Ahome Blue Crap

Expediente 777/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
777/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Ahome Blue Crap

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, once de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el testimonio remitido vía electrónica por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, dictado en sesión ordinaria virtual de veinte de abril de dos mil veintiuno, en el conflicto competencial 188/2021, de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el citado tribunal determinó lo siguiente: PRIMERO. Es legalmente competente para conocer del trámite, resolución y, en su caso, cumplimiento, del juicio de amparo origen del presente asunto, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en términos de las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. SEGUNDO. Se ordena enviar el juicio de amparo indirecto 777/2020 ?antes 116/2020?, al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, para que continúe con la tramitación correspondiente. TERCERO. Comuníquese esta resolución al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el toca. [.]." Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Debido a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Asimismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados Por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un expediente en el que se declinó la competencia planteada, y a juicio del suscrito carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General invocado; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 del citado Acuerdo General. Finalmente, atento lo ordenado en el primer y segundo párrafo del artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese; y en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio enviado vía juicio en línea por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el medio acusa recibo de los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 213/2019, así como del escrito original y copia de expresión de agravios interpuesto por la parte quejosa e informa que lo admitió a trámite y lo registró con el número de toca incidente en revisión 254/20201 de su índice; de lo que este Juzgado toma conocimiento. Por otra parte, como lo solicita la Superioridad, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa el contenido del ocurso que se provee y sin ulterior acuerdo, una vez que se cuente con las constancias de notificación respectivas, remítanse a dicho Tribunal Colegiado, para los efectos legales procedentes. Finalmente, infórmese a la superioridad que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado al mismo todas y cada una de las promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico a efecto de que realice lo movimientos informáticos necesarios para tal efecto y se pueda vincular este asunto con el amparo en revisión de que se trata y el órgano colegiado revisor tenga acceso a la consulta vía remota. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, ocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que no obra agregada la constancia de notificación personal del proveído de doce de marzo del año en curso, por el que se dio vista a la parte quejosa con el dictamen del perito oficial en materia de topografía respecto a la prueba pericial ofrecida en autos, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ordénese la notificación del acuerdo mencionado en el entendido que deberá correrse traslado a la parte quejosa con el referido dictamen a fin de que manifieste lo que a su derecho corresponda Con el objeto de no violar las reglas esenciales del procedimiento y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las diez horas con veintiséis minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que por medio de la Circular SECNO/6/2021 de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se continúa con el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, y que de conformidad con los artículos 2 fracción V y 13 del Acuerdo General de referencia, en el presente juicio de amparo es posible atender la promoción recibida vía juicio en línea, en razón de su contenido, en consecuencia, se provee: Vista la certificación de cuenta, agréguese a los autos el oficio remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, mediante el cual informa el contenido del proveído de veinte de enero del año en curso, por el que informa que se avocó al conocimiento del conflicto competencial planteado por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Sinaloa, registrándolo con el número 3/2021 de su índice. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y sobre el particular, con apoyo en el artículo 48, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se estima necesario comunicar a la Superioridad, las consideraciones adoptadas por este órgano jurisdiccional, para el trámite de los asuntos recibidos con motivo del Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, debe mencionarse que el referido Acuerdo General estableció que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, conocen del trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De ahí que, con posterioridad a su publicación, diversos órganos jurisdiccionales de toda la República, comenzaron a remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Auxiliares en mención, aquellos juicios de amparo que, a su consideración, se ubican en las hipótesis descritas en el referido Acuerdo General; por lo que, conforme se realizó el turno correspondiente de dichos asuntos, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de los mismos, para lo cual, únicamente se consideró que los actos reclamados estuviesen relacionados con artículos que hicieran mención expresa sobre la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, con independencia de que también se señalaran diversos preceptos en materia fiscal, no relacionados con dicho tema o bien, con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, o bien, con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sin embargo, ante las interrogantes que surgieron con motivo de la aplicación del Acuerdo General en comento, en sesiones celebradas el diecisiete de marzo y diez de agosto del año en curso, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó los puntos de acuerdo 28/2020 y 61/2020, respectivamente, en los cuáles determinó esencialmente que los órganos jurisdiccionales auxiliares antes indicados, solo pueden conocer de la temática siguiente: 1. Los artículos 17-H Bis, fracción III; 26, fracción X, inciso g); 32-D, fracción VII; 69, fracción IX, 69-B Ter, segundo párrafo; 83, fracción XVIII; y 89, fracción IV; o alguna otra disposición normativa relacionada con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 2. Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado el veintitrés de abril de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, así como cualquier disposición relacionada con el esquema de austeridad republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana. Ello es así, puesto que se consideró que la finalidad del Acuerdo General 2/2020, es prevenir una posible presentación masiva de demandas de amparo indirecto que provocara un aumento considerable en las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales, en detrimento del derecho a recibir una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional. Por lo que se ordenó la concentración de los asuntos en los que se controvirtiera la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados, así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de austeridad republicana. Posteriormente, debido a que algunos Juzgados de Distrito estimaron que correspondía conocer a este órgano jurisdiccional de aquellas demandas en las que se reclamara el mecanismo denominado "esquemas reportables" regulado, entre otros, por los artículos 17-H y 17 -H Bis, así como el 82-A, 82 -B y subsecuentes, todos del Código Fiscal de la Federación, que establecen las sanciones para el caso de incumplimientos a las obligaciones fiscales impuestos en dichos esquemas reportables; y, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional formuló consulta para conocer si este Juzgado de Distrito, cuenta con competencia para tramitar y resolver tales asuntos. En respuesta a lo anterior, mediante oficio SECNO/1203/2020, de veintiséis de agosto último, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, reiteró los temas de los que pueden conocer los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y puntualizó que, si bien el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, abarca los artículos 17-H y 17-H Bis, así como el 82-A, 82-B y subsecuentes, todos del Código Fiscal de la Federación, que establecen sanciones para el caso de incumplimiento a las obligaciones fiscales vinculadas a los "esquemas reportables", lo cierto es que éstos no forman parte de la temática regulada. De igual forma, indicó que no se pasó por alto que dentro de las fracciones del artículo 17-H Bis existen supuestos relacionados con la emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, puesto que el reclamo debe encaminarse a los temas definidos, debiendo impugnar la fracción III del referido numeral o algún otro precepto relacionado con la emisión de comprobantes fiscales referentes a operaciones inexistentes, falsas o actos simulados. Así, conforme a los razonamientos señalados, este órgano jurisdiccional estableció una línea de trabajo, respecto de aquellos asuntos en los que se reclamaran porciones normativas distintas a las señaladas por los puntos de acuerdo y oficio descritos, esto es, los artículos 17-H Bis, fracción III; 26, fracción X, inciso g); 32-D, fracción VII; 69, fracción IX, 69-B Ter, segundo párrafo; 83, fracción XVIII; y 89, fracción IV, en el sentido de no aceptar la competencia propuesta y ordenar su devolución al juzgado que haya ordenado su envío, lo que ha originado que en algunos casos se haya planteado conflicto competencial, los cuales se encuentran pendientes de resolver. Lo anterior, dado que el reclamo que se formuló en las demandas respectivas, hace referencia a rubros diversos a la temática ya establecida (actos jurídicos sin razón de negocios, esquemas reportables, restricciones para deducir y/o compensar saldos a favor, buzón tributario, entre otros), de manera que, aun cuando se señalara alguno de los numerales precisados, lo cierto es que con los alcances del Acuerdo General 2/2020 previamente establecidos, se estimó que un Juzgado de Distrito Auxiliar no debe conocer de temas ajenos a la emisión de comprobantes fiscales referentes a operaciones inexistentes, falsas o actos simulados, o bien, que le faculte