Aholiab Sandoval Maldonado

Expediente 427/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
427/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Aholiab Sandoval Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se declara ejecutoriada la sentencia y se ordena el archivo del expediente

  2. Principal

    En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 427/2023, promovido por Aholiab Sandoval Maldonado, encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia del licenciado Daniel Tadeo Altamirano Martínez, Secretario con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, con excepción del tercero interesado, ya que por acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó postergar su emplazamiento hasta en tanto obrara en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Por otra parte, téngase por recibidos los oficios 5907/2023 y 5908/2023 signados por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, por los cuales rinden informes justificados. Enseguida el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de la Materia, agréguese a los autos para que obra como en derecho corresponda el informe justificado rendido por la citada autoridad responsable. Ahora bien, toda vez que obra en el presente cuaderno el informe justificado de la autoridad responsable, sobre ordenar el emplazamiento del tercero interesado, no ha lugar a ello, ya que esto implicaría el diferimiento de la presente audiencia y con la presente celebración se busca consagrar el principio de expeditez contemplado en el artículo 17 Constitucional, aunado a ello, el sentido de la resolución no variaría; por tanto, lo único que traería es el retardo del fallo, contrariando el ánimo del principio de celeridad procesal consagrado en el artículo constitucional citado. Enseguida el Juez acuerda tener por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. A continuación se abre el período probatorio: El Secretario da cuenta con las constancias que la parte quejosa y la autoridad responsable allegaron al presente cuaderno. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa; enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Enseguida se abre el periodo de alegatos: El Secretario da cuenta con las manifestaciones formuladas por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, téngase al Agente por formulando las manifestaciones a que se contrae en el ocurso de cuenta, sin que las demás partes formularan de su intención, al no haber más alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 427/2023, promovido por Aholiab Sandoval Maldonado; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el catorce del mismo mes y año, Aholiab Sandoval Maldonado, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y el actuario adscrito, por lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: La omisión de la autoridad responsable de acordar sobre la contestación del demandado, ordenar y correr traslado con esta al actor y la omisión del C. Actuario de realizar lo anterior en los plazos y términos establecidos por la Ley, dentro del expediente laboral número 171/E/2022." SEGUNDO. Trámite. Por auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 427/2023; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se postergó el emplazamiento del tercero interesado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado carece de ejecución, siendo decisión de la parte quejosa, presentar su demanda en esta ciudad, sobre la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios: La omisión de acordar el escrito de contestación de la demanda; y Del Actuario adscrito Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios: El dejar de correr traslado a las partes del escrito de contestación de la demanda. Lo anterior, dentro del expediente laboral 171/E/2022. TERCERO. Inexistencia de diverso acto reclamado. La existencia o inexistencia de los actos reclamados, es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. Ahora, respecto al diverso acto reclamado atribuido al actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, si bien, en su informe justificado la responsable acepto los actos reclamados, del estudio realizado a las constancias relativas al juicio laboral número 171/E/2022, se advierte que el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó el escrito de contestación de la demanda signado por la Apoderada Legal para pleitos y cobranzas y Poder en Materia Laboral y Representación Patronal del Organismo Público Descentralizado Servicio de Salud de Tamaulipas. Entonces, debe decirse que la omisión de correrle traslado a las partes del escrito de contestación de la demanda, resulta ilógica, ya a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (diez de marzo de dos mil veintitrés), no exista el acto reclamado, pues fue hasta el diecisiete de abril del año en curso, en que se acordó el escrito de contestación de demanda y se ordenó al actuario adscrito para que notificara a las partes dicho auto debiéndoles correr traslado con el escrito inicial de demanda, radicación, y contestación, de manera que no es factible que una autoridad pueda incurra en la violación que se reclama, cuando esta depende de que se lleve a cabo un acto previo para que pueda existir, de manera que se trata de meros temores de la parte quejosa, que la autoridad responsable no lleva a cabo la secuela correspondiente. En el caso, la omisión reclamada conforma un acto futuro, basado sólo en suposiciones y temores. En apoyo a lo anterior se cita la tesis aislada sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, correspondiente a la Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Página: 106, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. No procede contra actos futuros y basado sólo en suposiciones y temores, sin saber qué autoridad verificará esos actos y si por ello se violará o no alguna garantía constitucional." Igualmente deviene aplicable la tesis aislada emitida también por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, durante la misma Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Página: 727, cuya sinopsis se inserta enseguida: "AMPARO. Sólo puede resolver controversias que se suscitan por leyes o actos que violan las garantías individuales, y no procede por simples temores de que lleguen a violarse esas garantías." Consecuentemente, en relación con el acto precisado en este apartado, con fundamento en la fracción IV del precepto 63 de la Ley de la Materia, se sobresee en el presente juicio de amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. En su informe justificado el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, si bien manifestó que es cierto el acto que se le reclama; también refiere que el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, documentó el escrito de contestación de la demanda signado por la Apoderada Legal para pleitos y cobranzas y Poder en Materia Laboral y Representación Patronal del Organismo Público Descentralizado Servicio de Salud de Tamaulipas. Por lo que, a fin de corroborar su dicho, remitió diversas constancias, mismas que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene plenamente probado el acto reclamado a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través de la emisión del acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintitrés. En dicho auto, la autoridad responsable tuvo por recibido el ocurso motivo del presente amparo, y en atención a su contenido, tuvo a la parte demandada por dando contestación a la demanda, ordenando en consecuencia correr traslado a las partes y terceros llamados a juicio con copia de dicho escrito. Por lo anterior, deviene inconcuso que cesó el efecto de la omisión reclamada a la autoridad responsable, puesto que con la emisión del auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se destruyeron sus implicaciones en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo; pues la pretensión de la parte quejosa era constreñir a la responsable a fin acordara el escrito de contestación de la parte demandada, lo que en la especie aconteció. Por lo anterior, deviene inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aholiab Sandoval Maldonado, contra el acto que reclamó de la Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y actuario adscrito, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y último del presente fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Se agrega el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tamaulipas "1", con residencia en esta ciudad, por medio del cual, solicita se le proporcione información referente a las personas físicas que ostentan los cargos de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, como "R.F.C." con homoclave, en caso de que se cuente con él o en su defecto, fecha de nacimiento y domicilio particular, a fin de estar en aptitud de realizar el cobro de la multa impuesta por este juzgado. En atención a lo anterior, a fin de que el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tamaulipas "1", con residencia en esta ciudad, esté en condiciones de hacer efectiva dicha multa, requiérase al Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días informe a este órgano de control constitucional la fecha de nacimiento, el domicilio y el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave de las personas físicas que ostentan los cargos de Presidente del Tribunal Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios. Apercibidas de que si en dicho plazo no da cumplimiento a tal requerimiento, se aplicará en su contra una multa equivalente a diez Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en la especie. Notifíquese.

  4. Principal

    Se tiene a Director Jurídico de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad incumpliendo con la ejecutoria de amparo por lo cual se le impone la multa con la que fue apercibida. De nueva cuenta se requiere a responsable cumplimiento bajo apercibimiento de multa.

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