Agustina Ortíz Hernández
Expediente 813/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 30/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Agustina Ortíz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de abril de dos mil dieciocho. Se tienen por recibidos los oficios signados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 813/2017-II y un anexo, así como del incidente de suspensión derivado del presente juicio, promovido por ********************y testimonio de las ejecutorias emitidas en autos de los recursos de revisión 978/2017 y 672/2017. Por cuanto al A.R. 978/2017, se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero y por los motivos expuestos en el último considerando." En lo que concierne al I.R. 672/2017, se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de los autos del expediente principal, un anexo y cuaderno incidental, para los efectos legales a que haya lugar; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, así como el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó a su escrito de demanda, previo cotejo y certificación de la copia que exhiba para tal efecto, así como previa toma de razón y recibo que quede en autos, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. En el entendido de que el horario para dicha devolución, es de nueve a diez treinta horas los días lunes, miércoles y viernes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio 14422 signado por la Actuaria Judicial Adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo de los autos del juicio de amparo 813/2017-II y un anexo, asimismo, informa que por auto de veinticinco de octubre del año actual, se admite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, quedando registrado con el número 978/2017 (ADMINISTRATIVA); agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017 de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, quien actúa ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.ERIKA*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito de Liliana Pérez Rodríguez, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre del año en curso; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, téngase a la parte quejosa haciendo valer el RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia referida; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y, una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Decimoctavo Circuito, en Turno, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las diversas actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, además existe carencia de tóner para las impresoras y una exorbitante carga de trabajo con la que cuenta este juzgado visible de acuerdo a los datos estadísticos oficiales; por consiguiente se ordena formar el expediente de antecedentes que contenga sólo la copia del escrito de agravios, para que el original expediente del presente juicio de amparo pueda ser remitido al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Decimoctavo Circuito, en turno, y conozca del citado recurso de revisión. Hasta en tanto esté legalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal de Alzada, para la substanciación del medio de impugnación que hace valer la parte quejosa, se ordena agregar a los autos sus escritos originales de agravios. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 813/2017, promovido por Agustina Ortiz Hernández, por propio derecho, contra los actos que reclama del Congreso del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y otras autoridades. R E S U L T A N D O: [1] PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido el día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Agustina Ortiz Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y los actos que se transcriben a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "A) COMO ORDENADORA: 1.- H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 2.- COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 3.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU. B) COMO EJECUTORA: 1.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ ABREU. 2.- SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, MATÍAS QUIROZ MEDINA. 3.- DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL ESTADO DE MORELOS, MATÍAS QUIROZ MEDINA.". ACTOS RECLAMADOS. "1.- Al H. Congreso del Estado de Morelos se le reclama: a) La emisión, discusión, aprobación y expedición del decreto número mil trescientos setenta y tres (1373) por el que se crea a la entidad paraestatal denominada -Sistema Integrado de Transporte Masivo; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación; así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el 05 de abril del 2017, dentro del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, para quedar redactado de la siguiente manera respectivamente: (.) b) La evidente omisión y falta de Fundamentación y Motivación Legislativa del acto administrativo, llevado a cabo por el Congreso Libre y Soberano del Estado de Morelos; a través de la aprobación de todos y cada uno de sus Diputados, del decreto número mil trescientos setenta y tres (1373) por él se crea a la entidad paraestatal denominada -Sistema Integrado de Transporte Masivo; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación; así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, suscrito por el Secretario de Gobierno Dr. Matías Quiroz Medina; presentado a sesión ordinaria del 15 de noviembre del 2016 y concluida un día después de este, es decir, el 16 de noviembre del 2016, mismo que fue publicado el día 05 de abril de 2017, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado. c) Los vicios en el procedimiento legislativo que dio origen al decreto número trescientos setenta y tres (1373) por el que se crea a la entidad paraestatal denominada -Sistema Integrado de Transporte Masivo; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación; así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta publicado el 05 de abril del 2017, dentro del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Toda vez que en dicho procedimiento existieron violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental al decreto mismo, de tal manera que provocan su invalidez. Situaciones con las cuales se violan flagrantemente mis derechos fundamentales relativos a la legalidad, certeza y seguridad jurídica, consagrados en nuestra Constitución Política. d) El negarme el acceso bajo figura jurídica alguna a mi derecho de defensa que consagran los artículos 1°, 2, 8, 9, 10 y 25.1 de los Derechos Humanos, deberes de los Estados y Derechos