AGUSTINA SALDIVAR VARGAS y Otros.

Expediente 1155/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1155/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/10/2017

Partes del expediente

  • AGUSTINA SALDIVAR VARGAS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo promovida por AGUSTINA SALDIVAR VARGAS, por conducto de su apoderado legal Miguel Abraham Juárez Velasco, tal como lo acredita con el instrumento notarial catorce mil seiscientos sesenta y ocho, acto notarial mil doscientos veinticinco, de uno de octubre de dos mil quince, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1155/2017. En principio, es menester anotar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de verificar el escrito de demanda para advertir que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En el caso, la suscrita estima que contra el acto reclamado, consistente en la falta de emplazamiento legal de la quejosa Agustina Saldivar Vargas, al juicio ejecutivo mercantil 534/2008, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, y como consecuencia, todas y cada una de las actuaciones practicadas, desde la demanda hasta su conclusión; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]. Como puede advertirse el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se actualiza porque la pretensión constitucional constituye cosa juzgada, respecto de la cual conviene realizar las siguientes precisiones: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que son dos los principios en que se asienta la autoridad de la cosa juzgada: 1. La extinción de la acción con su ejercicio, lo que impide su renovación en otro juicio, salvo cuando la ley lo autorice expresamente (recurso de revisión). 2. La necesidad de seguridad jurídica a fin de dar estabilidad a las relaciones de derecho, y que alcanza tanto al derecho sustancial como al derecho procesal, bajo la forma de cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Así, se dice que la cosa juzgada es el principal efecto de la sentencia, otorga a ésta la autoridad de la ley, que se extiende no sólo a los mismos jueces, sino a todos los órganos del Estado; por ello su inmutabilidad está condicionada por la exigencia de que la acción a la cual se opone sea la misma que motivó el pronunciamiento, por lo que ese proceso de identificación se hace por la comparación de los elementos de ambas acciones y la excepción de cosa juzgada procederá cuando en ellas coincidan: 1. Los sujetos. 2. El objeto. 3. La causa. También, cabe decir que la cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos; tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones, y lo que quiso evitar el legislador con el establecimiento de la cosa juzgada en materia de amparo, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la propia materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social. En el caso, la quejosa Agustina Saldivar Vargas, a través de su apoderado legal Miguel Abraham Juárez Velasco, atribuyó al Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, su falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 534/2008, y como consecuencia, todas y cada una de las actuaciones practicadas en dicho asunto, desde la demanda hasta su conclusión. De las boletas de registro que se adjuntaron a dicha demanda, se aprecia que la quejosa con anterioridad, esto es, el dieciocho de enero de dos mil diez, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y otra autoridad, que hizo consistir en todo lo actuado en el expediente 534/2008. En vinculación con ello, y por su trascendencia al caso, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su numeral 2°, en relación con la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se invoca como hecho notorio las actuaciones que se visualizan del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de las que se aprecia que el juicio de amparo promovido con anterioridad por la quejosa quedó radicado en este propio órgano de control constitucional con el número 45/2010, en el cual mediante ejecutoria de tres de junio de dos mil diez, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, en el amparo en revisión 147/2010, al resolver el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, contra la sentencia de sobreseimiento emitida por este órgano jurisdiccional, revocó la aludida sentencia, y negó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto atribuido al Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro y Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca, derivado del juicio ejecutivo mercantil 534/2008, consistente en todo lo actuado en dicho asunto, incluyendo la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, admisión, preparación y desahogo de pruebas, alegatos, sentencia y actos de ejecución de la misma. Del cuadro procesal en mención, de manera palmaria se advierte que es improcedente la pretensión de la parte quejosa en promover una nueva demanda de amparo contra el acto consistente en la falta de emplazamiento de la quejosa Agustina Saldivar Vargas, al juicio ejecutivo mercantil 534/2008, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, y como consecuencia, todas y cada una de las actuaciones practicadas, desde la demanda hasta su conclusión; toda vez que ya existe pronunciamiento sobre su constitucionalidad; pues lo dilucidado quedó firme, volviéndose por esa razón intocable, ya que de hacerlo se vulneraría el derecho fundamental de seguridad jurídica así como la institución de cosa juzgada la cual robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa. En lo conducente, se invoca la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor: COSA JUZGADA. PRINCIPIO ESENCIAL DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. La cosa juzgada es la institución resultante de una sentencia obtenida de un proceso judicial seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los artículos 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 17, que señala que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Así, la relación armónica de esos dos artículos constitucionales instituye a la cosa juzgada como la resulta de un juicio concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse; privilegia la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del citado artículo 17 dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. La naturaleza trascendental de esa institución radica en que no sólo recoge el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Por lo anterior, la cosa juzgada es uno de los principios esenciales del derecho a la seguridad jurídica, en la medida en que el sometimiento a sus consecuencias constituye base esencial de un Estado de derecho, en el apartado de la impartición de justicia a su cargo. Bajo esa tesitura, queda de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia analizada ya que el acto reclamado por la quejosa al mismo juez responsable, fue materia de una ejecutoria anterior. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en la demanda de amparo y por autorizadas para ese efecto a las personas que señala por así solicitarlo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano