Agustín Patiño Méndez.
Expediente 1000/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1000/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Agustín Patiño Méndez.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado electrónicamente por la Secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco de Juárez, el que quedó registrado como conflicto competencial********************. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 24295/2023, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, turnado a este órgano jurisdiccional a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 417/2023, de su índice, del cual se advierte que dicho Juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Director del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, residente en esta ciudad, y otras autoridades; asimismo remite el original de la demanda de amparo. Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1000/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial "C", encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. En principio, cabe decir que una vez analizada la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, no acepta la competencia declinada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, como se precisará a continuación. Lo anterior es así, porque conforme a las reglas previstas en el artículo 48, de la Ley de Amparo, de considerar el homologo que carece de competencia, no obstante de haberla declinado previamente al Juez de Distrito en el Estado de Durango en turno, con residencia en Durango, Durango, para conocer de la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, lo procedente es haber planteado el conflicto competencial respectivo. Además, respetuosamente no se comparte el criterio que se sustenta en el sentido de que el acto reclamado en sede constitucional, va a ejecutarse en esta ciudad, porque puede tener ejecución sobre uno de los lugares donde se dio la ejecución, considera que corresponde a un Juez de Distrito de esta ciudad, al ser quien ejerce la jurisdicción donde la orden de traslado inició; contrario a lo que se afirma la ejecución material realmente tiene verificativo en el Estado de Durango, territorio en el que el Juzgado oficiante ejerce jurisdicción, en razón de que la parte quejosa se encuentra recluida desde el año dos mil diecisiete, que lo es el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS" del Estado de Durango, ubicado en Guadalupe Victoria, Durango; por lo que, se insiste en que este Juzgado de Distrito que carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo en que se actúa, en atención a las consideraciones siguientes: Se explica. El artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de amparo, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, se estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de Distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se hayan realizado, se vayan a realizar, o continúen ejecutándose, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados se hayan ejecutado materialmente, vayan a ejecutarse y se continúe con la ejecución, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, insiste en determinar no aceptar a competencia planteada, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Con base a lo expuesto, se considera que en el caso el acto controvertido conlleva una ejecución material, en virtud de que el quejoso reclama el traslado decretado en su contra del lugar en que se encontraba recluido, esto es, del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS" del Estado de Durango, que tuvo verificativo cuando se materializó y se ejecutó el trece de julio de dos mil diecisiete, que ordenó el traslado del quejoso al referido centro de reclusión y se traduce en un acto positivo de ejecución material para los fines del juicio de amparo. De modo que, en el presente caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley de la materia, en el cual como ya se indicó, la competencia para su conocimiento recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la informan, la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, página 88, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En razón de lo anterior, se advierte que actualmente el peticionario de amparo se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS" del Estado de Durango; por lo cual, es inconcuso que la ejecución definitiva del acto reclamado tuvo verificativo en territorio en el que este juzgado de Distrito no ejerce jurisdicción. De lo anterior, resulta que la competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en su caso se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango, en turno, pues es dentro de esa jurisdicción donde se ejecutó el acto reclamado, ello en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Máxime, si se toma en consideración que la ejecución del acto reclamado culminó antes de la presentación de la demanda de amparo, ya que el quejoso expresa en la demanda que reclama la ejecución material de la orden de traslado de trece de julio de dos mil diecisiete, por el que fue traslado del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS" del Estado de Durango, de lo cual se colige que la orden de traslado ya fue materializada al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS" del Estado de Durango, en donde actualmente se encuentra interno el quejoso, por lo que se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, y cuyo lugar se ubica en la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango. Por tanto, es inconcuso que la competencia para resolver el presente juicio se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango, en turno. Sirve de apoyo a lo expuesto por los motivos manifiestos en ella, la tesis sustentada también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Igualmente es aplicable por los motivos que la informan, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 13/95, visible en la página 107, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." De igual forma la tesis I.15o.A.1 A (10a.) con Registro digital 2000066, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Materias Común, Administrativa, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, página 4311, del tenor: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado." De ahí que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, el juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando el acto reclamado y sus consecuencias jurídicas, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y devuélvase el juicio de amparo de referencia al Juzgado Sexto de Distrito en el Estad de Guerrero, a efecto de que provea lo conducente y en términos del párrafo segundo del artículo 48, de la Ley de Amparo, manifieste si insiste o no en declinar la competencia, aun con las razones apuntadas. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso Agustín Patiño Méndez, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS" del Estado de Durango, ubicado en Guadalupe Victoria, Durango, donde señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Infórmese a las partes que en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con el Acuerdo General 1/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, así como los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.
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