Agustin Saavedra Flores
Expediente 96/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Agustin Saavedra Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada del memorándum CFRS16/DSM/1024/20148, de quince de marzo del año en curso. En atención a lo anterior y considerando que en el sistema jurídico mexicano la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público e interés social, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, a se requiere a María de los Ángeles García Martínez, en su carácter de Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", para que en el plazo de tres días: Informe respecto a la atención especializada en optometría, en relación a la quejosa Edith Jiménez Sombra; o bien, Informe si le fueron proporcionados los lentes recomendados. Se apercibe a María de los Ángeles García Martínez, en su carácter de Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, o bien, de realizar actuaciones intrascendentales respecto del cumplimiento del fallo, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Miguel Ángel Rojas Araos, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veintiséis minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública el licenciado Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 96/2018, promovido por Agustín Saavedra Flores, por conducto de su apoderada, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el secretario en funciones de juez, acuerda: Se tiene por hecha la relación Secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, en período probatorio. Abierto el mismo, con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que remitió la autoridad responsable como anexo a su informe justificado, en particular la Junta señalada como responsable, consistentes en copias certificadas de constancias del expediente laboral número 01/405/17-III, relacionadas con el acto reclamado, del índice de la Junta Número 31 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, sin más pruebas que desahogar, se procede a cerrar el periodo probatorio y se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento, consecuentemente, se procede a cerrar este periodo, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, y se ordena dictar el fallo constitucional que conforme a derecho proceda. Doy fe. V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo número 96/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda de amparo presentado el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, por Agustín Saavedra Flores, por conducto de su apoderada, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en la demanda de mérito, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, actos que hizo consistir: "IV. IV.- ACTO RECLAMADO: Lo constituye la denegación de justicia, por no desahogar los medios probatorios ofrecidos por las partes en el juicio laboral al rubro citado, dentro de los plazos y términos, lo anterior en términos del artículo 883 de la Legislación Obrera..." SEGUNDO. Actos que estima violatorios en su perjuicio de la garantía consagrada en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se ordenó registrar el juicio de amparo con el número de expediente 96/2018, se admitió a trámite la demanda de garantías promovida por Agustín Saavedra Flores, por conducto de su apoderada; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la Federación, además, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 118, la sentencia que se dicte en este juicio se hará con el testado de los datos sensibles, o con palabras genéricas para no ocultar la información que pueda ser divulgada. Asimismo, se emplazó a los terceros interesados, se fijó fecha y hora para la celebración de la Audiencia Constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, misma que forma parte integrante del presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo y de conformidad con los Acuerdos Generales 03/2013, 15/2013 y 32/2014, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de actos en materia laboral, llevado a cabo por autoridades con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Antes de analizar la certeza de los actos reclamados y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Tiene aplicación al caso la tesis 741, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, página 499, bajo la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ORDENACIÓN. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, y la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación, deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo destacado correspondiente, ya que aunque se acostumbre señalar cada elemento en un lugar destacado, no hay precepto alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda". Así como la jurisprudencia número 2a./J. 55/98, visible a fojas 227, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: * La omisión de la responsable desahogar las pruebas ofrecidas por las partes dentro de los términos del artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, en el expediente laboral número 816/16. Al respecto, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe con justificación, manifestó que no era cierto el acto reclamado, agregando además, que el ocurso presentado por el quejoso el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete se había acordado el seis de diciembre del año en cita, acorde a lo solicitado por el justiciable, señalando fecha para la reinstalación de la quejosa y que también se había abierto el incidente de liquidación señalando fecha para el desahogo de la audiencia de dicha incidencia; lo cual es suficiente para tener por cierto el acto reclamado. TERCERO. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." Con base en lo anterior, para quien resuelve, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" Asentado lo anterior, debe decirse que el "juicio para efectos del amparo" se inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria; todos los actos procesales verificados en el período comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse "actos dentro de juicio" para efectos del amparo. Desde esta perspectiva, los "actos dentro de juicio", por regla general, sólo pueden reclamarse en amparo directo, hasta que se promueva el juicio de derechos fundamentales contra la sentencia definitiva; es decir, hasta que se promueva un amparo directo, y allí podrán reclamarse los actos dentro de juicio como violaciones procesales, pero siempre y cuando hayan afectado las defensas del quejoso y hayan trascendido al resultado del fallo. De manera excepcional, los actos verificados "dentro de juicio" pueden reclamarse en amparo indirecto, tal como se prevé en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) de la constitución federal y en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo; esto es, si se trata