Agustina Juan Soto
Expediente 487/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2020
Partes del expediente
- Agustina Juan Soto
Actuaciones
- Principal
III.- Ahora bien, en consideración a que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron sobreseimiento fuera de audiencia de trece de octubre del año en curso, por la cual se sobreseyó el presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por otra parte, del estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
III.- Por recibido el comunicado de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 24, con residencia en Toluca, Estado de México, al que adjunta copia certificada de la sentencia emitida el diez de septiembre del año en curso, en el expediente agrario 730/2012. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes. Así las cosas, precisa destacar que en el presente juicio la quejosa Agustina Juan Soto, reclama la abstención del tribunal responsable de dictar sentencia en el expediente agrario 730/2012. No obstante lo anterior, de la constancia remitida con el oficio de cuenta, se desprende que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 24, con residencia en Toluca, Estado de México, el diez de septiembre del año en curso, dictó sentencia en el expediente agrario 730/2012. Por tanto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. La quejosa aduce que la autoridad Tribunal Unitario Agrario Distrito 24, con residencia en Toluca, Estado de México, viola sus derechos humanos al abstenerse de emitir sentencia en el expediente agrario 730/2012; sin embargo, la responsable remitió copia certificada de la resolución emitida el diez de septiembre de dos mil veinte, en el citado sumario. Lo antes narrado, evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el tribunal responsable dictó sentencia en el expediente agrario 730/20012; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando al momento de la presentación de la demanda existía la omisión reclamada, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, dictar la sentencia que en derecho procediera, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Se precisa que este juzgador de amparo considera innecesario dar vista a la parte quejosa con la actualización de la causa de improcedencia analizada, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que atendiendo a los motivos que la originaron no existe la mínima posibilidad de que dicha causal supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, ya que sólo provocaría retraso en la impartición de justicia máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo. Así las cosas, las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veinticinco minutos del quince de octubre de dos mil veinte, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Por otra parte, vista la razón de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del actuario adscrito a este juzgado para notificar personalmente a la quejosa, la determinación de veintinueve de septiembre del año en curso, por las manifestaciones ahí vertidas. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Notifíquese en los términos precisados en el presente proveído, por lista a la parte quejosa y por oficio a la responsable y Ministerio Público Federal adscrita. ACUERDO DE 29 DE SEPTIEMBRE QUE DICE: Téngase por recibida la constancia signada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, mediante la cual manifiesta la razón de imposibilidad para llevar acabo el emplazamiento de los terceros interesados Primo Martínez Monroy y núcleo agrario de San Bartolo del Llano, por conducto de su comisariado ejidal. estima procedente requerir a la parte quejosa a efecto de que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, proporcione el domicilio actual y correcto delos terceros interesados o en su caso, el de la Procuraduría Agraria, con el propósito de lograr su emplazamiento. Apercibida que en caso de ser omisa, se procederá en términos del artículo 27, fracción III, inciso b, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
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