a que de la segunda fuente laboral del reclamante como parte de un grupo musical que se le imputa, no está demostrado a cuanto hacienden esos ingresos. Por otra parte, en segundo término, la ejecutoria de amparo ordenó a la autoridad responsable que en cuanto al criterio sustentado relativo a que el quejoso Juan Francisco Hernández Mora, cuenta con la carrera técnica de licenciatura en Enfermería General; terminó un programa complementario o nivelatorio de los estudios de dicha licenciatura; en la actualidad ya no se encuentra estudiando, y no se tiene acreditado que exista impedimento que le permita obtener un empleo con el cual pueda cubrir sus propias necesidades; si bien este órgano jurisdiccional lo compartía, lo cierto era que debía detallar por qué estima que el monto de la pensión alimenticia del diez por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado Francisco Hernández Cruz, cumple con los principios de equidad y justicia, y atiende a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar del que surge este derecho de alimentos. Es decir, por qué con el monto asignado al acreedor alimentario satisface su estado de necesidad y le proporciona la posibilidad de suministrarse comida, vestido, habitación y la asistencia en caso de enfermedad; además, los gatos necesarios adecuados a sus circunstancias personales, como lo establece el artículo 239 del Código Civil del Estado de Veracruz, explicando por qué la cantidad fijada como pensión alimenticia no pone a éste en peligro de insubsistencia; por qué no es excesivo para el deudor y sí, por el contrario, es proporcional a las necesidades de ambas partes, todo ello con apoyo en el material probatorio aportado por las partes. En relación al punto anterior, la autoridad responsable con fundamento en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 210 del Código Procesal Civil y en directa aplicación al principio de congruencia que dispone el artículo 57 del Código Sustantivo Civil, declaró fundada la reclamación hecha por la parte demandada Francisco Hernández Cruz, en consecuencia, modificó la pensión alimenticia provisional que se fijó mediante auto de once de diciembre de dos mil tres, que se hizo consistir en el 30% al 20% del salario y demás prestaciones que percibe el demandado, como trabajador de la empresa denominada IMPULSORA DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, hoy INDUSTRIAL AZUCARERA SAN CRISTOBAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, así como de los ingresos que percibe como baterista del grupo musical "La Fuente", decretada en favor de su entonces menor hijo JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ MORA. Así, la autoridad responsable estableció que las necesidades de los acreedores alimentarios, pueden ser cubiertas con el veinte por ciento por concepto de pensión alimenticia finalmente decretado, pues al contar JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ MORA, con veintiún años de edad, con una carrera terminada y nivelada, debe ser colocado en un plano igualitario conjuntamente con los otros acreedores alimentarios que tiene el reclamante, pues aun cuando, los hijos mayores de edad, al igual que los menores, gozan de la presunción de necesitar alimentos, salvo prueba en contrario, es al acreedor alimentista a quien corresponde demostrar que su acreedor no los necesita, bien porque tenga bienes propios o desempeñe algún trabajo, oficio, profesión o comercio. De igual manera analizó, que de conformidad con el artículo 239 del Código Civil establece como obligación del deudor alimentario proporcionar a su acreedor, además de su subsistencia, un oficio, arte o profesión honesta y adecuada a su sexo y circunstancias personales, extendiéndose no solo hasta que haya concluido sus estudios profesionales, sino hasta en tanto se encuentre apto para ejercer legalmente como profesionista, con la obtención de su título y cedula profesional, con lo cual el monto establecido como pensión provisional le permitirá, allegarse de esos recursos para estar apto para desempeñarse laboralmente, superando de esta manera su estado de necesidad alimentaria. Asimismo, tomó en cuenta que el acreedor alimentario confesó tácitamente que ha venido disfrutando de la pensión alimenticia que se le ha descontado a su padre durante todo ese tiempo al manifestar que sigue necesitando la misma, por lo que, a su consideración la ha aprovechado correctamente en el desarrollo de sus estudios. Aunado a lo anterior, determinó que solo de esa manera se pueden atender a cada acreedor sus necesidades alimentarias, repartiendo así equitativamente las mismas; ya que la manera del porcentaje establecido, prevé el monto inflacionario de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, es decir, si el monto del salario del reclamante se incrementa, consecuentemente los ingresos fijados como pensión alimenticia se verán de igualmente incrementados en la proporción decretada; además, consideró que el reclamante debe reservar lo suficiente para su propia subsistencia, para estar en condiciones de seguirlos proporcionando a su vez a sus acreedores alimentarios con el resto de la pensión que le quede una vez descontado aquel porcentaje. Seguidamente, como tercer punto, la ejecutoria de amparo conminó a la autoridad responsable a que los alimentos deben ser proporcionados de manera proporcional a las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, por lo que, debía realizar la ponderación entre uno y otro, y después de razonar, resolver lo conducente, pero precisando por qué el monto que decidió establecer es el que corresponde al caso en concreto; esto es, debía: - Establecer, con