Agustín Sepulveda Méndez

Expediente 170/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
170/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Agustín Sepulveda Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de seis de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA ADSCRIPCIÓN Y SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE, EL PROVEÍDO DE SEIS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE QUEJOSA AGUSTIN SEPÚLVEDA MÉNDEZ, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, seis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por el quejoso Agustín Sepulveda Méndez y otro, mediante el cual, desahoga en sus términos las prevenciones que le fueron impuestas por auto de veinticinco de marzo del año en curso, y al afecto refiere lo siguiente: "PRIMERO: El inmueble que se encuentra dentro del contrato de mutuo y garantía hipotecaria, y que fue materia del juicio sumario hipotecario número 842/2018 del Juzgado Segundo de lo Civil de Zamora Michoacán, el cual se encuentra ubicado en la localidad del Cerro Colorado perteneciente al municipio de Yurécuaro Michoacán y que se denomina como el Potrero de Piedra y el Jaral, mientras que el inmueble en el cual la CAJA POPULAR SANTUARIO GUADALUPANO se encuentra también en la localidad del Cerro Colorado, es un inmueble ejidal perteneciente al municipio de Yurécuaro Michoacán y cuyos propietarios son el señor JOSÉ SEPÚLVEDA MÉNDEZ así como sus hijos de éste. Se anexan las copias simples de los certificados parcelarios así como de las copias de las escrituras del inmueble. SEGUNDO: Bajo protesta de decir la verdad, manifestamos que es nuestro deseo señalar las siguientes actuaciones como actos reclamados dentro del presente juicio de amparo indirecto número 170/2022-I: 1.- La falta de notificación respecto de la determinación contenida en el incidente de liquidación de sentencia del juicio sumario hipotecario número 842/2018 del Juzgado Segundo de lo Civil de Zamora, Michoacán. II.- La sentencia interlocutoria del incidente de liquidación promovido dentro del expediente 842/2018 del Juzgado Segundo de lo Civil de Zamora, Michoacán, dictada con fecha del mes de julio de 2020 dos mil veinte. III.- La audiencia de almoneda celebrada dentro del juicio sumario hipotecario número 842/2018 del Juzgado Segundo de lo Civil de Zamora Michoacán, la cual se celebró con fecha del 30 treinta de octubre del 2020 dos mil veinte y de la cual señalamos como autoridad responsable ejecutora a el actuario adscrito del Juzgado Segundo de lo Civil de Zamora. TERCERO: Bajo protesta de decir la verdad manifestamos que es nuestra voluntad señalar como acto reclamado la falta de contestación por parte del Juzgado Segundo de lo Civil de Zamora Michoacán, al incidente de nulidad presentado con fecha 22 veintidós de noviembre del año 2020 dos mil veinte y en el cual me oponía a la adjudicación del bien inmueble denominado el Potrero de Piedra y el Jaral, el cual había sido rematado en la almoneda celebrada el día 30 de octubre del año 2020 dos mil veinte y de la cual no se nos había notificado, por lo que la redacción de los hechos del presente incidente eran los siguientes: [...]. " DESECHAMIENTO. Expuesto lo anterior es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En principio, es conveniente precisar que en su escrito inicial de demanda, el quejoso Agustín Sepúlveda Méndez, por derecho propio, señaló como acto reclamado el siguiente: La adjudicación del bien inmueble denominado El Potrero de Piedra y el Jaral, así como de otro predio ejidal, a la Caja Popular Santuario Guadalupano S.C. de A.P. de R.L. de C.V. en autos del juicio sumario hipotecario 842/2018. Posteriormente en su escrito de cumplimiento a la prevención: La falta de notificación respecto de la determinación contenida en el incidente de liquidación de sentencia del juicio sumario hipotecario número 842/2018 del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. La sentencia interlocutoria del incidente de liquidación promovido dentro del expediente 842/2018 del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, dictada con fecha del mes de julio de 2020 dos mil veinte. La audiencia de almoneda celebrada dentro del juicio sumario hipotecario número 842/2018 del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, la cual se celebró con fecha del 30 treinta de octubre del 2020 dos mil veinte. La falta de contestación por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, al incidente de nulidad presentado con fecha 22 veintidós de noviembre del año 2020 dos mil veinte. En esa virtud, el suscrito advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de garantías, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se indican en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia a que se alude, es de citar la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Esta jurisprudencia se considera afín a la Ley de Amparo, al tratar un tópico que contempla de nueva cuenta el legislador, que pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, a saber: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para la promoción del juicio de garantías. