Agustín Rodríguez Sánchez
Expediente 265/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 26 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Agustín Rodríguez Sánchez
Actuaciones
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintitrés de marzo del año en curso, remite el escrito original de la demanda de amparo y cuatro copias, copia certificada del oficio 812/2015, el expediente 795/2013, el oficio 811/2015 con el que la autoridad responsable rinde su informe justificado y la constancia de emplazamiento de la tercero interesada, ello en virtud de carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Agustín Rodríguez Sánchez; por lo que, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 265/2015-II; acúsese el recibo de estilo correspondiente; b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, comuníquese a la Superioridad que el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, para una mejor comprensión de lo que se resolverá es necesario precisar los actos reclamados que se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se desprende que el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando: La notificación de uno de diciembre de dos mil catorce, con la cual se le dieron a conocer los puntos resolutivos de la sentencia definitiva dictada en el expediente 795/2013 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato. El proveído de veinticuatro de febrero de dos mil quince, emitido en el juicio ordinario civil 795/2013 de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual, no se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones propuesto en contra de la notificación de la sentencia dictada en el citado controvertido. Resulta importante destacar que respecto al acto señalado en el inciso 1) de la presente, el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establece: "Artículo 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. De la lectura del arábigo mencionado, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para que las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la establecida, o se omitieren, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado. Bajo esas premisas, se estima que como el peticionario del amparo se duele de la notificación de uno de diciembre de dos mil catorce, con la cual se le dieron a conocer los puntos resolutivos de la sentencia definitiva dictada en el juicio 795/2013 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, promovido por Ma. Carmen Rodríguez de Aguilera, en su contra, y como ya se vio, el referido numeral 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, prevé un medio de defensa que tiene por objeto la nulificación de la notificación cuestionada, es inconcuso que el peticionario, previo a acudir al amparo, debió agotar dicho medio ordinario de defensa para cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 1014, Tomo VIII, Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCEDENCIA CONCLUIDO EL JUICIO. Resulta correcto el sobreseimiento del juicio de garantías con fundamento en el artículo 73, fracción XIII, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pues previo a la interposición de la demanda de garantías el ahora recurrente debió haber agotado el medio de defensa respectivo en contra de la notificación de la sentencia, sin que sea óbice el hecho de que dicha sentencia haya causado ejecutoria, dado que el incidente de nulidad de notificación no se promovería en contra de actuaciones efectuadas dentro del juicio (como equivocadamente se pretende hacer valer), sino sobre un acto practicado con posterioridad al fallo, o sea, su incorrecta notificación, el cual obviamente sí es procedente interponer." Asimismo, la diversa tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 105, Tomo IX, Enero de 1992, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACION, NULIDAD DE LA, NO PUEDE DECLARARSE A TRAVES DEL JUICIO DE AMPARO. El término para promover el juicio de garantías, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación por lista de acuerdos de la sentencia reclamada, cuando así se haya hecho, sin que sea óbice lo alegado en el sentido de que tal acto debió de haberse notificado personalmente, ya que atento a la técnica del juicio de garantías éste no resulta ser el medio idóneo para declarar la nulidad de la notificación de los actos reclamados, sino en todo caso el incidente de nulidad, a través del cual las partes pueden impugnar las notificaciones que a su juicio adolecen de vicios; ya que de no hacerlo así se llegaría al desconocimiento de los procedimientos previamente establecidos en las leyes aplicables; de tal manera que los tribunales de amparo no deben ignorar ni pasar sobre las notificaciones realizadas por la autoridad responsable en el procedimiento donde emanan los actos reclamados; porque ello equivaldría a declararlos nulos sin que medie el procedimiento adecuado, lo cual no corresponde realizar a un tribunal constitucional. No pasa inadvertido para este juzgador el hecho de que el quejoso haya intentado promover el incidente de nulidad de actuaciones a que se refiere el artículo citado; sin embargo, al formar parte del segundo acto que reclama en esta instancia constitucional, se hace imposible su estudio de manera destacada. Ahora bien, respecto al acto citado en el inciso 2) de la presente, consistente en el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil quince, emitido en el juicio ordinario civil 795/2013 de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, y cuyo contenido versa respecto a la no admisión del incidente de nulidad de actuaciones propuesto por el quejoso en contra de la notificación de la sentencia realizada el uno de diciembre de dos mil catorce, resulta importante destacar que el artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato estatuye: "Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." Del numeral transcrito se advierte que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez al resolver, entre otras cosas, los autos que "decidan un incidente". Bajo ese contexto, se insiste, que si la parte quejosa reclama el desechamiento del incidente de nulidad de actuaciones propuesto en contra de la notificación de la sentencia llevada a cabo el uno de diciembre de dos mil catorce, y el referido numeral 245 del mismo ordenamiento legal prevé un medio de defensa que tiene por objeto nulificar dicha notificación; es incuestionable que el quejoso, previo acudir al juicio de amparo, debió interponer el referido medio de impugnación -apelación- para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto la norma procesal aplicable contempla la procedencia del recurso de apelación contra los actos que "decidan" un incidente, sin distinguir si esa decisión se produce al desechar la demanda incidental por estimarla notoriamente improcedente, o bien, hasta la resolución de fondo que dirima la litis mediante el estudio de fondo de los planteamientos propuestos, declarándolos ya sea infundados o fundados. De tal suerte, dado que la ley no distingue, se estima que el juzgado tampoco debe distinguir, y por consiguiente la resolución que desecha el incidente de nulidad de notificaciones debe ser susceptible de impugnación a través del recurso de apelación, puesto que su inadmisión implica una decisión en el sentido de que el incidente resulta improcedente e incluso en cualquier caso el efecto final es el mismo al de su desestimación de fondo, a saber, dejar intocada la notificación combatida. Así las cosas, como el solicitante del amparo no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además cabe señalar no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trata de un tercero extraño a procedimiento y el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada a foja 1100, Tomo VIII de Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Asimismo la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." También no pasa inadvertido, que es criterio de la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, que la interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva, no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, sin embargo, con la precisión de que en caso de que procediera un medio impugnativo en sede ordinaria, tendría que agotarse previamente en respeto del principio de definitividad. Lo anterior, se aprecia de la tesis de jurisprudencia número 77/2006, publicada en la página 111, Tomo XXV, Enero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al acto citado en el inciso 1) y 2) de la presente determinación, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, toda vez que el quejoso fue omiso en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Téngase al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Heladio Salvador González Romero, al contar con su cédula profesional número 2196813, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita, a Martín González Romero y Eladio Ortiz Juárez, por no encontrase en ese supuesto. Se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente. Finalmente, con las constancias que remitió la Juez Segundo de Partido Civil de Acámbaro, Guanajuato, fórmese un tomo de pruebas para mejor manejo del expediente.
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