base en las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, cuáles son las necesidades del acreedor alimentario, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, y que correspondan a las que se desprendan de las constancias que se allegaron a los autos. - Definir cuáles son las posibilidades económicas del deudor, evidentemente considerando los ingresos que percibe con las actividades que desempeña, además de los gastos propios o manutención, en el caso, que existe otro acreedor alimentario, entre otras circunstancias; en este apartado, señalar las pruebas que soporten su conclusión, si es que existen. - Posteriormente a ello, confrontar (necesidadesposibilidades) y determinar de manera fundada y motivada, si el porcentaje decretado inicialmente resulta proporcional con las necesidades del acreedor y la posibilidad del deudor, o bien, si aun así se justifica la procedencia o improcedencia de la reclamación planteada, debiendo explicarlo fundada y motivadamente; pero sobre todo, para el caso de sostener la procedencia de la regraduación, exponer por qué el citado porcentaje corresponde al que satisfacerá las necesidades que a este momento prevalecen respecto del deudor alimentario. En así, que en principio valoró las necesidades del acreedor alimentario Juan Francisco Hernández Mora, atendiendo a que del acta de nacimiento número 00030 de veintiséis de enero de dos mil uno, expedida por el Encargado del Registro Civil de Carlos A. Carrillo, Veracruz, se aprecia que al momento de la presentación de la demanda, contaba con la edad de tres años, al día de hoy con la edad de veintiún años, alcanzando el estatuto jurídico perfecto de su personalidad, por lo que, de conformidad con los artículos 577 y 578 del Código Civil supuso que puede disponer de su persona y valerse por sí mismo. Aunado a lo anterior, valoró la constancia de veinticuatro de abril de dos mil uno, expedida por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, Asociación Civil, con la que acreditó que en ese momento se encontraba inscrito en el Programa Complementario o Nivelatorio de los estudios de Licenciatura en Enfermería para quienes han concluido previamente los estudios de Preparatoria y Enfermería General, que comprende el periodo de abril de dos mil veintiuno a marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, en relación a las posibilidades económicas del deudor alimentario, tomó en cuenta su manifestación de que cuenta con un total de cinco acreedores alimentarios, su esposa Martha Graciana Ortega Vidal, su hija María Concepción Hernández Ortega, y su menor hijo de iniciales J.F.H.O., él y su hijo Juan Francisco Hernández Mora; así como los recibos de nómina de Industrial Azucarera San Cristóbal, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los que vienen desglosadas sus percepciones y deducciones de manera quincenal, siendo que de las primeras se observa como pago cantidades que van de los mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 79/100 moneda nacional hasta los diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 41/100 moneda nacional y de las segundas advirtió un renglón de descuento por concepto de pensión alimenticia por diferentes cantidades. Asimismo consideró que el reclamante debe atender a su propia manutención, para a su vez estar en condiciones de seguir proporcionando los alimentos a sus acreedores alimentarios; sin que pudiera contar con los estudios socioeconómicos realizados a las partes, para saber la condición real en la que se encuentra él y el conjunto de sus acreedores alimentarios. Seguidamente, hizo una confrontación directa entre las necesidades del acreedor alimentario con las posibilidades del deudor, considerando que se encuentra acreditado que la parte actora Aida Mora Domínguez, tiene un hijo con Francisco Hernández Cruz de nombre Juan Francisco Hernández Mora, quien cuenta con veintiún años, cursó la carretera técnica de Licenciatura en Enfermería General, al día veinticuatro de abril de dos mil uno se encontraba inscrito en el Programa Complementario o Nivelatorio de los estudios de Licenciatura en Enfermería, que comprendió el periodo de abril de dos mil veintiuno a marzo de dos mil veintidós, el cual a la fecha ha concluido, por lo que no se encuentra estudiando; lo que a su vez concatenó con el hecho que al reclamante se le ha seguido realizando el descuento correspondiente vía nómina. Así, determinó que no existía razón para no considerar que Juan Francisco Hernández Mora, se encuentre en condiciones óptimas para hacerse de sus propios recursos al ser mayor de edad y contar con una carrera técnica en Enfermería General y además haber terminado un Programa Complementario o Nivelatorio de los estudios de Licenciatura, pues cuenta con los elementos para conseguir un empleo por sí mismo y cubrir sus propias necesidades alimentarias. No obstante, no pasó por alto que aún se debe atender al hecho de que necesita de los alimentos, pues para poder ejercer la citada carrera técnica, a su vez necesita de la autorización que se traduce en la obtención del título y cédula profesional, máxime que su edad cronológica es aún acorde al grado escolar en el que se encuentra para obtener esa autorización para el ejercicio de su profesión; sin advertir constancia de falta de dedicación para llegar a tales fines por parte del acreedor alimentario. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de veintitrés de junio de dos mil veintidós (fojas 27 a 29), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Lo que se notifica por este conducto a la parte quejosa por haber señalado este medio para oír y recibir notificaciones en su nombre.

