Ahmed González Sayoux

Expediente 1243/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1243/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Ahmed González Sayoux

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se desprende que en proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a ********************, presentando demanda de amparo en representación de 1) ********************2) ******************** 3) ********************, y 4) ********************Por otra parte, se obtiene de las constancias obrantes en autos, que en veintiséis de septiembre y catorce de octubre ambos de dos mil veintidós, se tuvo al Sub Representante Local en Los Algodones, Baja California, en suplencia por ausencia del Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, remitiendo permiso provisional para realizar actividades remuneradas a nombre de los quejosos 1) ********************2) ******************** 3) ********************, y 4) ********************los cuales corresponden a los nombres correctos y completos de los quejosos, corroborándose lo anterior, al tenor de la razón actuarial de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, de la cual se desprende que la fedataria del presente órgano jurisdiccional se constituyó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, ubicada en esta ciudad y al ser atendida por el personal que labora para la misma, le refirieron que ya no se encuentran alojadas en ese lugar las personas en cita, sin embargo, si corresponden a quienes se les otorgó el documento de mérito. En ese tenor, hágase del conocimiento al Oficial Judicial "A", para que proceda a hacer la anotación respectiva, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -Cesación de efectos- Ahora bien, al realizar un examen acucioso de las referidas constancias y al estar completas, por ende, suficientes para su estudio, esta juzgadora advierte de manera notoria, manifiesta e indudable, la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el precepto 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, que se invoca de oficio. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por 1) ********************2) ******************** 3) ********************, y 4) ********************Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en autos.

  2. Principal

    En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio firmado por el Subrepresentante Local en Los Algodones, en suplencia por ausencia del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante oficios 35823/2022 y 35824/2022, de veintiséis de septiembre del año en curso, librados a las autoridades responsables TITULAR ENCARGADO (A) DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA e INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, ambos residentes en esta ciudad. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable, acompañando copia certificada de los documentos provisionales de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas expedidos a Javier Pérez García, Marien Hernández Díaz y Norma Guadalupe Pérez Clemente, respectivamente. Prueba documental que se tiene por ofrecida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso proveer respecto al domicilio señalado para recibir notificaciones, ni a la designación de delegados, por haberse acordado lo conducente el once de agosto de la presente anualidad. Ahora bien, tomando en consideración que el presente juicio de amparo fue promovido en representación de Javier Pérez García, Marien Hernández Díaz y Norma Guadalupe Pérez, en tanto que, de la copia certificada que remitió el Sub Representante Local en Los Algodones, Baja California, en suplencia por ausencia del Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en esta ciudad, se advierte que a quien se otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas fue a Norma Guadalupe Pérez Clemente; por tanto, a fin de tener certeza jurídica si se trata de las mismas personas, se instruye al actuario judicial adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta capital y se cerciore si Norma Guadalupe Pérez, aún se encuentra alojada en dicho lugar; y en caso de no ser así, se entreviste con personal de dicha dependencia, a fin de que bajo protesta de decir verdad y previa inspección a los registros que se llevan en dicho instituto, le informen si Norma Guadalupe Pérez, quejosa en el juicio de amparo que nos ocupa, corresponde a la misma persona a quien el doce de agosto de dos mil veintidós, se le otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, bajo el nombre de Norma Guadalupe Pérez Clemente, según las copias certificadas que anexó a su comunicado de cuenta. Notifíquese.

