Aida Elba Santiago Pedrero
Expediente 822/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Aida Elba Santiago Pedrero
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********del Juez Tercero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********** contra actos del Juez Tercero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial. Aspectos Generales. ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 822/2022-VI-1. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta, completa e imparcial que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Precisión del acto reclamado. Al analizar la demanda de amparo presentada por la quejosa Aída Elba Santiago Pedrero, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que señala como acto reclamado el siguiente: ? El auto de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1209/2008, relativo a la Sucesión Intestamentaria a bienes del extinto Óscar Cándido Castillo Santiago del índice del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. Desechamiento de demanda. ???????? Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso en primer término se actualiza la causal de improcedencia establecida en el articulo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en razón de que la quejosa es parte formal y material en el juicio de origen, por lo que estaba obligada a agotar el principio de definitividad. A lo que el artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Dicho principio procesal del juicio de amparo, deriva del contenido de la fracción III del artículo 107 constitucional, mismo que textualmente dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni ??????? el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o 99 estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c). Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio." El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior obedece a que el juicio de amparo es, de suyo, un medio de defensa extraordinario, de tal manera que los recursos ordinarios se constituyen en una especie de filtro, cuyo objetivo es impedir el abuso del juicio de derechos fundamentales, ya que a través de la sustanciación de los recursos o medios de impugnación ordinarios pueden darse por terminados conflictos o litigios que, dada su naturaleza, no tienen razón de ser del conocimiento de los tribunales federales de amparo. Para que se actualice la causal de improcedencia antes aludida, es necesario que concurran los requisitos siguientes: a) Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Excepciones: c) Que la parte quejosa no sea una persona extraña al juicio de origen. d) Que no se trate de actos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. e) Que no se trate de un acto reclamado consistente en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación, resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca requisitos para su disfrute. ?? En el caso a estudio, se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas supracitadas, para que se actualice la causal de improcedencia que se invoca. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos -que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- y toda vez que el acto de reclamo se trata del auto de ocho de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 1209/2008 del índice del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que contra el acto reclamado procede el recurso de reconsideración. Para sustentar tal aserto conviene trascribir los artículos 342 y 347, en relación con el artículo 343 y 352, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, que establecen: "ARTÍCULO 342.- Recursos Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I.- Reconsideración; II.- Apelación; y III.- Queja. ARTÍCULO 343.- Legitimación para impugnar Podrán impugnar: El litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al proceso y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. (.) ARTÍCULO 347.- Procedencia En ningún caso las sentencias podrán ser sujetas al recurso de reconsideración. Los autos que no fueren apelables y los decretos podrán ser impugnados a través del recurso de reconsideración, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles." ARTÍCULO 352.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y III.- Las resoluciones que dicten los jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 185. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en los juicios de la competencia de los juzgados de paz, con excepción de las que se dicten en los juicios del registro extemporáneo de actas del estado civil, en los términos previstos en el artículo 481 Bis 2 de este Código." En efecto, los normativos transcritos establecen los medios ordinarios de defensa que tienen las partes en el procedimiento, tales como el recurso de reconsideración, apelación y queja; que sólo quienes sean parte en el procedimiento y a quienes perjudique la resolución judicial (ya sea a las partes en sentido formal y material o terceros que surjan en el proceso) están legitimados para impugnar las resoluciones jurisdiccionales dictadas en el mismo; asimismo, establece contra que determinaciones procede el recurso de reconsideración, entre las que se encuentran los autos y decretos que no fueren apelables. Ahora, para determinar qué resoluciones son apelables y por exclusión cuáles son reconsiderables, el artículo 352 del código adjetivo en cita, establece que las resoluciones apelables son las sentencias dictadas en toda clase de juicios, excepto aquéllas que la ley declare expresamente que no son apelables; los autos que ?? expresamente disponga dicha codificación y las resoluciones que dicten los jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 185. En tal virtud, del análisis de dichos preceptos normativos, y tomando en cuenta que el acto reclamado en esta vía constitucional no se ubica en ninguno de los supuestos que establece el artículo 352 citado, como de aquellas resoluciones apelables, por exclusión se concluye que el recurso que procede en contra del mismo es el de reconsideración. En este punto, cabe precisar que la improcedencia del juicio intentado es evidente, toda vez que así lo manifestado la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, y