Aida Aracely Rodríguez Silva

Expediente 346/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
346/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Aida Aracely Rodríguez Silva

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 1.1 Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 1.2. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 1.3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por *******************, en su carácter de albacea de la sucesión de *************************, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de once de abril del año en curso. 1.1 Personalidad. Personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada de la escritura pública número ciento veintidós, de nueve de marzo de dos mil veintidós, que contiene el acta de Protocolización del Procedimiento Sucesorio Intestamentario a bienes de ********************, pasada ante la fe de la Notaria Pública número 19, con ejercicio notarial en el Distrito de Río Grande. 2. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 2.1 Caso concreto. La parte quejosa reprocha el auto de auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Cuarto Tribunal Distrital en esta ciudad, dentro del toca civil 6/2023, en el cual determinó tener por no interpuesto el recurso de apelación intentado por la propia quejosa, en contra del proveído diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 544/2022, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande. 2.2 Improcedencia manifiesta de la demanda de amparo. Este órgano jurisdiccional considera que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, porque respecto del acto reclamado, de acuerdo a lo expresado por la promovente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que no agotó el principio de definitividad. 2.3 Definitividad. La causal invocada recoge el principio de definitividad, que constituye una de las reglas fundamentales del juicio de amparo, consistente en la obligación de agotar, siempre que no se esté en alguno de los casos de excepción, los recursos o medios ordinarios de defensa que prevé la ley del acto con el objeto de modificar, revocar o anular la resolución reclamada, previo a acudir a esta vía constitucional. Conviene precisar que para que se surta la referida causa de improcedencia es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: i) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial o del trabajo; ii) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, por medio del cual, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; iii) El recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y iv) No se actualice una de las excepciones al principio de definitividad establecidas en el propio precepto, como es el caso de los terceros extraños a juicio; cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea o cuando el recurso o medio de defensa se preste a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla En esa tesitura, con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, incluso en aquellos casos que los actos reprochados sean de imposible reparación y esté involucrado un menor de edad. Son aplicables a lo anterior las jurisprudencias 11/2018 y 113/2013, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Primera Sala del Alto Tribunal, respectivamente. En el caso, se estiman satisfechos todos los requisitos descritos para la actualización de la causal de improcedencia, en virtud de que el acto reclamado proviene de una autoridad judicial y la legislación que rige el acto reclamado, como es el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en su artículo 861, establece de forma clara la procedencia del recurso de recurso de reconsideración, por virtud del cual el acto reclamado puede impugnarse. Es así, dado que en dicho numeral señala en su párrafo tercero que el recurso de reconsideración es procedente contra los autos y decretos que se dicten en el trámite de segunda instancia, aún aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, pueden ser reconsiderados por el Magistrado del Tribunal Unitario o por el Presidente del Pleno o de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, según corresponda. Bajo esa premisa, es evidente que contra el acto aquí reclamado procede el recurso de reconsideración, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, mismo que debió agotar la quejosa antes de acudir al juicio de amparo. Además, la solicitante de amparo no es tercera extraña al juicio de origen, pues es parte demandada, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea y el recurso o medio de defensa no se presta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, por lo que no se encuentra en ningún motivo de excepción. 2.4 Criterio legal exactamente aplicable. Es exactamente aplicable la Jurisprudencia VIII.A.C.J/2 (9a), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito. 3. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes mencionados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. 4. Número telefónico y correo electrónico. Se tiene a la parte promovente señalando como número telefónico y correos electrónicos los que menciona en su escrito de cuenta, en el entendido de que se establecerán para comunicaciones no procesales. 5. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

  3. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve ...quien se ostenta albacea de la sucesión de ... contra actos del Magistrado del Cuarto Tribunal Distrital en el Estado, con sede en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 346/2023, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 4. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente respecto a su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracciones II y III, en relación con el diverso 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo...

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