  4. Principal

    TODA VEZ QUE LA QUEJOSA NO ATENDIO EL CITATORIO DE 4 OCTUBRE 2022, SE NOTIFICAN LAS DETERMINACIONES SIGUIENTES: S E N T E N C I A Vistos los autos para dictar sentencia definitiva, en el juicio de amparo indirecto 469/2020-7; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, en el Buzón Judicial y posteriormente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, turnado a este Juzgado, Impulsora Ozara, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su representante legal Sergio Ramón Hernández Gómez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos reclamados que enseguida se transcriben: ".1. Del Gobernador del Estado de Baja California se reclama: La expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto número 69, mediante el cual se reforman los artículos 2, 149, 150 y 153 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California", publicada en el periódico Oficial del Estado de Baja California, el día 15 de mayo de 2020; específicamente en el artículo 153 de la ley de salud que permite la discrecionalidad y el abuso de su reglamentación. 2. De la XXIII Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se reclama: La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 69, mediante el cual se reforman los artículos 2, 149, 150 y 153 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, publicada en el periódico Oficial del Estado de Baja California, el día 15 de mayo de 2020; específicamente en el artículo 153 de la ley de salud que permite la discrecionalidad y el abuso de su reglamentación. 3. Del C. Secretario de Salud del Estado de Baja California, se reclama: La aplicación y ejecución del Decreto número 69, mediante el cual se reforman los artículos 2, 149, 150 y 153 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, publicada en el periódico Oficial del Estado de Baja California, el día 15 de mayo de 2020; específicamente en el artículo 153 de la ley de Salud." SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo en sus términos, bajo el número de expediente 469/2020-7, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se le otorgó al Agente del Ministerio Público Federal adscrito en materia de amparo la intervención legal que le compete y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el Acuerdo 43/2018 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atento a que se reclaman normas generales de naturaleza fiscal y las quejosas tienen su domicilio fiscal dentro de la jurisdicción territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en cumplimiento al artículo 76 del cuerpo legal invocado, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Igualmente es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia P.J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, página treinta y dos, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, revela que la quejosa reclama: De las autoridades responsables Gobernador del Estado de Baja California y XXIII Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Baja California: El proceso legislativo del decreto 68 mediante el cual se reforman los artículos 2, 149, 150 y 153 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial del estado de Baja California, el quince de mayo de dos mil veinte, específicamente el artículo 153. De la diversa autoridad Secretaría de Salud del Estado de Baja California, se reclama: La aplicación y ejecución del decreto 68 que reformó los artículos 2, 149, 150 y 153 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial del estado de Baja California, el quince de mayo de dos mil veinte, específicamente el artículo 153. TERCERO. Consideración preliminar. Determinados los actos reclamados, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éstos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2o.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". CUARTO. Inexistencia de los actos. No son ciertos los actos atribuidos a la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, consistente en haber ejecutado acto alguno en contra de la empresa quejosa derivado de la aplicación de los artículos 2, 149, 150 y 153 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el quince de mayo de dos mil veinte, pues así lo informó al rendir su informe justificado, sin que la parte promovente haya ofrecido prueba en contrario para desvirtuar esa negativa. Sin que se inadvierta que la parte quejosa exhibió copia certificada del instrumento notarial 52,829, volumen 1875 de cinco de enero de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del Notario Público número siete de este municipio y constancia de situación fiscal; empero, con las mismas sólo demuestra los objetos para los cuales fue constituida la sociedad mercantil y la actividad económica con la que se registró como contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria, no así lo actos que le atribuye a la autoridad de mérito. Por ende, procede decretar el sobreseimiento en este asunto respecto a dicha autoridad, con fundamento en el citado artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo, la jurisprudencia VI.2o.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 627, tomo IV, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Materia Común, y que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al Gobernador y XXIII Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación del decreto 68 mediante el cual se reforman los artículos 2, 149, 150 y 153 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial del estado de Baja California, el quince de mayo de dos mil veinte, por así manifestarlo al rendir sus informes justificados por conducto de sus representantes. Es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Aunado a que, en relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que pueda invocarse por el Juzgado como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". SEXTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado procede, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia, pues constituyen cuestiones de orden público que debe abordarse de oficio y de manera preferente al fondo, de la controversia. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la suscrita juzgadora advierte que el presente juicio es improcedentes, respecto del acto reclamado consistente en el decreto 68 mediante el cual se reforman los artículos 2, 149, 150 y 153 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial del estado de Baja California, el quince de mayo de dos mil veinte, el cual se impugna como norma autoaplicativa, es decir, por su sola entrada en vigor, toda vez que la parte quejosa no acredita ubicarse en alguno de los supuestos de aplicación de dicha norma, por lo que la sola entrada en vigor no le depara perjuicio alguno ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que dicen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley (.)" Como se ve, la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que el acto reclamado afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, regla que, en tratándose de la impugnación de una norma general con motivo de su vigencia, implica que el agravio debe derivar de manera directa e inmediata de su ingreso al orden jurídico positivo. El dispositivo de referencia también pone de manifiesto que, sin importar si el demandante aduce un interés jurídico o legítimo, en ambos casos existe un presupuesto indispensable: la existencia de un agravio, de ahí que el legislador, específicamente, utilizó el vocablo "afecten". Esa distinción sólo impacta en el tipo de relación que guarda el particular con el acto, precepto o abstención cuya inconstitucionalidad pretende demostrar, esto es, si se trata de uno de sus destinatarios directos o únicamente le concierne por su situación especial en el orden jurídico. La necesidad de la existencia de un agravio deriva de que el amparo, en caso de ser otorgado, debe tener un efecto práctico que se refleje en la esfera de derechos del gobernado, lo cual no ocurriría si el precepto controvertido no le genera un menoscabo por sí, sino únicamente en virtud de un acto de aplicación que pueda no llegar a ocurrir. Para determinar cuándo una norma general causa afectación a los gobernados con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación se debe acudir a la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas, conceptos que ha desarrollado ampliamente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Alto