de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas del quejoso, o bien, si el amparo es pedido por un tercero extraño. Ahora, respecto de los "actos dentro de juicio" que tienen ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que esta hipótesis de procedencia del amparo indirecto se actualiza cuando se genera una afectación directa e inmediata de derechos sustantivos. En estos casos, puede acudirse sin demora al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, en virtud que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra sustento en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intocada la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Ahora, para determinar que los actos reclamados no tienen efectos de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos, debe decirse que en la legislación de amparo actual, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, por ejemplo, sobre cuestiones de personalidad dentro del juicio laboral, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, es decir, contra actos intraprocesales que no afecten derechos humanos, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo (contra el laudo o sentencia definitiva), que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107, constitucional, para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. En ese sentido, cabe recordar que el acto reclamado en el juicio de amparo consiste en la denegación de justicia por señalarse una fecha lejana para el desahogo de de los medios probatorios ofrecidos por las partes en autos del juicio de origen 01/405/17-III. Así, es claro que el acto reclamado sólo tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya en el dictado de una resolución adversa a los intereses de la parte quejosa, por lo que debe decirse que no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Asimismo, debe destacarse que el perjuicio procesal que pudiera resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos puede subsanarse porque está en aptitud de obtener una resolución favorable, lo que tornaría intrascendente cualquier violación que pudiera derivarse del acto de reclamado. Robustece esta consideración, por identidad de razón, la tesis aislada 2a. CIII/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1098, Libro 11, Octubre de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE AFECTE AL QUEJOSO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no es de imposible reparación ni constituye una violación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, pues si emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugne sólo puede promoverse contra el laudo, por violaciones cometidas en éste o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas el quejoso hubiere quedado sin defensa. Por consiguiente, el juicio de amparo promovido contra el auto indicado es improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, del ordenamiento citado, en relación con la disposición referida, al producir el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicho auto pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Respecto al criterio transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, indicó que el Pleno del Alto Tribunal ha establecido que con la aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, instaurada en la actual ley de la materia, se estableció que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, señaló que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. También precisó que existe un caso de excepción que constriñe al juzgador de amparo a que no sólo lleve a cabo un análisis en cuanto a si los actos reclamados constituyen violaciones intraprocesales respecto de las que se alegue transgresión a los artículos 8, 14 y 17, constitucionales, para considerar que el juicio es improcedente, ya que para ello es indispensable, además, que verifique si tales actos configuran una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En otras palabras, el motivo de improcedencia del juicio a que hace referencia el criterio jurisprudencial referido no obedece únicamente a la naturaleza intrínseca del acto reclamado, es decir, que al ser una conducta omisiva autónoma al procedimiento no genera afectación a derechos sustantivos, pues para determinar tal afectación considerada como de ejecución irreparable es indispensable corroborar también que con ella no se produzca una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En ese contexto, a criterio de quien resuelve, no se actualiza el caso de excepción a que hace referencia la jurisprudencia transcrita, consistente en que ante la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total resulta procedente el juicio de amparo indirecto. En efecto, en el caso que nos atañe no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues no obstante que señaló una fecha determinada para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes; lo que además se considera justificado, principalmente si se toma en cuenta el cúmulo de asuntos de los que conocen los tribunales en materia de trabajo y que dictar la resolución que corresponda en el ejercicio de diversas pretensiones genera un despliegue exhaustivo de personal de las autoridades responsables, sumado a que el juicio no se encuentra paralizado, pues ya se proveyó respecto de las pruebas y se señaló fecha para su verificativo. En las relacionadas condiciones, al no actualizarse el caso de excepción previsto en la jurisprudencia invocada, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, que proceda sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. No sobra decir, que dicho sobreseimiento impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, sin que ello genere agravio a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". CUARTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Agustín Saavedra Flores, contra el acto y la autoridad señalada en el resultando primero de la presente resolución, en términos del considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último considerando, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe. Doy
- Principal
se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las diez horas con veintiséis minutos del día veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, para su celebración.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma; con el contenido del informe de cuenta y constancias anexas, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como delegados a las personas que se proponen, para los efectos legales a que haya lugar, y por señalado, el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda al domicilio oficial de la autoridad responsable, conforme a lo dispuesto en el numeral 28, fracción I de la ley invocada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
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