Agustín Santamaría Robles
Expediente 950/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 10/08/2021
Partes del expediente
- Agustín Santamaría Robles
- Agustín Santamaría Robles y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de ocho de julio del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo.
- Principal
MESA III. Toluca, Estado de México, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido al quejoso en proveído de veintinueve de junio del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La resolución de calificación de la detención del quejoso y el auto de vinculación a proceso, hechos por el Juez de Control de Toluca, el veintidós de noviembre del presente año, en la carpeta administrativa 1002/2020." Previa substanciación del juicio de amparo, el veinticuatro de mayo de la presente anualidad, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistentes las resoluciones reclamadas. b) Señale día y hora para la celebración de la audiencia inicial (relativa a la calificación de detención, formulación de imputación y vinculación a proceso), en la cual deberá cerciorarse que la persona que designe el imputado ahora quejoso como su defensor, cuente con la calidad de licenciado en derecho, circunstancia que deberá constatarse con el auxiliar de sala, debiendo obrar dichas circunstancias en los registros de audio y video; y, c) Superado lo anterior, continúe con el procedimiento respectivo y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda tocante a la situación jurídica del imputado." El quince de junio del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el veinticuatro de junio del año que transcurre, se tuvo por recibido el oficio 3012080P00/6599/2021 (con anexos), mediante el cual la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, informó que dejó sin efecto alguno las resoluciones emitidas el veintidós de noviembre de dos mil veinte, de detención, formulación de imputación y auto de vinculación, subsecuentes, y ordenó comunicarlo al Centro Carcelario de esta Localidad; asimismo, que en reposición de la audiencia inicial, calificó de legal y ratificó la detención decretada por el Ministerio Público en contra de Agustín Santamaría Robles, por el hecho que la Ley señala como delito de robo con modificativas agravantes de haberse cometido con violencia sobre las personas y haber aprovechado la confusión ocasionada por un siniestro, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción III, 290 fracción I, inciso a), fracción VI, en relación con los artículos 6, 7 y 8 fracción I y III y 11 fracción I inciso d), del Código Penal vigente en el Estado de México, cometido en agravio del patrimonio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México y Erick Noé Rodríguez Uribe, así como por el hecho que la ley señala como delito de lesiones con modificativas agravantes de haberse cometido con un arma prohibida y cometerse en agravio de un servidor público de una institución pública Estatal, ilícito previsto y sancionado por los artículos 236, 237 fracción I y 238 fracción I y VI, en relación con I s artículos 245 inciso b), 245 BIS, así como 6, 7 y 8 fracción I y III, 11 fracción I inciso c), del Código Penal vigente en el Estado de México, cometido en agravio de Erick Noé Rodríguez Uribe; y finalmente por el hecho que la ley señala como delito de daño en los bienes, ilícito previsto y sancionado por los artículos 309 y 310 fracción IV, en relación con los artículos 6, 7 y 8 fracción I y III y 11 fracción I inciso d), del Código Penal vigente en el Estado de México, cometido en agravio del patrimonio del Ayuntamiento constitucional de Ecatepec, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, reanudándose el plazo constitucional, mismo que se retrotrae a las once horas con cincuenta y nueve minutos del veintiuno de noviembre del dos mil veinte, habiendo transcurrido diecinueve horas. Además, comunicó que verificó que todos los órganos técnicos que asistieron, como Agentes del Ministerio Público, asesor jurídico y Defensores privados, contaran con cedula profesional otorgada por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de profesiones. Luego, el veintinueve de junio del año que transcurre, se tuvo por recibido el oficio 3012080P00/6824/2021 (con anexos), mediante el cual la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, hizo del conocimiento que el veinticuatro de junio pasado, dictó auto de vinculación a proceso en forma oral, en contra de Agustín Santamaría Robles, por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia física sobre las personas, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción I, 290 fracción I, inciso a); en relación con los diversos 6, 7 y 8 fracción I y III y 11 fracción l inciso d), del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Erick Noé Rodríguez Uribe y el patrimonio