  3. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 534/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós (foja 119), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Juan Francisco Hernández Mora, para los efectos siguientes: "(.)1). Deje insubsistente la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 810/2003 su índice. 2). En su lugar, sin incurrir en las deficiencias que fueron advertidas en los términos precisados en esta sentencia, emita una nueva determinación en la que determine lo que enderecho procesa en relación con la reclamación expuesta a su estudio, en el entendido de que, de sostener la procedencia de la eventual regraduación de la pensión alimenticia provisional combatida, funde y motive la determinación que adopte al respecto, incluso, del porcentaje o cantidad que establezca al respecto. Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. (...)" En proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 97 y 98), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió el cumplimiento al Juez Segundo de Primera Instancia, en Cosamaloapan, Veracruz. Así, en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós (foja 119), se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Así, en primer lugar, se conminó a la autoridad responsable a precisar los razonamientos lógico jurídicos, por las cuales consideró que la existencia del diverso menor acreedor alimentario del aquí tercero interesado generaba regraduar la pensión alimenticia decretada provisionalmente; ello concatenado con la capacidad económica del deudor alimentario, a fin de garantizar que los derechos alimentarios del diverso acreedor sean respetados y satisfechos cabalmente y la forma que ello incide a la parte que demandó los alimentos en el juicio de origen al momento de resolver la reclamación formulada contra la medida alimentaria provisional. En relación a lo anterior, estableció que si bien se acreditó la existencia de otros acreedores alimentarios, como son su esposa Martha Graciana Ortega Vidal, su hija María Concepción Hernández Ortega y su menor hijo de iniciales J.H.H.O., lo cierto es, que el deudor alimentario se encontraba obligado a proporcionarles alimentos en términos de lo dispuesto por los artículos 233, 234, 239 y 242 del Código Civil, que aun cuando no se encontraban acreditadas su necesidades alimentarias, consideró como tales, las que de manera natural debe percibir una persona, lo que en un razonamiento lógico implica una merma en los ingresos del deudor alimentario. Así, continuó valorando que de no reconocerles la necesidad alimentaria que tienen de parte del reclamante, se estaría realizando un acto discriminatorio hacia su persona, privilegiando solo el derecho alimentario de Juan Francisco Hernández Mora y, prejuzgando el hecho de que los ingresos del reclamante solo deben atender a los alimentos del actor; además, determinó que debe considerarse a las partes en un plano igualitario, respecto a los ingresos del deudor alimentario, pues no dejó de observar que hasta ese momento procesal no contaba con los estudios socioeconómicos correspondientes, aunado a que de la segunda fuente laboral del reclamante como parte de un grupo musical que se le imputa, no está demostrado a cuanto hacienden esos ingresos. Por otra parte, en segundo término, la ejecutoria de amparo ordenó a la autoridad responsable que en cuanto al criterio sustentado relativo a que el quejoso Juan Francisco Hernández Mora, cuenta con la carrera técnica de licenciatura en Enfermería General; terminó un programa complementario o nivelatorio de los estudios de dicha licenciatura; en la actualidad ya no se encuentra estudiando, y no se tiene acreditado que exista impedimento que le permita obtener un empleo con el cual pueda cubrir sus propias necesidades; si bien este órgano jurisdiccional lo compartía, lo cierto era que debía detallar por qué estima que el monto de la pensión alimenticia del diez por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado Francisco Hernández Cruz, cumple con los principios de equidad y justicia, y atiende a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar del que surge este derecho de alimentos. Es decir, por qué con el monto asignado al acreedor alimentario satisface su estado de necesidad y le proporciona la posibilidad de suministrarse comida, vestido, habitación y la asistencia en caso de enfermedad; además, los gatos necesarios adecuados a sus circunstancias personales, como lo establece el artículo 239 del Código Civil del Estado de Veracruz, explicando por qué la cantidad fijada como pensión alimenticia no pone a éste en peligro de insubsistencia; por qué no es excesivo para el deudor y sí, por el contrario, es proporcional a las necesidades de ambas partes, todo ello con apoyo en el material probatorio aportado por las partes. En relación al punto anterior, la autoridad responsable con fundamento en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 210 del Código Procesal Civil y en directa aplicación al principio de congruencia que dispone el artículo 57 del Código Sustantivo Civil, declaró fundada la reclamación hecha por la parte demandada Francisco Hernández Cruz, en consecuencia, modificó la pensión alimenticia provisional que se fijó mediante auto de once de diciembre de dos mil tres, que se hizo consistir en el 30% al 20% del salario y demás prestaciones que percibe el demandado, como trabajador de la empresa denominada IMPULSORA DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, hoy INDUSTRIAL AZUCARERA SAN CRISTOBAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, así como de los ingresos que percibe como baterista del grupo musical "La Fuente", decretada en favor de su entonces menor hijo JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ MORA. Así, la autoridad responsable estableció que las necesidades de los acreedores alimentarios, pueden ser cubiertas con el veinte por ciento por concepto de pensión alimenticia finalmente decretado, pues al contar JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ MORA, con veintiún años de edad, con una carrera terminada y nivelada, debe ser colocado en un plano igualitario conjuntamente con los otros acreedores alimentarios que tiene el reclamante, pues aun cuando, los hijos mayores de edad, al igual que los menores, gozan de la presunción de necesitar alimentos, salvo prueba en contrario, es al acreedor alimentista a quien corresponde demostrar que su acreedor no los necesita, bien porque tenga bienes propios o desempeñe algún trabajo, oficio, profesión o comercio. De igual manera analizó, que de conformidad con el artículo 239 del Código Civil establece como obligación del deudor alimentario proporcionar a su acreedor, además de su subsistencia, un oficio, arte o profesión honesta y adecuada a su sexo y circunstancias personales, extendiéndose no solo hasta que haya concluido sus estudios profesionales, sino hasta en tanto se encuentre apto para ejercer legalmente como profesionista, con la obtención de su título y cedula profesional, con lo cual el monto establecido como pensión provisional le permitirá, allegarse de esos recursos para estar apto para desempeñarse laboralmente, superando de esta manera su estado de necesidad alimentaria. Asimismo, tomó en cuenta que el acreedor alimentario confesó tácitamente que ha venido disfrutando de la pensión alimenticia que se le ha descontado a su padre durante todo ese tiempo al manifestar que sigue necesitando la misma, por lo que, a su consideración la ha aprovechado correctamente en el desarrollo de sus estudios. Aunado a lo anterior, determinó que solo de esa manera se pueden atender a cada acreedor sus necesidades alimentarias, repartiendo así equitativamente las mismas; ya que la manera del porcentaje establecido, prevé el monto inflacionario de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, es decir, si el monto del salario del reclamante se incrementa, consecuentemente los ingresos fijados como pensión alimenticia se verán de igualmente incrementados en la proporción decretada; además, consideró que el reclamante debe reservar lo suficiente para su propia subsistencia, para estar en condiciones de seguirlos proporcionando a su vez a sus acreedores alimentarios con el resto de la pensión que le quede una vez descontado aquel porcentaje. Seguidamente, como tercer punto, la ejecutoria de amparo conminó a la autoridad responsable a que los alimentos deben ser proporcionados de manera proporcional a las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, por lo que, debía realizar la ponderación entre uno y otro, y después de razonar, resolver lo conducente, pero precisando por qué el monto que decidió establecer es el que corresponde al caso en concreto; esto es, debía: - Establecer, con base en las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, cuáles son las necesidades del acreedor alimentario, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, y que correspondan a las que se desprendan de las constancias que se allegaron a los autos. - Definir cuáles son las posibilidades económicas del deudor, evidentemente considerando los ingresos que percibe con las actividades que desempeña, además de los gastos propios o manutención, en el caso, que existe otro acreedor alimentario, entre otras circunstancias; en este apartado, señalar las pruebas que soporten su conclusión, si es que existen. - Posteriormente a ello, confrontar (necesidadesposibilidades) y determinar de manera fundada y motivada, si el porcentaje decretado inicialmente resulta proporcional con las necesidades del acreedor y la posibilidad del deudor, o bien, si aun así se justifica la procedencia o improcedencia de la reclamación planteada, debiendo explicarlo fundada y motivadamente; pero sobre todo, para el caso de sostener la