Protegidos en la Convención Americana; violación tácita a los artículos 1, 8°, 11°, 14, 16, 17, 25, 26, 28, 39, 103 fracción I de Nuestra Carta Suprema en el País, ya que no he sido oído y vencido para imponerme un nuevo sistema de transporte que evidentemente afectará tanto a mi economía personal y familiar así como mi concesión, itinerario-derrotero, circulación y transportación y/o movilidad a mis actividades cotidianas. e) La violación flagrante del artículo 28 Constitucional que establece que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, ya que con la creación de la paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo, se viola dicha garantía en mi perjuicio. Por tanto, su simple implementación sería una práctica monopólica, concentración ilícita y una barrera, pues dicha concesión o concesiones que no serían muchas al ser de pasaje "masivo" acaparían el ingreso de diversos transportes, por tanto disminuirían, dañarían, impedirían o condicionarían de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica en el servicio y por ende al quejoso se dejaría en estado de indefensión, ya que el mismo me dejaría en desventaja para poder competir con ese nuevo sistema aunado a que del propio decreto y demás reformas que se han realizado ya se me está obstaculizando cualquier alternativa para poder prestar el servicio de transporte público, aunado a que no tendría posibilidad para poder trasladarme de un lugar a otro, siendo que me vería obligado a dejar de circular por las área y trayectos que ya tengo autorizado con anterioridad al nuevo acto, dañando y afectando con ello evidentemente tanto a mi economía personal y familiar así como mi transportación y/o movilidad a mis actividades cotidianas. 2.- A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado de Morelos integrada por los CC. Diputados de la Siguiente manera: Presidente: Dip. Enrique Javier Laffitte Bretón, Secretario: Dip. Norma Alicia Popoca Sotelo, Secretario: Dip. Ricardo Calvo Huerta, Secretario: Dip. Edwin Brito Brito, Vocal: Dip. Mario Alfonso Chávez Ortega, Vocal: Dip. Silvia Irra Marín, Vocal: Dip. Edith Beltrán Carrillo, Vocal: Dip. Jesús Escamilla Casarrubias, Vocal: Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales, Vocal: Dip. Jaime Álvarez Cisneros, Vocal: Dip. Julio César Yáñez Moreno, Vocal: Dip. Víctor Manuel Caballero Solano, Vocal: Dip. Manuel Nava Amores, Vocal: Dip. Beatriz Vicera Alatriste, Vocal: Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo, Vocal: Dip. José Manuel Tablas Pimentel, se les reclama: a) Los actos concernientes a la tramitación, análisis, estudio y emisión del dictamen sobre la iniciativa del decreto número mil trescientos setenta y tres (1373) por el que se crea a la entidad paraestatal denominada -Sistema Integrado de Transporte Masivo; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación; así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el 05 de abril del 2017, dentro del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, para quedar redactado de la siguiente manera respectivamente: (.) b) La injustificada omisión y falta de Fundamento y Motivación Legislativa del análisis y dictamen del acto administrativo identificado como decreto número mil trescientos setenta y tres 81373) por el que se crea a la entidad paraestatal denominada -Sistema Integrado de Transporte Masivo; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación; así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta (publicado el 05 de abril del 2017, dentro del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación) llevado a cabo por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado de Morelos, integrada por los CC. Diputados de la siguiente manera: Presidente: Dip. Enrique Javier Laffitte Bretón, Secretario: Dip. Norma Alicia Popoca Sotelo, Secretario: Dip. Ricardo Calvo Huerta, Secretario: Dip. Edwin Brito Brito, Vocal: Dip. Mario Alfonso Chávez Ortega, Vocal: Dip. Silvia Irra Marín, Vocal: Dip. Edith Beltrán Carrillo, Vocal: Dip. Jesús Escamilla Casarrubias, Vocal: Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales, Vocal: Dip. Jaime Álvarez Cisneros, Vocal: Dip. Julio César Yáñez Moreno, Vocal: Dip. Víctor Manuel Caballero Solano, Vocal: Dip. Manuel Nava Amores, Vocal: Dip. Beatriz Vicera Alatriste, Vocal: Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo, Vocal: Dip. José Manuel Tablas Pimentel. c) Los vicios en el procedimiento legislativo que dio origen al decreto número mil trescientos setenta y tres (1373) por el que se crea la entidad paraestatal denominada -Sistema Integrado de Transporte Masivo; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación; así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicada el 05 de abril del 2017, dentro del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Toda vez que en dicho procedimiento existieron violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental al decreto mismo, de tal manera que provocan su invalidez. Situaciones con las cuales se violan flagrantemente mis derechos fundamentales relativos a la legalidad certeza, certeza y seguridad jurídica, consagrados en nuestra Constitución Política. d) El negarme el acceso bajo figura jurídica alguna a mi derecho de defensa que consagran los artículos 1°, 2, 8, 9, 10 y 25.1 de los Derechos Humanos, deberes de los Estados y Derechos Protegidos en la Convención Americana; violación tácita a los artículos 1, 8°, 11°, 14, 16, 17, 25, 26, 28, 39, 103 fracción I de Nuestra Carta Suprema en el País, ya que no he sido oído y vencido para imponerme un nuevo sistema de transporte que evidentemente afectará tanto a mi economía personal y familiar así como mi concesión, itinerario-derrotero, circulación y transportación y/o movilidad a mis actividades cotidianas. e) La violación flagrante del artículo 28 Constitucional que establece que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, ya que con la creación de la paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo, se viola dicha garantía en mi perjuicio. Por tanto, su simple implementación sería una práctica monopólica, concentración ilícita y una barrera, pues dicha concesión o concesiones que no serían muchas al ser de pasaje "masivo" acaparían el ingreso de diversos transportes, por tanto disminuirían, dañarían, impedirían o condicionarían de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica en el servicio y por ende al quejoso se dejaría en estado de indefensión, ya que el mismo me dejaría en desventaja para poder competir con ese nuevo sistema aunado a que del propio decreto y demás reformas que se han realizado ya se me está obstaculizando cualquier alternativa para poder prestar el servicio de transporte público, aunado a que no tendría posibilidad para poder trasladarme de un lugar a otro, siendo que me vería obligado a dejar de circular por las área y trayectos que ya tengo autorizado con anterioridad al nuevo acto, dañando y afectando con ello evidentemente tanto a mi economía personal y familiar así como mi transportación y/o movilidad a mis actividades cotidianas. 3.- Al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, se le reclama: a) El dictamen sobre la iniciativa de decreto elaborada por el Gobernador del Estado y recepcionada en el Congreso del Estado en su sesión del día 15 de noviembre del 2016, denominada "Sistema Integrado de Transporte Masivo"; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación. Publicando el 05 de abril del 2017, dentro del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Con la emisión de dicha iniciativa por parte del Ejecutivo del Estado, también se violenta en mí contra diversas garantías individuales por lo que se les reclama: b) El negarme el acceso bajo figura jurídica alguna a mi derecho de defensa que consagran los artículos 1°, 2, 8, 9, 10 y 25.1 de los Derechos Humanos, deberes de los Estados y Derechos Protegidos en la Convención Americana; violación tácita a los artículos 1, 8°, 11°, 14, 16, 17, 25, 26, 28, 39, 103 fracción I de Nuestra Carta Suprema en el País, ya que no he sido oído y vencido para imponerme un nuevo sistema de transporte que evidentemente afectará tanto a mi economía personal y familiar así como mi concesión, itinerario-derrotero, circulación y transportación y/o movilidad a mis actividades cotidianas. c) La violación flagrante del artículo 28 Constitucional que establece que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las practicas monopólicas, ya que con la creación de la paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo, se viola dicha garantía en mi perjuicio. Por tanto, su simple implementación sería una práctica monopólica, concentración ilícita y una barrera, pues dicha concesión o concesiones que no serían muchas al ser de pasaje "masivo" acaparían el ingreso de diversos transportes, por tanto disminuirían, dañarían, impedirían o condicionarían de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica en el servicio y por ende al quejoso se dejaría en estado de indefensión, ya que el mismo me dejaría en desventaja para poder competir con ese nuevo sistema aunado a que del propio decreto y demás reformas que se han realizado ya se me está obstaculizando cualquier alternativa para poder prestar el servicio de transporte público, aunado a que no tendría posibilidad para poder trasladarme de un lugar a otro, siendo que me vería obligado a dejar de circular por las área y trayectos que ya tengo autorizado con anterioridad al nuevo acto, dañando y afectando con ello evidentemente tanto a mi economía personal y familiar así como mi transportación y/o movilidad a mis actividades cotidianas. d) La sanción y promulgación del decreto número mil trescientos setenta y tres (1373) por el que se crea a la entidad paraestatal denominada -Sistema Integrado de Transporte Masivo; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación; así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el 05 de abril del 2017, dentro del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, para quedar redactado de la siguiente manera respectivamente: (.) e) La promulgación y orden de publicación del decreto número mil trescientos setenta y tres (1373) por el que se crea a la entidad paraestatal -Sistema Integrado de Transporte Masivo; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación; así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el 05 de abril del 2017, dentro del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Y en su carácter de autoridad ejecutora se le reclama además: f) Los actos concernientes al eventual cumplimiento, aplicación, ejecución o uso de las autorizaciones contenidas en el citado decreto número mil trescientos setenta y tres (1373) por el que se crea a la entidad paraestatal denominada -Sistema Integrado de Transporte Masivo; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación; así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el 05 de abril del 2017, dentro del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, en sus ámbitos de aplicación mediante la instrumentación de todas las acciones que de hecho y de derecho se me apliquen por esta. g) Los efectos y consecuencias directas e indirectas materiales o de hecho, que del preinvocado decreto impugnado, se deriven o puedan llevarse a cabo, como lo es, su primer acto de aplicación del decreto mencionado que se impugna, en perjuicio del suscrito quejoso, en virtud de la creación jurídica y física del Sistema Integrado de Transporte Masivo y que traerá como consecuencia indiscutible el inminente detrimento de carácter irreparable para mi economía y/o gasto familiar y patrimonio familiar, ya que el mismo me dejaría en desventaja para podre competir con ese nuevo sistema aunado a que del propio decreto y demás reformas que se han realizado ya se me está obstaculizando cualquier alternativa para poder prestar el servicio de transporte público, aunado a que no tendría posibilidad para poder trasladarme de un lugar a otro, siendo que me vería obligado a dejar de circular por las áreas y trayectos que ya tengo autorizado con anterioridad al nuevo acto, dañando y afectando con ello evidentemente tanto a mi economía personal y familiar así como mi transportación y/o movilidad a mis actividades cotidianas. Así como mi concesión intirerario-derrotero, circulación. Aunado a que como se ha advertido por las propias responsables será un servicio troncal y en el cual quedare imposibilitado a prestar el servicio e transporte en el derrotero que actualmente exploto violentando flagrantemente con esto lo que al efecto establecen los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. 4.- Al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Matías Quiroz Medina, se le reclama: a) El refrendo y publicación decreto número trescientos setenta y tres (1373) por el que se crea a la entidad paraestatal denominada -Sistema Integrado de Transporte Masivo; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación; así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el 05 de abril del 2017, dentro del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. 5.