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. En el caso, de la demanda se advierte que el peticionario de amparo señaló como actos reclamados, la adjudicación del bien inmueble denominado El Potrero de Piedra y el Jaral, así como de otro predio ejidal, a la Caja Popular Santuario Guadalupano S.C. de A.P. de R.L. de C.V. en autos del juicio sumario hipotecario 842/2018, con fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, En ese contexto, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal; habida cuenta que, en la especie, no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que la determinación atribuida a la autoridad señalada como responsable, no es de aquellas que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión (en el acto que se analiza), y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Para una mejor comprensión del presente asunto, es oportuno hacer relación de los antecedentes del acto reclamado, que la parte quejosa expone bajo protesta de decir verdad, quien refiere que dentro del juicio civil hipotecario 842/2018, del cual fue parte como el mismo lo refiere, se dictó sentencia definitiva, por la cual se determinó absolver al quejoso del pago de las prestaciones, sin embargo, en contra de dicha sentencia promovió apelación resultando que la misma fue revocada, por lo que el aquí quejoso intentó promover amparo directo en contra de la misma, sin que el mismo, de acuerdo a su dicho, le haya sido recibido; por lo que, a todo lo anterior, y a petición de la parte actora, el seis de marzo del dos mil veinte, se admitió incidente de liquidación de sentencia, resuelto el mismo se fijó fecha para audiencia de almoneda, la cual fue celebrada el treinta de octubre de dos mil veinte, y como consecuencia a esta, el nueve de noviembre de ese año, se adjudicó el bien inmueble de referencia, y todo lo cual aduce no le fue notificado, sin embargo si tuvo conocimiento, ya que con fecha de veintisiete de noviembre del años dos mil veinte, presentó ante la autoridad responsable escrito oponiéndose a la adjudicación de los inmuebles el Potrero de Piedra y el Jaral, como el mismo lo manifiesta y acredita con la constancia que anexa a su escrito inicial de demanda. Ello es así toda vez que en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, los plazos para la presentación de la demanda de amparo indirecto se computarán a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado, en el caso, veintisiete de noviembre del dos mil veinte, fecha en la que mediante escrito que presentó ante la autoridad responsable manifestó su oposición a la adjudicación de los inmuebles el Potrero de Piedra y el Jaral, siendo la fecha en la consintió el acto reclamado y tuvo conocimiento del mismo, acorde a los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad. Por ende, si la demanda de amparo fue presentada el veinticuatro de marzo pasado, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados. Esto es, aun excluyendo de dicho cómputo los días no laborables, la presentación de la demanda de amparo sigue estando fuera del plazo que la ley exige para estudiar los actos reclamados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito de los actos reclamados, que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA ADSCRIPCIÓN Y SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE, EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE QUEJOSA AGUSTIN SEPÚLVEDA MÉNDEZ, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: DEMANDA Y RADICACIÓN Con el escrito de cuenta se tiene a Agustín Sepúlveda Méndez, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra el Juez de Segundo Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 170/2022-I. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. ... Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Consideraciones previas. .... PREVENCIONES. Con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que al momento de la notificación o, máximo dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído deberá: PRIMERO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, cual es el "otro predio ejidal", que refiere fue adjudicado a la Caja Popular Santuario Guadalupano S.C. de A.P. de R.L. de C.V. en autos del juicio sumario hipotecario 84/2018, y los hechos, abstenciones y antecedentes que lo conformen. SEGUNDO.- Manifieste bajo protesta de decir verdad, si es su deseo señalar también como acto reclamado la falta de notificación respecto de la determinación contenida en el incidente de liquidación de sentencia, promovido por la parte actora, ante la autoridad responsable; así como la sentencia de seis de julio de dos mil veinte, dictada en el referido incidente, audiencia de almoneda celebrada el treinta de octubre de dos mil veinte, y la adjudicación del bien inmueble; debiendo para lo cual, precisar si únicamente reclama la sentencia que ahí se dictó, y las consecuencias que deriven de la misma, o también la falta de llamamiento al procedimiento, toda vez que refiere que debió haber sido emplazado a ese procedimiento a fin de producir su defensa; y, en caso de también señalar como acto reclamado el segundo supuesto [falta de llamamiento al procedimiento], deberá señalar como responsable ejecutora al actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. TERCERO.- Manifieste bajo protesta de decir verdad, si también es su deseo señalar, como acto reclamado la falta de contestación al incidente de nulidad, que refiere haber promovido ante la autoridad responsable, debiendo para tal efecto, señalar los hechos, abstenciones y antecedentes que conformen el acto reclamado. ... Apercibimiento. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento a lo requerido en párrafos que anteceden, en el término concedido, se tendrá por no presentada la demanda que se atiende, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: .... Asimismo, al dar cumplimiento a la prevención impuesta, la parte quejosa deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: .... AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones Los Estrados; así como únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Andrea Celeste Trejo Policki, por así haberlo solicitado. .... COPIAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. ... Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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