Agustina Santamaría Méndez

Expediente 948/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
948/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/10/2019

Partes del expediente

  • Agustina Santamaría Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    ....se declara que ha causado estado...archivese este asunto como concluido... este expediente es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:.. Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo presentado por Agustina Santamaría Méndez, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 948/2019/V-B. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado en forma genérica, la omisión que causa la dilación del procedimiento de ejecución del laudo dictado el siete de septiembre de dos mil doce, dentro del juicio laboral 271/2011-III del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. En el caso particular, este Juzgado considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo , los cuales en esencia establecen, que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo y que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en sala, es obligatoria, para este órgano jurisdiccional. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que en el desarrollo de la ejecución forzosa de un laudo, debe imperar el principio de petición del ejecutante, ya que resulta necesaria su intervención y que no opera la oficiosidad en su desahogo por parte del tribunal obrero; asimismo, sostuvo que los alcances por los que se llegue a otorgar la protección constitucional únicamente deben limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), visible en la página dos mil setecientos setenta y uno, libro III, diciembre de dos mil once, tomo 4, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Ahora, como ya se dijo, de la demanda se desprende que el acto reclamado es la omisión por parte de la responsable para ejecutar el laudo de siete de septiembre de dos mil doce, emitido en el juicio laboral 271/2011-III del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz; sin embargo, tal y como lo establece el artículo 223 de la Ley del Servicio Civil del Estado, dicho señalamiento es genérico, dado que la quejosa no precisa de manera concreta cuál es la omisión, acto o resolución de la etapa ejecutiva que estima le causa agravio, ya que únicamente se limita a expresar que la responsable se ha excedido en el cumplimiento de la ejecución del laudo, sin señalar actos concretos. Así, de los artículos 223 y 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, se advierte que una vez dictado el laudo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, tiene la obligación de ejecutarlo, pero al señalar "cuando se pida", se estima necesaria la intervención de la parte actora, aunado a que la fracción III, del artículo 102 , de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, establece que las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje prescriben en dos años, lo que implica el consecuente impulso procesal del trabajador, con la sanción que de no hacerlo, prescribirá la acción para ejecutarlo. En esa tesitura, debe destacarse que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años, para ejecutar el laudo. Por su parte, es verdad que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, así con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 2, inciso c) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial, sin embargo, también lo es que la ejecución de laudo, una vez trascurrido el término de quince días siguientes a su notificación a la entidad pública demandada, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba, so pena que si no lo hace prescribe el derecho para ejecutar el fallo laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". En ese orden de ideas, el presente juicio de amparo es improcedente, pues se reclama genéricamente la omisión del tribunal responsable en tomar las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo, dictado en el juicio laboral 271/2011-III, sin especificar en qué consisten estas; motivo por el cual se actualiza el sentir jurisprudencial señalado, dado que la parte quejosa parte del contexto jurídico de que la ejecución del laudo es oficiosa a través de la responsable, y por ello, considera que ha sido omisa en tomar las medidas necesarias para su inmediata ejecución, pero pasa por alto que a la autoridad responsable sólo le corresponde emitir dichas medidas para la ejecución cabal y pronta, previa solicitud que se haga. Máxime que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que se reclame un acto u omisión en concreto, porque el juez de amparo debe constreñirse en todo tiempo a lo reclamado por los justiciables y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso o intervención del ejecutante pudieran o no llegar a materializarse. Apoya a la anterior determinación la Jurisprudencia PC.VII.J/L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." De lo expuesto, queda plenamente demostrado el motivo notorio e indudable de improcedencia del juicio de amparo que se pretende instaurar, razón por la que, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en el proemio de su demanda y por autorizado en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Filiberto Medina Domínguez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesionale en el Sistema Computarizado que para tal efecto lleva este juzgado, lo que se corrobora con la constancia de registro correspondiente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado las copias del escrito de demanda adjuntos a la misma, en el local de la Secretaría de este juzgado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Alberto Arbea Pérez, que autoriza y da fe.

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