- Al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, Matías Quiroz Medina, se le reclama: a) La publicación del decreto número trescientos setenta y tres (1373) por el que se crea a la entidad paraestatal denominada -Sistema Integrado de Transporte Masivo; y se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante el instrumento idóneo determine la naturaleza jurídica y demás particularidades para su operación; así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el 05 de abril del 2017, dentro del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación". [2] SEGUNDO. Admisión, trámite de la demanda y audiencia constitucional. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado formó el expediente 813/2017, se admitió la demanda de amparo, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: [3] PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. [4] Previamente a la precisión de los actos reclamados en el presente juicio, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. [5] SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados en el presente juicio. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados. [6] Para lograr ese propósito, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lineamientos que este juzgador debe observar, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido; b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda; y, c) tratándose del amparo contra leyes, para determinar cuál se combate, debe atenderse a lo expuesto en los conceptos de violación. [7] Con apoyo en esas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y anexos, se advierte que en el caso se reclaman: Del 1) Congreso del Estado de Morelos: La emisión, discusión, aprobación y expedición del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo y se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal para que determine la naturaleza jurídica de su operación; así como, las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el 5 (cinco) de abril de 2017 (dos mil diecisiete), en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; La omisión, falta de fundamentación y motivación del acto administrativo a través de la aprobación del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo; Los vicios en el proceso legislativo que dieron origen al Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo; La negativa de acceso de defensa prevista en los artículos 1, 2, 8, 9, 10 y 25.1 de los Derechos Humanos, Deberes de los Estados y Derechos Protegidos en la Convención Americana; violación tácita a los artículos 1, 8, 11, 14, 16, 17, 25, 26, 28, 39, 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no fue oído y vencido para imponerse del nuevo sistema de transporte; La violación del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la implementación de la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo, da origen a prácticas monopólicas. De la 2) Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos: La tramitación, análisis, estudio y emisión del dictamen sobre la iniciativa del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo y se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal para que determine la naturaleza jurídica de su operación; así como, las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el 5 (cinco) de abril de 2017 (dos mil diecisiete), en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; La omisión, falta de fundamentación y motivación del análisis y dictamen del acto administrativo a través de la aprobación del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo; Los vicios en el proceso legislativo que dieron origen al Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo; La negativa de acceso de defensa prevista en los artículos 1, 2, 8, 9, 10 y 25.1 de los Derechos Humanos, Deberes de los Estados y Derechos Protegidos en la Convención Americana; violación tácita a los artículos 1, 8, 11, 14, 16, 17, 25, 26, 28, 39, 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no fue oído y vencido para imponerse del nuevo sistema de transporte; La violación del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la implementación de la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo, da origen a prácticas monopólicas. Del 3) Gobernador del Estado de Morelos: El dictamen sobre la emisión de la iniciativa presentada al Congreso; así como, la sanción, promulgación y orden de publicación del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo y se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal para que determine la naturaleza jurídica de su operación; así como, las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el 5 (cinco) de abril de 2017 (dos mil diecisiete), en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; La negativa de acceso de defensa prevista en los artículos 1, 2, 8, 9, 10 y 25.1 de los Derechos Humanos, Deberes de los Estados y Derechos Protegidos en la Convención Americana; violación tácita a los artículos 1, 8, 11, 14, 16, 17, 25, 26, 28, 39, 103 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no fue oído y vencido para imponerse del nuevo sistema de transporte; La violación del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la implementación de la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo, da origen a prácticas monopólicas; El cumplimiento, aplicación, ejecución y uso de las autorizaciones contenidas en el Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo, y se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal para que determine la naturaleza jurídica de su operación; así como, las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el 5 (cinco) de abril de 2017 (dos mil diecisiete), en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; y, Los efectos, consecuencias directas e indirectas, materiales y de hecho que deriven o puedan llevarse a cabo, con el primer acto de aplicación del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo. Del 4) Secretario de Gobierno del Estado de Morelos: El refrendo y la orden de publicación del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo. Del 5) Director del Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos: La publicación de 5 (cinco) de abril de 2017 (dos mil diecisiete) del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo. [8] Precisados los actos reclamados, se destaca que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, pues no es posible analizar la procedencia de la acción de control constitucional y, en su caso, la constitucionalidad de los actos u omisiones atribuidos a las autoridades responsables, sin verificarse primero si los actos reclamados existen. [9] Por tanto, a continuación se verificará si los actos reclamados existen, después se analizarán, en su caso, las causas de improcedencia o de sobreseimiento que impidan someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes. [10] TERCERO. Análisis de la existencia de los actos reclamados. De la interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, 74, fracción I, y 117 de la Ley de Amparo, se advierten tres vías para acreditar la existencia de los actos reclamados, saber: a) La prueba directa; b) La presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, salvo que exista prueba en contrario; y, c) El reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. [11] CUARTO. Actos reclamados existentes. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1) Congreso; 2) Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso; 3) Gobernador; 4) Secretario de Gobierno; y, 5) Director del Periódico "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, consistentes en su respectiva participación en el proceso legislativo del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo y se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal para que determine la naturaleza jurídica de su operación; así como, las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el cinco de abril de dos mil diecisiete, en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos [12] Ello, en virtud de que así lo manifestaron al momento de rendir sus respectivos informes justificados (hojas 82 a 100; 78 y 79; 110 a 121; y, 103 a 109); máxime que al tratarse de un decreto derivado de un proceso legislativo, no es objeto de prueba, pues su existencia constituye un hecho notorio al haber sido publicado en los medios de difusión oficiales; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria a la Ley de Amparo y la Jurisprudencia de rubro "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". [13] QUINTO. Causales de improcedencia. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente. [14] La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de amparo de resolver los conflictos que se les plantean evitando interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, esto es, en caso de duda entre abrir o no el presente juicio en defensa de los derechos humanos que invoca la parte quejosa, por aplicación de los principios pro homine e in dubio pro actione, se debe elegir la respuesta afirmativa. [15] Por tanto, las causales de improcedencia del juicio de amparo deben interpretarse de manera estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano; de ahí que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, se acogerá únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva, que condiciona la actuación de todos los poderes públicos, incluido este Juzgador. [16] En el caso, las autoridades responsables 1) Congreso; 2) Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso; 3) Gobernador; 4) Secretario de Gobierno; y, 5) Director del Periódico "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, son coincidentes al sostener que los actos reclamados en el presente amparo no afectan el interés jurídico o legítimo de la quejosa Agustina Ortiz Hernández, y que por ende se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con el 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. [17] La causal de improcedencia propuesta se fundada y suficiente para sobreseer en el presente juicio de amparo, aunque por diversos motivos a los planteados por las autoridades responsables. [18] En primer lugar, es oportuno aclarar que de acuerdo al planteamiento de la demanda de amparo, se reclama la inconstitucionalidad del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo y se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal para que determine la naturaleza jurídica de su operación; así como, las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el cinco de abril de dos mil diecisiete, en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. [19] Ahora bien, en materia de amparo contra leyes, deben distinguirse las diferencias existentes entre una norma de carácter autoaplicativo y otra de orden heteroaplicativo. [20] Los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo atendiendo a la naturaleza de la norma general impugnada; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativa) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativa). [21] En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contado a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. [22] En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla general establecida en el artículo 17 de la ley citada. [23] Así, para la impugnación de las normas generales, mediante el juicio de amparo, se requiere que esas normas afecten la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea, porque automáticamente con su entrada en vigor, tal afectación se genere, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario a los solicitantes del amparo, con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. [24] Con el propósito de establecer las bases para distinguir las normas autoaplicativas de las heteroaplicativas, es conveniente citar la jurisprudencia de rubro "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." [25] De la jurisprudencia citada se desprende que una norma de carácter autoaplicativo, es aquella que admite la procedencia del juicio de amparo desde el momento en que entra en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ella contenido vincula al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. [26] Esto significa que tal tipo de normas vinculan al particular a su acatamiento desde el momento en que entran en vigor y por lo mismo, afectan su interés jurídico o legítimo desde ese instante, sin que se requiera un acto concreto de aplicación, razón por la cual se puede reclamar su inconstitucionalidad desde el momento mismo de su entrada en vigencia. [27] Respecto de las leyes de carácter heteroaplicativo, se reitera, son aquellas que por el contrario, para ser impugnadas a través del juicio de amparo, requieren necesariamente de la existencia de un acto concreto de aplicación en perjuicio del gobernado. [28] En ese contexto, para precisar la naturaleza del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo y se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal para que determine la naturaleza jurídica de su operación; así como, las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el cinco de abril de dos mil diecisiete, en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, cuya