de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México; en el entendido de que el delito de lesiones queda subsumido en el delito en mención; así como por el hecho delictuoso de daño en los bienes, ilícito previsto y sancionado por los artículos 309 y 310 fracción IV; en relación con los diversos 6, 7 y 8 fracción I y III y 11 fracción I inciso d), del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio del Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec, Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México y Empresa Integra Arrenda Sociedad Anónima de Capital Variable SOFÓN E.N.R., por lo que adjuntó copia certificada del audio y video de las audiencias de veinte, veintidós y veinticuatro de junio de este año, constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con las directrices de la concesión del amparo, es decir, dejó insubsistentes las resoluciones reclamadas, señaló día y hora para la celebración de la audiencia inicial (relativa a la calificación de detención, formulación de imputación y vinculación a proceso), se cercioró que la persona que designó el imputado ahora quejoso como su defensor, cuenta con la calidad de licenciado en derecho, continuo con el procedimiento respectivo y, con plenitud de jurisdicción, resolvió lo que en derecho corresponde tocante a la situación jurídica del imputado. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
- Principal
se da vista con cumplimiento de la autoridad responsable
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios (el segundo con anexos) de cuenta; mediante los cuales, con el primero, la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en cumplimiento al diverso 19113/2021 del propio registro, informa que en vías de cumplimiento a la ejecutoria dictada por este juzgado, señaló las ocho horas con treinta minutos del veinte de junio del año que transcurre, para que tenga verificativo la audiencia para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, no se emite mayor pronunciamiento, toda vez que del estado de autos se aprecia que similar información se acordó mediante proveído de veintiuno de junio pasado. Por otro lado, con el segundo oficio de cuenta, comunica que dejó sin efecto alguno las resoluciones emitidas el veintidós de noviembre de dos mil veinte, de detención, formulación de imputación y auto de vinculación, subsecuentes, y ordenó comunicarlo al Centro Carcelario de esta Localidad; asimismo, que en reposición de la audiencia inicial, calificó de legal y ratificó la detención decretada por el Ministerio Público en contra de ********, por el hecho que la Ley señala como delito de robo con modificativas agravantes de haberse cometido con violencia sobre las personas y haber aprovechado la confusión ocasionada por un siniestro, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción III, 290 fracción I, inciso a), fracción VI, en relación con los artículos 6, 7 y 8 fracción I y III y 11 fracción I inciso d), del Código Penal vigente en el Estado de México, cometido en agravio del patrimonio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México y********, así como por el hecho que la ley señala como delito de lesiones con modificativas agravantes de haberse cometido con un arma prohibida y cometerse en agravio de un servidor público de una institución pública Estatal, ilícito previsto y sancionado por los artículos 236, 237 fracción I y 238 fracción I y VI, en relación con I s artículos 245 inciso b), 245 BIS, así como 6, 7 y 8 fracción I y III, 11 fracción I inciso c), del Código Penal vigente en el Estado de México, cometido en agravio de *******; y finalmente por el hecho que la ley señala como delito de daño en los bienes, ilícito previsto y sancionado por los artículos 309 y 310 fracción IV, en relación con los artículos 6, 7 y 8 fracción I y III y 11 fracción I inciso d), del Código Penal vigente en el Estado de México, cometido en agravio del patrimonio del Ayuntamiento constitucional de Ecatepec, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, reanudándose el plazo constitucional, mismo que se retrotrae a las once horas con cincuenta y nueve minutos del veintiuno de noviembre del dos mil veinte, habiendo transcurrido diecinueve horas. Además, informa que verificó que todos los órganos técnicos que asistieron, como Agentes del Ministerio Público, asesor jurídico y Defensores privados, contaran con cédula profesional otorgada por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de profesiones. Asimismo, comunica que fue deseo del citado Santamaría Robles, el que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas; por lo que señaló las doce horas con cuarenta minutos del veintidós de junio del año dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la continuación de audiencia inicial; circunstancias de las que este órgano jurisdiccional toma nota.
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