Agustín Ramírez Martínez

Expediente 1380/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1380/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
12/12/2017

Partes del expediente

  • Agustín Ramírez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    - Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por . . . mediante el cual, devuelve el sin diligenciar el despacho . . . vista la imposibilidad que tuvo el actuario en notificar al quejoso de mérito, el acuerdo de fecha . . . se ordena notificar a dicho quejoso por medio de listas que se fijen en los estrados de este Juzgado Federal . . . se ordena notificar por medio de lista el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete que en lo conducente dice "Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por Miguel Ángel Salinas Iñiguez, con el carácter de Presidente del Albergue Casa del Río, Asociación Civil, en San Juan del Río, Querétaro, carácter que acredita con copia certificada del instrumento notarial número 14,149, pasada ante la fe del Notario Público número ocho de la Demarcación Notarial de San Juan del Río, Querétaro, sin que haya lugar a dar vista a las partes con el mismo, por lo que se proveerá más adelante. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal en fecha diecisiete de octubre del año en curso, la autoridad oficiante anexo los siguientes documentos originales: del Consentimiento Informado de Egreso, de la Hoja de Ingreso, del Consentimiento, de la Valoración Física , de Derechos de Usuario, Hoja de Referencia y cinco recibos de pago, por lo tanto; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo citada, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales que acompañó la autoridad responsable de mérito a su escrito de fecha diecisiete de octubre del año en curso. Vistos los párrafos que anteceden, de los que se advierte que la autoridad responsable, anexo el original de la Hoja de Egreso Informado, misma a la que se le concede valor probatorio, donde obran las firmas del Presidente del Albergue Casa del Río, Asociación Civil, en San Juan del Río, Querétaro, dos testigos y Agustín Ramírez Martínez, este último, quejoso en el presente juicio de amparo, documento del que se desprende que en fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete el aquí quejosa egreso de las instalaciones en donde se encontraba interno por voluntad propia. En efecto, de las constancias que agrega la autoridad oficiante, se advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de una causal de improcedencia, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, en los términos que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 63 de la Ley de Amparo, se lee: "El sobreseimiento en el juicio de a amparo procede cuando: (... ) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En ese sentido, de la debida interpretación del numeral en comento es válido arribar a la conclusión de que es factible que en el trámite del juicio de amparo, antes de que se celebre la audiencia constitucional pueda resolverse sobre el sobreseimiento del juicio, por actualizarse de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que hace innecesario que se continué en forma estéril con el trámite, pues aun cuando se siga el juicio hasta la audiencia, se llegaría a la misma conclusión. La esencia de dicho supuesto se sustenta en evitar en la medida de lo posible el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Criterio que se corrobora aún más, con lo dispuesto por el inciso d), fracción I del artículo 81 de la Ley de Amparo en torno a que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento, lo que deja entrever la posibilidad del dictado de autos como en el que nos ocupa. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de siete de febrero de dos mil tres) Precisado lo anterior, es conveniente destacar que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de amparo es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo, a fin de lograr la interpretación completa de la voluntad del que solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis que estatuye: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." (Tesis número VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del tomo XIX, Abril de 2004, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época). Luego, de la demanda de amparo y constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, se desprende que el acto reclamado en el presente juicio de garantías, consiste en: 1. La incomunicación, malos tratos y alimentación deficiente. La autoridad responsable Presidente del Albergue Casa del Río, Asociación Civil, en San Juan del Río, Querétaro, al momento de rendir su informe justificado anexó la Hoja de Egreso del Centro de Rehabilitación antes mencionado, signado por el Presidente de dicho centro, por dos testigos y por el quejoso de mérito, por lo tanto; sin que el quejoso hubiese ofrecido prueba en contrario de lo antes mencionado; lo anterior concatenado por lo manifestado por Agustín Ramírez Martínez en la diligencia de fecha quince de octubre de dos mil diecisiete, en la que refirió ". si le dan de comer, que no ha sido maltratado y no ha estado incomunicado y que el día de hoy quince 15/oct/17, recibió la visita de su familia." ; por lo tanto, se tiene por inexistente los citados actos reclamados y con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, respecto de dichos actos combatidos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible a página 236, volumen VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por otro lado, vistas las constancias que anexa la autoridad oficiante, se estima que en la especie ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo respecto del acto consistente en la privación de la libertad que reclama el aquí quejoso Agustín Ramírez Martínez; toda vez que han cesado los efectos del mismo, por las razones que a continuación se exponen. A efecto de demostrar la premisa planteada en torno a la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se estima necesario asentar enseguida algunas consideraciones