Aída Mercedes Soberanis Villa

Expediente 162/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
162/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Aída Mercedes Soberanis Villa
  • Silvia María del Carmen Zi Chim

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría, en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez, que no obra en autos constancia alguna que acredite que se haya notificado a las autoridades señaladas como responsables la sentencia firmada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que proceda a notificarles la referida sentencia, para todos los efectos legales pertinentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas con diez minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 162/2020-II, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario licenciado Juan Armando Cortes Carabias, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de treinta de enero de dos mil veinte, constancias de notificación realizadas a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa, en acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso, en el cual se puso a la vista de conformidad con el artículo 111, con relación al artículo 17 de la Ley de Amparo, el informe justificado rendido por la apoderada general para pleitos y cobranzas y asuntos judiciales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), en representación de dicho Instituto, autoridad señalada como responsable, a fin de que manifestara si era su voluntad ampliar su demanda, respecto al acto consistente en la contestación emitida por la autoridad responsable a lo solicitado, que obran en los oficios números ISS/SPGF/OS/391/2020, ISS/SPGF/OS/194/2020, ISS/SPGF/OS/369/2020, ISS/SPGF/OS/292/2020 y ISS/SPGF/OS/128/2020 de veintinueve de enero de dos mil veinte, sin que hubiere hecho manifestación alguna. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Por otra parte, toda vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa, en acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso, sin que hubiere hecho manifestación alguna, respecto de la ampliación de la demanda; en tales condiciones, únicamente se tiene como acto reclamado el señalado de manera primigenia. Abierto el período de pruebas la secretaría da cuenta con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo y por las remitidas por la apoderada general para pleitos y cobranzas y asuntos judiciales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), en representación de dicho Instituto, autoridad señalada como responsable, mismas que adjuntó a su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de mérito, para ser consideradas conforme al valor que legalmente merezcan al momento del dictado de la sentencia; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Posteriormente, se abre el período de alegatos en el que la Secretaría informa que las partes no formularon manifestación al respecto; con lo anterior se cierra ese periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 162/2020-II, promovido por Silvia María del Carmen Zi Chim, Guadalupe Elizabeth Ocampo Jiménez, Aida Mercedes Soberanis Villa, Ligia del Carmen Ocampo Jiménez y Sandra Isabel Sánchez Lizama, contra el acto que reclaman del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y otra autoridad, por violación al artículo 8 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el veintinueve de enero del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Silvia María del Carmen Zi Chim, Guadalupe Elizabeth Ocampo Jiménez, Aida Mercedes Soberanis Villa, Ligia del Carmen Ocampo Jiménez y Sandra Isabel Sánchez Lizama, solicitaron el amparo y protección contra actos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de treinta de enero de dos mil veinte, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se realizó al tenor del acta que antecede. Tercero. Acuerdo de vista de ampliación de la demanda. Mediante acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso, se tuvieron por recibidas las documentales remitidas por la apoderada general para pleitos y cobranzas y asuntos judiciales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), en representación de dicho Instituto, autoridad señalada como responsable, mismas que adjuntó a su informe justificado, por lo que se le requirió a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su demanda de amparo respecto al acto consistente en la contestación emitida por la autoridad responsable a lo solicitado, que obran en los oficios números ISS/SPGF/OS/391/2020, ISS/SPGF/OS/194/2020, ISS/SPGF/OS/369/2020, ISS/SPGF/OS/292/2020 y ISS/SPGF/OS/128/2020 de veintinueve de enero de dos mil veinte, sin que hubiera realizado manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, por tanto, este asunto únicamente se resolverá respecto a los actos reclamados de manera primigenia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse un acto omisivo que carece de ejecución, pero que se atribuye a autoridades con residencia en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción este Órgano Constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa, reclama a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, la omisión de dar contestación a sus escritos de diecinueve y veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, los cuales fueron recibidos en la oficialía de partes de las autoridades responsables el diecinueve de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, en su carácter de representante del Gobernador, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, negó el acto reclamado por los quejosos, consistente en la falta de dar respuesta a sus escritos de diecinueve y veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, aduciendo, que si bien es cierto que con fecha diecinueve de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió en la oficialía de partes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, una copia de los escritos de diecinueve y veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve de la parte quejosa, de los mismos se advierte que solo hace de su conocimiento diversos hechos, sin realizar alguna petición al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Por lo tanto, al no haber realizado alguna solicitud la parte quejosa a la autoridad referida, resulta evidente que ésta no debe realizar pronunciamiento alguno al respecto, máxime que tampoco se advierte que dicho escrito hubiese sido presentando y dirigido directamente a la señalada responsable; de ahí que ante la inexistencia del señalado acto omisivo atribuido al Gobernador del Estado, sobre el particular procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable y en la Tesis Jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Tomo XLIII, a foja 181, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYEN Y EL QUEJOSO NO DESVIRTÚA ESTA NEGATIVA PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO". Cuarto. Existencia del acto reclamado. La apoderada general para pleitos y cobranzas y asuntos judiciales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), autoridad responsable en el presente asunto, al rendir su informe justificado refirió que no es cierto el acto reclamado; sin embargo de la lectura del mismo se advierte su certeza, por lo tanto, se tiene por existente el acto reclamado. Quinto. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a las solicitudes realizadas por la parte quejosa en sus escritos de diecinueve y veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, los cuales fueron recibidos en la oficialía de partes de las autoridades responsables el diecinueve de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, respecto de dicho acto omisivo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesados los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Lo anterior es así, porque del análisis de las constancias remitidas por Gina González Dogre, apoderada general para pleitos y cobranzas y asuntos judiciales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), autoridad responsable en el presente asunto, en su informe justificado, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo aplicable, se advierte que mediante diversos oficios de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, se dio contestación a sus escritos de diecinueve y veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en sentido negativo; determinación que se le hizo del conocimiento de la aquí parte quejosa, el trece de febrero del año en curso. En esas condiciones, al haberse dado respuesta a la solicitud realizada por la parte quejosa, el veintinueve de enero de dos mil veinte, y posteriormente hacerlo de su conocimiento hasta el trece de febrero del año en curso; esto último con posterioridad a la presentación de la demanda que lo fue el veintinueve de enero de esta anualidad, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo respecto del acto reclamado, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia aplicable. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Haciéndose la precisión que si bien la contestación dada por la autoridad responsable no fue de manera satisfactoria a la parte quejosa, lo cierto es que este Juzgado le dio vista para que ampliara su demanda respecto de dicha contestación, sin que haya realizado manifestación alguna, por tanto, no se podría analizar más allá de lo solicitado en la demanda de amparo. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo: S e r e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Silvia María del Carmen Zi Chim, Guadalupe Elizabeth Ocampo Jiménez, Aida Mercedes Soberanis Villa, Ligia del Carmen Ocampo Jiménez y Sandra Isabel Sánchez Lizama, contra actos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, por las razones expuestas en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortes Carabias, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte; en consecuencia se reanuda el procedimiento en este asunto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Ahora, dado que la audiencia constitucional estaba señalada para las diez horas con diez minutos del dieciséis de abril de dos mil veinte, periodo en el que se suspendieron las actividades como medida preventiva frente a la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, de conformidad con en el Acuerdo General 4/2020, modificado por diversos Acuerdos Generales, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes, que se fija como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las once horas con diez minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos.

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