Agustin Secundino Ernesto Novo Rodríguez

Expediente 686/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
686/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Agustin Secundino Ernesto Novo Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, seis de agosto de dos mil diecinueve. Vista, la demanda de amparo, con sus copias que promueven Agustín Secundino Ernesto Novo Rodríguez, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Boca del Río, Veracruz; fórmese juicio de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 686/2019-II, que es el que le corresponde. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto, prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o eaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto legal antes transcrito hace alusión a la improcedencia del juicio de amparo por inobservancia del principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, dentro del procedimiento de que se trate, antes de acudir al juicio de amparo, que por su propia naturaleza constituye un medio extraordinario de defensa. Establecido lo anterior, cabe precisar que de la demanda de amparo se desprende que la parte promovente señala como acto reclamado, el siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- A la autoridad que se ha señalado como responsable le atribuyo el siguiente acto: 1. El acuerdo de fecha veintiséis de junio del año dos mil diecinueve. Vistas las actuaciones que integran el presente expediente laboral número 533/X/2014, en atención al escrito signado por el licenciado Marvin Pérez Álvarez, apoderado legal del actor, de fecha veinte de marzo del año en curso, recibido ante esta autoridad en la misma fecha que se encuentra solicitando que se notifique de nueva cuenta a la señora Adriana Grappa Guzmán, en su carácter de administrador único de la empresa Operadora de Franquicias de Turismo Receptivo, S.A. de C.V., dígasele que no ha lugar, toda vez que a dicha persona ya le fue notificado con antelación, tal como consta a foja 81 vta.- Notifíquese por LISTA DE ESTRADOS y cúmplase. Así lo proveyó y firma el C. Presidente de la H. Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado." Ahora, es de observarse que el quejoso en el escrito de demanda precisa que es parte actora en el juicio laboral 533/X/2014, así como que el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se dictó laudo, en el que se condenó a la parte demandada, el cual fue combatido en amparo directo tanto por la parte actora como por la demandada, radicándose con los números 816/2016 y 817/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en los cuales se le concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitados. Por su parte, del ocurso inicial de demanda se desprende que el peticionario de amparo reclama el acuerdo en el que se proveyó desfavorable su petición de que se notificara nuevamente a la parte demandada para que diera cumplimiento al laudo, dado que ha sido omisa en acatar dicho fallo. Acto, respecto del cual se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual refiere la improcedencia del juicio de protección de derechos fundamentales cuando se promueva contra actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados a través de los recursos o medios de defensa ordinarios, previstos en las leyes que rigen al acto reclamado, en atención al principio de definitividad que rige en la materia de amparo. En efecto, resulta evidente que la parte quejosa, dada su calidad de parte formal en el juicio natural, no ha agotado el recurso ordinario o medio de defensa que la ley que rige el acto reclamado prevé para su impugnación; a fin de cumplir con el principio de definitividad del amparo con independencia de que tal medio de defensa no pueda ya hacerse valer. Lo anterior es así, precisamente porque el peticionario del amparo reclama un auto dictado en el periodo de ejecución del laudo, en el que la Presidenta responsable se niega a notificar a la parte demandada para que cumpla con dicho fallo, acto respecto del cual debió interponer el recurso de revisión a que alude el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al momento del inicio del juicio natural, en términos del transitorio Séptimo del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo publicado el uno de mayo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que dicho precepto legal regula tal medio de impugnación en contra de los actos de los presidentes y actuarios en ejecución de laudos, esto a efecto de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, circunstancia que en el caso que nos ocupa, no aconteció. Ello es así, pues los artículos relativos a la revisión de los actos de ejecución, aplicables al presente asunto, prevén lo siguiente: Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión". Artículo 850. De la revisión conocerá: I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria". "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas;II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley". De la exégesis de dichos preceptos legales, se desprende que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. De ahí que, los funcionarios mencionados en los preceptos en comento son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si, como en el caso, dicho acto se le atribuye a la Presidenta adscrita a la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Boca del Río, Veracruz, consistente en el auto dictado en el periodo de ejecución del laudo, en el que se negó a notificar a la parte demandada para que cumpla con dicho fallo, es claro que en contra de tal determinación procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes y actuarios en ejecución de los laudos. Ante ello, si en el caso concreto a la Presidenta responsable se le reclama el auto en el que se negó a notificar a la parte demandada para que cumpla con el laudo, acto emitido dentro de la sección de ejecución; y contra el mismo la ley establece que procede el recurso de revisión, respectivamente, es inconcuso que al no agotarse éste, resulta improcedente el juicio de protección de derechos fundamentales, de acuerdo a lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin que se encuentre en ninguno de los casos de excepción previsto en dicha fracción. No es óbice, para arribar a dicha conclusión que el acto reclamado, consistente en el auto dictado en el periodo de ejecución del laudo, en el que la Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Boca del Río, Veracruz se niega a notificar a la parte demandada para que cumpla con dicho fallo, pueda afectar el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva, al estimarse que aun cuando dicha negativa no tiene la consecuencia de paralizar en forma total la ejecución del laudo, si tiene la de obstaculizar de manera indefinida su ejecución, con lo cual no se logra una justicia pronta y eficaz, es decir, que se trate de un acto de imposible reparación, ya que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto, de lo que se sigue que la irreparabilidad del acto no genera, por sí misma, una excepción al principio de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos reclamados. En las relacionadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no haber agotado la parte promovente el recurso ordinario a su alcance; en consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de dicho cuerpo legal, debe desecharse la demanda promovida por por Agustín Secundino Ernesto Novo Rodríguez. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal.

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