Ahideé Ricárdez Ramírez
Expediente 1395/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1395/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ahideé Ricárdez Ramírez
- Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este tribunal el diez de enero de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto; con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva, y dado que fue concedida la suspensión de plano a la parte quejosa; por tanto, por analogía se ubica en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso a), por lo que: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, siendo susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, la resolución que concedió la suspensión de plano, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. d) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1395/2021; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito de once de diciembre de dos mil veintiuno, Juan Carlos Jiménez Lozano, ante el secretario de guardia de este Juzgado de Distrito, presentó demanda de amparo a favor de AHIDEÉ RICÁRDEZ RAMÍREZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, consistente en la orden de detención librada en su contra, que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito, decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, y por diverso de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. TERCERO. El trece de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió el informe rendido por la autoridad responsable subdirector de Recolección de la Información, encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, del cual se advertía la participación de diversa autoridad de la señalada como responsable; razón por la cual, se requirió a la quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya del Estado de México y atribuirle el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada dentro de la causa penal 1080/2021, en contra de la aquí quejosa, por el delito de fraude, cometido en agravio de ELMEX SUPERIOR S.A. de C.V. CUARTO: El siete de enero de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el término concedido a la quejosa AHYDEÉ RICÁRDEZ RAMÍREZ, en proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento, es decir, se indicó que únicamente se resolverá el presente juicio de amparo, por el acto reclamado inicialmente a la autoridad responsable. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Al rendir su informe justificado, el subdirector de Recolección de la Información, encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, su negativa se desvirtúa, pues conforme a las manifestaciones que realiza y constancias anexas, se aprecia que la quejosa se encontraba privada de su libertad en los separos de dicha comandancia, con motivo de la orden de aprehensión librada por el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya del Estado de México en la causa penal 1080/2021, en contra de la aquí quejosa, por el delito de fraude, cometido en agravio de ELMEX SUPERIOR S.A. de C.V. Lo cual pone en evidencia la participación de dicha autoridad ejecutora en el acto reclamado, al estar en aptitud de dar cumplimiento a dicha orden en cualquier momento; por tal razón, se presume cierto el acto de ejecución que se le atribuye. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, Tomo XIV-Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". TERCERA. Una vez que se analizaron las constancias que integran este medio de control constitucional, este juzgador advierte la actualización de una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de análisis oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo que impide pronunciarse sobre la inconstitucionalidad planteada por el impetrante en su demanda. En el presente caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción II y 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece una restricción para analizar el fondo de la cuestión planteada en el juicio de amparo, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; mientras que el numeral 108, fracción III, de la citada legislación, impone a la parte quejosa el deber de señalar como autoridades responsables a las que hayan emitido o ejecutado el acto reclamado, de ahí que si no se satisface dicho requisito, el juicio de amparo resulta improcedente. Como se expuso en el apartado correspondiente, la parte quejosa reclama la orden de detención; sin embargo, al rendir su informe justificado, el subdirector de Recolección de la Información, encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, negó el acto de ejecución que le atribuye, negativa que se encuentra desvirtuada; además informó que el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya del Estado de México, dentro del proceso penal 1080/2021 emitió orden de aprehensión, en contra de la aquí quejosa, por el delito de fraude, cometido en agravio de ELMEX SUPERIOR S.A. de C.V. Ahora, en auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista personal a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al aludido, y se le apercibió que, en caso de no hacerlo, el trámite del presente juicio continuaría en los términos fijados en el auto admisorio; sin que se hubiera pronunciado al respecto. Lo anterior, pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, puesto que si no se llamó a juicio al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya del Estado de México, quien según los registros y el propio informe remitido por el subdirector de Recolección de la Información, encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, fue quien le ordenó que se procediera a la captura de la promovente del amparo, es incuestionable que existe imposibilidad para analizar el mandato reclamado por la parte quejosa en los términos que se plantea, ya que tal acto se emitió en cumplimiento a la decisión de una autoridad judicial. Por tanto, como no se dio oportunidad a la emisora del acto de exponer las razones y fundamentos para sostener su constitucionalidad, este órgano de control constitucional se encuentra impedido para analizar la legalidad de la orden de captura emitida por el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya del Estado de México, por tratarse de la ejecución de una decisión jurisdiccional; de ahí que la falta de señalamiento concreto de la autoridad judicial ordenadora, imposibilita su análisis de manera autónoma, pues se estaría pasando por alto un presupuesto procesal del amparo, en el sentido de la carga que tiene la parte quejosa de señalar con exactitud a las autoridades responsables a quienes atribuye los actos que tilda de inconstitucionales. En esas condiciones, no es dable jurídicamente analizar la constitucionalidad del acto de ejecución atribuido al subdirector de Recolección de la Información, encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, toda vez que no se reclamó por vicios propios sino en vía de consecuencia de la orden emitida por la autoridad ya indicada y la cual, como ya se precisó, no fue llamada a juicio como responsable, por ende, tal circunstancia impide abordar dicho análisis. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación14, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". En esa tesitura, como en el presente caso no se integró completamente la litis constitucional, por causas imputables a la promovente del amparo, al no señalar como responsable a la autoridad judicial ordenadora, a pesar de que estuvo en aptitud de hacerlo, se actualiza una causal de improcedencia conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer en el presente juicio en relación a los actos reclamados al subdirector de Recolección de la Información, encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; situación que impide el análisis de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, dada la imposibilidad técnica-jurídica para realizarlo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 1395/2021, promovido por AHIDEÉ RICÁRDEZ RAMÍREZ. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de enero de dos mil veintidós. Advirtiéndose de la certificación que antecede, que por auto de trece de diciembre del año en curso, se requirió a la quejosa AHYDEÉ RICÁRDEZ RAMÍREZ, para que dentro del término de quince días, manifestara si ampliaba su demanda de amparo contra la orden de aprehensión librada dentro de la causa penal 1080/2021, y contra la autoridad que la dictó juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya del Estado de México; sin que dentro de dicho término se hubiere presentado promoción alguna; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo, y en su momento resuélvase el presente asunto en los términos planteados inicialmente en la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta y anexo, signado por el servidor público designado por el coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, en La Experimental, San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; por lo tanto, con su contenido dese vista a las partes, para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental las constancias que anexa la juez responsable al oficio de cuenta, la que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngasele nombrando como delegados en términos del artículo 9° de la ley de la materia, a las personas que refiere, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En cuanto al uso de medios electrónicos, se reitera a la autoridad responsable que en auto de trece del actual, ya se proveyó al respecto. NOTIFÍQUESE.
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