Agustina María Martínez Muñoz
Expediente 118/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/12/2019
Partes del expediente
- Agustina María Martínez Muñoz
Actuaciones
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALEMNTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
a las nueve horas del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa ni sus autorizados no comparecieron en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este juzgado, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo 118/2019, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Agustina María Martínez Muñoz, por propio derecho, contra actos de la Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con sede en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8º y 17 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 118/2019-C. Se desecha la demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley [.]." Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentren previstos en la ley que rige la materia del acto de reclamo. En la especie, se considera que tal motivo de improcedencia se encuentra actualizado, virtud que la promovente reclama la omisión de la responsable de dar la contestación adecuada, conforme a sus pretensiones, dentro de la resolución relativa al recurso de inconformidad que hizo valer; por lo que ante la falta de exhaustividad en la determinación de trato, la quejosa tiene a su alcance los mecanismos de impugnación ordinarios mencionados en el resolutivo cuarto de dicha resolución, los cuales pueden modificar, revocar o nulificar la determinación que reclama en esta vía constitucional. Razones anteriores por las que resulta improcedente el juicio de amparo, virtud que, como ya se analizó, la promovente debió, previo a instar el juicio biinstancial, agotar los mecanismos de defensa que tiene a su alcance para dirimir la controversia respecto de la resolución que reclama de la responsable. Debe ponerse en relieve que se pretende combatir, aunque no en su totalidad, la determinación dictada por la responsable el veintinueve de octubre del actual, circunstancia que es susceptible de verificarse a través de alguno de los recursos que la propia autoridad refirió en la aludida determinación, resultando palmario que el análisis relativo debe ocuparse íntegramente de su contenido, atendiendo a que lo reclamado constituye en sí una unidad. Cobra aplicación al tópico expuesto, la tesis VI.2o.C. J/296 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2293, tomo XXVIII, octubre de 2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA. Es requisito de toda sentencia la congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que ésta constituye una unidad y los razonamientos contenidos en los primeros son elementos fundamentales para determinar el alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en donde el juzgador hace los razonamientos adecuados para llegar a una determinación, la cual debe ser clara y fundada, características que dejan de cumplirse cuando existe entre ellos una incompatibilidad en su sentido o son incongruentes con las consideraciones expresadas en la sentencia, pues si existe incompatibilidad entre el contenido de los puntos resolutivos de la sentencia se provoca incertidumbre respecto a su sentido y alcances." A más, que la ley que rige al acto de reclamo prevé la posibilidad de suspender los efectos de la determinación combatida con los mismos alcances que los que prevé la legislación de la materia y sin exigir mayores requisitos que la misma consigna para conceder la medida cautelar definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda promovida por Agustina María Martínez Muñoz. Domicilio y autorizada Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta; asimismo, se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hilaria Guadalupe Carmona Marín, dado que tiene inscrita la cedula profesional en el registro correspondiente. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Por último, a fin de configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integren el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente.
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