inconstitucionalidad se reclama, y que, según su artículo segundo transitorio, entró en vigor a partir del seis de abril de la presente anualidad, resulta conveniente transcribir el actual contenido de los artículos de interés: "(.) DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES POR EL QUE SE CREA A LA ENTIDAD PARAESTATAL DENOMINADA ?SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO?; Y SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA QUE MEDIANTE EL INSTRUMENTO IDÓNEO DETERMINE LA NATURALEZA JURÍDICA Y DEMÁS PARTICULARIDADES PARA SU OPERACIÓN ARTÍCULO PRIMERO. Se crea la Entidad Paraestatal denominada "SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO", como parte de la Administración Pública Paraestatal que tendrá su domicilio dentro de los límites del territorio del estado de Moleros (sic), conforme lo determine el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que mediante la expedición del Decreto administrativo correspondiente y la celebración de los actos e instrumentos jurídicos idóneos y necesarios, determine la naturaleza jurídica y, en consecuencia, las particularidades de la Entidad que se crea mediante el presente Decreto. ARTÍCULO TERCERO. Los instrumentos a que se refiere el Artículo Segundo del presente Decreto establecerán, en su caso, lo relativo al objeto de la Entidad, su Titular, órgano de gobierno, órgano interno de control, régimen laboral que regula las relaciones de trabajo de la Entidad con su personal, las aportaciones y fuentes de recursos para constituir su patrimonio y aquellas que se refieran para incrementarlo, entre otros aspectos. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial del Gobierno del estado de Morelos. TERCERA.- Dentro de un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir del inicio de vigencia del presente instrumento deberá de emitirse el Decreto administrativo correspondiente a que se refiere el Artículo Segundo. CUARTA.- Dentro de un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir del inicio de vigencia del Decreto administrativo a que se refiere la Disposición Transitoria que antecede, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal deberá celebrar los actos o instrumentos jurídicos idóneos y necesarios a que haya lugar, para luego informar al Congreso del Estado lo conducente. QUINTA.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango jerárquico normativo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. (.)" [29] Ahora bien, los preceptos legales impugnados que se encuentran inmersos dentro del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea el Sistema Integrado de Transporte Masivo, no constituyen disposiciones de carácter autoaplicativo. [30] Lo anterior es así ya que, suponiendo el hecho de que la parte quejosa, en su caso, lograra demostrar sus conceptos de violación en el sentido de que la creación de la entidad paraestatal afectará su libertad de libre tránsito, su derecho a una economía sana y una vida digna, por considerar que la creada se constituye como monopolio del servicio de transporte público, que a la postre redundará en un gasto excesivo por ser usuarios de este servicio; esto no puede materializarse por la sola entrada en vigor del decreto impugnado, ya que hasta este momento no se evidencia una afectación a sus derechos fundamentales, puesto que contrario a lo que aducen, las normas inmersas en el decreto únicamente establecen que: Se crea una paraestatal como parte de la administración pública estatal; Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que determine la naturaleza jurídica de la entidad creada; y, Respecto de la naturaleza jurídica de la paraestatal creada el Ejecutivo Estatal estará a cargo de lo concerniente al objeto de la entidad, su titular, órgano de gobierno, órgano interno de control, régimen laboral que regula las relaciones de trabajo de la entidad con su personal, las aportaciones, fuentes de recursos para constituir su patrimonio y aquellas que se refieran para incrementarlo, entre otros aspectos. [31] Así que, las disposiciones legales contenidas en el decreto, no afectan de manera automática la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que, hasta que exista un acto enderezado en su contra que afecte sus derechos fundamentales, basado en las disposiciones que ahora se tildan de inconstitucionales, será entonces cuando se actualice tal afectación, y por lo tanto, tendrán la posibilidad de comparecer al juicio de amparo, si ello fuere procedente. [32] En efecto, el hecho que las disposiciones combatidas establezcan la creación de un Sistema Integrado de Transporte Masivo que pueda responder de mejor manera a las exigencias ciudadanas y a los estándares ambientales que se han venido impulsando en las Entidades Federativas que conforman la megalópolis, entre las cuales se encuentra el Estado de Morelos, no privan por sí, los derechos de los usuarios del servicio público de transporte, puesto que para que ello ocurra, es necesario un acto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los agraviados, y en su caso, pueda analizarse de manera particular tal acto, así como las normas en las que se fundamentó. [33] Ahora bien, para que ello suceda, se requiere necesariamente la existencia de un acto de aplicación; esto es, que llegado el momento en que sean privados o molestados en relación a su derecho de libre tránsito, su derecho a una economía sana y una vida digna, por considerar que la creada se constituye como monopolio del servicio de transporte, que a la postre redundará en un gasto excesivo por ser usuarios de este servicio público, es lo que generará la posibilidad de que la parte quejosa acuda al juicio de amparo, puesto que será el momento en que los destinatarios de la norma, se vean afectados en su esfera jurídica; lo cual constituiría, en consecuencia, el primer acto de aplicación, toda vez que es a partir de este último momento, en el cual, a virtud de la aplicación de la norma cuestionada resienten un agravio personal y directo, como podría ser que con los preceptos legales que se encuentran inmersos dentro del decreto, se le coarte su derecho de libre tránsito y con ello los demás derechos que consideren violados. [34] Por tanto, es evidente que, al estar condicionada la impugnación de las disposiciones cuestionadas a un acto de aplicación en perjuicio de los gobernados; es decir, a que la parte quejosa encuadre dentro del supuesto de la norma y no a su sola entrada en vigor, es indudable que los preceptos inmersos en el decreto de referencia son de naturaleza heteroaplicativa, por lo que su inconstitucionalidad debe ser reclamada hasta en tanto tenga verificativo el primer acto de aplicación. [35] Así, la procedencia del juicio de amparo contra leyes se basa en la existencia de un agravio personal y directo que emane de la propia disposición controvertida, agravio que ni siquiera puede ser inminente, ni futuro, pues se encuentra condicionado a que la autoridad prive de un derecho a favor de los gobernados, lo que, en la especie, no se ha demostrado, por lo que no es factible admitir la procedencia del juicio de amparo, para analizar ordenamientos generales que no afectan a los gobernados, ni siquiera indiciariamente, con su sola entrada en vigor; por tanto, el que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo exista la aplicación individualizada de las normas controvertidas, constituye un requisito de procedencia del juicio, como lo dispone la jurisprudencia de rubro "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO." [36] Es importante puntualizar, que tratándose de normas heteroaplicativas, no cualquier acto de aplicación legitima al gobernado para acudir en demanda de amparo, sino que es requisito indispensable que dicho acto materialice los supuestos previstos por la norma y más aún, que ello trascienda a la esfera jurídica de la quejosa, generándole un perjuicio, entendido como una afectación o menoscabo a su esfera jurídica. [37] En las relatadas circunstancias, al evidenciarse que la emisión del decreto que se tilda de inconstitucional no constituye acto que afecte por su sola entrada en vigor, derechos sustantivos de la parte quejosa, y por otro lado, al no exhibirse en el presente juicio, evidencia alguna de la existencia de un acto concreto de aplicación de la norma; es la razón por la que se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. [38] A mayor abundamiento, para la procedencia del juicio de amparo se requiere como condición previa, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. [39] Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye la legitimación exigida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo. [40] El ejercicio de la acción restitutoria de derechos fundamentales está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, que lo legitima a instar la acción constitucional como se precisó en la jurisprudencia 10, emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1985, séptima época, parte VII, página 46, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL." [41] El perjuicio que legitimaría a la aquí quejosa está integrado por los siguientes componentes: La existencia de un derecho tutelado por la ley; Que ese derecho se vea afectado por un acto de autoridad; y, 3. Que la titularidad del derecho recaiga en la persona de la quejosa. [42] Ahora, Agustina Ortiz Hernández, acude en esta instancia constitucional ostentándose con el carácter de concesionaria de transporte público en el Estado de Morelos, pues así lo refiere en su demanda de amparo, en específico en el apartado de antecedentes, reclamando la inconstitucionalidad del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo y se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal para que determine la naturaleza jurídica de su operación; así como, las disposiciones transitorias cuarta y quinta, publicado el cinco de abril de dos mil diecisiete, en el Periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. [43] Para acreditar su interés jurídico o legítimo, el impetrante de amparo exhibió las siguientes documentales: Copia simple de credencial para votar, emitida por el Instituto Federal Electoral, folio 0195001072648, a nombre de Agustina Ortiz Hernández (hoja 1 anexo I); Copia certificada del recibo de pago registrado con el folio 2373431, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince, por el pago de concepto de canje anual de tarjetón, servicio público de transporte de pasajeros con itinerario fijo 2015 (hoja 2 anexo I); Copia certificada del recibo de pago registrado con el folio 3346003, de fecha quince de diciembre de dos mil diez, por el pago de concepto de canje anual de tarjetón, servicio público de transporte de pasajeros con itinerario fijo 2010 (hoja 3 anexo I); Copia certificada del tarjetón autorización para prestar el servicio de transporte público, con número de folio TMI101B104686, servicio público de transporte de pasajeros con itinerario fijo (hoja 5 anexo I); Copia simple del periódico oficial "Tierra y Libertad" de cinco de abril de dos mil diecisiete, que contiene el decreto en estudio (hojas 8 a 13); [44] Conforme a los preceptos constitucionales y de la Ley de Amparo invocados en párrafos que anteceden, para satisfacer el interés jurídico la parte quejosa debió demostrar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [45] Cabe destacar que ni en lo individual ni aun relacionando las probanzas aportadas por la quejosa podría arribarse a la conclusión de que hubiese demostrado tener interés jurídico o legítimo para combatir el Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea el Sistema Integrado de Transporte Masivo, ya que del análisis de las documentales señaladas -efectuado de una u otra forma- no se obtiene elemento alguno que pudiera llevar al convencimiento indudable de que la parte quejosa ha resentido un agravio o perjuicio en su esfera jurídica a partir de que entró en vigor tal decreto, pues aun cuando acreditó pago de renovación de la concesión de la ruta 7, con número de placas 160712-P, ello no puede traducirse en un derecho subjetivo que lo ubique en la norma para impugnarla, pues ello no acredita derecho si solo que la prestación del servicio sea en el lugar o ruta que tiene concesionada, pues no basta acreditar el pago de una renovación determinada para ter interés jurídico que requiere el juicio de amparo para su procedencia, pues lo que debe demostrase es que dicho servicio lo presta en la zona especifica en donde en su caso se crearía el transporte publico masivo, pues no debe pasar desapercibido que ha sido criterio reiterado del Alto Tribunal que el interés jurídico o legítimo para acudir al juicio de amparo no debe tenerse por demostrado a partir de suposiciones o inferencias, como lo disponen las jurisprudencias de rubros "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." y "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." [46] Por otro lado, tampoco quedó acreditado el interés legítimo de la quejosa, toda vez que la propia Primera Sala determinó que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurren en forma incondicionada y trascienden en la