Tribunal estableció que para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Así, el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso, comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. Estableció el Máximo Tribunal que si las obligaciones derivadas nacen con la ley, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de un ordenamiento autoaplicativo o de individualización incondicionada; por el contrario, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, está sometida a la realización de ese evento. Las consideraciones expuestas se encuentran en la Jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Asimismo, el interés, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Sobre estos conceptos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica producida en virtud de tal titularidad - interés jurídico-; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Sobre el tema, la Segunda Sala del Máximo Tribunal estableció cuáles son los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; esto, conforme a lo siguiente: En lo que atañe al interés jurídico: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por lo que respecta al interés legítimo: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad, ya que si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Por último, se destacó que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes, por lo tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente; así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no debe inferirse con base en presunciones. Es aplicable la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, Décima Época, página 1854, registro 2004501 que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para acreditar su interés jurídico, el cual debe demostrarse plenamente y no puede inferirse en base a presunciones, toda vez que en atención a la naturaleza del juicio constitucional -que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que conculquen los derechos fundamentales del quejoso-, la protección de la Justicia Federal sólo puede concederse respecto a personas determinadas y en forma particularizada por su interés, lo que no podría suceder cuando el acto reclamado no le cause algún perjuicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, página 17, con el rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Establecido lo anterior, como ya se vio, en el presente caso la parte quejosa reclama la expedición, promulgación, discusión y aprobación del Decreto 68 por el que se reforman los artículos 2°, 149, 150 y 153 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, publicado el quince de mayo de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, específicamente el numeral 153 de dicha legislación, que establece lo siguiente: "Artículo 153.- Requieren de licencia sanitaria: I.- Los establecimientos dedicados al expendio de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; II.- Los establecimientos que presten servicios de asistencia social; III.- Los rastros; IV.- Las albercas y los baños públicos; V.- Los centros de reunión y espectáculos; VI.- Los establecimientos dedicados a la prestación de servicios estéticos como peluquerías, salas de belleza o masaje; VII.- Los establecimientos de hospedaje; VIII.- Las funerarias; IX.- Los transportes de carga de alimentos y perecederos; X.- Los Centros de Desarrollo Infantil y Estancias Infantiles Familiares; XI.- Los establecimientos en los que se realicen tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones en personas, y XII.- Los demás que se señalen en esta Ley otras disposiciones legales aplicables. Cuando los establecimientos a que se refiere este artículo cambien su ubicación, requerirán nueva licencia sanitaria. Los derechos que se generen por la aplicación de esta Ley, se regirán por lo que disponga la Ley de Ingresos del Estado, la legislación fiscal y los acuerdos de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y las Autoridades Sanitarias del Estado". Dicho precepto, en relación con el diverso numeral 151 de la misma ley, establece los tipos de establecimientos comerciales que requieren licencia sanitaria, expedida por la Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, para permitírsele la realización de actividades relacionadas con la salud humana. Luego, del escrito de demanda, se obtiene que la moral quejosa reclamó en forma genérica todo el contenido del artículo 153 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, en su carácter de norma autoaplicativa, es decir, porque la obligaba a su cumplimiento desde su sola entrada en vigor; asimismo, indicó que por la naturaleza de sus actividades, se ubicaba en los supuestos de la referida norma, sin mencionar alguno en específico. Para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa exhibió: 1. copia certificada del instrumento notarial 52,829, volumen 1875 de cinco de enero de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del Notario Público número siete de este municipio. Constancia de situación fiscal. Analizados que son dichos documentos, se advierte que uno de los objetos y actividad económica de la moral quejosa, es la elaboración y compa-venta de alimentos, y demás propios del giro; los cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así se tiene que las probanzas ofrecidas solo demuestran los objetos para los cuales fue constituida la sociedad mercantil quejosa, y la actividad económica con la que se registró como contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria, pero no tienen el alcance de demostrar fehacientemente que cuenta con un establecimiento comercial que ejerza actualmente alguna de las actividades del artículo 153 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, para lo cual se necesitaría demostrar que cuenta con una licencia o permiso vigente expedido por las autoridades correspondientes (excluyendo el sanitario contemplado en la norma reclamada), para ejercer alguna de esas actividades comerciales, lo cual como se indica, no se exhibió. Bajo esa tesitura, si el interés jurídico debe demostrarse fehacientemente y no con base en presunciones, resulta incuestionable que con las documentales exhibidas, la parte quejosa no acredita plenamente ubicarse en alguno de los supuestos de la norma reclamada como autoaplicativa, y que ésta le irrogara perjuicio con su entrada en vigor. Máxime que al contener diversas hipótesis, la quejosa debió señalar específicamente en cuál o cuáles se ubicaba, lo que no ocurrió. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 206527, que establece: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma". Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 3a. LII/91, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, registro 207025, que señala: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA UNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, este Juzgado se encuentra imposibilitado para analizar las cuestiones de fondo planteadas y procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento descrita, esta juzgadora se encuentra impedida para analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis II.3o. J/58, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." SÉPTIMO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaria supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto, y fundado, se R E S U E L V E: OCTAVO. Se sobresee en el presente juicio de amparo presentado por Impulsora Ozara, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su representante legal Sergio Ramón Hernández Gómez, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de la presente sentencia. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando séptimo. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y se ordena a la Secretaría de Juzgado supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se giran los oficios correspondientes. Mexicali, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se desprende que el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia respectiva en el presente juico de amparo; ahora bien, de una revisión de las constancias que integran el sumario, se observa que no obran las notificaciones de dicha resolución a las partes. Se ordena notificación En consecuencia, se instruye a la Actuaria Judicial a efecto de que realice las acciones correspondientes para la debida notificación.

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