procedencia de la regraduación, exponer por qué el citado porcentaje corresponde al que satisfacerá las necesidades que a este momento prevalecen respecto del deudor alimentario. En así, que en principio valoró las necesidades del acreedor alimentario Juan Francisco Hernández Mora, atendiendo a que del acta de nacimiento número 00030 de veintiséis de enero de dos mil uno, expedida por el Encargado del Registro Civil de Carlos A. Carrillo, Veracruz, se aprecia que al momento de la presentación de la demanda, contaba con la edad de tres años, al día de hoy con la edad de veintiún años, alcanzando el estatuto jurídico perfecto de su personalidad, por lo que, de conformidad con los artículos 577 y 578 del Código Civil supuso que puede disponer de su persona y valerse por sí mismo. Aunado a lo anterior, valoró la constancia de veinticuatro de abril de dos mil uno, expedida por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, Asociación Civil, con la que acreditó que en ese momento se encontraba inscrito en el Programa Complementario o Nivelatorio de los estudios de Licenciatura en Enfermería para quienes han concluido previamente los estudios de Preparatoria y Enfermería General, que comprende el periodo de abril de dos mil veintiuno a marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, en relación a las posibilidades económicas del deudor alimentario, tomó en cuenta su manifestación de que cuenta con un total de cinco acreedores alimentarios, su esposa Martha Graciana Ortega Vidal, su hija María Concepción Hernández Ortega, y su menor hijo de iniciales J.F.H.O., él y su hijo Juan Francisco Hernández Mora; así como los recibos de nómina de Industrial Azucarera San Cristóbal, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los que vienen desglosadas sus percepciones y deducciones de manera quincenal, siendo que de las primeras se observa como pago cantidades que van de los mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 79/100 moneda nacional hasta los diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 41/100 moneda nacional y de las segundas advirtió un renglón de descuento por concepto de pensión alimenticia por diferentes cantidades. Asimismo consideró que el reclamante debe atender a su propia manutención, para a su vez estar en condiciones de seguir proporcionando los alimentos a sus acreedores alimentarios; sin que pudiera contar con los estudios socioeconómicos realizados a las partes, para saber la condición real en la que se encuentra él y el conjunto de sus acreedores alimentarios. Seguidamente, hizo una confrontación directa entre las necesidades del acreedor alimentario con las posibilidades del deudor, considerando que se encuentra acreditado que la parte actora Aida Mora Domínguez, tiene un hijo con Francisco Hernández Cruz de nombre Juan Francisco Hernández Mora, quien cuenta con veintiún años, cursó la carretera técnica de Licenciatura en Enfermería General, al día veinticuatro de abril de dos mil uno se encontraba inscrito en el Programa Complementario o Nivelatorio de los estudios de Licenciatura en Enfermería, que comprendió el periodo de abril de dos mil veintiuno a marzo de dos mil veintidós, el cual a la fecha ha concluido, por lo que no se encuentra estudiando; lo que a su vez concatenó con el hecho que al reclamante se le ha seguido realizando el descuento correspondiente vía nómina. Así, determinó que no existía razón para no considerar que Juan Francisco Hernández Mora, se encuentre en condiciones óptimas para hacerse de sus propios recursos al ser mayor de edad y contar con una carrera técnica en Enfermería General y además haber terminado un Programa Complementario o Nivelatorio de los estudios de Licenciatura, pues cuenta con los elementos para conseguir un empleo por sí mismo y cubrir sus propias necesidades alimentarias. No obstante, no pasó por alto que aún se debe atender al hecho de que necesita de los alimentos, pues para poder ejercer la citada carrera técnica, a su vez necesita de la autorización que se traduce en la obtención del título y cédula profesional, máxime que su edad cronológica es aún acorde al grado escolar en el que se encuentra para obtener esa autorización para el ejercicio de su profesión; sin advertir constancia de falta de dedicación para llegar a tales fines por parte del acreedor alimentario. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de veintitrés de junio de dos mil veintidós (fojas 27 a 29), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor trámite, el comunicado 2487/2022 y anexo de cuenta, signado por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en el Estado de Veracruz, con sede en Cosamaloapan, en virtud que en proveído de veintidós pasado, se tuvo a dicha oficiante remitiendo vía electrónica las constancias de mérito y se acordó lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

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