Ahmet Cengiz Erbatur

Expediente 971/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
971/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Ahmet Cengiz Erbatur

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, hágase de su conocimiento, que mediante proveído de diecisiete de noviembre pasado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se puso a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del asunto en que se actúa, a fin de que su personal pudiera consultarlo y acordar lo que en derecho correspondiera. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279, ambos del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, remítasele copia certificada de las constancias que solicita; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar

  3. Principal

    Visto de lo cuenta, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por el Director General de Procedimientos Constitucionales, en representación del Secretario de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, rinde el informe relativo a la suspensión de plano decretada en los presentes autos; así entonces, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Finalmente, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a las personas que señala en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado a la autoridad señalada como responsable, a través del comunicado 45081, de cinco de diciembre de la presente anualidad, informa lo relativo al acatamiento a la suspensión de plano decretada en autos, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase a la autoridad de que se trata, señalando como domicilio procesal el que indica y designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que para tal efecto propone. En otro orden, agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado legal del directamente agraviado Ahmet Cengiz Erbatur, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que éste aún se encuentra privado de su libertad en la Estación Migratoria de esta ciudad; lo anterior, no obstante la suspensión de plano decretada a su favor a través del proveído de cinco de diciembre del año en curso. En mérito de lo anterior, y armonizando los elementos que lo conforman, con la finalidad de obtener la verdadera intención del promovente, se advierte que reclama la incomunicación de que sigue siendo objeto Ahmet Cengiz Erbatur, en virtud de que no ha sido puesto en libertad. Así entonces, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, atendiendo a la facultad exclusiva del Juez de Distrito, quien tomando en consideración la naturaleza de los actos y no el enfoque subjetivo de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no ante la presencia de un acto que obligue a decretar la suspensión de oficio, se estima que en la especie no se surte tal hipótesis, por lo que no ha lugar proveer sobre la violación a la suspensión de plano decretada en autos, pues ésta no se concedió para que se dejara en inmediata libertad a la parte agraviada. Ello es así, toda vez que en auto de cinco de diciembre de la presente anualidad, se decretó la suspensión de plano para el efecto siguiente: "En ese sentido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la deportación, con fundamento en los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables no ejecuten los actos reclamados consistentes en deportación o cualquier orden que obligue al agraviado Ahmet Cengiz Erbatur a abandonar territorio nacional, quien deberá quedar a disposición de este Juzgado de Distrito, en el lugar en que actualmente se encuentra -esto es, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California-, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, y a disposición de las autoridades responsables por cuanto a la continuación y seguimiento del procedimiento administrativo migratorio. Luego, en relación con el acto consistente en la privación de la libertad del agraviado en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad de Tijuana, Baja California, requiérase a las autoridades responsables a fin de que lo pongan a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. En la inteligencia que si la detención del directamente agraviado no tiene relación con la comisión de un delito, bajo su más estricta responsabilidad, deberá ser puesto en inmediata libertad, sólo en el caso de que haya transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración1, o bien, que hayan transcurrido las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento2. Lo anterior, sin perjuicio que las autoridades migratorias puedan establecer con plenitud de jurisdicción alguna de las medidas que estimen pertinentes conforme al artículo 102 de la Ley de Migración, para que el agraviado continúe con su trámite migratorio, a saber, de manera enunciativa, que proporcione domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanezca, que no podrá ausentarse sin autorización por escrito del Instituto Nacional de Migración y presentarse las veces que sea requerido por la autoridad administrativa. En el entendido que, las autoridades responsables deberán ponderar las circunstancias especiales del extranjero quejoso, como lo es, que podría presentar una especial vulnerabilidad, por haber salido de su país de origen dejando su vida, posesiones, familia y afectos atrás, ante la situación de amenaza de su vida, de la pérdida de su libertad o integridad por lo que difícilmente tiene lazos en México o un conocimiento amplio de su contexto y menos de su sistema legal que le permita ejercer mejor sus derechos humanos como los relativos a pedir refugio, a la protección judicial y a no ser devuelto al país del que ha salido por una situación de amenaza; incluso en su movilidad se pudo haber enfrentado a la delincuencia y ser despojado de los pocos recursos que tiene para viajar; a efecto que fijen las medidas a que se refiere el numeral a que se hizo referencia con antelación. En la inteligencia que, la presente determinación no tendrá por efecto paralizar o suspender el procedimiento administrativo migratorio que pudiera instruirse al agraviado; sin embargo, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en los párrafos que anteceden, las autoridades migratorias no podrán ejecutar la deportación, ni trasladar a alguna otra estación migratoria fuera de la localidad en la que se encuentra detenido el quejoso, mientras surta sus efectos la presente medida cautelar. [.] Ahora, por lo que hace al acto reclamado que se hace consistir en la incomunicación de la que dice es objeto el directamente agraviado, se decreta la suspensión de plano, para el efecto de que cese de inmediato o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se describen en el artículo 15 de la Ley de que traigan como consecuencia la afectación a su integridad personal, y las consecuencias derivadas de ellos que resulten en su perjuicio, por encontrarse prohibidos en términos de los preceptos legales que al efecto han quedado invocados." Es decir, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la incomunicación y privación de la libertad, la suspensión de plano fue decretada por lo que hace al primero de los nombrados, para que cesara la misma y respecto al diverso, a fin de que la responsable atendiera los supuestos que prevén los artículos 68, 100 y 102 de la Ley de Migración, según el caso específico del agraviado, como se aprecia de la transcripción realizada en líneas supra. A más de que en el auto de referencia, respecto a la petición relativa a que el directamente agraviado pudiera abandonar las instalaciones de la Estación Migratoria y llevara su procedimiento en libertad, no fue acordado de conformidad, atento a lo previsto en el numeral 102 de la Ley de Migración, toda vez que ello debe ser solicitado ante la autoridad migratoria correspondiente. Máxime que, como se advierte de la razón actuarial de cinco de diciembre de dos mil veintidós, el directamente agraviado Ahmet Cengiz Erbatur, se reservó realizar manifestación alguna respecto a la ratificación o no de la demanda promovida a su nombre; y a través del proveído emitido el ocho de los corrientes, se tuvo a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, informando lo relativo al acatamiento a la suspensión de plano decretada a favor del directamente agraviado en comento. De ahí que no se tiene evidencia o indicios de que la suspensión de plano no se haya acatado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 229397, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Así como también, la tesis VI. 1o.a. 19 K, sustentada por el Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1458, del tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 179731, que establece: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio."

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