en ese sentido se considera suficientemente acreditado el requisito que ve al carácter manifiesto de la causa de improcedencia. Ahora, en el caso la parte quejosa, quien comparece al presente juicio por su propio derecho, reclama sustancialmente el auto de ocho de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 1209/2008 del índice del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, en el que se requiere a los herederos para que brinden las facilidades a la perito valuador en los bienes que conforman la masa hereditaria del de cujus. De lo anterior, se arriba a la conclusión que contra el auto combatido en este juicio biinstancial, conforme a la legislación aplicable al caso, admite un recurso ordinario, lo que implica desde luego que para combatirlo no puede acudirse directamente al juicio constitucional, sin antes agotar tal proceso de composición. Ello es así, pues el aludido auto no se ubica en el catálogo de las resoluciones impugnables a través del recurso de apelación, por exclusión dicho auto puede ser revocado o modificado a través del medio de defensa ordinario previsto en el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, esto es, el recurso de reconsideración. De lo que se sigue, que la amparista debió agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de reconsideración antes de acudir a la instancia constitucional, porque no se actualiza para la procedencia del juicio de amparo indirecto intentado ninguno de los supuestos de excepción. De tal forma que la inconformidad de la quejosa con dicha determinación pudo hacerla valer de manera inmediata mediante el medio ordinario de defensa, a través del cual tratara de obtener la modificación del auto que tilda de inconstitucional. Por lo antes expuesto, al poder obtenerse la revocación, modificación o nulificación de tal determinación, pues durante la tramitación del juicio en lo natural, existe la posibilidad de impugnarla a través del recurso de reconsideración y por las diversas excepciones y defensas que plantee, para poder obtener, como se dijo en líneas precedentes, la modificación o revocación de tal determinación, emitida en los autos del procedimiento de origen. Ahora, de la interpretación que se realiza del artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad ???? federativa, se arriba a la conclusión que el recurso de reconsideración en el juicio natural satisface los requisitos, para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular el acuerdo emitido dentro del juicio de origen, generador del acto reclamado; entonces, si la promovente del presente sumario es parte en el juicio de origen está constreñida u obligada a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad responsable; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia responsable mediante la tramitación del recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por tanto, en contra del acuerdo reclamado por la impetrante es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra del mismo tendrá que agotar el recurso establecido en el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese orden de ideas si en la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable. Lo que se actualiza en el caso concreto pues del Código de Procedimientos Civiles del Estado de -VI-1 ??A???????????? Tabasco, se observa que el recurso de reconsideración se tramita de forma inmediata, resulta idóneo, eficaz y se resuelve en un tiempo razonable. Es así pues el código de referencia dispone lo siguiente: "Artículo 348. Substanciación. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: "I.- El recurso deberá hacerse valer dentro de los tres días siguientes al en que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; "II.- El recurso deberá interponerse mediante escrito que deberá contener la expresión de los agravios; "III.- No se concederá período de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al interponerla; y "IV.- La reconsideración no suspenderá el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el plazo de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible. "Artículo 349. Procedencia en segunda instancia. Procederá el recurso de reconsideración en contra de los decretos y autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, siendo aplicables a su tramitación las mismas reglas que se establecen en el artículo anterior. Como se observa, el recurso de reconsideración se debe interponer ante la autoridad judicial dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar. Una vez que la autoridad tiene por interpuesto el recurso ordena dar vista a la parte contraria por un término igual de tres días. Es decir, el recurso de reconsideración se tramita de forma inmediata pues el plazo para interponerlo es de tres días posteriores a que surta efectos la notificación del auto que se impugna. Asimismo, el recurso es eficaz pues de resultar procedente tendría el alcance de dejar sin efecto el acuerdo que se impugna. Ahora bien, el recurso de reconsideración se resuelve en un tiempo razonable pues una vez interpuesto se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el plazo de tres días. De ahí que se pueda concluir que si la parte quejosa no interpuso el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual se puedan revocar el acto que se reclama -previo a acudir al presente juicio-, no obstante su vinculación al juicio de origen, es palmario que no se cumplió con el principio de definitividad; por lo que es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo; y, por ende, se desecha la demanda de amparo. En el caso particular, cobra aplicación la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, correspondiente a la novena época; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, febrero de 2006, página: 1665, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un ? recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos1 a persona que señala en su escrito, en razón a que por el momento no hay constancia que la acredite como licenciada en derecho o abogada y no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 1 En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado. Se exhorta al trámite electrónico
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