Agustín Suarez Martínez

Expediente 650/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
650/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Agustín Suarez Martínez
  • Agente del Ministerio Público del Segundo Turno, adscrito al Centro de Atención Ciudadana de Tenancingo, Estado de México (en su denominación correcta 23/05/2022)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de octubre de dos mil veintidós. HOMÓLOGO SOLICITA VINCULACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por el cual solicita que se vinculado el presente asunto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al 1422/2022-I de su índice. Atento a lo anterior; se instruye al Oficial Judicial A, para que realice las gestiones correspondientes y el expediente electrónico sea disponible para que el Juzgado remitente y tenga acceso al mismo. Hágase del conocimiento la presente determinación a la oficiante, para los efectos legales conducentes. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    E..Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó y carece de relevancia documental. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18 inciso a), de dicho acuerdo, el original del incidente de suspensión es depurable, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, en términos del punto 7.1.1 (2), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a). Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó y carece de relevancia documental. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18 inciso a), de dicho acuerdo, el original del incidente de suspensión es depurable, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, en términos del punto 7.1.1 (2), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a). Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, Secretaria que autoriza y da fe.los

  4. Principal

    E......VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 650/2022-II-B; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, con sede en Toluca, el veintidós de abril de dos mil veintidós, turnado a este juzgado en esa misma data, Agustín Suárez Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 2 a 15 del juicio de amparo). En auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós (fojas 16 a 19 ídem), se admitió la demanda, requirieron los informes justificados, dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Previo requerimiento al quejoso a efecto de que aclarara su denominación, en auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se dejaron de tener a las autoridades responsables señaladas como 14) Agente Comisionado de Mandatos Judiciales, Presentaciones en el Estado de México, con jurisdicción en el Distrito Judicial de Tenancingo; 6) Coordinador de Unidades de Atención Inmediata, Conciliación y Apoyo para la Solución de Controversias de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y 15) Encargado de la Unidad de Mandamientos Judiciales en el Estado de México (foja 107). Ahora, mediante proveído emitido el nueve de agosto de dos mil veintidós (foja 144), se hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, decretado en el auto de dieciséis de junio de la presente anualidad (fojas 112 y 113), y se continuó el trámite únicamente por los actos y autoridades señaladas hasta este estado procesal; ello, a su más entero perjuicio -lo anterior, toda vez que este juzgado federal advirtió la participación de diversas autoridades, a saber: Director de Seguridad Pública de Tenancingo, Estado de México, así como del Director de Seguridad Pública y Tránsito, protección Civil y Bomberos-. Una vez sustanciado el juicio, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b, de la Constitución General de la República; 1° fracción primera, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse actos que tienen ejecución en donde este Juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad. Cabe precisar, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda debe computarse en atención a uno de los siguientes supuestos: a) a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto; b) la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, c) a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esa tesitura, a efecto de establecer con certeza y de forma plena la oportunidad que el quejoso tuvo para presentar la demanda de amparo y poder efectuar el cómputo correspondiente, es menester que obre constancia fehaciente del conocimiento del acto reclamado dentro del procedimiento que lo generó, lo que al caso concreto no acontece toda vez que ni la parte quejosa indicó cuando tuvo cocimiento de éste -como se advierte del escrito inicial de demanda-, ni tampoco de las constancias que integran el sumario en que se actúa; por tal motivo, a consideración de esta juzgadora, se debe tener como fecha en la que tuvo conocimiento del acto tildado de inconstitucional el veintidós de abril de dos mil veintidós -día en que fue depositada la demanda de amparo en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, con sede en Toluca-. Por lo anterior, se concluye que su presentación está dentro del plazo legal. TERCERO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que se reclaman. En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: ACTO RECLAMADO ( La orden de búsqueda, localización, presentación, arresto y citación, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Agente del Ministerio Público Javier Romero Reyes, adscrito al Centro de Atención Ciudadana de Tenancingo, Estado de México. 2. Fiscal Regional de Ixtapan de la Sal, del Centro de Atención Ciudadana de Tenancingo, Estado de México. 3. Fiscal Genera del Justicia del Estado de México. 4. y 13. Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía Genera del Justicia del Estado de México -en su denominación correcta-. 5. Titular de la Vice Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 7. Titular de la Fiscalía Central de Atención Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 8. Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 9. Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 10. Guardia Nacional. 11. Secretaría de la Defensa Nacional. 12. Secretaría de Seguridad del Estado de México. 13. Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado de México. 16. Director de Seguridad Pública de Tenancingo, Estado de México -en su denominación correcta-. CUARTO. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables 2. Fiscal Regional de Ixtapan de la Sal, del Centro de Atención Ciudadana de Tenancingo, Estado de México (foja 32); 3. Fiscal Genera del Justicia del Estado de México (foja 26); 4. y 13 Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía Genera del Justicia del Estado de México -en su denominación correcta- (foja 29); 5. Titular de la Vice Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 27); 7. Titular de la Fiscalía Central de Atención Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 28); 8. Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 25); 9. Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (fojas 124 y 125); 10. Guardia Nacional (foja 66); 11. Secretaría de la Defensa Nacional (foja 34); 12. Secretaría de Seguridad del Estado de México (foja 81); y 16. Director de Seguridad Pública de Tenancingo, Estado de México -en su denominación correcta- (foja 118 reverso), al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto que se les reclama. Ahora, por lo que hace a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Javier Romero Reyes, adscrito al Centro de Atención Ciudadana de Tenancingo, Estado de México (foja 58), negó la existencia de los reclamados consistentes en la orden de búsqueda, localización, presentación y arresto. Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria; por lo que ello, robustece lo determinado en el párrafo que precede. Sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas con los elementos de prueba conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1838, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad señalada, como responsable, niega el acto que se le imputa, y el quejoso no aduce prueba alguna, debe sobreseerse en el amparo relativo." Asimismo, la tesis de la Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, página 77, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, al ser inexistentes los actos atribuidos a las responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio y, por lo tanto, no es posible entrar al examen de los conceptos de violación planteados por la quejosa, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de rubro "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no era posible advertir la inexistencia de los actos reclamados, lo cual sí derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la simple admisión de la demanda de garantías no representa un impedimento para determinar la inexistencia del acto reclamado, si ésta se advierte del análisis de las constancias de autos, pues el suscrito juzgador está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En apoyo a las consideraciones expuestas, resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 544, en el tomo XIV, Julio de 1994, cuyo rubro enseguida se transcribe: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA." QUINTO. Existencia de acto. La autoridad responsable la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Javier Romero Reyes, adscrito al Centro de Atención Ciudadana de Tenancingo, Estado de México, aceptó la orden de citación emitida en contra del quejoso en la carpeta de investigación TGO/IXT/TGO/089/038295/22/02 (fojas 58 a 61). Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó la responsable a su informe justificado, consistentes en copia certificada de diversas actuaciones que obran en la carpeta de investigación TGO/IXT/TGO/089/038295/22/02; documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226 visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, parte SCJN, materia común, quinta época, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." SEXTO. Improcedencia. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. Entonces, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues de actualizarse alguna causa sería imposible el examen de la litis planteada. Este Juzgado Federal advierte que respecto a la citación reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia. En los procedimientos de remate. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De estas normas se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos emitidos fuera de juicio, cuyos efectos no son de imposible reparación. En efecto, la aludida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo debe interpretarse en conjunto con la fracción V del mismo numeral, que dispone la procedencia del juicio de derechos contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación (que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte). Lo anterior es así, porque la fracción V -actos de imposible reparación- contempla un supuesto de aplicación más amplio y protector, por lo que debe configurar la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos fuera de juicio. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, registro digital 163152, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal estableció su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Consideró que de la definición plasmada en la actual Ley de Amparo, se deduce la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estableció que dada la connotación que el legislador aportó respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no puede aplicarse la jurisprudencia que determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra aspectos formales que no se traducen en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, sino que producen una afectación en grado predominante o superior, porque esta concepción resulta incompatible con la actual Ley de Amparo. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, página 39, registro 2006589, que dispone: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese contexto, como se advierte de los antecedentes relatados, la citación reclamada fue emitida fuera de juicio; sin embargo, no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, porque en modo alguno impide al sentenciado el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y actual. En efecto, los artículos 90, 91, 92 y 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan la citación reclamada, en lo que interesa establecen: "Artículo 90. Citación Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. (.)" "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio. (.) La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento." "Artículo 92. Citación al imputado Siempre que sea requerida la presencia del imputado para realizar un acto procesal por el Órgano jurisdiccional, según corresponda, lo citará junto con su Defensor a comparecer. La citación deberá contener, además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el domicilio, el número telefónico y en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que ordene la citación." "Artículo 104. Imposición de medios de apremio El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: I. El Ministerio Público contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas;" De estas normas legales se advierte que la citación de la persona investigada ante el Agente del Ministerio Público, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, ni algún otro derecho sustantivo, pues se trata de una simple diligencia indagatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que en caso de negarse el citado a comparecer, se le pueda aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la que fuera conminado, lo que incluye que pueda ordenarse su comparecencia forzosa; sin embargo, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que -se insiste- la citación reclamada, por sí misma, no incide en la libertad personal del citado, ni en algún otro de sus derechos sustantivos. De ahí que contra la citación reclamada, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Penal, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, registro digital 2018828, del título y contenido: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto a la citación reclamada. Dada la determinación anterior, se hace extensivo el sobreseimiento decretado respecto de la ejecución reclamada, porque no fue controvertida por vicios propios, sino como consecuencia de dicho fallo. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, tomo VI, Materia Común, página 339, registro 239008, del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Agustín Suárez Martínez, contra los actos y autoridades precisadas en los considerandos cuarto y sexto, por los motivos y fundamentos expuestos en el presente fallo. Notifíquese como legalmente corresponda.

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