Aida Isabel Serra Gallardo
Expediente 604/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Aida Isabel Serra Gallardo
Actuaciones
- Principal
Se notifica poir lista al quejoso Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. En relación a los actos de aplicación de los ordinales 79, fracción II y 79-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contenidos en el recibo oficial con número de referencia 758814806, se devuelvan al quejoso las cantidades realmente erogadas por haber sido beneficiario de subsidio, a las cuales se deberá restar la cantidad fija mínima a pagar por el concepto de inscripción de documento en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la cantidad de $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); y, se le reintegre el excedente. 3. Respecto a la aplicación de los artículos 82, fracción IV y 82-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contenida en el recibo oficial con número de referencia 758814810, se devuelvan al quejoso las cantidades realmente erogadas por haber sido beneficiario de subsidio, a las cuales se deberá restar la cantidad fija mínima a pagar por el concepto de inscripción de documento en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la cantidad de $71.00 (setenta y un pesos 00/100 moneda nacional) por hoja; y, se le reintegre el excedente. 4. Igualmente, se pongan a disposición de la parte quejosa las cantidades erogadas, respecto a lo que cubrió por los conceptos de: "fomento a la educación y a la seguridad" e "impuesto adicional", dado que dichos cobros fueron determinados como consecuencia directa e inmediata de la aplicación de los mencionados numerales 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, normas que, como ya se dijo, son contrarias al artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Impugnación. Inconforme con la sentencia, las autoridades responsables Gobernador y Congreso Constitucional del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, la cual modificó para quedar como sigue: "PRIMERO. En la materia de la revisión, SE MODIFICA la sentencia emitida el once de diciembre de dos mil diecisiete, por la Juez Primero de Distrito en la Laguna, en el juicio de amparo indirecto 1391/2017. SEGUNDO. SE SOBRESEE respecto a los artículos 79-B, 79-E, 79-H, fracciones II, IV, VI, VII y IX, 82-B, 82-C, fracción V, 84, fracciones I, II, III, IV y V, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, respecto al quejoso JORGE EDUARDO LOZANO DÍAZ FLORES, por los motivos asentados en el considerando noveno de esta resolución. TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JORGE EDUARDO LOZANO DÍAZ FLORES, en contra de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. CUARTO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a JORGE EDUARDO LOZANO DÍAZ FLORES, en contra de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición promulgación y publicación de los artículos 79-A, 82-A, 184, 185, 186, 187 y Tercero Transitorio, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. (.)" Tan pronto fue recibida la citada ejecutoria, el once de abril de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento respectivo para los efectos: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 79-A, 82-A, 81, fracción I, 184, 185, 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y no se aplique en lo presente y futuro. 2. Se deje insubsistente el cobro de derechos por servicios registrales, comprendidos en los recibos de pago 758814810 y 758814806, mismos que deberán ser conforme a las cuotas que establecen los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, es decir, por el monto de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) por registro de compraventa de inmueble y apertura de crédito, cada uno. 3. Hecho lo anterior, proceda a devolver la diferencia de los pagos realizados por la parte quejosa, al utilizar los servicios del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad; asimismo, la diferencia respecto del pago de las contribuciones que constan en los precisados recibos, correspondientes a los conceptos de los rubros de "FOMENTO A LA EDUCACIÓN y SEGURIDAD" e "IMPUESTO ADICIONAL". 4. Las cantidades a devolver deberán ser debidamente actualizadas.". Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad recaudadora desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales (foja 314); además, mediante oficio AGJ/3889/2019, en los puntos resolutivos señala que no procedía la devolución al quejoso, dejando insubsistente la cuantificación y cobro de derechos registrales amparados en los recibos electrónico de pago con números de folio 758814810 y 758814806, así como los impuestos para el Fomento a la Educación y Seguridad Pública e Impuesto Adicional (foja 308 a 310). Vista con cumplimiento. Con dicha constancia remitida, por proveído de diez de mayo del año en curso, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y dejó insubsistente la cuantificación y cobro de derechos registrales amparados en los recibos electrónico de pago con números de folio 758814810 y 758814806, así como los impuestos para el Fomento a la Educación y Seguridad Pública e Impuesto Adicional. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".