en relación al concepto de cesación de efectos del juicio constitucional; para ello, debe traerse a glosa el contenido de la fracción referida, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación con la porción normativa que precede, debe traerse igualmente a contexto el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación relacionada de las letras que se han reproducido, pone de manifiesto que el juicio de amparo, como acción constitucional, tiene el carácter de instrumento reparador, es decir, que su objetivo principal es que el gobernado encuentre la restitución o reestablecimiento en el goce de los derechos fundamentarles que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio. En ese sentido, se protege el alto valor de lograr que quien promueva el juicio de amparo siempre encuentre u obtenga un efecto reparador o restitutorio; luego, si no hay nada que reparar o restituir en beneficio del quejoso dado que el acto que entrañó la transgresión de derechos quedó insubsistente por una determinación de la propia autoridad a quien se le reclamó, o porque ésta realizó los actos necesarios a efecto de reestablecer al quejoso en el goce de su derecho violado, es válido afirmar que el juicio constitucional será improcedente con base en la causa antes mencionada. En armonía con lo dicho debe destacarse que los alcances de la referida causa de improcedencia los ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la cesación de los efectos del acto reclamado debe generar en la materialidad de los hechos, una situación en la que se considere que las cosas han regresado al estado en que estaban antes de la existencia del acto reclamado, esto es, que todos efectos del acto de autoridad -violatorio de derechos- hayan desaparecido, tal y como se aprecia en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En este orden de ideas, la explicada causa de improcedencia se estima actualizada en la especie en razón de que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, esto es: 2. La privación de la libertad en contra de la voluntad y sin orden judicial en el Centro de Rehabilitación "CASA DEL RÍO", en San Juan del Río, Querétaro. De manera que la situación expuesta, evidencia que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto, a virtud de que cesaron los efectos ya que el quejoso de mérito, abandonó las instalaciones del Centro de Rehabilitación "Casa del Río", en San Juan del Río, Querétaro, como prueba la autoridad responsable con el original de la Hoja de Egreso, signada por el Presidente de dicho centro y por el quejoso. En este orden de ideas, siendo que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrado por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, esta juzgadora estima pertinente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO respecto del acto reclamado en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, ello al actualizarce la causal de improcedencia estudiada. Lo anterior, con fundamento además en el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, Junio de 1999, que dispone lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable, derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En este orden de ideas, se deja insubsistentes la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional en este expediente. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la autoridad Presidente del Albergue Casa del Río, Asociación Civil, en San Juan del Río, Querétaro la copia certificada del instrumento notarial número 14,149, pasada ante la fe del Notario Público número ocho de la Demarcación Notarial de San Juan del Río, Querétaro, mismo que anexó a su informe justificado, dejando en su lugar copia certificada de los documentos y previa razón que de su recibo quede en autos. Finalmente, de las líneas precedentes se advierte, que el quejoso ya no se encuentra interno y no señalo domicilio, sin embargo de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que Agustín Ramírez Martínez cuenta con su domicilio en Calle Francia número 142, interior 6, la Peña, San Juan del Río, Querétaro; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 298 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL EN SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, EN TURNO, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva notificar del presente auto al antes mencionado. En la inteligencia de que, se faculta al Juez para que proceda a llevar a cabo cuanta diligencia sea necesaria a efecto de practicar la notificación encomendada, e inclusive remitirla a distinta autoridad con competencia diversa; en el entendido que, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, podrá llevar a cabo dicha diligencia en días y horas inhábiles. Ahora bien, en caso de que no se encuentre al tercero buscado, el actuario deberá cerciorarse de que en el domicilio en el que se constituya puede ser localizado, y deberá proceder conforme a lo ordenado en el artículo 27, fracción I, incisos b y c de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el referido diario oficial, el dos de abril de dos mil trece. Igualmente, se le hace del conocimiento que en caso de que el domicilio que se proporciona no sea el correcto, pero si le fuese informado que es uno distinto, se faculta para que practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, en caso de que corresponda a esa jurisdicción . . .

  2. Principal

    - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE . . .

  3. Principal

    - Visto, en estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte . . . se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo . . .

  4. Principal

    - Aagréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta y anexos, suscrito por . . . quien se ostenta como . . . sin que acredite tal personalidad por el cual pretende rendir el informe sobre la suspension de plano; sin que se le tenga por redido el mismo por no acreditar el caracter con que se ostenta . . .

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,793 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano