Agustín Rodríguez de la Cruz y Otros.

Expediente 834/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
834/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Agustín Rodríguez de la Cruz y Otros.
  • Agustín Rodríguez de la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia de cuatro de julio del año en curso, dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, ... se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. ...archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, ... no tiene relevancia documental para su conservación.... ...una vez que ...transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.... ...

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73 a 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por **************, contra los actos reclamados al Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por **************, en su carácter de Síndico Municipal del *************, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de cinco del presente mes y año, informa que no ha obtenido respuesta de la solicitud que realizó mediante oficio PM/02/2023, de cinco de enero del año en curso, dirigido al Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en donde solicitó la autorización del otorgamiento de recurso extraordinario, y así estar en aptitud de cumplir con la ejecutoria de amparo relacionada con el sumario en que se actúa. Al efecto, se toma conocimiento de la información proporcionada por la autoridad responsable oficiante. Concatenado a lo anterior, con la segunda de las comunicaciones enviadas por el Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de cinco del presente mes y año, remite copia simple del diverso SH/136/2023, de veinticinco de enero del año en curso, del que se advierte que en la data en comento el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dio respuesta a la solicitud que éste le realizó, derivado de la petición que mediante oficio PM/02/2023, ejecutó el Ayuntamiento Municipal de Villacorzo, Chiapas. Consecuentemente, se tiene por desahogado el requerimiento formulado. En ese sentido, se advierte que el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, informó a Robertony Orozco Aguilar, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Villacorzo, Chiapas, lo siguiente, y para una mejor intelección se inserta la siguiente captura: Lo establecido previamente, permite concluir, lo que es de explorado conocimiento; es decir, que es el propio ********************, quien debe ajustar su hacienda pública para cumplir tal y como se encuentran constreñidos por mandato de Ley, pues es evidente que han sido vencidos en juicio y el cumplimiento que se les requiere, no está sujeto a si quiere, puede realizarlo o no; habida cuenta que los Ayuntamientos son entes con personalidad y patrimonio propio y de acuerdo a las diversas normativas aplicables, son responsables directos de administrar los recursos que se les proporciona. Aunado a lo anterior, resulta oportuno establecer que han sido múltiples los requerimientos formulados a la autoridad responsable, para obtener el fin que se pretende; sin embargo, lo único que se ha obtenido por parte de **********, en su carácter de Síndico Municipal del **************, quien de manera reiterada se ha conducido de forma evasiva, pretendiendo siempre, que diversos entes jurídicos, se hagan responsables de las consecuencias de las omisiones en que incurre su representada y pretende que a su nombre, den cumplimiento a la condena que les fue impuesta, no obstante que sea de explorado conocimiento y dominio público el vasto presupuesto que les es asignado para la realización y pago de obras que se realizan en el municipio que gobiernan, que dicho sea de paso, previo a la realización de éstas deben contar con presupuesto autorizado para su realización, pues tal y como se estableció en párrafos precedentes, es claro que los Ayuntamientos son entes con personalidad y patrimonio propio y de acuerdo a las diversas normativas aplicables, son responsables directos de administrar los recursos que se les proporciona, por tanto, pueden afrontar los requerimientos como en el caso lo es el pago derivado del fallo dictado en su contra Dicho criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia P./J. 5/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 10, tomo XXXIII, marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 162469, de rubro y texto. "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN." Así en las relatadas consideraciones, a fin de consagrar lo estipulado por el numeral 192 de la Ley de la Materia, del segundo párrafo del numeral citado, que dispone: "Artículo 192. (.) En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." Cobra aplicación por identidad jurídica, criterio, que literalmente dice: "EJECUTORIAS DE AMPARO. CUMPLIMIENTO DE LAS." En razón que, resulta evidente que a la presente fecha la autoridad responsable ********************, no han acatado la determinación que se les indicó, es decir, no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifestando con ello renuencia y contumacia, distintivos propios de los ayuntamientos demandados en diversos juicios de amparo que son del conocimiento de este órgano de control constitucional; amparados en la pasividad y buena fe de los órganos de control constitucional, siendo la premura de tal cumplimiento, la pauta que obliga a dar celeridad a ese procedimiento, en tanto que por encima del interés meramente individual de los afectados con la medida de apremio, se encuentra el interés de la parte quejosa en que se instrumenten los medios necesarios para que las resoluciones y determinaciones judiciales se cumplan a la brevedad; esto con el propósito de que se haga efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, consistente en la administración de justicia pronta, completa e imparcial, la cual se ve menoscabada ante su conducta omisiva, la cual es evidentemente reiterativa. Por su parte el normativo 17, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado, determina: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. (.) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. (.)." En esa tesitura, conforme a los artículos transcritos se deduce que en el último, existe mandamiento expreso de nuestra Carta Magna que autoriza al Congreso de la Unión y a las Legislaturas Locales o Congresos de las entidades federativas, respectivamente, para proveer en la esfera de su competencia, el establecimiento de los medios de apremio necesarios que permitan a los tribunales y Jueces la plena ejecución de sus resoluciones; por tanto, si al hacer uso de dicha autorización, los cuerpos legislativos, no sujetaron la aplicación de los medios de apremio a orden alguno, ni a reglas de aplicación, que tuvieran que ser observadas en el ejercicio de la facultad discrecional de imponer una medida de apremio, ha de considerarse que la única limitación existente para esta autoridad judicial, radica en el hecho de que al decidir el empleo de cualesquiera de los medios que enumera el precepto en comento, deberá expresar con claridad la motivación que tenga para ello, lo que implica el debido respeto a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En ese tenor, es de considerarse que para garantizar la plena ejecución de las resoluciones judiciales, el legislador, en cumplimiento del mandato constitucional de mérito, determinó los medios de apremio necesarios para que los juzgadores puedan hacer cumplir sus resoluciones, sin sujetarse al orden en que se listan, o reglas de aplicación, pues en primer término, la norma constitucional que se analiza no lo indica en ese sentido y en segundo término, de tener que observar el orden de la enumeración que se hace en los preceptos a estudio, no sólo no se garantizaría la ejecución de las resoluciones sino que se obstaculizaría la actividad jurisdiccional del juzgador, contrariándose así lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional supracitado. Así, la actitud asumida por las autoridades responsables en el incumplimiento de esta sentencia, ********************, al no acatar lo ordenado por este órgano de control constitucional, origina una forma de desobediencia ante una resolución judicial. En tales condiciones, con apoyo en los numerales 21, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 193 de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con el instrumento normativo aprobado por el mismo Pleno el nueve de septiembre de dos mil trece, por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo, del referido Acuerdo General, una vez que se encuentre integrado el expediente del juicio de amparo en que se actúa, remítanse sus actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para efecto de que la Superioridad determine lo procedente en derecho, en relación al incidente de inejecución de sentencia. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 846/2022, promovido por *** a través de su apoderado general ***, quejoso en el presente juicio de amparo indirecto, acompañando testimonio de la ejecutoria dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión ***/2022, de su índice; así también, devuelve original del toca ***-A-1C01/2015 octavo subsecuente, y copia certificada del expediente ***/2018, constante cada uno de un tomo remitidos por la Primera Sala Colegiada en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Acúsese recibo de estilo a la autoridad federal oficiante. ... Tomando en consideración que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Manuel Trujillo Hernández, por propio derecho y como apoderado legal de Luz Alba Coello Ruiz, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero de este fallo" ... ...archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración, ...sólo quedarán para su conservación los documentos precisados en el penúltimo párrafo del citado numeral y, se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación.... ...una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial... ...Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes... ...devuélvanse a las autoridades responsables, las constancias que remitieron como apoyo a su informe de ley...

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