Agustin Rodríguez de la Cruz
Expediente 384/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Agustin Rodríguez de la Cruz
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos, las autoridades responsables, no han dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria de amparo, esto es deberán de informar si el quejoso ya fue valorado por el especialista (traumatólogo) y el seguimiento a dicha valoración, debiendo anexar copias certificadas de las constancias que acrediten su dicho; apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto); acorde con lo previsto por el artículo 258 de la ley de la materia; al momento de su conducta contumaz; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito de cuenta suscrito por el quejoso en atención a su contenido, dígase que una vez que las autoridades responsables cumplan con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo se acordará lo procedente en relación a sus peticiones. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dos de marzo de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías que promueve ********************contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese bajo el número 384/2016. Del análisis de la demanda de garantías, se desprende que el promovente del amparo reclama, entre otros, del Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, el indebido proceso jurisdiccional seguido en su contra, sin haber sido oído y vencido, así como la posible orden o diligencia de lanzamiento o embargo, y su ejecución. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone expresamente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la transcripción de este artículo se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que residan las autoridades del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito donde se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquél donde se presente la demanda. Es así que, si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar en donde ésta tenga lugar. Atento a lo anterior, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado, a saber, "el indebido proceso jurisdiccional seguido en su contra, sin haber sido oído y vencido, así como la posible orden o diligencia de lanzamiento o embargo, y su ejecución," necesariamente tendrá ejecución material en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, lugar donde ejercen jurisdicción los jueces de distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez; pues conforme a lo manifestado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, refiere que el inmueble sobre el cual se enteró podría ser sacado o lanzado, se ubica en carretera Internacional número 2266, de la colonia Magisterial, en la ciudad de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, esto es, el procedimiento al cual aduce no fue llamado a juicio, tendrá como última ejecución el referido lugar; de ahí, que la regla que se actualiza es la mencionada en el inciso a), esto es, la prevista en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 2288, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." No impide considerar lo anterior, que entre otras autoridades, se hubieren señalado algunas con residencia en esta ciudad, pues como se dijo anteriormente, la naturaleza del acto reclamado conlleva una ejecución material, la cual tendrá verificativo en un lugar distinto al de la competencia de este órgano jurisdiccional, por lo que, es incorrecto considerar que la residencia de la autoridad responsable, en el caso concreto, determine la competencia para el conocimiento del presente asunto. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, con fundamento en el invocado numeral 37 de la Ley de Amparo, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata. Remítase la demanda de cuenta y copias al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez; solicitándole el acuse de recibo correspondiente; fórmese cuaderno de antecedentes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda, y para los mismos efectos a la persona que se menciona. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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