Aida Araceli González Villegas

Expediente 253/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
253/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Aida Araceli González Villegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    , NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el trece de febrero del año en curso, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de catorce de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el veinte siguiente, surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del veinticuatro al veintiséis de febrero del año en curso, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, por sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se determinó conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes, por ejecutoria de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, determinaron desechar el recurso de revisión de mérito; y, por tanto la concesión de amparo fue para los efectos siguientes: ".es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el dispositivo 77 de la Ley de Amparo. Por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $16,441.84 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 84/100 moneda nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, se deberá restar el cobro que se realizó por el concepto de cancelación de inscripción por el monto de $152.00 pesos que se indicó en el formato de pago (foja 58), toda vez que la parte accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, cantidades que se establecieron en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 22, en sus fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. En la inteligencia de que las cuotas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comentan, son aplicable porque están referidas a la inscripción de documento público o privado, así como de inscripción de préstamo hipotecario, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el arábigo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el ente responsable denominado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: No aplicar a la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley y que las autoridades responsables vigilaran que no se aplicaran al promovente del amparo, en el presente ni en el futuro, tales numerales legales; y, Devolverle el remanente que excediera de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), relativo a las cuotas fijas mínimas por los actos de inscripción que realizó, respecto de la cantidad de $16,441.84 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 84/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público, préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; cantidad que debía ser actualizada. Luego, la autoridad responsable, informó a este Juzgado Federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, a saber, comunicó que el doce de febrero de dos mil veinte, devolvió a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica SPEI, la cantidad de $16,083.21 (dieciséis mil ochenta y tres pesos 21/100 moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados. Por tanto, se procede a analizar si con la cantidad devuelta la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector emitido en autos. Entonces, se tiene que al monto de $16,441.84 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 84/100 moneda nacional), se le resta las cuotas mínimas a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por los actos registrales realizados por la parte quejosa, así como la diversa cantidad de $152.00 (ciento cincuenta y dos pesos 00/100, moneda nacional) por el concepto de cancelación de inscripción, dando como resultado la cantidad de $15,640.80 (quince mil seiscientos cuarenta pesos 80/100 moneda nacional), la cual debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve y el doce de febrero del año en curso, se efectuó la devolución mediante transferencia a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de enero de dos mil diecinueve a febrero del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de enero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril del año en curso fue 103.02; y, para el mes de septiembre del año en curso 105.934. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0282 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $16,083.10 (dieciséis mil ochenta y tres pesos 10/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $442.21 (cuatrocientos cuarenta y dos pesos 21/100, moneda nacional). En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $16,083.10 (dieciséis mil ochenta y tres pesos 10/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso b) del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio certificado de la ejecutoria de cinco de diciembre del año en curso, emitida dentro del amparo en revisión 254/2019 del índice del citado Tribunal, así como los autos originales del juicio de amparo 253/2019 en un tomo; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que desechó el recurso de revisión interpuesto por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia y queda firme la sentencia impugnada, misma que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, en contra de los actos reclamados al Congreso del Estado de Nayarit y otras autoridades; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. Ahora bien, en atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. En el entendido de que dicho cumplimiento deberá efectuarse debidamente actualizado conforme al ordinal 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo; asimismo, la autoridad debe allegar las operaciones aritméticas que realice para obtener la actualización de la cantidad a devolver. Asimismo, con sustento en el precepto 192, párrafo tercero de legislación de la materia, y del artículo 33, fracción LI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas de la citada dependencia, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los dispositivos 193 y 258 de la Legislación invocada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Finalmente, agréguese al presente expediente, el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la admisión del recurso de revisión. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de las actuaciones del sumario constitucional en que se actúa 1294/2018, se advierte que el presente juicio, se encuentra debidamente integrado y como está ordenado en proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, remítase el mismo, junto con el original y copia simple del escrito de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Cúmplase.

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el escrito de cuenta, presentado a nombre de la quejosa ** a través del cual desiste de la prueba testimonial que ofertó; además, solicita se celebre la audiencia constitucional y se dicte la sentencia en este juicio; sin embargo, de la firma que contiene el ocurso de cuenta, se advierte que difiere de los rasgos caligráficos que obran en el líbelo de demanda (foja 7); consecuentemente, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa, para que en el momento en que se le practique la notificación de este auto, o bien, dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos las misma, comparezca ante la presencia judicial y ratifique el escrito de cuenta, es decir, si reconoce como suya la firma antedicha. Apercibida que de no hacerlo, en el plazo indicado, o bien, de no manifestar el impedimento legal que tuviera para ello, no se le tendrá por presentado el escrito de mérito. Apoya a lo anterior, por las razones que expone, la Tesis Aislada II.2o.P.8 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 1115, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: **

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