Agustina Alvarado de García

Expediente 792/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
792/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Agustina Alvarado de García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y de la certificación secretarial que antecede, toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de cinco de julio del presente año; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, de conformidad con el numeral 21, inciso d), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) De la interpretación de los anteriores preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución del laudo o sentencia cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Lo anterior, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución. Así, el legislador pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento jurisdiccional en etapa de ejecución puedan intentar el juicio protector de derechos humanos tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo y el entorpecimiento de la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. De esa manera, lo que se logra es que se continúe la ejecución de la sentencia sin mayores trabas y que el afectado, al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Así, el juicio procede en contra de actos después de concluido el juicio de origen, que son preliminares a la ejecución de sentencia y que no intentan ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural, ya que en contra de estos procede el juicio de amparo cuando se reclame la resolución que ponga fin al juicio o en su caso declare la imposibilidad de ejecutar la sentencia, y específicamente, tratándose de remates, la resolución que lo apruebe o desapruebe. En términos del criterio jurisprudencial antes citado, por última resolución debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Asimismo, el precepto legal invocado establece de manera categórica que tratándose de los procedimientos de remate, el juicio de amparo únicamente procederá en contra de la última resolución, siendo aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, y en ese caso, se harán valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Ahora bien, en el particular, la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de nueve de junio del año en curso, dictado en el toca civil de apelación *** del incide de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por la cual se confirma la interlocutoria de dos de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dentro del expediente ***. En este contexto, de la lectura integral de la demanda, se advierte que dicho acto tiene lugar en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues refiere la parte quejosa que al declarar procedente la sentencia interlocutoria respecto al incidente no especificado declaró nula la prescripción de sentencia que había obtenido a su favor. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado se advierte lo siguiente: 1. El trece de octubre de dos mil dieciséis, *** en su carácter de albacea definitivo de la sucesiones intestamentaria a bienes de ***, promovió incidente no especificado, a fin de obtener la reposición de autos dentro del expediente *** del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. 2. Así el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, fue dictada la resolución respecto al incidente no especificado declarándose procedente, en la cual se declaró nula la prescripción de sentencia que había obtenido a su favor la aquí quejosa. 3. Inconforme con dicha determinación el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación en contra de la referida interlocutoria. 4. Seguida la secuela procesal el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia interlocutoria respecto al incidente no especificado declarándose procedente y en virtud de ello se declaró nulo todo lo actuado dentro de dicho incidente. 5. El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la quejosa promovió incidente de nulidad de actuaciones en contra de la referida interlocutoria -dieciocho de septiembre de dos mil veinte-, así el dos de junio de ese mismo año, se resolvió dicha incidencia en la cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones. 7. Inconforme con dicha resolución -dos de junio de dos mil veintiuno-, interpuso recurso de apelación en efecto devolutivo, mismo que conoció la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, radicándolo con el toca de apelación*** de su índice. 8. Así, el nueve de junio de dos mil veintidós, la sala responsable resolvió el recurso, en la cual confirmó la resolución recurrida. Resolución que constituye el acto reclamado. En ese sentido, la actuación que constituye el acto reclamado forma parte del procedimiento en ejecución de sentencia; por consiguiente, le resulta aplicable la regla que prevé el último párrafo de la fracción IV, del arábigo 107 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto emitido dentro de la etapa de ejecución, en específico, en el procedimiento de remate. De ahí que, si se trata de un acto de ejecución de sentencia, y en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa; sin que ello ocurra en el presente asunto, pues la resolución reclamada no se trata de aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; por tanto, es evidente que en el caso, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, por unanimidad de votos estableció que se puede aplicar, excepcionalmente, por analogía la fracción IV del artículo 114 (ahora arábigo 107, fracción V) de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Sin embargo, también estableció que tal interpretación por analogía no se extiende al grado tal que permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Así, las partes tienen la posibilidad de impugnar actos en la etapa de ejecución de sentencia exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria del procedimiento de ejecución. Se arriba a tal conclusión, en virtud de que la interpretación por analogía -que fue la que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para arribar a la conclusión que contiene el criterio jurisprudencial transcrito- procede únicamente cuando no existe precepto expreso en la norma y cuando los hechos en esencia sean iguales; siendo que, en el supuesto que nos encontramos, el legislador contempló de manera categórica la regla de procedencia tratándose de actos en ejecución de sentencia o en remate. En efecto, del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se obtiene la regla relativa a que el amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia únicamente procede en contra de la última resolución; sin embargo, tratándose de los restantes actos verificados en ejecución de sentencia, que no tengan relación directa con la ejecución, es decir, aquellos actos que no tengan la intención o pretendan ejecutar la sentencia, debe de atenderse de manera genérica a la regla planteada por el legislador para los actos dentro de juicio prevista en la fracción V del mismo preceptos, a saber, la irreparabilidad del acto. De lo contrario, se estaría aplicando como regla general la prevista en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, y no al revés, lo que trastocaría la intención del legislador al establecer reglas específicas para la procedencia del acto reclamado en este tipo de actos. Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la "última resolución", porque de acreditarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la parte quejosa, tendría que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. En tales condiciones, resulta evidente que, lo que procede, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTÍAS, lo anterior, en virtud de que no existe duda en el suscrito juzgador para formarse un criterio distinto, ya que, con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Se tiene como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el que índica en su escrito inicial de demanda. Asimismo, ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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