Aida Flores Cortes
Expediente 204/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Aida Flores Cortes
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mismo que fue recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); acusa recibo de los autos del juicio de amparo 204/2022 de nuestra estadística, promovido por ************por propio derecho; asimismo, informa que esa superioridad aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del juicio de amparo al rubro citado, registrándolo bajo el número amparo directo civil 147/2022. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente como asunto total y definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: Conforme a lo estipulado por el artículo 20, fracción I, inciso c), del citado acuerdo, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, el cuadernillo en que se actúa será DESTRUIDO; toda vez que no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de marzo de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que obre como corresponda, la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunal Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, de la cual se advierte que la competencia planeada por este órgano jurisdiccional, derivada de la demanda de amparo promovida por Aida Flores Cortes, fue turnada al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad. Delo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Aida Flores Cortes, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. REGISTRO. Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 204/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). INCOMPETENCIA. En principio, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa; además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Conviene citar por las razones que conforman la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, este órgano jurisdiccional determina que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Lo anterior en razón que, de la demanda se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO:- La Sentencia dictada en el Toca Civil número 350/2021, de fecha veintiocho de enero del año dos mil veintidós, misma por medio de la cual confirmo el auto de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, emitida por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, en el expediente número 1/999, relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio, promovido por la hoy quejosa AIDA FLORES CORTES, en contra de las hoy terceros perjudicadas FABIOLA Y ELSA DE APELLIDOS HERNANDEZ SANCHEZ, Así como también diversas violaciones a las leyes del procedimiento y todas las consecuencias que de hecho y por derecho se origen de la misma." Al respecto, los artículos 47, 170 fracción I y 171 de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos legales transcritos se desprende que cuando se trata de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales laborales, administrativos, agrarios o judiciales, procede el juicio de amparo ante el tribunal colegiado de circuito competente. Asimismo, es importante destacar que en el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 170 de la ley de la materia, se define a las "sentencias definitivas", de la siguiente manera: "...Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal"; y en relación a las "resoluciones que pongan fin al juicio", establece que son: "las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido". Bajo esa óptica, el acto que ahora se combate es la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 350/2021, en el cual Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, confirmó el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero en el juicio ordinario civil reivindicatorio 1/999, en el cual dicho órgano jurisdiccional declaró la caducidad de la instancia en el juicio mencionado. De lo anterior se colige que contra la determinación que por esta vía se pretende reclamar, procede el amparo directo, dado que es una resolución que pone fin al juicio de origen, que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido. En ese sentido, debido a que el acto reclamado se trata de una resolución que pone fin al juicio de origen, que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, se encuentra dentro de los supuestos del artículo 170 de la ley de la materia, es procedente impugnarla a través del amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expuesta en la Jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 185437, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 236 de rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones con apoyo en dicho precepto y en los numerales 107, fracción V, inciso c), Constitucional, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, determina que carece de competencia legal para conocer la demanda. En consecuencia, remítase la presente demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, previa anotación correspondiente en el libro de gobierno, para que la remita al Tribunal Colegiado, en turno, con sede en sede ciudad, el cual se estima es competente para conocer del asunto, para que determine lo que corresponda, en términos del artículo 179 de la Ley de Amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Oscar Luis Torreblanca Zamudio, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
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