afectación individual, colectiva, calificada, actual real y jurídicamente relevante para la parte quejosa; es decir, se trata de una afectación a la quejosa en sentido amplio, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, para efectos de la concesión del amparo, en un beneficio jurídico para la quejosa. [47] Ahora bien, en el caso concreto la quejosa reclama el Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo, con motivo de su sola entrada en vigor. [48] Sin embargo, debe decirse que atento a la posición legal que ostenta la quejosa en relación a las porciones normativas inmersas en el decreto impugnado, se estima que acuden a la presente instancia constitucional en defensa de un interés legítimo. [49] Lo anterior, en la medida que la parte quejosa se ostenta como prestador del servicio público de transporte de personas en el Estado de Morelos, pero afirma que al establecerse la paraestatal creada le ocasionará una afectación a sus derechos de libre tránsito, de acceder a una economía sana y llevar una vida digna, por considerar que la creada se constituye como monopolio del servicio de transporte, que a la postre redundará en un gasto excesivo por ser prestador de este servicio público (afectación colateral). [50] Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a. CLXXXII/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 445, libro 18, mayo de 2015, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA." [51] Delimitado lo anterior, como ya se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues se estima que no quedó justificado que la supuesta o eventual "afectación colateral" alegada por la parte quejosa, sea generada con motivo de la sola entrada en vigor del decreto en estudio; esto es, no quedó demostrada la causalidad de la supuesta afectación a sus prerrogativas como prestador del servicio de transporte público, con motivo de la sola entrada en vigor de la norma inmersas en el decreto que impugnan. [52] En efecto, en cuanto al interés legítimo, debe quedar precisado que éste implica una afectación originada en una relación causal con los actos reclamados que no pueden ser hipotética, conjetural o abstracta; es decir, la afectación generada colateralmente por los actos reclamados impugnados, en otras palabras, debe ser palpable y discernible objetivamente, de tal forma que la afectación resentida por la parte quejosa deba calificarse como una verdadera creación de los actos reclamados, en el caso específico, del Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo, en su porción normativa impugnada. [53] Circunstancia que se insiste, no quedó demostrada, pues la premisa de afectación que hace valer la quejosa, no se advierte que derive del contenido del decreto. [54] La parte quejosa sostiene como argumento principal de sus conceptos de violación, que el Decreto número 1373 (mil trecientos setenta y tres) por el que se crea la entidad paraestatal denominada Sistema Integrado de Transporte Masivo y se autoriza al Poder Ejecutivo Estatal para que determine la naturaleza jurídica de su operación; así como, las disposiciones transitorias cuarta y quinta, le provoca una afectación a sus derechos de libre tránsito, de acceder a una economía sana y llevar una vida digna, por considerar que la creada se constituye como monopolio del servicio de transporte público, que a la postre redundará en un gasto excesivo por ser usuario de este servicio público. [55] Sin embargo, la afectación destacada por la quejosa a criterio del suscrito, no puede ser calificada como real, actual y palpable, con motivo de la entrada en vigor de las normas inmersas en el decreto impugnado, sino de hipotética, dependiente en su caso, de lo que en su momento pueda ser una errónea interpretación y aplicación de la normatividad. [56] Luego, es de concluir que la promovente del amparo acude a la presente instancia constitucional, en un momento en que la afectación que alegan no existe real, actual y concretamente, al no derivar expresamente del contenido y redacción del decreto impugnado, sino que se encuentra supeditada a sucesos futuros e inciertos, propios de la operatividad del sistema de transporte público. [57] En tales condiciones, con fundamento en lo establecido en la fracción V del artículo 63, en relación con el 61, fracción XII, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio promovido por Agustina Ortiz Hernández, contra los actos que reclamó del 1) Congreso; 2) Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso; 3) Gobernador; 4) Secretario de Gobierno; y, 5) Director del Periódico "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos. [58] No se soslaya que algunos de los criterios de jurisprudencia invocados en la presente resolución, se integraron conforme al texto de la Ley de Amparo anterior; sin embargo, al no oponerse a las disposiciones de la ley de la materia vigente, resultan aplicables, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. [59] Finalmente, dada la actualización de la causa de improcedencia anteriormente citada, resulta innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, así como los alegatos y demás causas de improcedencia hechas valer por las partes. [60] SEXTO. Protección de datos personales. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímase en la versión pública la información legalmente considerada como reservada y confidencial, y de conformidad con el artículo segundo transitorio de ese ordenamiento, suprímanse los datos personales, en términos del artículo 8 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de que se estima que sigue vigente la porción normativa del artículo 8 de la ley abrogada así como el precepto del reglamento en tanto que no existe normatividad en materia de datos personales, lo anterior, a efecto de que estén a disposición del público para su consulta en la página oficial de internet del Poder Judicial de la Federación, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia. Por lo anteriormente expuesto, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Agustina Ortiz Hernández, contra los actos que reclamaron del 1) Congreso; 2) Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso; 3) Gobernador; 4) Secretario de Gobierno; y, 5) Director del Periódico "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos; por los motivos y razonamientos jurídicos expuestos en el considerando quinto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Morelos, Aletia González Huerta, hasta el día de hoy veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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