para separar una demanda por cuanto hace a los actos que sí están comprendidos en aquél y ordenar la devolución de los autos, para que el juzgado de origen realice el estudio de los artículos no relacionados; por lo que, como se dijo, se optó por devolver el asunto al juzgado declinante. Sin embargo, se tuvo la duda en el sentido de que, si con solo reclamar una disposición relacionada con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, es suficiente para que se actualice la competencia ordenada a través del Acuerdo General 2/2020, no obstante que se reclamen otros preceptos normativos ajenos a ese tópico, los cuales, por excepción, también serán competencia de un juzgado auxiliar. Ante ello, atendiendo a una pronta y expedita impartición de justicia, y a fin de preservar la continencia de la causa, se ajustaron los parámetros o criterios para radicar un asunto en este juzgado auxiliar, con el fin de verificar que, cuando en la demanda se reclame alguno de los numerales indicados o que, al menos se haga referencia a la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, ello resulta suficiente para considerar que este órgano jurisdiccional tiene competencia material para conocer de esos asuntos, por lo que la devolución de los autos al juzgado de origen, desde este nuevo criterio, pasó a ser una determinación excepcional que solo debe dictarse cuando no se reúna ninguno de las condiciones precisadas. De lo expuesto con anterioridad, se corrobora que al reclamarse únicamente lo que señala el artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación, el asunto no se encuentra comprendido en los supuestos descritos, ya que no se reclama ningún numeral de la temática indicada. Al efecto cabe citar el contenido del único artículo impugnado: Código Fiscal de la Federación "Artículo 5o.-A. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del contribuyente conocidos al amparo de dichas facultades, así como de la valoración de los elementos, la información y documentación obtenidos durante las mismas. No obstante lo anterior, dicha autoridad fiscal no podrá desconocer para efectos fiscales los actos jurídicos referidos, sin que antes se dé a conocer dicha situación en la última acta parcial a que se refiere la fracción IV, del artículo 46 de este Código, en el oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV del artículo 48 de este Código o en la resolución provisional a que se refiere la fracción II el artículo 53-B de este Código, y hayan transcurrido los plazos a que se refieren los artículos anteriores, para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la información y documentación tendiente a desvirtuar la referida presunción. Antes de la emisión de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución provisional a que hace referencia el párrafo anterior, la autoridad fiscal deberá someter el caso a un órgano colegiado integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, y obtener una opinión favorable para la aplicación de este artículo. En caso de no recibir la opinión del órgano colegiado dentro del plazo de dos meses contados a partir de la presentación del caso por parte de la autoridad fiscal, se entenderá realizada en sentido negativo. Las disposiciones relativas al referido órgano colegiado se darán a conocer mediante reglas de carácter general que a su efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios, cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal. Adicionalmente, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios, cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros. Se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado, cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Para cuantificar el beneficio económico razonablemente esperado, se considerará la información contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. Para efectos de este artículo, el beneficio fiscal no se considerará como parte del beneficio económico razonablemente esperado. La expresión razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Los efectos fiscales generados en términos del presente artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. [.]" De la anterior transcripción se advierte que el artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación, establece una regla anti abuso que propone que se consideren beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de contribuciones. Por tanto, considerando lo expuesto en los párrafos que preceden, resulta evidente que la demanda origen del juicio de amparo 116/2020 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, no se ubica en los supuestos contenidos en el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debido a que el artículo que se pretenden impugnar, no se relaciona con la temática descrita en párrafos precedentes, en razón de que la encomienda establecida en el multicitado Acuerdo General 2/2020 fue dotar a este juzgado de distrito de competencia limitada conforme lo expuesto con anterioridad. Finalmente, toda vez que no se dio cuenta en tiempo y forma requeridos con el oficio que se provee, por los motivos expuestos en la certificación relativa, se reserva a aplicar la normatividad correspondiente. Notifíquese; y en términos del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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