- Principal
Se notifica por lista a la promovente Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por Aida Isabel Serra Gallardo, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad. Registro. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 604/2019-IA, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, estima carecer de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 33, 34, 47 y 170 fracción I, todos de la Ley de Amparo, por lo que, declina la competencia en favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad; lo anterior, en virtud de que la resolución que por esta vía constitucional se pretende combatir, resulta ser una resolución que pone fin al juicio natural y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo. Lo anterior, con fundamento en el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:--- (.)--- V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:--- (.)--- c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.---En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y--- (.)". Por su parte, los artículos 33, 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo señalan: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo:--- I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación;--- II. Los Tribunales Colegiados de Circuito;--- III. Los Tribunales Unitarios de Circuito;--- IV. Los Juzgados de Distrito; y--- V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judicial de los Estados y del Distrito Federal en los casos previstos por esta Ley.--- Artículo 34. Los tribunales colegiado de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo (.)--- Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda (.)--- Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:--- I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.--- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido (.)--- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones que puedan ser modificados o revocados, salvo en caso en que la ley permita la renuncia de los recursos (.)" Lo expuesto en párrafos precedentes, pone de manifiesto que los supuestos de procedencia del amparo directo, son únicamente tres: a) Sentencias definitivas. b) Laudos. c) Resoluciones que ponen fin al juicio. En lo que aquí interesa, las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, resultando oportuno recordar que conforme al principio de definitividad para efectos de la promoción del juicio de amparo, ya sea directo o indirecto, deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio constitucional. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución emitida en el recurso de reclamación de cinco de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 131/19-05-02-7, del índice administrativo de la Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad, mediante la cual determinó confirmar el auto que desechó la demanda de nulidad dictado el treinta de enero del año en curso. La resolución de cinco de abril de dos mil diecinueve, constituye el acto reclamado en el presente juicio, por lo que es incuestionable que nos encontramos en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo directo que prevé la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo, en tanto que lo resuelto en aquella implica que haya quedado firme el auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, en el cual se determinó desechar la demanda de nulidad promovida por la hoy quejosa. Por consiguiente, dada la especial naturaleza y los efectos que produce dicha determinación, podemos concluir que es de aquéllas que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, dan por terminado el juicio natural; de manera que, resulta indiscutible que en su contra procede el juicio de amparo directo. Resultan aplicables al caso por analogía y en con conducente los siguientes criterios: "DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCION QUE LO CONFIRMA. La resolución de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación que confirma el auto que desecha una demanda es de aquéllas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda, dan por terminado el juicio relativo. Por tal motivo, su reclamación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como 44 y 158 de la ley citada, de acuerdo con sus textos reformados vigentes a partir del 15 de enero de 1988, y no en amparo indirecto como procedía antes de las referidas reformas. Esto es así, porque, para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, pues independientemente de las concepciones doctrinarias del concepto genérico de juicio, éste debe entenderse atendiendo a la intención de las reformas constitucionales y legales citadas. Cuando no se requieren pruebas no allegadas a la responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal proveniente de tribunales administrativos, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un período probatorio, sino la de un juicio constitucional que normalmente se tramita en una sola instancia y que no requiere de la celebración de una audiencia con términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Lo anterior, por motivos de economía procesal. En el caso de la resolución que confirma el desechamiento de la demanda, los elementos para juzgar si ésta estaba o no en condiciones de ser admitida, ya debieron ser aportados ante la autoridad de primera instancia o ante la responsable." (Jurisprudencia 2a./J. 5/91, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Noviembre de 1991. Materia(s): Administrativa. Registro 206445. Página: 47). "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." (Jurisprudencia 1a./J. 51/2004, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Agosto de 2004. Materia Común. Registro 180958. Página. 21). "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, visible en la página 95, Materia Común, registro 2008791). En las relatadas condiciones, este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Aida Isabel Serra Gallardo, por lo motivos expuestos con antelación, y por tanto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el escrito original de demanda, así como las cuatro copias de la misma, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que se provea lo conducente en relación a la incompetencia declinada por este órgano jurisdiccional. Se solicita a la Superioridad que corresponda conocer del presente asunto que, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados que menciona, toda vez que tienen inscrita su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a la parte promovente no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágasele ver que con independencia de que manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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