Ahimara Reza Silva
Expediente 682/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ahimara Reza Silva
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de julio de dos mil veintiuno.... se declara que el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual este Juzgado de Distrito tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar.... archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.... Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que la parte quejosa no subsanó la prevención formulada mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, y toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que se le concedió para que diera cumplimiento al requerimiento de mérito, en consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y, por ende, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Notifíquese personalmente prefiriendo el uso de medios electrónicos.
- Principal
SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE PROCEDE A NOTIFICAR EL ACUERDO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA(O) POR EL TITULAR DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, DE NUESTRO ÍNDICE, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Número de expediente: 682/2021 Acuerdo: Cuernavaca, Morelos, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que la parte quejosa no subsanó la prevención formulada mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, y toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que se le concedió para que diera cumplimiento al requerimiento de mérito, en consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y, por ende, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Notifíquese personalmente prefiriendo el uso de medios electrónicos.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 682/2021-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Prevención de la demanda. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido del escrito de demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I y IV, en relación con el numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: PRIMERO. El promovente de amparo deberá exhibir un documento idóneo con el que acredite la personalidad con que se ostenta. Lo anterior, en virtud de que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional está obligada a admitir la personalidad de la parte promovente, siempre que ésta compruebe tal circunstancia con la constancia respectiva, lo que en el caso no ocurre pues fue omiso en exhibir la citada documental. Sin que pase desapercibido para este Juzgador Federal, que la parte promovente exhibe copia simple de la carta poder de doce de marzo de dos mil dieciocho y del auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, a efecto de acreditar la personalidad con la que se ostenta; sin embargo, los mismos son copia simple, las cuales carecen de valor probatorio. Debe precisarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió la jurisprudencia de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO", en la que determinó que de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar, entre otros, el interés jurídico de la quejosa. En ese sentido, este Juzgador considera que el contenido de las copias simples que adjunta a su demanda de amparo, son insuficientes para acreditar la personalidad con la que se ostenta al promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, pues la única excepción a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentra referida a la materia penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Amparo, ya que en términos del citado numeral citado, bastará que el defensor, manifieste bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al Juez o Tribunal la certificación correspondiente. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte de este Juzgador en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número P./J.23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Abril de 2009, página 7, cuya sinopsis es: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato.". SEGUNDO. El promovente señala como acto reclamado lo siguiente: ".la omisión de emitir el LAUDO respectivo dentro del juicio de origen con número de expediente laboral 01/163/2018 actualmente radicado en la Mesa 13, en los tiempos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, ya que se han vencido en exceso los mismo...". Énfasis añadido. Asimismo, del capítulo de antecedentes se desprende lo siguiente: ".se radicó la demanda ante el H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, bajo el número de Expediente 01/163/2018 actualmente radicado en la Mesa 13, mismo que se desahogó hasta la etapa procesal de ALEGATOS, sin que hasta la fecha se haya emitido el LAUDO RESPECTIVO...". Énfasis añadido. Ahora bien, de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su artículo 11, para que la autoridad responsable se encuentre en condiciones de emitir el laudo correspondiente, es necesario que al concluir el desahogo de las pruebas y formulados los alegatos, se realice la certificación de que ya no queda prueba pendiente por desahogar, dándose vista a las partes, y si no realizaren manifestación alguna, formularán sus alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes, hecho lo anterior, se declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, se formulará por escrito el proyecto de laudo. Ahora bien, se desprende en el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que los casos no previstos se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. Se destaca que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no regula el cierre de instrucción de manera completa como lo hace la Ley Federal del Trabajo, por lo que es necesario recurrir a la aplicación supletoria de ésta última. En términos del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, el Secretario declarará el cierre de instrucción cuando haya concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y se hayan formulado los alegatos. De lo anterior, se advierte que el cierre de instrucción es una formalidad esencial del procedimiento inherente a todo procedimiento que brinda seguridad jurídica a las partes, de acuerdo con el derecho humano al debido proceso, que permite turnar los autos para formular proyecto de resolución en forma de laudo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que dice: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA, DEL AUXILIAR Y DEL SECRETARIO CORRESPONDIENTE DE FIRMAR EL AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y ORDENA ELABORAR EL PROYECTO DE LAUDO RESPECTIVO, LO QUE ORIGINA LA CONCESIÓN DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN LO HAYA PROMOVIDO. Los artículos 839 y 885 de la Ley Federal del Trabajo disponen, respectivamente, que las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por sus integrantes y por el secretario, el mismo día en que las voten; y que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. De ahí que si de las constancias de autos se advierte que el proveído que declara cerrada la instrucción y ordena elaborar el proyecto de laudo respectivo no se encuentra firmado por el presidente de la Junta, por el auxiliar, ni por el secretario correspondiente que da fe, ello se traduce en la inexistencia legal del cierre de la instrucción y, por ende, de la orden para elaborar el proyecto de resolución relativo. Por tanto, el laudo así emitido adolece de un vicio formal y, por consiguiente, de legalidad en sus efectos, al incumplirse con lo establecido en los indicados preceptos legales, lo cual constituye una violación a las leyes del procedimiento laboral que origina la concesión del amparo, independientemente de quién lo haya promovido". (Lo destacado es propio) En otras materias, como la civil o mercantil, el cierre de instrucción equivale a citar a las partes para oír sentencia. En ese orden de ideas, si el cierre de instrucción, es una formalidad esencial del procedimiento que permite a las partes tener certeza de que ya no existe prueba pendiente por desahogar y que el expediente se encuentra integrado en su totalidad, y si dicha figura jurídica es inherente a todo proceso jurisdiccional, entonces, en términos del artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es inconcuso que el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo, es aplicable supletoriamente al procedimiento laboral burocrático ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, respecto de la figura jurídica de cierre de instrucción. Además, el cierre de instrucción previsto en la Ley Federal del Trabajo no es contrario al procedimiento laboral burocrático previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sino que lo complementa de manera congruente. Por lo tanto, el promovente deberá indicar en forma concreta, cuál es la omisión que pretende impugnar en el presente juicio; es decir: La omisión de declarar cerrada la instrucción (deberá informar la fecha en que se tuvieron por formulados los alegatos); o bien La omisión de dictar el laudo correspondiente (deberá informar la fecha en que se declaró cerrada la instrucción). Se hace del conocimiento al peticionario de amparo, de las penas en que incurren los falsos declarantes ante la autoridad judicial, tal como lo establece la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" (Énfasis añadido) Se apercibe al accionante de amparo que, de no cumplir con lo requerido en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el numeral 114, párrafo segundo, de la Ley de la Materia, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda de que se trata. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Sin embargo, en cuanto a los autorizados en términos amplios designados, este juzgado se reserva proveer lo conducente hasta en tanto se cumpla con el requerimiento formulado en párrafos precedentes. Medios electrónicos. Ahora bien, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran. "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente. Consulta de expediente electrónico. Por otra parte, solicita la consulta del expediente electrónico, y para tal efecto informa que el nombre del usuario es: "JavierBorja". Por tanto, con fundamento en los artículos 21 y 36, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa. En consecuencia, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción. Teléfonos. Asimismo, se tienen por señalados los números telefónicos que proporciona, a efecto de establecer contacto con dicha parte en caso que se estime pertinente. Se exhorta a la parte quejosa. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, prefiriendo el uso de medios electrónicos.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes
- Agustín Villegas Torres611/2016
- Agustín Yañez Calderón1262/2021
- Agustina Salgado Soto1396/2015
- Agustina Salgado Soto34/2015
- Agustina Salgado Soto1774/2019
- Ahani Bahena Lopez1225/2015
- Ahimara Reza Silva979/2021
- Ahremy Yarely Fabian Camacho264/2017
- Aida Laura Torres López265/2019
- Aide Portugal Maldonado720/2021
- Aidee Acosta Perez296/2022
- Aime Arrona Orozco363/2017