Aída Domínguez Martínez
Expediente 647/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 31 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 23/12/2021
Partes del expediente
- Aída Domínguez Martínez
- Aída Domínguez Martínez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado actual que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: La resolución de seis de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca penal 40-A-2P01/2020-JA, que declaró nula parcialmente la audiencia de juicio oral de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 47/2018, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres del Distrito Judicial de Villaflores, que consideró a Liliana Hernández Gómez y otros, penalmente responsable del delito de secuestro agravado, cometido en agravio del menor de edad de identidad reservada y, su ejecución por el Juez de la causa. La protección constitucional se concedió para que la Sala responsable realizara lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada emitida el seis de noviembre de dos mil veinte en el toca penal 40-A-2P01/2020-JA. Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en el sentido que sea, pero dejando de considerar la necesidad de declarar nula parcialmente la audiencia de juicio oral de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 47/2018, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres, del Distrito Judicial de Villaflores, ante la omisión de exhortar al menor de identidad reservada con iniciales D.A.N.D., de conducirse con verdad, como lo establece el artículo 49, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicha omisión, atendiendo al interés superior del menor, no invalida esa actuación y en cambio someterlo nuevamente a cuestionamientos, pudiera repercutir en aspectos emocionales y psicológicos; pues solo así se restituirá a la parte quejosa en el goce de los derechos individuales vulnerados. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01 del Poder Judicial del Estado, en esta ciudad, mediante oficio 422-A-2P01/2021-JA de uno de septiembre del año en curso, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, en el toca penal 40-A-2P01/2020-JA. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, la Sala responsable en la nueva resolución en cumplimiento al inciso a) dejó insubsistente la resolución de seis de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca penal 40-A-2P01/2020-JA. Asimismo, en cumplimiento al inciso b), con plenitud de jurisdicción y siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo modificó la sentencia definitiva, dictada en la audiencia de juicio oral iniciada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, culminando el once de diciembre de la misma anualidad, en la causa penal 47/2018, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres de Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, consistiendo dicha modificación en que impuso a los Liliana Hernández Gómez, Gloria Pérez Hernández, Yovany Alexis Argueta Coreas y Merlín Noel Medina, la pena de cincuenta años de prisión y una multa de cuatro mil días por unidad de medida y actualización a razón de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos. Decisión. Por lo tanto, del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos; y por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Tonatiuh Salazar Herrera, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4766/2021 de la misma fecha, signado por la Secretaria Técnica de la citada Comisión; asistido de Ricardo Coutiño Gordillo, Secretario de juzgado, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas)RCG
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que fueron concedidas las medidas cautelares. Archivo y depuración. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Igualmente, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Asimismo, se estima que este expediente no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Tonatiuh Salazar Herrera, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicado mediante oficio CCJ/ST/4766/2021 de la misma fecha, signado por la Secretaria Técnica de la citada Comisión; asistido de Ricardo Coutiño Gordillo, Secretario de juzgado, quien da fe y además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas)
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, por medio del cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Estado procesal. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley, del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Acuerdo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el contenido de este proveído, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación de este auto, manifieste lo que a su interés convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Promoción. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, con residencia en Villaflores, Chiapas, mediante el cual acusa recibo del diverso 2282, con el que se devolvió las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Acuerdo. Atento a lo anterior, este Juzgado toma nota de lo informado para los efectos legales correspondientes. Estado procesal. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres, del Distrito Judicial de Villaflores, no ha informado el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada por este juzgado. Requerimiento urgente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193, 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copias certificadas, de las actuaciones relativas al cumplimiento de la sentencia constitucional. Apercibimiento con multa. En caso de que la autoridad responsable, sea omisa al respecto, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la autoridad una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $ 16,120.00 (dieciséis mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional); asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente del Vigésimo Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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