Agustin Sarabia Mendoza

Expediente 1758/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1758/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Agustin Sarabia Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de esta fecha en el cuaderno principal del juicio de amparo 727/2019, promovido por ******, por propio derecho, contra actos del Delegado Estatal en Guerrero de la Procuraduría Agraria, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, se apertura por duplicado y separado el presente incidente de suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas por separado del informe justificado que, en su caso, formulen en el cuaderno principal, enviándole al efecto copia simple de la demanda de garantías. Se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace saber a las autoridades responsables que en caso de no rendir en forma oportuna sus informes previos, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, debe señalarse de manera específica el acto que en la especie se reclama, y una vez realizado un cabal estudio del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como tal el siguiente: "El ilegal acto que desplegaron las autoridades responsables de no reconocimiento (desconocimiento) del cargo que el suscrito ostento como presidente del comisariado de bienes comunales de Cochoapa el Grande, Guerrero, y que desempeño por haber sido electo, acto que fue desplegado por las autoridades a efecto de que no se me reconociera ese carácter, pretendiendo reconocérselo a otra persona, sin que exista justificación alguna, por no haber sido realizado ningún procedimiento de elección legal y por estar pendiente un año para concluir el periodo por el que fui electo, sin haber agotado algún procedimiento en donde se respetaran las formalidades mínimas del procedimiento y donde se garantizara mi derecho de audiencia, substanciado ante los tribunales ya establecidos, tal y como lo disponen los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior trajo como consecuencia, la orden negativa verbal que ordenaron todas las autoridades responsables para que el suscrito en mi calidad de Presidente de Comisariado de Bienes Comunales de Cochoapa el Grande, Guerrero, con el objeto de que sean beneficiados con el programa del fertilizante, lo que a su vez acarreo la incertidumbre de los comuneros que ordinariamente realizan los trámites ante el suscrito y en general de toda la población por estar nuestro municipio asentado en tierras que constituyen un núcleo agrario, lo que me resta autoridad y produce problemas de gobernabilidad en nuestro núcleo." También es menester observar lo dispuesto por la fracción X del artículo 107 constitucional, que señala que para proveer en torno a dicha medida cautelar, debe atenderse a la naturaleza de la violación alegada, lo cual resulta posible a través de la precisión del acto que se combate por esta vía constitucional. En ese sentido, cabe hacer mención que la medida cautelar se pide para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, no se ejecute la resolución reclamada. Al respecto, se considera pertinente establecer los requisitos señalados por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo para su procedencia: "ARTICULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos: III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos. X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de la ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad. XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Precisado lo anterior, este juzgador se pronunciará únicamente respecto de las consecuencias del acto reclamado. Es aplicable a la anterior determinación, por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia 2ª./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada del acto reclamado, por ser este la materia de fondo en el amparo y de otorgarla se estarían dando efectos restitutorios, lo cual únicamente es propio de la sentencia que en el expediente principal se dicte, puesto que en caso de concederse la protección constitucional conforme al artículo 77, fracción I, de la Ley de la Materia, el efecto será el de restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, esto es, restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, de ahí que, de concederse la medida cautelar respecto de los actos precisados, resulta improcedente. Tiene aplicación al caso en particular la tesis jurisprudencial 1871, que es del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA.- Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al en que tenían antes de la violación constitucional, lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo". Téngase como domicilio del promovente el que señala en su escrito de demanda, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a Luis Gabriel Alvarado Avilés, Juan Manuel Ramírez Santiago, Abraham Jiménez Rendón, Brianda Jolotzy Viridiana López Hesiquio, Eduardo Martínez Hernández, Juan Antonio Gonzales Flores, toda vez que cuentan con registro de cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona, por no contar con el requisito anterior.

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