Agustín Vargas Vega
Expediente 18/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Agustín Vargas Vega
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por ********************, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
Vista la razón actuarial elaborada por la actuaria adscrita a este juzgado federal, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar personalmente al quejoso el proveído de doce de enero de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de garantías; en consecuencia, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a dicho quejoso por medio lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal, el proveído aludido, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale diverso domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al acuerdo de catorce de enero de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído dictado el doce del mes y año en curso, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda que promueve ***, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en el capital y otra autoridad, que considera violatorios en perjuicio de las garantías contenidas en que considera violatorios en perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 18/2016-V; y, fórmese expediente. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo vigente establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede:... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Ello es así, toda vez que la parte quejosa en la demanda de amparo que dio origen a este juicio reclama la resolución de dos de diciembre de dos mil quince, emitida por la Sala que señala como responsable, dentro del toca de apelación ***, en la cual se declaró la improcedencia del recurso de denegada apelación promovido contra el auto de veintinueve de octubre de dos mil quince, dictado en el juicio natural por el Juez Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, en el que se negó la expedición de copias certificadas del expediente *** solicitadas a fin de acreditar la excepción de litispendencia opuesta por la aquí quejosa. Bajo ese contexto, es necesario precisar que el concepto de irreparabilidad, para la procedencia del juicio de amparo indirecto ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de tal manera que esa afectación no pueda enmendarse aun con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio. Por tanto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. b) Por el contrario, son actos de posible reparación, los que sólo tienen como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, los cuales son reparados si se obtiene una resolución acorde a los intereses del inconforme, dado que las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona y sin dejar huella en su esfera jurídica. c) Existe una excepción tratándose de actos procesales, ya que se consideran de imposible reparación, y por tanto, el juicio de amparo indirecto que se interponga en contra de ellos será procedente, cuando sus consecuencias afecten a las partes en grado predominante o superior; afectación que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, es decir, se dará tal afectación cuando concurran circunstancias de gran trascendencia, que signifiquen una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio. Entonces, los derechos sustantivos que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de las personas, los cuales surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del agraviado podría tener como efecto su restitución, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. La resolución de dos de diciembre de dos mil quince antes descrita -acto reclamado-, solamente afecta derechos de naturaleza procesal, porque si se dictara sentencia a favor del aquí quejoso, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva y en caso de que la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla a través del juicio de amparo directo, con fundamento en el artículo 170 de la Ley de Amparo. En efecto, no hay una afectación objetiva nacida de la etapa procesal, pues la trascendencia específica de la imposible reparación depende de que no se asegure el desarrollo del proceso con la debidas formalidades y garantías, lo cual no ocurre en este caso. Se afirma esto, porque si bien los actos de procedimiento que se pretenden combatir en esta instancia constitucional, consiste en la resolución de dos de diciembre de dos mil quince, emitida por la Octava Sala Ciivl del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la capital, que determinó improcedente la denegada apelación interpuesta contra el auto de veintinueve de octubre de dos mil quince, dictado por el Juez Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, en el controverido de origen en que se negó la expedición de copias certificadas del expediente *** solicitadas a fin de acreditar la excepción de litispendencia opuesta por la aquí quejosa; tal circunstancia no interfiere en el desarrollo normal del procedimiento, de manera que no se advierte una extrema gravedad o trascendencia específica que se traduzca en una situación especial dentro del proceso, de cuya suerte dependa la decisión de fondo, pues como se dijo, el quejoso podría obtener una resolución favorable. Además, la determinación reclamada por el quejoso no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino que en su caso, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 170 de la Ley de Amparo, en caso de afectar las defensas de la parte quejosa que pudieran trascender al resultado del fallo. En términos de lo anterior, la resolución reclamada no puede considerarse un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Se cita por sus consideraciones la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1539, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)" En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. En otro orden de ideas, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; asimismo, téngasele como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** y ***, en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, y a las personas restantes en términos restringidos, por así haberlo solicitado el promovente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.
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