Agustina Díaz Herrera

Expediente 292/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
292/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Agustina Díaz Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de junio de dos mil veintiuno. Vistos los oficios con los que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos sin que sea el caso proveer sobre su contenido, ya que en fecha veintisiete de mayo del año en curso, se resolvió el controvertido juicio constitucional en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, encontrándose en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa en unión de su Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional del juicio de amparo 292/2021-V-A, promovido por Agustina Díaz Herrera, por conducto de su apoderada legal, Susana Prieto Terrazas, sin la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procedió a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Acto continuo, abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar, se cierra dicho periodo. Por otro lado, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se pasa al periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes presentó los que les corresponden y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no realizó pedimento alguno. Con lo anterior, se declara cerrada la audiencia y con vista de lo actuado el suscrito Juzgador, pasa a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 292/2021-V-A, promovido por Agustina Díaz Herrera, por conducto de su apoderada legal, Susana Prieto Terrazas, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad el dieciséis de abril del dos mil veintiuno y turnado a este Juzgado el diecinueve siguiente, Agustina Díaz Herrera, por conducto de su apoderada legal, Susana Prieto Terrazas, promovió demanda de amparo, en contra de actos de la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otras autoridades, a quienes reclamaron lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO: La omisión por parte de la autoridad responsable de sustanciar en los términos que expresamente señala la Ley Federal del Trabajo, el juicio laboral promovido por mi representado, y específicamente, la del desahogo de pruebas tales como la pericial médica ofertada y admitida en términos de Ley, sin que hasta la fecha de la presentación de esta demanda se haya procedido al perfeccionamiento de la misma, pues la autoridad señalada en el numeral 3.1. ha sido omisa en nombrar perito a mi representado, y las señaladas en los numerales 3.2. y 3.3., han sido omisas en remitir las listas de peritos, y enviar al médico para la elaboración del dictamen solicitado, siendo que desde el 26 de septiembre del 2012, se ordenó desahogar la prueba pericial médica ofrecida por la parte actora, por no contarse con medios económicos para costearla, y hasta la fecha de la presentación de esta demanda, las autoridades responsables han omitido tomar las medidas pertinentes para lograr el desahogo de la pericial en comento, causando un perjuicio al estar inactivo el presente asunto por casi 11 años, siendo obligación de la responsable el cumplir con los términos señalados en los artículos 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. La parte quejosa considera trastocado en su perjuicio el artículo 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veinte de abril del dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 292/2021-V-A, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y artículo cuarto, fracción XVII, párrafo segundo, del Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto atribuido a una autoridad residente en esta ciudad, lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la promovente consiste en: La omisión de la autoridades señaladas como responsables, de sustanciar en los términos que expresamente señala la Ley Federal del Trabajo, el juicio laboral promovido por la directa quejosa, en específico, en el desahogo de pruebas, tal como la pericial médica ofertada y admitida en los términos de Ley, siendo que desde el veintiséis de septiembre del dos mil doce, se ordenó desahogar dicha prueba pericial médica ofrecida por la parte actora, sin que hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo, las autoridades responsables hayan omitido tomar las medidas pertinentes para lograr el desahogo de la pericial en comento, causando un perjuicio a la parte quejosa por estar inactivo el juicio laboral por casi once años, siendo obligación de la responsable de cumplir con los términos que señalan los artículos 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo. El descrito acto será materia de estudio en esta resolución, sin que de autos sea advierte alguno diverso. TERCERO. La autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados, en virtud de que el veinte de abril del dos mil veintiuno, se dictó el laudo en el juicio laboral 1081/2010, promovido por la parte quejosa; no obstante lo anterior, dicha negativa, se desestima, en virtud de que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (dieciséis de abril del dos mil veintiuno) la responsable aún no había emitido el laudo que aduce en su informe de ley; por lo tanto, es claro que a la fecha de la presentación del juicio de amparo, aún prevalecía el acto materia de reclamo, de ahí que se tengan por cierto el mismo. Circunstancia la anterior, que se acredita con las copias certificadas que la responsable anexó a su informe de ley, de diversos autos, entre ellos, el laudo de fecha veinte de abril de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 1081/2010, del índice de la responsable; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, con dichas documentales se demuestra la omisión reprochada a la autoridad responsable, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que esto se resuelve, la responsable, no había emitido el laudo en el juicio laboral promovido por la parte quejosa. Es decir, porque la aludida omisión existía al momento de la presentación de la demanda de amparo; de ahí que, se reitera, se tenga como cierto aquél acto materia de reclamo, esto es, la omisión de sustanciar en los términos que señalan la Ley Federal del Trabajo, el juicio laboral promovido por la parte quejosa desde el año dos mil diez. Por otra parte, en relación a las diversas autoridades responsables, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y Secretaría General de Peritajes y Exhortos de la citada junta, con residencia en la Ciudad de México, cabe señalar que si bien dichas autoridades no han rendido su informe justificado que les fuera solicitado, sin embargo, atendiendo el resultado al que se arribara en la presente determinación resultan innecesario los mismos, máxime que el suscrito en términos del numeral 17 de la Carta Magna, deberá impartir justicia pronta y expedita. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público, previamente a hacer el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, de los actos motivo de reclamo constitucional, acorde a lo establecido en el párrafo final del artículo 62, de la Ley de Amparo, es necesario realizar de oficio el estudio de las causas de improcedencia que pudieran provocar la improcedencia de este juicio de amparo, y por ende, el sobreseimiento del mismo, las aleguen o no las partes. Sobre el particular es aplicable la tesis 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, página 553, que dice textualmente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, de oficio se advierte que el acto atribuido a las responsables, consistente en la omisión de sustanciar el juicio laboral promovido por la parte quejosa, en los términos que expresamente señala la Ley Federal del Trabajo, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de las constancias que obran en autos se advierte que cesó en sus efectos. A fin de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior da pauta para estimar que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la omisión que fue reprochada en la presente instancia constitucional cesó en sus efectos al haberse dictado el laudo de veinte de abril del dos mil veintiuno, en el juicio laboral 1081/2010, promovido por la impetrante del amparo. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa; es decir, los efectos de la omisión reprochada desaparecieron, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Sin que impacte en la presente determinación que de las constancias de que remite la autoridad no se advierta la notificación realizada a la parte quejosa, pues cabe señalar que de dichas actuaciones en auto de diecisiete de mayo del año en curso, emitido en el juicio de amparo en que esto se resuelve, se corrió traslado de las documentales de mérito a la parte quejosa, de aquí que se estime que la impetrante del amparo desde que se le notificó dicho auto se hizo sabedora del laudo veinte de abril de dos mil veintiuno, emitido por la responsable. En esas condiciones, ante la inexistencia y constatación de un impedimento jurídico, lo que procede en este asunto es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ello, porque los efectos del acto reclamado deben analizarse en razón de la etapa procesal a la que correspondan; tal como lo delimitó la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, en la siguiente tesis2: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente Juicio de Amparo promovido por Agustina Díaz Herrera, por conducto de su apoderada legal, Susana Prieto Terrazas, de conformidad con el considerando cuarto de esta resolución. N o t i f í q u e s e. Así, lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Doy fe. veintisiete de mayo de dos mil veintiuno

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el oficio y anexos, signado por la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, agréguense a sus autos para que obren como correspondan por medio de los cuales de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado con el que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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